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 #96686  por Pandilla
 
Miércoles 23 de enero de 2008

Inseguridad en Buenos Aires

Scioli propone reformar el Código Procesal Penal

El gobernador bonaerense espera acelerar las causas judiciales y “darle más armas para actuar” a los jueces

Luego de las medidas que intentan frenar la ola de robos que se viene sucediendo en la costa atlántica, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, adelantó hoy que enviará al parlamento provincial un proyecto de reforma del código procesal panel, para acelerar la causas en la justicia y darles más armas a los magistrados.

"Vamos a proponer una reforma que acelere la actuación de la justicia y habrá determinados casos se deberá dictar sentencia en seis meses", precisó Scioli en declaraciones al programa "A dos voces", que emite la señal TN.

Scioli aclaró que la idea no es "castigar a los jueces, sino ayudarlos, darle más armas para actuar", por lo cual propondrá reformas en la justicia, no sólo en cuanto a las leyes, sino también en el aspecto edilicio.

Una de las novedades del proyecto, contó el gobernador, es incluir en delito de "flagrancia", es decir, cuando alguien "es capturado, como se dice, con las manos en la masa", explicó.

" Si se detiene como en Pinamar a hombres con armas y guantes de látex, es flagrancia . Seguro que no van a ayudar a un cirujano en una operación", ironizó Scioli.
 #97516  por Pandilla
 
Martes, 29 de Enero de 2008 fuente: Pagina 12

UN DIA CON 14 MUERTOS Y 140 HERIDOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO

Lunes negro en las calles y rutas

El caso más trágico ocurrió en Rosario, donde hubo cuatro muertos al volcar un micro. Es el cuarto hecho en ese lugar.

Enero aún no terminó y ya aporta 118 cruces a las estadísticas de muertes en accidentes de tránsito para 2008. El de ayer fue un lunes que sumó una cifra negra para la vialidad argentina: 14 muertos y al menos 140 heridos en accidentes en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, ciudades del interior y, principalmente, en las rutas. La mayor tragedia ocurrió en Rosario, cuando un micro volcó en una contracurva durante la madrugada y dejó un saldo de cuatro muertos y 43 heridos. Se trata del cuarto vuelco en el año en ese mismo lugar. Detuvieron al chofer del micro.
En la madrugada de ayer, un ómnibus de la empresa CG Bus cargado de turistas atravesaba la calle Sánchez Granel al 2900, una curva de la ruta 34 en el acceso a la ciudad de Rosario. Luego viene una contracurva en la que en los últimos 28 días ya se registraban tres accidentes fatales. No se sabía anoche si por un exceso de velocidad o por algún otro motivo, el chofer del micro, Isidro López, de 35 años, perdió el control del ómnibus y desde allí empezaron a contarse los accidentes con víctimas fatales en ese lugar.
El micro volcó, chocó contra un árbol y se estampó en una casa, según arrojó la primera investigación del accidente. Por el impacto, Hilda Orquesa, de 50 años; Ubalda Martínez, de 80, y dos adolescentes, de 14 y 17, fallecieron. Dos de los muertos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos de lo que quedó de la carrocería del micro. Y López y el otro chofer del ómnibus resultaron heridos, tanto como otros 41 pasajeros.
Los lesionados de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA); los más leves fueron llevados a centros sanitarios de la zona, y un nene que sufrió un severo traumatismo fue internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Entretanto, una joven de 23 años en la última etapa de su embarazo que sufrió heridas permanecía internada anoche en el Hospital del Centenario.
Luego de recibir las primeras atenciones médicas, el chofer Isidro López, vecino de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, fue detenido por orden del juez correccional Edgardo Bistoletti, que aguarda por los resultados de los peritajes para indagarlo sobre las causas del vuelco. “Aún no se ha determinado si el micro venía a alta velocidad, pero si así fuese, el conductor hubiese perdido el control en la primera curva, no en la contracurva”, señaló el jefe del operativo de rescate a cargo del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), Víctor Hugo Andino.
Días atrás, el gobierno de la provincia de Buenos Aires había dado cuenta de que al menos uno de cada cuatro choferes de micros de mediana y larga distancia no cumplían con el descanso reglamentario de doce horas, debido a la creciente demanda y la falta de inversión en personal de las empresas del rubro. Las pericias intentan determinar si en Rosario fue también esa situación la que desencadenó en el fatal accidente.
Sobre la “S” que se dibuja en la ruta 34 en la entrada a Rosario, un vecino contó que “cuando (los choferes y conductores) pasan la primera curva la volantean tranquilos, pero la contracurva les pone las casas de frente, muerden el cordón y muchos vuelcan”. Luego, se quejó: “Cada tres o cuatro semanas acá hay un accidente, es terrible que no pongan lomos de burro ni semáforos”.
Con este episodio, a las 105 personas fallecidas en rutas argentinas se les deben agregar otras 14 muertes ocurridas ayer. Según la Red Solidaria, la cifra descendió desde los 200 fallecimientos de enero 2007. No obstante, la Defensoría del Pueblo de la Nación envió ayer a la Junta Electoral las firmas recolectadas para que el Congreso debata un proyecto de ley sobre seguridad vial, que con las 400 mil rúbricas estimadas para marzo tomaría la forma de una “iniciativa popular”.


CUATRO ACCIDENTES DE COLECTIVOS CON 55 HERIDOS

Con los bondis descontrolados

Al menos 55 personas resultaron heridas ayer en cuatro accidentes en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que comparten un dato en común: en todos participó al menos un colectivo. Dos chocaron en Marcos Paz y dejaron un saldo de al menos 30 heridos; otro par en Barracas y otro en Belgrano con catorce lesionados cada uno, y otro en Palermo contra un Fiat Siena cuyo conductor resultó herido. Permanecían internados al cierre de esta edición tres de las víctimas, una con estado de salud “delicado”.
El mayor accidente ocurrió a las 8.30 de ayer en el cruce de la ruta 40 y la avenida Valentín Gómez, en la localidad bonaerense de Marcos Paz. Al menos 30 personas sufrieron heridas y fueron trasladadas al hospital local como resultado del choque entre dos colectivos de la línea 131 que cumplían recorridos entre Marcos Paz y Merlo. Entre ellas, una joven de 20 años con estado de salud “delicado”.
A la misma hora, en Colegiales, un colectivo de la línea 67 chocó de atrás a otro de la línea 68 en el cruce de avenida Cabildo y la calle Palpa. Catorce pasajeros sufrieron heridas por el impacto y fueron llevados a los hospitales Pirovano, Juan Fernández y Rivadavia.
Una hora después, otro par de ómnibus chocó a metros del Hospital de Pediatría Pedro de Elizalde, en el barrio porteño de Constitución. Otras 14 personas resultaron lesionadas en el accidente, que ocurrió en la esquina de avenida Caseros y Montes de Oca, entre un interno de la línea 168 y otro de la 102. Los heridos, todos con traumatismos leves, fueron trasladados a los hospitales Argerich, de La Boca, y José Penna, de Parque Patricios.
Al mediodía, la esquina de Lafinur y Cabello, en el barrio porteño de Palermo, fue el escenario para otro choque protagonizado por un colectivo de la línea 161 y un auto Fiat Siena, cuyo conductor resultó herido.

