Fuente : Diario Clarín, Sección Sociedad, Edición del día Jueves 14 de febrero de 2008.
Acusan a guardiacárceles de traficar drogas en un penal correntino
Un informe presentado ante el Ministerio de Gobierno y Justicia provincial asegura que hay una "mafia" que vende drogas y deja pasar armas en el Penal 1. El interventor Miguel Domínguez pidió dar de baja a al menos 15 penitenciarios.
La acusación es grave y asegura que un grupo de guardiacérceles trafica drogas y deja pasar armas en un penal de la provincia de Corrientes. Así lo sostiene un informe presentado ante el Ministerio de Gobierno y Justicia provincial, en el que se describe la existencia de una "mafia" en el Penal número 1, el más importante de esa provincia. El interventor Miguel Angel Domínguez solicitó que al menos 15 agentes penitenciarios sean dados de baja. El ministerio de Gobierno de la provincia avala y asegura que la investigación está bien encaminada.
En un primer momento se mencionaba que al menos tres oficiales y dos agentes del Servicio Penitenciario provincial serían dados de baja, tras haber quedado acusados en una causa por tráfico de drogas y suministro de armas para los detenidos en la Unidad Penitenciaria 1. Pero hoy el número de implicados, siempre según medios locales, ascendió a quince.
Los medios correntinos, citando el informe, describen la existencia de una "mafia interna" que desde hace años maneja los hilos en los distintos penales correntinos. Por su parte, Miguel Angel Domínguez, jefe máximo del Servicio penitenciario, elevó al ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia un pedido para dejar cesantes a los guardiacárceles implicados.
Las acusaciones se basarían en los testimonios de las autoridades de los distintos penales, personal subalterno y de los propios presos. La mayoría de las declaraciones identifica a los mismos oficiales como "cabezas de una organización encargada del suministro de drogas, armas blancas, todo a cambio de importantes sumas de dinero", según cita el diario Epoca.
"Se sancionó a un grupo de oficiales, no a todos. Ahora elevamos las disposiciones al ejecutivo y al ministerio de Gobierno para que tome parte", dijo Domínguez. El funcionario expresó: "A pesar de la intervención, el tráfico de drogas continúa siendo uno de los mayores problemas internos en la Unidad Penitenciaria 1, aunque con el avance de las investigaciones, las requisas recuperan cada vez menos estupefacientes y armas".
La investigación comenzó tras una masacre ocurrida en el penal 1, el 19 de marzo de 2007. Tres presos fueron brutalmente asesinados a tiros y hachazos en uno de los pabellones tras un motín. Las víctimas fueron Ramón Centurión, alias "Arnold", José Ramírez, conocido como "Huevo Frito" y Samuel Céspedes, quien murió tres días después. Centurión murió tras recibir un hachazo en la cabeza, otro en el cuello, varias puñaladas y al menos dos balazos. Ramírez, su compañero de celda, fue masacrado a golpes y "facazos".
La investigación ya estaba encaminada, pero la masacre fue el detonante para forzar una resolución más urgente. Desde entonces se vienen realizando requisas internas en las que se secuestraron , siempre según fuentes citadas, casi 600 cigarrillos armados, botellas de fernet y 9 litros de "Pajarito" (producto de la destilería clandestina que funcionaba en el penal). También se secuestraron "facas", "lanzas" y tranquilizantes.
Hay al menos 15 guardiacárceles a quienes las autoridades pidieron dejar cesantes, acusados de facilitar la circulación de drogas y de armas blancas dentro del penal. Según publicó el portal Momarandú.com, la medida fue solicitada por el interventor Domínguez, tras considerar que son parte de "la mafia de la cárcel". El Penal 1 de Corrientes tiene lugar para 180 presos, pero en este momento albergaría a unos 500 detenidos.
(Fuente: Diario Epoca y Momarandú.com)
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