Dr.Alejandro escribió:HOLA A TODOS!
Un juez me solicita, con carácter previo a la inscripción de una declaratoria de herederos en el Registro Automotor de la Capital Federal, adjuntar en el expediente, certificación expedida por la Dirección General de Rentas, en los términos del art. 85, conforme Ley 1192 del Código Fiscal de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires.-
Se que el automotor que yo quiero inscribir tiene deuda de patentes.
Mi pregunta es: Para poder hacer la inscripción de la declaratoria de herederos es necesario cancelar previamente la deuda de patentes?.
Hace mucho que no hago sucesiones en capital. El año pasado hice una en Provincia de Buenos Aires pero no me pidieron esta constancia.
Gracias
Dr, tené presente que ...
Deberes de los escribanos y demás peticionantes de inscripción registral:
Artículo 85.- El escribano interviniente en todo acto de constitución, transmisión, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles, no podrá autorizar ninguno de estos actos sin acreditar previamente la cancelación de la deuda por Contribuciones de Alumbrado, barrido y limpieza, Territorial, de Pavimentos y aceras y adicional fijado por la Ley Nacional N° 23.514 que existiere sobre el inmueble objeto negocial. Una vez autorizado el acto, el escribano tiene el deber de informar a la Dirección General de Rentas en el plazo de cuarenta y cinco (45) días toda modificación en la titularidad de la cuenta corriente fiscal del inmueble.
Al momento de autorizar cualquiera de los actos mencionados en el párrafo anterior, el escribano en su carácter de agente tiene la carga de recaudar para el fisco, tanto el Impuesto de Sellos que el acto deba tributar, como la deuda tributaria que existiere sobre el inmueble, quedando el agente liberado de esta última carga sólo en caso de certificarse por la Dirección General de Rentas la inexistencia de deuda.
No será oponible a la Dirección General de Rentas la Ley Nacional N° 22.427.
Las sumas recaudadas por este agente, deben ingresarse dentro de los diez (10) días corridos del mes siguiente al de su celebración y deben ser suficientes para extinguir totalmente las obligaciones al tiempo de su pago.(Conforme Art. 1º de la Ley Nº 1.543, BOCBA Nº 2101 del 04/01/2005)
Toda inscripción de inmuebles o
bienes muebles registrables originada en actuaciones judiciales, requerirá respecto de los mismos una certificación de inexistencia de deuda tributaria expedida por la Dirección General de Rentas al momento que el interesado solicite la inscripción ordenada por el Juzgado interviniente y sólo podrá materializarse tal inscripción una vez acreditado ante el magistrado actuante -mediante certificación expedida por la Dirección General de Rentas-, la inexistencia de deuda tributaria sobre tales bienes.
Estas disposiciones no rigen cuando se produzca la constitución, transmisión, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles o se inscriban declaratorias de herederos, o inscripción de inmuebles originadas en actuaciones judiciales, respecto de inmuebles cuando existan deudas originadas en la partida matriz y el bien hubiera sido subdividido por la Ley Nº 13.512 de Propiedad Horizontal, con Plano de M.H. registrado.
Esta excepción sólo será aplicable si existe un acogimiento a un plan de facilidades concretado por el consocio de propietarios reconociendo la deuda de la partida matriz, y el comprador, heredero o beneficiario de una decisión judicial, acepte la deuda cuya cancelación se materializa por el plan de facilidades que se encuentra cumpliendo el consorcio, del cual va a formar parte por el acto jurídico detallado en este artículo, por la declaratoria de herederos o sentencia judicial.
El reconocimiento de la deuda debe constar en la respectiva escritura traslativa de dominio con la aceptación y conformidad con el plan de facilidades vigente, y efectuarse la comunicación de tal aceptación y acuerdo a la Dirección General por nota simple con carácter de declaración jurada, dentro de los cinco (5) días de materializado el acto escritural, o inscripto el bien en el caso de sucesiones o actuaciones judiciales por las cuales se constituyen, transmiten, modifiquen o ceden derechos reales.