Una muerte rumbo al parto

Uno de los accidentes más dramáticos de todos los ocurridos ayer sucedió cerca de Bahía Blanca a las 6 de la mañana, cuando una ambulancia chocó de frente a una Nissan Frontier en la Ruta Nacional 3. Marta Flores (21), embarazada que era llevada a dar a luz; Diego Frey (34), chofer de la ambulancia, y Alfredo Cardozo (19), de la pick up, fallecieron. El bebé no pudo sobrevivir y el esposo de Flores y la enfermera Ana Montero sufrieron leves heridas. Y hubo más siniestros.
A las 2, en Bell Ville, a 220 kilómetros de Córdoba capital, chocaron de frente un Volkswagen Gol y un Scania. En el auto iba la familia Golga, de Santa Fe: Ricardo (37 años), Mónica (43) y sus hijos Martín (6) y Franco (2). Ricardo y Martín murieron y Mónica y Franco fueron internados. En el camión iban un nene de nueve años y su padre, que no sufrieron lesiones. A la tarde, también en Bell Ville, dos personas murieron y varias resultaron heridas tras chocar un ómnibus y dos coches. A la misma hora, en Jujuy, un micro y un Scania chocaron en la ruta 34, cerca de Libertador San Martín. Ambos conductores murieron y tres pasajeros sufrieron heridas leves.
En Guaymallén, Mendoza, un colectivo impactó a un camión de reparto de La Serenísima y dejó un saldo de siete heridos. Además, Martín Navarro (27) se llevó por delante una rotonda en Córdoba con su moto y falleció; once vehículos chocaron en Panamericana, a la altura de Don Torcuato y hubo 9 heridos; cuatro autos y un camión chocaron en Puente 12, sobre Riccheri. También volcó un camión en ruta 9, cerca de Campana; descarriló un tren en Chaco, con diez heridos; hubo otros siete en un choque múltiple en General Paz, a la altura de Saavedra; y dos más en Parque Saavedra, a raíz de la colisión entre un camión y un taxi.
 #97521  por Pandilla
 
Cambios en Buenos Aires: hay más de 7000 causas demoradas en Casación
Lanzan una reforma para agilizar la justicia provincial
Incorporará juicios rápidos, modificará el Código Procesal y sumará 8700 plazas carcelarias

Martes 29 de enero de 2008

Una profunda reforma judicial prepara el gobierno bonaerense, con el fin de acortar los tiempos de resolución de las causas y aliviar el trabajo de los jueces, actualmente sobrepasados y con demoras que en la Cámara de Casación superan los 7000 expedientes.

Las modificaciones que en unos días la administración de Daniel Scioli presentará en las sesiones extraordinarias de la Legislatura bonaerense se sostendrán sobre tres ejes, según reveló a LA NACION el propio gobernador. Esos ejes serán: la quita de competencias a Casación, la incorporación en toda la provincia del sistema conocido como Flagrancia –resuelve determinados casos penales en un plazo máximo de 60 días– y la reforma del Código Procesal Penal. Este último punto está menos avanzado que los otros dos.

A estos cambios se sumará la habilitación de 8700 nuevas plazas carcelarias, lo que aumentará en más de un tercio la capacidad de las cárceles bonaerenses. Actualmente, son 24.000 las plazas en prisiones, pero no alcanzan: los detenidos son 27.000. Este cuadro de situación ejemplifica el hacinamiento en el que viven los presos en la provincia, hecho ya denunciado por la Suprema Corte bonaerense, que intimó al gobierno a mejorar los derechos humanos de los detenidos. Scioli propondrá, además, eliminar la acumulación de presos en las comisarías.

“Todos estos cambios ayudarán a generar un sistema de seguridad más confiable. Me indigna que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, y a la gente también. Me piden que no pase más. Y con esto no va a pasar”, señaló el gobernador Scioli a LA NACION.

Según informó el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, las reformas "ya fueron conversadas con todos los actores del sistema". Esto es: la Corte Suprema, el Colegio de Abogados, la Cámara de Casación y los jefes de bloque en la Legislatura provincial.

"Esta semana haremos una nueva rueda de charlas con todos, pero en principio hay acuerdo para todos los cambios", adelantó. Hizo una salvedad: "La modificación del Código de Procedimiento está menos desarrollada que los otros puntos".

El acuerdo con los diputados y senadores provinciales resulta fundamental, pues las modificaciones están previstas dentro de un proyecto de ley que Scioli introducirá en las sesiones extraordinarias del mes próximo.

Algunas de estas reformas arrancaron durante la gobernación de Felipe Solá. Por ejemplo: el sistema de juicios rápidos, conocido como Flagrancia, se puso a prueba en 11 departamentos judiciales bonaerenses antes de que Scioli asumiera el poder provincial. Ahora, el procedimiento se llevará a todo el territorio bonaerense.

Solá, además, propuso eliminar la Cámara de Casación. Scioli, en cambio, decidió mantener la cámara, pero quitarle competencias para no sobrecargarla con expedientes.

Este es el primer punto de la reforma diseñada por el ministro Casal y apoyada políticamente por el gobernador Scioli.

Tema 1: Casación

Casación tiene actualmente unas 7000 causas atrasadas, según calculó el jefe de la cartera de Justicia provincial. Para solucionar un problema que parece crónico, se tomará allí una medida de corto plazo y otra de mediano plazo.

En la primera parte -de seis meses a un año-, las cámaras de garantía se convertirán en cámaras de Casación ad hoc hasta que se resuelvan las demoras. Esto significa que los 7000 expedientes retrasados en Casación serán sorteados y distribuidos entre 39 salas: las 36 de Apelación y las 3 de Casación.

"Calculamos que, con esta medida, la mora judicial se va a regularizar en 2008. A fines de año deberíamos tener el sistema ordenado", explicó Casal a LA NACION.

Una vez regularizado el sistema, se quitarán competencias de Casación para que la Cámara no vuelva a caer en moras. "Harán foco sobre las sentencias criminales, mientras que Apelación se dedicará a lo correccional, a las eximiciones de prisión y a los recursos de hábeas corpus, por ejemplo", agregó Casal.

El objetivo es "equilibrar" y "estabilizar" el trabajo judicial, de acuerdo con palabras del gobernador Scioli. "La idea es que se distribuya más equitativamente el trabajo", señaló.

Otra parte central de la reforma es la incorporación del sistema de juicios rápidos en toda la provincia. A esto se lo conoce como Flagrancia.

Tema 2: juicios rápidos

"Se trata de resolver rápido en los casos en los que se sorprende a los acusados mientras éstos cometen el delito. Es un procedimiento que no debe tardar más de 60 días hasta que se dicta la sentencia. Si logramos imponerlo, reduciremos mucho los plazos de las causas y generaremos más oxígeno para los organismos judiciales, que hoy están sobrepasados", dijo el ministro de Justicia.

La reforma en Casación y la incorporación del sistema de Flagrancia están avanzados, informaron en el gobierno bonaerense. La reforma del Código Procesal Penal, en cambio, necesita algunas horas más de debate.

Tema 3: el Código

"Es necesario el cambio. Apuntamos a fijar plazos para dictar sentencias, por ejemplo. Creemos que en dos años debe agotarse el proceso de investigación y que, luego, la sentencia debe estar dictada en no más de seis meses", informó Casal.

La modificación ayudará también a centralizar la agenda de audiencias de los tribunales. Actualmente, algunos juzgados fijan audiencia para... ¡2012! La idea sostenida por Scioli es que exista un oficina central que diseñe esa agenda.

En definitiva, el gobierno de la provincia de Buenos Aires promete impulsar en los primeros días del mes próximo una serie de reformas judiciales que ayudaría a recortar los plazos de las causas y oxigenaría las oficinas de los jueces, hoy desbordados. La primera respuesta se verá, dentro de algunas horas, en las sesiones extraordinarias de la Legislatura bonaerense.

Por José Ignacio Lladós
De la Redacción de LA NACION


Luces y sombras de los juicios rápidos
Los resultados de una prueba piloto

El sistema de juicios rápidos para los casos en que los acusados son sorprendidos mientras cometen el delito se encuentra a prueba en la provincia de Buenos Aires desde hace dos años y ya se aplica en 11 de los 18 departamentos judiciales.

La única evaluación de este instituto que se hizo hasta el momento tuvo lugar en Mar del Plata, donde empezó a usarse a prueba y demostró su notable éxito: un caso que tardaba en resolverse 500 días, se hace en sólo 60. La clave es que desde el momento de la detención las pruebas se debaten oralmente en diversas audiencias, y a lo sumo en dos meses el caso debe ser llevado a juicio, si es que antes fiscal y defensor no pactan una pena o si no se suspende el proceso mediante una probation.

Natalia Gambaro, una abogada de la ONG Unidos por la Justicia, que trabajó para instrumentar este sistema en la provincia junto con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), explicó a LA NACION las fortalezas y debilidades del sistema, que sólo sirve para los casos donde la pena máxima prevista para el delito es de 15 años, es decir que incluye la mayoría de los robos y hurtos, siempre y cuando no se hayan realizado con uso de armas.

La experta destacó la celeridad del sistema, los consensos creados para su funcionamiento, lo que generó gran aceptación entre los operadores, y la extensión de las garantías constitucionales del detenido.

