Córdoba hace un balance del sistema de "Jurados populares" a ocho meses de su creación
Hubo siete juicios, con nueve condenas y dos absoluciones. Los ciudadanos comunes que hoy aplican la ley junto a los jueces.
Nueve condenados a un total de 137 años de cárcel es el resultado de poco más de medio año de funcionamiento de los jurados populares en la provincia de Córdoba.
La última sentencia fue dictada hace dos semanas y ha sido la más drástica de todas: prisión perpetua, lo que significa que sólo cuando el acusado haya purgado 35 años y siempre y cuando haya observado buena conducta, podrá solicitar la libertad condicional.
Desde septiembre de 2005 se han realizado con esta modalidad siete procesos. Dos de los once imputados fueron absueltos. La semana pasada comenzó otro juicio en Río Tercero y próximamente otra docena de causas serán sometidas a juicios en los que intervendrán tribunales integrados por 3 jueces de carrera y 8 ciudadanos comunes elegidos del padrón electoral. Estos, junto a los magistrados, deben decidir la culpabilidad o inocencia de los acusados, pero sólo los jueces son los que pueden fijar las penas.
Córdoba es la primera provincia donde este sistema se puso en práctica. El gobernador José Manuel de la Sota lo impulsó hace dos años y la Legislatura provincial lo aprobó en medio de la ola de multitudinarias manifestaciones que promovió Juan Carlos Blumberg en Buenos Aires.
Con este tipo de jurados se pretende incluir a la sociedad en la administración de justicia, aunque sólo podrá hacerlo en los delitos más graves, aberrantes o de corrupción pública. En realidad, hace décadas que están contemplados en la Constitución, pero no se instrumentaban.
El primer juicio tuvo lugar en agosto de 2005 en los tribunales de San Francisco. Víctor Fernando Luna, de 25 años, fue declarado culpable de la muerte de Marcos Luis Brito, de 22. Parapetado en el techo de la casa de su padre, Luna esperó el paso de su víctima y con un certero disparó le destrozó el corazón. El fiscal enmarcó el caso en una guerra de pandillas.
Cinco jurados populares y dos jueces entendieron que fue el homicida: tres ciudadanos tuvieron dudas y se pronunciaron por la absolución.
El último proceso concluyó el martes pasado en Villa María. El fallo fue unánime: Ariel Luis Roa fue declarado responsable de haber matado de 11 puñaladas por la espalda a Graciela del Valle Saine, remisera. El móvil fue el robo. Los jueces técnicos aplicaron a Roa la máxima pena: prisión perpetua.
En este juicio, dos de los jurados suplentes (que también participan de las audiencias) se descompusieron cuando debieron analizar la autopsia y las fotografías que ilustraban el estado en que quedó el cuerpo. Ese episodio alimenta la polémica acerca de si un ciudadano común está en condiciones de juzgar como un magistrado de carrera. El fiscal de Villa María, Francisco Márquez, sostiene: "Hay que estar entrenado para estos hechos tan graves", y deja entrever que no está muy convencido del sistema, aunque reconoce que la experiencia lleva poco tiempo. Se inclina por un mecanismo intermedio como el de Estados Unidos, en que un jurado técnico determina previamente el mérito de las pruebas acusatorias, de modo de que la causa llegue tamizada al jurado popular.
En cambio, el doctor Cristián Requena, que presidió el tribunal del primer juicio en San Francisco, dijo que tampoco los jueces están exentos de esas impresiones fuertes. El camarista añadió que al principio él mismo tenía muchas reservas en torno del sistema, pero que hoy está persuadido de algo: "Es sumamente útil y abre una vía de participación popular en un campo dónde no existía". Estima que la suma de casos irá dando la experiencia suficiente para ir perfeccionando el sistema.
