He sido abogado de empresas de salud durante muchos años, asesorando tambien a prepagas relacionadas con esos centros. Mucho se habla de este tema, del PMO, de la comparacion con Obras Sociales, de los fondos de financiamiento, del consentimiento contractual, del lucro que persigue la empresa privada comercial y de la finalidad solidaria de la obra social. Sabemos que actualmente hay un proyecto en el Congreso Nacional para regular la actividad de la medicina privada, introduciendo una serie de modificaciones que por un lado aliviarian las arcas de las obras sociales, y por otro lado, recargarian peligrosamente los presupuestos de las prepagas. Conviene detenerse un momento en esta distincion. La empresa de medicina prepaga es una sociedad comercial y como tal, con fines de lucro. La obra social presta un servicio como contrapartida al aporte del afiliado y tiene acceso a un fondo de financiamiento que no ostentan las empresas comerciales. El PMO y el PMOE y los constantes agregados que se hacen (oncologia, psiquiatria, bye pass gastricos, asistencia en fecundacion, etc), la ley 24754 que obliga a las prepagas a brindar las mismas prestaciones que las obras sociales (OS), coloca al sistema de salud en una especie de ideal irrealizable. A traves de la mencionada ley 24754, el Estado Nacional ha demostrado no poder afrontar las demandas en salud en hospitales y centros asistenciales gratuitos, haciendo recaer la misma obligacion en las llamadas prepagas, que muchas veces no estan preparadas para ello. Esto ha motivado una enorme concentracion en empresas poderosas (Swiss, Medicus, Galeno) en desmedro de otras menores que llegado el caso, deberan dejar el mercado y con ello, cantidad de afiliados fuera del sistema por dos motivos: 1. la edad, 2. los costos. En vista de esta situacion, las personas mayores de 65 o 70 años, son un mercado cautivo de las prepagas aunque aumenten sus cuotas (cosa que comercialmente puede ser razonable) ya que no podran acceder a otro servicio pago, y si bien existen dos o tres entidades que admiten la afiliacion de personas mayores, los costos son practicamente inalcanzables. Mientras tanto, las obras sociales al amparo de sus fondos y la ayuda del Estado Nacional, cumple a regañadientes con las prestaciones a que estan obligadas, no sin antes exigir del afiliado alguna peticion judicial via amparo. Siendo que ambas prestadoras deben asumir las mismas obligaciones, nos preguntamos si tienen los mismos derechos. La respuesta es negativa. Unas se manejan con su propio capital y clientela, y las otras con financiamientos externos que hasta han provocado actualmente investigaciones judiciales. Hay una realidad que es la raiz del problema: la falta de politica de Estado en materia de salud. Este rubro parece no haber sido una prioridad en el pais, y podriamos corroborarlo facilmente viendo los hospitales, las salitas del interior del pais y en los pueblos, las ambulancias vetustas y las tardanzas en acudir a los llamados, las incomodidades de los hospitales para pacientes y asistentes, la falta de control de las obras sociales siempre al servicio del sindicalismo. Tampoco es una panacea la empresa privada, que como tal, muchas veces hacen de su objeto social un paradigma y otras veces lo distorsionan en pos del lucro. Como pulpos, las mas poderosas han absorbido a las mas chicas, llegando casi al monopolio del servicio. Quien depende hoy de una obra social, sufre las demoras, las malas atenciones, la falta de control en los servicios, la burocracia, las autorizaciones que no llegan, los centros de atencion que muchas veces exigen viajes eternos a personas que se supone carecen de recursos. La amplitud de prestaciones que a diario se agregan, van socavando el sistema, descapitalizandolo, deshumanizandolo. Y las prepagas ofrecen otra atencion y hoteleria a cambio de cuotas que cada vez menos pueden pagar. Un eficiente sistema publico de salud, con una politica duradera y creible, haria posible la atencion de la salud de un modo que no enferme.
MORONELL & Asoc. - ABOGADOS