Sin embargo, también destacó, al menos, tres debilidades del sistema.

"Se avanzó en el proceso en casi toda la provincia, pero falta una evaluación en cada departamento judicial -explicó la especialista-. No hay aún resultados definitivos, porque no se midió sistemáticamente para ver si se repite el mismo éxito en todos los casos o si hay falencias."

Subrayó Gambaro que otra cuestión importante es la capacitación, que por ahora es realizada por los operadores que ya se adiestraron en un principio, de modo de replicar el modelo.

Pero si no se agregan técnicos a la capacitación, es posible que se reiteren vicios.

Y advirtió, finalmente, que también es necesaria una evaluación de los procesos, para determinar si cada parte cumple acabadamente con su función de juez, defensor y fiscal, o si uno suple el papel del otro.

"Equivale a oralizar la instrucción del caso, evitando los ritualismos del proceso escrito, con lo que se acortan los plazos de manera considerable", indicó Gambaro.

Por Hernán Capiello
De la Redacción de LA NACION


Las razones del colapso

Por Ramiro Sagasti
De la Corresponsalía La Plata

LA PLATA.- El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Justicia, Ricardo Casal, lo habían dicho antes de asumir: una de las prioridades de esta gestión iba a ser la puesta en práctica de una reforma penal. Casal mencionó tres colapsos que, según el funcionario, definen la crisis general: el de las fiscalías, el del Tribunal de Casación y el déficit de infraestructura.

Es decir, además del letargo judicial -de esos cientos de miles de causas que se apilan contra las paredes, sobre los escritorios y hasta en los pisos y en los baños de fiscalías y juzgados-, los funcionarios judiciales hoy trabajan en condiciones deplorables.

Las denuncias por las condiciones de hacinamiento son recurrentes; denuncias que señalan edificios con serios riesgos de derrumbe y oficinas con falta de ventilación, de agua y de luz. Incluso, en muchos casos no hay sistemas de evacuación. Más aún: muchas dependencias judiciales funcionan en casas de familia, fábricas abandonadas, locales comerciales, farmacias, viejos hoteles. Por eso, dijo ayer el ministro de Justicia a LA NACION, se declaró la emergencia edilicia del Poder Judicial.

"La crisis de 2001 fue una de las causas que impidieron que la reforma procesal de 1998 se pudiera consolidar. Fue un avance cualitativo importante. El Código Procesal Penal está a la altura de los códigos de los países más modernos, pero no fue acompañado por la inversión que requería", dijo Casal.

La reforma de 1998, que reemplazó el denominado Código Jofré, otorgó a los fiscales la instrucción de las causas (antes, investigaba el juez que luego debía condenar) y creó el ahora colapsado Tribunal de Casación, que tiene 7000 causas atrasadas.

Hace un año, el entonces gobernador, Felipe Solá, también impulsó una reforma judicial -muy resistida- que entre otras cosas pretendía eliminar ese tribunal. Scioli y su ministro de Justicia, en cambio, proponen que Casación sólo se ocupe de las sentencias de juicios orales criminales, y derivar las causas correccionales a las cámaras de apelaciones. Fuentes del mencionado tribunal consultadas por LA NACION dijeron que, en líneas generales, están de acuerdo.

El fiscal Marcelo Romero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, concuerda con acotar la competencia de la Casación a las causas penales.

Las fiscalías -había señalado Casal- también están colapsadas. "Por ejemplo, hoy estuve en Pinamar. Un solo fiscal tiene 6000 causas", dijo el ministro. Para agilizar el trabajo en el Ministerio Público, el gobierno quiere acelerar los procesos ante los casos de flagrancia.

Romero está de acuerdo con esta iniciativa, pero señaló que no es suficiente: "Se están modificando las cuestiones de forma y no las de fondo. Hay que cambiar el Código Penal para fijar criterios de oportunidad. Hoy es lo mismo que alguien robe un chupetín o que cometa un homicidio. Esto demora a la Justicia".

Para el presidente del Tribunal de Casación, Federico Domínguez, además de la puesta en marcha del sistema de flagrancia, "hay que aumentar la oralidad en los procesos para esos casos y para los juicios abreviados; hay que hacer audiencias preliminares". Casal dijo que la propuesta de Domínguez está contemplada en la reforma del código de procedimiento que impulsa el gobierno.

"Mano justa"

A Scioli lo inquieta el alto nivel de excarcelaciones, contaron a LA NACION sus colaboradores. En una oportunidad, cuando se le preguntó si iba a aplicar la mano dura o la mano blanda, respondió: "Mano justa".

Desde la vuelta de la democracia, el sistema de excarcelaciones fue reformado unas 14 o 15 veces, recordó el fiscal Romero. Con criterios duros o blandos, según el perfil ideológico de los gobernantes. Uno de los últimos gobiernos que endureció el sistema de excarcelaciones fue el de Carlos Ruckauf.

Eso provocó la superpoblación y el consecuente hacinamiento carcelario. Luego, durante la gestión de Solá, las excarcelaciones se flexibilizaron. Ahora, hay unos 27.000 presos y 24.000 plazas. Y Casal afirmó que habrá 8700 plazas más.

LA NACION preguntó al ministro si la idea era endurecer el sistema de excarcelaciones, si para eso estaban ampliando la capacidad del Servicio Penitenciario. Respondió Casal: "No. Sólo hay que aplicar la ley de excarcelaciones correctamente, tal como está". Y recordó esas dos palabras de Scioli: "Mano justa".
 #97528  por Pandilla
 
Fuente Diario Clarin, Edición del día 27-01-2008:

QUIERE MAS HOMBRES EN LAS CALLES PARA HACER FRENTE A LA INSEGURIDAD

Scioli: "52 mil policías no alcanzan en una provincia como Buenos Aires"
Dice que no quiere transmitirle "angustia a la gente". Pero reconoce que "se necesitarían más" agentes para cubrir las necesidades de seguridad. "La gente me votó para que me haga cargo de esto", asegura.

Por: Walter Curia y Rodolfo Lara

P-Cómo está la Provincia de recursos? Tiene un problema de financiamiento permanente...

R-¿Sí? ¿Le parece?

P-Y, a menos que decida un recorte del gasto o que recurra al Gobierno nacional...

R-El gasto en la Provincia hay que hacerlo más eficiente; hay que trabajar en conjunto con la Nación. Cuando sacamos el 50% de los votos fue un proyecto articulado. ¿Cómo no se va a integrar la Provincia trabajando en conjunto con la Nación? Nosotros no vamos a tener problema, refinanciando con la Nación; pudiendo tener el bono que está previsto en el Presupuesto, y buscando aumentar la recaudación a partir de la mayor actividad productiva.

P-¿Habrá una reforma del Estado?

R-Estamos avanzando en lo que se llama la agenda digital. No es reforma del Estado, es buscar la conectividad de las escuelas, buscar la historia clínica en el sistema de salud. Estamos reglamentando la Ley de Ventanilla Unica; ahora, en extraordinarias, la Ley de Iniciativa Privada. En una provincia tan grande, yo quiero descentralizar muchas cosas.

P-¿Esto incluiría racionalización de personal?

R-No implica modificar derechos de los trabajadores o privatización de servicios públicos. Con lo que tenemos hay que hacer rendir más y mejor al Estado para dar servicio de seguridad, salud y educación. Para todo lo que hay por hacer acá... todo el trabajo que hay y lo grande que es esto. Cincuenta y dos mil policías no te alcanzan para una provincia como Buenos Aires.

P-La inseguridad pública es la mayor preocupación y golpeó en la Costa...

R-Sí y la comparto, pero a mí la gente me votó para que yo me haga cargo de este tema, no para que lo comente. Lo encare y lo resuelva con toda la fuerza. Yo no vine acá a especular, a ver si pago costos políticos. Lo mismo cuando fue la toma del Ministerio, cuando fui al Registro de la Propiedad, que yo sabía que no me iban a cantar feliz cumpleaños... O cuando fue lo de los robos en Pinamar. Ahora, cae la banda, hay unas leyes, que ahora estamos enviando en extraordinarias, la de Reforma al Código de Procedimiento. Porque tampoco alcanza si la Justicia después no tiene herramientas.

P-Usted dice que 52 mil policías no alcanzan. ¿Cuántos necesita?

