En el plano de los principios, naturalmente nadie va a estar en desacuerdo contigo: que todo habitante de esta abundante y fértil tierra tenga acceso a su propia vivienda digna, mediante el goce de accesibles créditos.
Pero luego hay que descender a las pedestres realidades: son poquísimos los que sin ayuda de un crédito podrían "pagarse por sí mismos una vivienda". A lo más, lo sería con la ayuda de papá y mamá, que sacarían un crédito para comprarle el depto al nene. Incluso en países ricos, como los EE.UU y Europa (España, verbigracia), esta fantasía terminó en los conocidos créditos incobrables bajo hipoteca, que llevaron a la crisis que todos conocemos.
En sociedades económicamente poco desarrolladas como la nuestra, la locación es indispensable. Pero, lamentablemente, no puede dejársela al arbitrio de las leyes del mercado, en un mercado en el que la demanda supera ampliamente la oferta. Y menos en el país de los “piolas”, donde todos tratan de sacar tajada del otro en una incesante rebatiña.
Ahí es donde entra a jugar el papel coordinador del Estado. Entonces se necesita un Estado que no sea un mero aparato sustentador de clientelas políticas, sino un organizador y supervisor de los recursos que la misma sociedad genere. Un estado que brinde seguridad jurídica en todos los ámbitos, y que actúe llevando las pretensiones desmedidas de los sectores sociales al plano de las realidades. Un Estado que se ubique en un áureo medio entre la liberación total de las descontroladas fuerzas del mercado, y los controles miopes de burócratas paniaguados. Un Estado, por ejemplo, que sea capaz de crear baremos que califiquen las propiedades siguiendo claros criterios urbanísticos y arquitecturales, de modo que el consumidor inquilino no tenga que someterse a pagar cualquier disparate por una pocilga, ni el propietario pretenda hacer valer la necesidad del mercado para reclamar réditos desproporcionados a su capital invertido. Pero también un Estado que sepa imponer su autoridad y asegurar el cumplimiento de las leyes, dándole al propietario la seguridad de que no tendrá que recorrer un via crucis tribunalicio cada vez que le toque un inquilino irresponsable o malicioso. ¿Será posible tal cosa en estas lejanas tierras del hemisferio sur?
Al menos, fue posible en países como Italia, cuando la reconstrucción industrial creó un alarmante cuello de botella inmobiliario en el cinturón de las grandes ciudades, y había que optar entre poner un poco de orden en el tema inmobiliario, o arriesgarse al desorden fenomenal de los suburbios de otras latitudes. ¿Por qué no habría de ser posible de lograr aquí una solución racional a la crisis que indefectiblemente se avecina entre nosotros, a poco que los sinceramientos económicos se vayan haciendo inevitables?...¿O pretenderemos renovar la secuencia del círculo vicioso que describí en el anterior post? Ay!, esperemos que no.
Un saludo cordial.
Pero luego hay que descender a las pedestres realidades: son poquísimos los que sin ayuda de un crédito podrían "pagarse por sí mismos una vivienda". A lo más, lo sería con la ayuda de papá y mamá, que sacarían un crédito para comprarle el depto al nene. Incluso en países ricos, como los EE.UU y Europa (España, verbigracia), esta fantasía terminó en los conocidos créditos incobrables bajo hipoteca, que llevaron a la crisis que todos conocemos.
En sociedades económicamente poco desarrolladas como la nuestra, la locación es indispensable. Pero, lamentablemente, no puede dejársela al arbitrio de las leyes del mercado, en un mercado en el que la demanda supera ampliamente la oferta. Y menos en el país de los “piolas”, donde todos tratan de sacar tajada del otro en una incesante rebatiña.
Ahí es donde entra a jugar el papel coordinador del Estado. Entonces se necesita un Estado que no sea un mero aparato sustentador de clientelas políticas, sino un organizador y supervisor de los recursos que la misma sociedad genere. Un estado que brinde seguridad jurídica en todos los ámbitos, y que actúe llevando las pretensiones desmedidas de los sectores sociales al plano de las realidades. Un Estado que se ubique en un áureo medio entre la liberación total de las descontroladas fuerzas del mercado, y los controles miopes de burócratas paniaguados. Un Estado, por ejemplo, que sea capaz de crear baremos que califiquen las propiedades siguiendo claros criterios urbanísticos y arquitecturales, de modo que el consumidor inquilino no tenga que someterse a pagar cualquier disparate por una pocilga, ni el propietario pretenda hacer valer la necesidad del mercado para reclamar réditos desproporcionados a su capital invertido. Pero también un Estado que sepa imponer su autoridad y asegurar el cumplimiento de las leyes, dándole al propietario la seguridad de que no tendrá que recorrer un via crucis tribunalicio cada vez que le toque un inquilino irresponsable o malicioso. ¿Será posible tal cosa en estas lejanas tierras del hemisferio sur?
Al menos, fue posible en países como Italia, cuando la reconstrucción industrial creó un alarmante cuello de botella inmobiliario en el cinturón de las grandes ciudades, y había que optar entre poner un poco de orden en el tema inmobiliario, o arriesgarse al desorden fenomenal de los suburbios de otras latitudes. ¿Por qué no habría de ser posible de lograr aquí una solución racional a la crisis que indefectiblemente se avecina entre nosotros, a poco que los sinceramientos económicos se vayan haciendo inevitables?...¿O pretenderemos renovar la secuencia del círculo vicioso que describí en el anterior post? Ay!, esperemos que no.
Un saludo cordial.
