A 32 años del trágico ataque, la Justicia argentina ha logrado una reconstrucción detallada del atentado a la AMIA, determinando la autoría de Irán y Hezbollah, y habilitando el histórico juicio en ausencia para los ocho acusados.

A más de tres décadas del brutal atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, la Justicia argentina ha dado un paso fundamental al reconstruir exhaustivamente los hechos y procesar a ocho acusados. Este avance, liderado por el juez federal Daniel Rafecas, permite la preparación de un inédito juicio en ausencia AMIA, una herramienta legal clave para buscar justicia ante la evasión de los imputados.

El 18 de julio de 1994, la comunidad judía argentina y toda la sociedad fueron sacudidas por la explosión en Pasteur 633, que dejó un saldo de 85 personas fallecidas y más de 300 heridas. La investigación judicial, que a lo largo de los años enfrentó serias irregularidades y encubrimientos –por los cuales fueron condenados exjueces y exfiscales–, ha logrado establecer que el atentado fue una operación terrorista internacional coordinada entre la República Islámica de Irán y la organización libanesa Hezbollah.

La reconstrucción judicial y los acusados

El fallo del Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, a cargo del juez Daniel Rafecas, es la base de esta reconstrucción. La resolución procesa a siete ciudadanos iraníes y un libanés, quienes serán juzgados en ausencia. La calificación legal de los hechos es de homicidios y lesiones agravados por odio racial o religioso, daño agravado por discriminación, crimen de lesa humanidad y genocidio.

Entre los procesados se encuentra Mohsen Rabbani, quien fuera Consejero Cultural de la Embajada de Irán en Argentina y cuya función, según la investigación, era la de inteligencia y recopilación de información sobre la comunidad judía y posibles objetivos para el ataque.

El juez Rafecas también dispuso un embargo de 500 millones de dólares sobre los bienes de cada uno de los ocho procesados. Por otro lado, se decretó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, mientras que la situación de Alí Khamenei, Imad Mughniyeh y Alí Hussein Abdallah no fue tratada debido a su fallecimiento.

Conexión con el atentado a la Embajada de Israel y el rol del Estado

Un aspecto crucial del fallo es que establece como punto de partida el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992, que causó 22 muertos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá evaluar la conexidad de ambos hechos, lo que podría unificar la visión judicial sobre la serie de ataques terroristas que sufrió el país.

El contexto de la investigación también incluye la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2024 en el caso “Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina”. En esta sentencia, la CIDH declaró al Estado argentino responsable internacionalmente por no prevenir el ataque, no investigar con la debida diligencia y por la participación de agentes estatales en maniobras de encubrimiento, lo que subraya la deuda histórica del país con las víctimas y sus familiares.

El juicio en ausencia: una herramienta para la justicia

La posibilidad de llevar adelante un juicio en ausencia AMIA es resultado de la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025. Esta normativa, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, habilita este tipo de proceso para delitos de lesa humanidad y crímenes contemplados en instrumentos internacionales contra el terrorismo, específicamente cuando los imputados se sustraen deliberadamente al proceso judicial.

Esta ley representa un cambio paradigmático en la búsqueda de justicia, permitiendo que los procesos avancen incluso cuando los acusados se encuentran prófugos o en países que no colaboran con la extradición.

Qué implica para los abogados

Para los profesionales del derecho, este desarrollo judicial en el caso AMIA tiene múltiples implicancias. En primer lugar, la aplicación de la Ley 27.784 de juicio en ausencia sienta un precedente significativo para futuros casos de crímenes internacionales y de lesa humanidad, donde la extradición de los imputados resulta compleja o imposible. Los abogados deberán familiarizarse con los procedimientos y garantías específicos que rigen estos juicios, así como con la jurisprudencia que se genere a partir de este caso emblemático.

Asimismo, la calificación legal de los hechos como crímenes de lesa humanidad y genocidio refuerza la aplicación del derecho penal internacional en el ámbito local, abriendo nuevas vías de argumentación y defensa en causas de similar naturaleza. La evaluación de la conexidad con el atentado a la Embajada de Israel por parte de la Corte Suprema también será un punto de interés para el análisis de la doctrina de la conexidad en casos de terrorismo.

Finalmente, la sentencia de la CIDH que responsabiliza al Estado argentino por la falta de prevención e investigación diligente, y por el encubrimiento, destaca la importancia de la litigación estratégica en derechos humanos y la responsabilidad estatal, elementos que los abogados deben considerar al abordar casos de violaciones graves a los derechos humanos.