R-Necesitaría más. También necesitaríamos más gente en salud, en educación. Pero yo acá no voy a dar excusas. Yo me voy a poner a trabajar y voy a hacer las cosas mejor con lo que tenemos. Yo a la gente le quiero llevar tranquilidad, nunca le voy a llevar angustia, no le voy a decir "no alcanza la Policía". Lo que se trata es de buscar cómo con cincuenta y dos mil policías, podemos tener la mayor presencia policial en las calles. Por ejemplo, tengo cuatro mil policías que estaban cuidando detenidos en las comisarías. ¿Qué tengo que hacer? Habilitar las alcaidías y poner en la calle a la Policía. Y trabajar en la inclusión. El conurbano tiene un millón de personas viviendo en asentamientos. Trabajamos por mejorar las cloacas, el agua potable, el asfalto, la vivienda. Ahora yo quisiera, también, que con la misma objetividad se vea también lo que pasa en destinos turísticos internacionales...

P-¿Está en juego el éxito de su gestión en esto?

R-Es una parte importante. El tema de la inseguridad no lo arregla ni sólo un gobernador, ni sólo un ministro, ni un jefe de policía; es un tema entre todos. Lo que yo he visto en otras partes del mundo muestra que sin una Policía motivada, sin una sociedad que participe, sin una Justicia que actúe con rapidez y sin un gran respaldo político, es muy difícil alcanzar lo que estamos esperando. Yo, como máximo responsable de la vida de quince millones de personas, estoy poniendo lo mejor de mí y todo lo que esté a mi alcance para que la gente honesta y digna viva tranquila, y que los delincuentes sean los que se empiecen a sentir amenazados. El que las hace, las paga...

P-¿Sigue teniendo prohibido reunirse con Macri?

R-Las cosas que se han dicho... Que no me iban a dejar armar el gobierno. Primero, que no iba a ser candidato a gobernador; que no iba a durar cuatro años en la vicepresidencia... Si me hubiese dejado llevar por las cosas que se han dicho, tendría que estar todo el día, no sé, con un psicólogo al lado.

P-Bueno, los Kirchner en general quieren el control sobre las cosas...

R-Una cosa es que tengan control y conducción... En mi espacio institucional, me han respetado en total profundidad. Yo era presidente del Senado, y jamás nadie se metió en mi función del Senado. Ahora soy gobernador y me siento agradecido por el respaldo que siempre tengo en la gestión; jamás, pero jamás, me han sugerido un funcionario, ni que lo ponga, ni que lo saque; o que vaya a un lugar, o que no vaya. Se vienen manteniendo reuniones entre mi jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y el jefe de Gabinete de Macri, Rodríguez Larreta. Para ver temas de la agenda metropolitana. Para mí, hay un tema central, que es el tema de la basura. Porque es un contrato del CEAMSE, que se fundó en el año 78, de la dictadura. La basura es un tema mundial.
 #97576  por Pandilla
 
Fuente Diario Clarin, Edición del día Martes 29 Enero 2008

VIOLENCIA DOMESTICA

Hombres asesinos

Es una epidemia que afecta a una de cada cuatro familias argentinas y provoca la muerte de una mujer cada cuatro días. Dos especialistas revelan las falsas creencias en torno a este flagelo.
Por: Lucía Bertotto. De la Redacción de Clarín.com

"Ella no tiene un perfil definido. Víctima de la violencia doméstica puede ser cualquier mujer", explica Graciela Mabel González, psicóloga directora del Departamento de Violencia Doméstica de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. "Él tiene una fuerte restricción emocional y una bajísima tolerancia a la frustración. Una creencia popular equivocada vincula a los golpeadores con las adicciones a las drogas o al alcohol, pero los estimulantes sólo potencian su personalidad violenta", asegura la coordinadora general del Servicio Público de Asistencia Integral a la Violencia Doméstica y Sexual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (0800-666-8537), Débora Tomasini.

Para entender por qué uno de cada cuatro hogares sufre violencia doméstica y, como consecuencia, una mujer es asesinada cada cuatro días, ambas especialistas, explican algunas de las falsas creencias vinculadas a esta problemática social, que ya es una epidemia.

DENUNCIALO YA
En promedio, por vergüenza o por temor, las mujeres realizan la denuncia entre los 7 y los 10 años de padecimiento. Familiares y amigos suelen insistirle a la víctima que realice la denuncia inmediatamente después del episodio violento. Pero para que los riesgos no sean mayores, un equipo interdisciplinario de profesionales (psicólogos, abogados) debe diseñar una estrategia previa en la que se contemplen diversos factores, entre los cuales se encuentran el hospedaje, la continuidad de la enseñanza de los chicos y la seguridad de toda la familia.

COMPLICES LOS DOS
Ni tonta ni masoquista. El círculo de violencia establecido en la pareja lleva a que la mujer- cuya autoestima se encuentra fuertemente deteriorada-, crea en las convincentes demostraciones de arrepentimiento de los golpeadores. "El violento suele tratar a su pareja de puta, loca, mala, pero no la quiere dejar. La transforman en un objeto de su propiedad. El placer lo encuentra, justamente, en doblegarse", explica González.

¿Y LOS HOMBRES GOLPEADOS QUÉ?
El 95% de los casos de violencia doméstica es contra mujeres. Le siguen niños y ancianos. Las víctimas masculinas son el 2%. A ellos también los atienden los centros de asistencia.

LA MALA EDUCACIÓN
El 50% de las mujeres que recurren al Consejo de la Mujer tienen título secundario y/o universitario.

ES EL PADRE DE MIS HIJOS
Los chicos que atestiguan actos de violencia sufren la misma sintomatología que aquellos que fueron golpeados: hipersensibilidad, temor, serias dificultades en el aprendizaje, la alimentación y en la relación con su entorno. Generalmente, suelen repetir las conductas violentas con sus propias familias.

YA VA A CAMBIAR
El golpeador puede recuperarse si tiene conciencia de que ser violento no está bien. Y generalmente, creen que hacen lo correcto. Mientras que el Consejo de la Mujer atiende a más de mil mujeres por mes, sólo atiende a 200 hombres golpeadores por año, y son pocos los que se acercan por voluntad propia.

FALSAS DENUNCIAS
Los casos de las denuncias realizadas para alcanzar beneficios económicos o la tenencia de los hijos son casi inexistentes. Las víctimas suelen ser tratadas por equipos interdisciplinarios de profesionales difíciles de engañar.

AHORA HAY MÁS VIOLENCIA
Lo que existe es mayor visibilidad.
 #98462  por Pandilla
 
Fuente: Diario La Nación, Edición del día Miércoles 30 de enero de 2008

Los intelectuales del mundo y LA NACION

"No sirve aumentar las penas contra los delincuentes"
Así opina el penalista catalán Mir Puig

"No estamos yendo por el camino correcto para enfrentar el crimen y, por lo tanto, no estamos ganándole la guerra a la delincuencia. Aumentar las penas a los delincuentes no sirve para nada."

Quien lo afirma, Santiago Mir Puig, se ha dedicado al estudio de la pena y el delito en el Estado social y democrático de derecho. Todo un tema en un contexto de sociedades cada vez más complejas, donde los ciudadanos se sienten indefensos frente al auge de la delincuencia, a nuevas modalidades de la criminalidad y a un debate por ahora abierto entre los llamados garantistas y quienes reclaman leyes cada vez más duras.

La inseguridad pública es un tema omnipresente en la vida de los argentinos, pero se trata de un problema global y no son pocos los expertos que no dudan en catalogar la inseguridad como el gran tema del futuro en la sociedad occidental.

El catalán Mir Puig es un reconocido abogado, especialista en derecho penal y doctor en derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Catedrático de derecho penal, ex decano y actual director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, y uno de los catedráticos más reconocidos del derecho penal en el nivel mundial.

Ha publicado un Tratado de Derecho Penal y varios libros sobre temas relacionados con pena y delito y la discusión acerca del agravamiento y la ejecución de las condenas o la punibilidad de los menores.

De paso por la Argentina, invitado por el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza para exponer en el Primer Seminario Internacional de Derecho Penal, el especialista español criticó la tendencia internacional de endurecer las leyes penales, destacó la importancia de una actuación eficaz de la policía y aseguró que el éxito del derecho penal no hay que medirlo respecto de los delitos que se cometen, sino de los que no se cometen.

P-La percepción generalizada es que la delincuencia crece y que no se hace lo suficiente para controlarla

R-La sensación que tenemos los que nos ocupamos de este problema es que no vamos por el camino correcto. No estamos ganando la guerra contra la delincuencia.

P-¿Coincide con quienes dicen que no por endurecer las penas van a disminuir los delitos?

R-Yo coincido con quienes sostienen que la eficacia de la pena no está en su gravedad, sino en su certeza. Es decir, lo verdaderamente eficaz es que se aplique el derecho penal, que se detenga a los delincuentes, no que se les aplique más o menos pena. Porque, en general, el delincuente tiene grandes expectativas de no ser descubierto, confía en no ser descubierto. Si uno analiza un tipo de delito muy frecuente, como es el robo, es válido preguntarse si tendría sentido para el ladrón cometer el delito si estuviera seguro de que, indefectiblemente, va a ser detenido. Si roba es porque espera no ser detenido.

P-¿Las estadísticas demuestran que existe este optimismo del criminal?

R-Por lo menos en España (y en todos lados es parecido), se calcula que para detener por primera vez a un ladrón hace falta que cometa un promedio de veinte robos. Hay una gran parte de los delitos que no se descubren.

P-¿Es éste uno de los motivos que ha llevado a un aumento de la percepción de que hay un crecimiento del delito y, por lo tanto, al creciente reclamo de seguridad?

R-Es un tema complicado. Usted misma ha hablado de un aumento de la percepción de crecimiento de la criminalidad. Pero no siempre queda claro si esto va de la mano de la realidad. De hecho, ese aumento de la percepción ya ha llevado a que muchos Estados modifiquen sus leyes penales. Y, sin embargo, los delitos siguen existiendo. Por lo pronto, hay que decir que este incremento puede que no sea tan espectacular como la gente cree. En España, las estadísticas demuestran un crecimiento levemente sostenido, paulatino, pero no espectacular. Por ejemplo, si crece el parque automotor, va a haber más accidentes. Si crecen las fábricas, van a haber más problemas de contaminación del medio ambiente. Eso es natural, porque, en forma concomitante al crecimiento general, hay nuevas variables que antes no existían. Droga, criminalidad organizada, lavado de dinero. Delitos más sofisticados, si se quiere.

P-Lo que se percibe de manera evidente es que hay una mayor crispación por parte de la gente ante los casos de inseguridad...

R-Es cierto, pero esto se explica, en buena medida, por el creciente tratamiento que le dan al tema los medios de comunicación a los delitos más impactantes, como los asesinatos, los abusos sexuales, las violaciones. Sin embargo, el número de estos delitos es pequeño con relación al panorama general de la criminalidad. Los llamados delitos de sangre son pocos. No se pueden ni comparar con los dos grandes apartados de la delincuencia española, que son el robo a la propiedad y el tráfico de drogas.

P-¿El derecho penal puede contribuir a una mayor seguridad en la sociedad?

R-Diría que no. No es su función, y ahí está la confusión de la gente. El derecho penal no acabará con la delincuencia ni podrá evitar que crezca, pero sí es cierto que, sin derecho penal, posiblemente habría muchos más delitos. El éxito del derecho penal no hay que medirlo respecto de los delitos que se cometen, sino de los que no se cometen, es decir, con relación al sentido de protección contra los delitos que otorga. De hecho, muchísimas personas no cometen delitos porque hay un derecho penal. Porque reconozcámoslo: Dios está un poco lejos. Lo primero con que se encuentra uno es con las consecuencias aquí en la Tierra... La pena de prisión, que es el centro de nuestro sistema penal, es la única amenaza que la gente toma en serio.

P-¿Una policía eficaz reduce el número de delincuentes?

R-El tema número uno de la política penal actual es conseguir una policía no corrupta, que no genere delitos. La policía tiene que actuar dentro de la legalidad y no generar delincuencia. Es mucho más eficaz una policía que funcione descubriendo delincuentes que poner más pena al mismo delito; si pongo más pena y no lo persigo no sirve para nada. Ahora, ciertamente, es más barato, porque aumentar una pena es barato. Por eso todas las campañas políticas tienen plataformas de derecho penal en sus agendas. Todos los políticos prometen la solución. Efectivamente, los partidos comprenden que es un punto que interesa a la población y que hacer promesas en ese sentido les va a dar votos. Lo hacen los partidos de izquierda y de derecha. Digamos que es una manera bastante segura y barata de ganar votos. Los electores están sensibilizados porque o son víctimas de delitos o tienen miedo de serlo. A la gente le impacta mucho cualquier noticia sobre delitos violentos. Prestan mucha atención a la noticia que se da sobre eso. Los medios tratan de informar sobre esto porque saben que esto vende. El miedo es una pulsión muy importante del ser humano y ahí está, amplificando el problema.

P-¿Qué haría, como abogado penalista, con un chico de 12 años que mata a otro?

R-Hay que tomar medidas, pero que vean al menor como una víctima también, porque lo es. Este punto de vista lo tiene cualquiera que se encuentre con el problema en su familia. Lo que pasa es que, a mayor nivel social, hay mayor ocultamiento o protección. A ese niño o adolescente es necesario tratarlo, educarlo y ver qué problemática lo ha llevado a actuar de ese modo. Posiblemente proviene de una familia desestructurada, de una comunidad donde priman condiciones de vida adversas.

P-¿El mapa del delito se distribuye de manera equitativa entre ricos y pobres?

R-Claro que no: siempre pierden los pobres. Para los delincuentes, suele ser más fácil atacar a un pobre. Los ricos tienen mayores recursos para protegerse. Sin embargo, son los que más se quejan. Basta con visitar las cárceles y ver quiénes están ahí. La muestra social que se ve ahí adentro no se corresponde con lo que se ve en la calle. En una sociedad en la que hay desigualdad, los que tienen más siempre encontraran más posibilidades de resolver sus problemas, cualquiera que sean.

P-¿No se piensa más ahora en los derechos del delincuente? ¿No aumenta eso la sensación de inseguridad y de desprotección de los ciudadanos?

R-Un Estado de Derecho tiene que combinar garantías con eficacia. El derecho penal tiene la función de proteger a la sociedad y prevenir delitos sin renunciar a determinadas garantías para los acusados. Porque, además, es cierto que cualquiera de nosotros puede verse acusado injustamente por un delito. Por lo tanto, debe tener posibilidad de defenderse frente a este tipo de situaciones. También es cierto que cuando se endurece la persecución de los delitos se cometen muchos errores.

Por Carmen María Ramos
Para LA NACION
 #98479  por Pandilla
 
Fuente: Diario La Nación, Edición del día Jueves 31 de enero de 2008

En Tres Arroyos
Exigen la remoción de jueces y fiscales
Firman un escrito 9000 vecinos

Alrededor de 9000 vecinos de Tres Arroyos firmaron un petitorio en el que piden la destitución de funcionarios judiciales, debido a la ola de inseguridad que castiga a los pobladores de esa ciudad bonaerense.

El escrito fue presentado anteayer en el Ministerio de Justicia bonaerense por una comisión encabezada por el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez.

En declaraciones a la agencia Télam, el presidente del Foro de Seguridad de esa ciudad bonaerense, Helmuth Petersen, dijo que "existe un malestar creciente por los robos, hurtos, asaltos a mano armada, apuñalados y otros delitos que ocurren desde hace mucho tiempo, por eso se pidió la remoción de jueces y fiscales que actúan en la zona".

Petersen señaló que en el escrito, "avalado por la firma del 20 por ciento de la población de Tres Arroyos, se intentó destacar la supuesta inoperancia de las autoridades de la justicia penal. La policía detiene a los delincuentes, y la Justicia los suelta en forma rápida y los malvivientes vuelven a cometer delitos".

Uno de los casos que conmovieron a esa comunidad es el ataque "a la médica Bárbara García, que hace diez días fue apuñalada por un joven de 17 años que ingresó en su casa para robarle", expuso el vecinalista.

En el Ministerio de Justicia provincial informaron que el petitorio será enviado a la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General.
 #98497  por Pandilla
 
Fuente: Diario Clarin, Edición del día Jueves 31 de enero de 2008.

DEFINICIONES DEL MINISTRO DE SEGURIDAD DE SCIOLI
Stornelli dijo que existe "precariedad" en la seguridad bonaerense
Por: Rodolfo Lara

El ministro de Seguridad, Carlos Stornelli consideró que existe "una suerte de precariedad" en el sistema de prevención y represión del delito en la provincia de Buenos Aires.

"Hay preocupaciones por todos lados", explicó el funcionario. La inseguridad pública es demanda central de los 15 millones de habitantes bonaerenses y el gobernador Daniel Scioli admite limitaciones, como la insuficiencia de policías en la calle.

Ayer, Stornelli comprometió la designación de agentes e incremento en la cantidad de patrulleros. Ambos asumen este condicionamiento pero sostienen que la situación puede revertirse a mediano plazo.

"Estamos trabajando fuerte y estudiando los problemas", dijo el ex fiscal federal. Gobernador y ministro participaron de una misa (por los policías caídos) en el patio de la ex jefatura, en La Plata, para el acompañamiento formal a la fuerza.

Scioli había advertido -en un reportaje de Clarín- que los 52 mil efectivos "no alcanzan en una provincia como Buenos Aires".Al otro día prometió un refuerzo de 8000 plazas durante su gestión. Tiene previsto destinar 4.000 oficiales y suboficiales afectados al cuidado de presos en comisarías al patrullaje e investigación.

Hace algunas horas se anunció la habilitación de alcaidías para el traslado de detenidos. Es un objetivo incumplido de todas las gestiones, desde Eduardo Duhalde hasta ahora.

El Presupuesto 2008 contempla la posibilidad de designación de 3.500 policías en este período. Seguridad dispone del 8 por ciento del gasto provincial (2.950 millones de pesos). Con esa previsión debe garantizar el funcionamiento de 351 comisarías y 59 subcomisarías, además de los 156 destacamentos y 180 puestos de vigilancia. Parte de los recursos están asignados a los 833 patrulleros y las 3341 camionetas en condiciones de operar.

En campaña y aún en las primeras semanas de gobierno, Scioli evitó manifestar si el estado de "precariedad" responde únicamente a la limitación de recursos presupuestarios o deriva de estrategias deficientes de los últimos años. La crítica pondría un elemento irritante con su antecesor, Felipe Solá. "No soy quejoso. La gente me votó para solucionar problemas", es su discurso, sin aparente fisura política.
 #98534  por Pandilla
 
Una nota que refiere a uno de los sub-temas que se desprenden del tema principal del Post.

Fuente: Diario Pagina12, Edición del día Jueves, 31 de Enero de 2008

LA CONDICION MORTAL EN LA PERSPECTIVA DE CORNELIUS CASTORIADIS

No he de vivir por siempre

El hecho de la condición mortal es desestimado en nuestra cultura, señala el autor de esta nota, quien, citando al psicoanalista y filósofo Cornelius Castoriadis, observa que “aceptar la finitud, tanto del individuo como de las instituciones, forma parte del proyecto de autonomía que también caracteriza a la cultura occidental, a partir de los griegos y desde la Revolución Francesa”.

Por Narciso Notrica *

El tema de la mortalidad es tratado poco frecuentemente en nuestro medio: me parece merecedor de mejor atención. También he notado una muy pobre problematización en el ámbito médico y asistencial, lo cual es significativo ya que hoy en día la medicina, como institución, es la encargada, por la cultura, de procesar la muerte; no se concibe fácilmente una muerte sin asistencia médica. Es un tema que en general no existe salvo cuando excede algún encuadre, y entonces ya es un síntoma. Intentaré mostrar los desarrollos que hace al respecto Cornelius Castoriadis.
Un punto nodal es su idea de que la actitud ante la muerte proviene de una significación socialmente transmitida; él rechaza todo endogenismo en esta cuestión: “Nada hay en mí, nada mío y propio, que me diga que he nacido y que moriré, nada ‘psicológico’ y nada ‘trascendental’. El hecho de que nací y moriré es un saber esencialmente social (me lo dijeron o lo vi), que me es transmitido/impuesto; y que, por supuesto, el núcleo más íntimo de la psyché ignora sin más” (El mundo fragmentado, Buenos Aires, Altamira, 1993).
Castoriadis considera el reconocimiento y la aceptación de la mortalidad, tanto en la sociedad y en la cultura como en el individuo, como un requisito para el logro de la autonomía y de su corolario indisociable, la libertad. El desarrollo de la cultura está explicado como una de las principales defensas contra la asunción de la mortalidad, y estas defensas se perpetúan transmitidas por el pensamiento “heredado”.
Castoriadis trasciende los desarrollos freudianos, que habían asignado a la religión el papel más importante ante la mortalidad, cuando llega a concebir la cultura como algo defensivo frente al reconocimiento de aquélla: la cultura, en la que estamos incluidos, prescribe ritos y significaciones cuyo sentido es evitar la aceptación de la muerte propia o de las instituciones y sus significados. Es posible que esta idea se acerque a dar cuenta de la pobre dedicación que recibe el tema.
Aproximándonos más al punto de vista clínico, y para explicar la interminabilidad de los análisis que devienen interminables, Castoriadis enuncia que hay una imposibilidad de ambos, analista y paciente, en aceptar la mortalidad, ejemplificada en el dejar paso al que deviene nueva persona y, como tal, extraño y desconocido. En la cultura actual hay un rechazo, que puede hacerse presente también en un análisis, de los riesgos inherentes a la autonomía, a la libertad y, en consecuencia, al vivir. La aceptación de estos riesgos significa quedar al borde del abismo generado por la pérdida de sentidos, tanto aquellos transmitidos-constituidos por lo histórico social y con los que el sujeto se identifica, como aquellos que ha creado y tienen mayor individualidad. El logro de la aceptación constituye el fin-de-análisis, en los dos sentidos, como objetivo y como terminación del proceso, en que puede usarse esta expresión, y por esa misma razón son la “roca viva” –como la denominaba Freud– en la que puede quebrarse el análisis. Se puede entender con esta base la impasse analítica y las situaciones que se han denominado como reacción terapéutica negativa, ya de otra manera que como expresión más o menos directa de la “pulsión de muerte”.
La asunción de la condición de mortalidad es un requisito previo a la posibilidad de la autonomía, tanto en el nivel individual como para el establecimiento de sociedades autónomas. Castoriadis entiende que las actuales condiciones de desenvolvimiento de nuestra cultura son precisamente las contrarias a tal posibilidad. La idea de progreso ilimitado y las significaciones de seudorracionalidad y seudodominio del hombre y de la naturaleza están básicamente al servicio de negar la mortalidad. Forman parte y se transmiten a través del “pensamiento heredado”.
Pero la cultura occidental, al entender de Castoriadis, es la única que posee, al lado de un proyecto hegemónico capitalista, otro proyecto de desarrollo de la autonomía del hombre y de la formación de sociedades autónomas. Este proyecto es derivado de aquellos momentos de autonomía presentes en la democracia griega y en la Revolución Francesa. Como parte de una ética de la mortalidad, propone crear significaciones y sentidos que reemplacen a los que están perdidos, generar así “tipos antropológicos” complementarios a esas nuevas significaciones, trabajar en función de promover el desarrollo de autonomía. El reconocer obligaciones con generaciones futuras, basadas en la deuda con las que nos antecedieron, es una base para construir posiciones éticas alrededor de este problema. Freud, quien definió al ser humano como “derechohabiente temporario de una institución que lo trasciende”, marca un antecedente para tal postura. Castoriadis le asigna al psicoanálisis, como actividad práctico-poiética (es decir, de creación) un papel en el desarrollo del estado autónomo de subjetividad reflexiva y deliberante que es, a su entender, el funcionamiento mental más desarrollado.
Las sociedades heterónomas postulan significaciones en las que hay algo eterno –Dios, la patria, los laureles, la lengua, etcétera– que funciona como figura identificatoria. Sobre estas figuras rige la “clausura”: una imposibilidad de que sean cuestionadas, en tanto se explican a sí mismas como “causas”. El proyecto social está impregnado de visos de eternidad, porque asumir la disolución y la muerte de ese proyecto, de las significaciones, de la nacionalidad, es rechazado. Resolver esto, es decir, darle otro curso, requeriría instituir nuevas significaciones que permitieran cambiar nuestras relaciones con la vida y la muerte. Se puede así plantear la posibilidad de una “muerte trófica”.
En esta manera de entender, Castoriadis sigue en mucho a Octavio Paz: “Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. La muerte es intransferible como la vida. Si no morimos como vivimos es porque realmente no fue nuestra vida la que vivimos: no nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. [...] La vida, colectiva o individual, está abierta a la perspectiva de una muerte que es, a su modo, una nueva vida. La vida sólo se justifica y trasciende cuando se realiza en la muerte. Y ésta también es trascendencia, más allá puesto que consiste en una nueva vida. [...] La muerte moderna no posee ninguna significación que la trascienda o refiera a otros valores. En un mundo de hechos la muerte es un hecho más” (“Todos santos, día de muertos”, en El laberinto de la soledad).
En la cultura actual, la muerte juega el papel que en tiempos de Freud ocupaba la sexualidad: algo a ser negado y escotomizado. La sexualidad, en tanto representa y evoca el paso de las generaciones, remite a la muerte, o finitud individual, y por eso también es motivo de defensa. La relación sexo-muerte tiende también a erotizarse al servicio de la defensa.
El aceptar la finitud, tanto del individuo como de las instituciones y significaciones sociales, es una fuerte renuncia narcisística. Para que esta renuncia forme parte del proyecto autonómico debe ser transformada en autolimitación, lo cual requiere un trabajoso esfuerzo elaborativo, vale decir, de creación de nuevas significaciones. La muerte es un sinsentido y nuestra mente no puede aceptarlo fácilmente. Se tolera más y mejor un sentido negativo que un sinsentido.
El valor culturalmente asignado al “progreso” y a la prolongación de la vida ha creado en la sociedad occidental actual un vacío; el progreso como valor ha entrado en crisis, ya no es aceptado, se descree de él y la experiencia ha demostrado que no se traduce en mejores resultados para la humanidad. La situación generada con la cada vez menor provisión de suministros sociales sostenedores, así como las dificultades de inserción e inclusión, plantean el interrogante de cómo se resolverá tal vacío (en términos de Castoriadis: insignificancia).
Parafraseando un modelo freudiano encuentro que, respecto de la muerte, es posible distinguir tres polaridades: vida/muerte, vitalidad/mortalidad e inmortalidad/ mortalidad. La polaridad vida/ muerte es quizá la más transitada por el psicoanálisis, a partir de los términos “pulsión de vida/pulsión de muerte”; representa estados sustantivables, más bien fijos y definibles. Creo, además, que, en este contexto, vida y muerte han adquirido características polisémicas que a veces trivializan su significado.
La polaridad vitalidad/mortalidad se puede relacionar con la melancolía, dado que la identificación con el objeto perdido disminuye la vitalidad y genera un muerto eterno que, paradójicamente, no muere nunca. También forman un par complementario, en tanto estamos hablando del reconocimiento y la aceptación de la mortalidad como requisito para una vitalidad autónoma, de la que la mortalidad es un ingrediente necesario.
La polaridad inmortalidad/mortalidad parece ser la más cercana al punto de vista que nos interesa: se acerca al paradigma que parte de un estado originario, la mónada, primariamente inmortal y omnipotente, que como parte de un desarrollo puede o no llegar a una aceptación de la mortalidad, lo cual será acorde con el logro de otros puntos de funcionamiento autónomo. Pienso también en una inmortalidad secundaria, que aparece en mitos y obras literarias y artísticas. Puede llegarse a ella a través de pactos y está ligada con vivencias de encierro, monstruosidad y castigo. Es el caso de Fausto, en sus distintas versiones. En el caso del Holandés Errante, es más bien un castigo espersonalizante y desvitalizante: un vivir interminable, una condición de muerto en vida que necesita una intervención salvadora para rehumanizarse recuperando la posibilidad y la capacidad de morir.


* Fragmento de “Finitud y mortalidad en Castoriadis”, incluido en Insignificancia y autonomía. Debates a partir de Cornelius Castoriadis, por Yago Franco, Héctor Freire y Miguel Loreti (coords.), de reciente aparición (ed. Biblos).
 #99038  por Pandilla
 
Fuente: Diario La Nación, Edición del día Viernes 1 de febrero de 2008

Por miedo, la gente ya no duerme

TRES ARROYOS (De un enviado especial).- Por la inseguridad, muchos de los habitantes de esta ciudad donde se concentra gran parte de la producción de trigo de la provincia de Buenos Aires perdieron el sueño.

Así lo explicó Omar Della Sana, presidente de una de las 14 juntas vecinales que apoyó el petitorio "para remover a la Justicia local".

Según Della Sana, "hay tanto miedo que mucha gente no duerme de noche. Varios jubilados denominaron «los robos pesadilla». Se trata de los asaltos en los que los ladrones sorprendieron a los abuelos mientras dormían en sus camas, entre las 2 y las 5. Por eso los llamaron «los robos pesadilla», porque los despertaban con un revólver en la cabeza".

Según lo informado por las autoridades, los robos en los que hubo jubilados como víctimas fueron los que más crecieron en los últimos meses.

"En muchos casos, los abuelos nunca supieron cómo los delincuentes ingresaron en sus casas. Los despiertan con un arma en la cabeza y los encandilan con una linterna. Acá hace varios años que se perdió la tranquilidad.", explicó Della Sana.

No obstante hubo un delito que bajó. Se trata del robo de bicicletas. Según estadísticas oficiales desde mayo a diciembre de 2007, la cantidad de denuncias pasó de 25 a 4.

"Cuidá tu bicicleta, empadronala. Con tu ayuda evitaremos el robo y la venta ilegal de bicicletas", se expresaba en los carteles colocados en la ciudad con los que la Secretaría de Seguridad local convocó a los vecinos a registrar las bicicletas.
 #99041  por Pandilla
 
Fuente: Diario La Nación, Edición del día Viernes 1 de febrero de 2008

Tres Arroyos
Una ciudad indignada clama seguridad
Nueve mil vecinos exigen renuncias

TRES ARROYOS.– Bárbara García, una dermatóloga de 50 años, recibió siete puñaladas cuando sorprendió a un delincuente dentro de su casa, situada en pleno centro de esta ciudad de 57.000 habitantes. El sospechoso, de 17 años, había sido liberado un día antes, a pesar de que registraba 17 ingresos en la comisaría local.

El hecho provocó indignación entre gran parte de la población, que juntó de inmediato más de 9000 firmas en un petitorio en el que se solicita la remoción del juez de menores que excarceló al acusado y también de otros funcionarios judiciales. Esta denuncia fue presentada ante el Ministerio de Justicia bonaerense y será evaluada por la Suprema Corte de Justicia provincial.

En esta oportunidad, E.S., tal como fuentes judiciales identificaron al imputado debido a que su nombre no puede publicarse por tratarse de un menor, quedó preso y fue trasladado al instituto que funciona en Batán para la contención de menores.

El 17 de enero pasado, el mismo día en que un grupo de vecinos realizaba una asamblea para protestar por la supuesta falta de acción de la justicia local, E.S. había sido apresado después de robarle la cartera a una mujer. Al día siguiente lo liberaron y 24 horas más tarde apuñaló a la dermatóloga, que actualmente permanece internada en estado reservado en la sala de terapia intensiva del Hospital Pirovano.

“En los últimos seis años me asaltaron 34 veces. Tengo las denuncias que hice ante la policía. En todo ese tiempo nunca me llamaron desde la Justicia para que fuera a identificar a algún sospechoso. Estoy cansado de que me roben y de que aquellos que me asaltaron y balearon mi casa vayan tranquilos por la vida”, declaró Rubén Suárez, mecánico, de 50 años, mientras señalaba las marcas de los balazos que le dispararon hace un año cuando lo asaltaron en su casa del barrio Colegiales. Otro de los hechos que provocó la indignación de los vecinos ocurrió el 11 de enero último, cuando un delincuente fue baleado por un policía que lo sorprendió, junto con un cómplice, cuando robaba en una casa cuya propietaria había fallecido el día anterior.

"El delincuente, mayor de edad, fue atendido en el hospital y nadie ordenó detenerlo. Como nadie lo custodiaba, se escapó. La orden de captura se firmó tres días después y el allanamiento se realizó seis días más tarde, cuando todo el mundo sabía que el acusado no estaba en Tres Arroyos. Además, lo que no se entendió fue por qué ante un mismo delito el magistrado, que subrrogaba al juez de Garantías, acusó al mayor de robo en poblado y en banda y al menor le imputó amenazas. Por eso, la gente se cansó y pidió la remoción del juez de Garantías y del juez de Menores", explicó el intendente Carlos Sánchez, del partido Movimiento Vecinal de Tres Arroyos.

Además del petitorio, firmado por casi el 20 por ciento de los habitantes de esta ciudad, la delegación encabezada por el intendente presentó en el Ministerio de Justicia provincial un registro con 22 expedientes sin resolver, en los que las víctimas de los delitos reclaman que no prescriban las causas contra los sospechosos identificados o que les repongan sus pertenencias que ya fueron recuperadas por la policía y que están secuestradas en depósitos judiciales.

"Acá no existe ninguna motivación política, ¿de qué bandera política me hablan? Yo soy damnificada. Todos los vecinos de mi cuadra tuvieron que poner rejas en sus casas. Ninguno de ellos se salvó de ser asaltado. La gente inocente vive detrás de las rejas y los delincuentes están libres", expresó Laura Lauría, vecina del barrio Colegiales, que fue recibida por el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal.

No es la primera vez que los vecinos de Tres Arroyos decidieron protestar contra la inseguridad. Entre el 31 de diciembre de 1989 y el año nuevo de 1990, la ciudad fue el escenario de una pueblada por el asesinato de Nair Mostafá, de 9 años. Durante la manifestación fueron quemados los autos frente la comisaría local debido a que los policías fueron acusados de no actuar cuando la madre denunció la desaparición de la pequeña. Pasaron casi 20 años y el homicidio sigue impune.

Hace tres años y medio también se registraron incidentes cuando un grupo de vecinos protestó por la supuesta falta de acción de la Justicia en el homicidio de un joven 19 años, ocurrido a la salida de una disco.

En tanto, debido a la feria judicial, la mayoría de los magistrados cuestionados no estaban en sus despachos cuando LA NACION fue a consultar sus opiniones sobre los términos del petitorio presentado en La Plata.

"Una maniobra política"

No obstante, fuentes judiciales adjudicaron la iniciativa de solicitar las remociones de los funcionarios a una supuesta maniobra política promovida por algunos vecinos y explicaron que las firmas expuestas en el petitorio no serían representativas.

"No queremos más puebladas. Pretendemos actuar con seriedad, por eso fue que se decidió firmar un petitorio. La gente firmó espontáneamente. Estoy cansado. Las únicas horas en las que duermo son las de la siesta. Por la noche salgo a recorrer la calle o estoy alerta para que no me roben. La policía actuó bien, pero la Justicia no funciona", agregó Suárez.

A 20 cuadras de la casa de Suárez, en otro barrio, Omar Della Sana, empleado y presidente de una de las 14 juntas vecinales que apoyaron el petitorio, coincidió con el mecánico: "Vivo con miedo a los robos. En Tres Arroyos se perdió el sueño. Antes de convocar a la asamblea de vecinos, que se realizó para debatir la supuesta falta de acción de la Justicia, en el caso del delincuente baleado por la policía y que se escapó, advertimos que no teníamos ninguna vinculación política sino que pretendíamos tener una mejor calidad de vida, sin inseguridad.

"Hace 15 días dispararon dos perdigonadas con una escopeta calibre 12.70 contra el frente de mi casa. Antes me habían amenazado y me advirtieron que me involucrara más para defender a los vecinos", manifestó Pedro Handersen, 53 años, productor agropecuario, que defendió la actuación de dos de los fiscales y, desde el atentado que sufrió, tiene una custodia policial frente a su casa.

Por Gustavo Carabajal
Enviado especial

Rechazo

 TRES ARROYOS (De un enviado especial).- Al cierre de esta edición, los representantes de los foros de seguridad locales se reunieron sorpresivamente para evaluar los pasos por seguir luego de la presentación del petitorio "para remover a la justicia local". Además, rechazaron las declaraciones de ayer del ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, que habría sostenido que no tendrían fundamentos los reclamos contra los funcionarios judiciales de esta ciudad.
 #99044  por Pandilla
 
Fuente: Diario La Nación, Edición del día Viernes 1 de febrero de 2008

Asentamientos en plazas: el conflicto derivado del cierre de un servicio de un concesionario de la Nación
La Justicia ordenó que vuelva a correr el tren cartonero
La empresa TBA dice que lo desmanteló

Mientras grupos de cartoneros anunciaron su intención de no abandonar sus precarios campamentos en plazas porteñas, pues aducen que no pueden trasladar sus mercaderías porque dejó de correr el tren que les permitía hacerlo, la justicia federal ordenó ayer a la empresa ferroviaria TBA que reanude ese servicio del ramal Retiro-Tigre como una manera de evitar situaciones de "violencia social".

A pesar de ello, por medio de su vocero, Gustavo Gago, la empresa ratificó que no reanudará el servicio del tren porque los vagones ya fueron desmantelados para reformarlos y sumarlos al servicio de pasajeros, y afirmó que, si lo hiciera, les estaría pagando el flete a las empresas que les compran la mercadería a los cartoneros.

Explicó Gago a LA NACION que, tras la salida de servicio del tren, los que compran el cartón envían un camión semanal y que, por eso, los cartoneros deben acopiar la mercadería en las plazas hasta que pasen a recogerla.

Muchos cartoneros desconfían de que la medida judicial se cumpla y se pusieron firmes en su intención de acampar junto a las vías y en plazas, hasta que se reanude el servicio del "tren blanco".

La medida que obliga a TBA a restablecerlo "de inmediato" fue dictada por la jueza federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Martín Martina Forns, ante un recurso de amparo presentado por diez cartoneros y sus familias, que se organizaron a partir de un comedor donde merendaban, en Olivos.

El tren cartonero del ramal Retiro-Tigre fue el último en desaparecer el 28 de diciembre pasado. La empresa dijo que lo discontinuó debido a problemas de seguridad, derivados del precario estado de las formaciones. Gago explicó que, en principio, los trenes tenían un furgón y asientos, pero que "los propios cartoneros los desmantelaron, sacaron los asientos y utilizaron el tren para carga. Los cartoneros pueden viajar, como cualquier pasajero, pero no la carga. Los pliegos de concesión dicen que TBA es una empresa de transporte de pasajeros, no de carga".

"La realidad demuestra que, ante la falta de medidas adecuadas, la solución de los conflictos tomará otros cauces de mayor complejidad y violencia social que corresponde evitar", dijo la jueza. Destacó, además, que "los conflictos sociales deben ser solucionados mediante la intervención de los usuarios, de los trabajadores y de todas las instancias legales de control de la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en una audiencia pública o mesa de diálogo que permita tomar decisiones consensuadas".

Tras una negociación con el gobierno de la ciudad y la con Secretaría de Transporte de la Nación, la empresa dijo que colocó 10 camiones para trasladar la mercadería y otros 12 en la ex línea Sarmiento, lo que le cuesta, según Gago, 700.000 pesos al mes. Pero los cartoneros dicen que evitan utilizar estos camiones porque temen que les roben sus mercaderías y se quejan de que los horarios en que operan no se adecuan a sus necesidades.

Gago anticipó que TBA apelará la decisión judicial y argumentó que una medida de no innovar no podría aplicarse porque la situación ya mutó, a partir de que el tren dejó de operar. No obstante, la jueza destaca en su fallo que se trata de una medida cautelar de las denominadas innovativas, que no buscan mantener todo como estaba, sino alterar el estado de cosas vigente antes de hacer el pedido.

La vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, sostuvo que la situación que se generó con los cartoneros excede la jurisdicción porteña.

"Estamos planteando paliativos. Uno de ellos es la sustitución del transporte, pero esta coyuntura es difícil de solucionar. La convicción es que no sólo debe ser trabajado por la ciudad, sino que requiere un trabajo conjunto con la Nación y con la provincia" [de Buenos Aires, de donde proviene la mayoría de los cartoneros].

Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION
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