Oposición en la Justicia a una reforma del Gobierno.
Los juicios por la represión, en el centro de la polémica.
La inminente aplicación de una reforma procesal que apunta a acelerar causas judiciales está provocando una fuerte resistencia en la Justicia: tribunales de apelaciones, jueces y fiscales advierten que en las actuales condiciones los cambios pueden ser contraproducentes y retrasarían las investigaciones.
La ley en cuestión modifica el trámite de todas las causas penales de la justicia nacional y establece que la apelación en las diferentes cámaras ya no será escrita, sino oral, y que los debates serán públicos y quedarán grabados.
Sancionada el 21 de mayo e impulsada por el Gobierno para acelerar los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, la norma estipula, además, que los camaristas deberán resolver las apelaciones de inmediato tras las audiencias, que se celebrarán no más de 30 días después de que los expedientes lleguen a los tribunales de alzada. Hasta ahora, muchos de esos trámites suelen demorar varios meses.
Cuando falta poco más de un mes para la entrada en vigor de la ley, el 29 del mes próximo, en los tribunales la preocupación crece y se multiplican las voces de alerta. Jueces y fiscales advierten que cada día los camaristas tendrán que atender audiencias durante más de diez horas seguidas, que aún no se crearon las oficinas que la ley prevé para organizarlas, que no hay salas suficientes para los debates y que tampoco hay personal ni recursos para hacer las grabaciones. Sostienen, además, que la norma es sólo un "parche", ante la paralización de la reforma integral del Código Procesal Penal, que el Gobierno anunció en septiembre del año pasado y que no tuvo avances en el Congreso.
Organismos de derechos humanos advierten que detrás del muro de críticas que levantaron los magistrados frente a la reforma puede esconderse un intento para "obstaculizar la democratización" del Poder Judicial. "Poner la Justicia de cara a la sociedad incomoda a muchos jueces", dijo a LA NACION Luciano Hazan, de Abuelas de Plaza de Mayo.
En los últimos días, la Cámara de Casación y por lo menos tres cámaras de apelaciones formalizaron su preocupación frente a los cambios. "La inmediata instrumentación en ciernes de la reforma resultaría contraproducente a la finalidad de la ley, al punto de que podría generarse más demora según surge de la comparación de la cantidad de días hábiles y el número de audiencias que deberán realizarse", afirmó la Cámara Federal de Rosario, en una acordada que se envió a la Corte Suprema.
Una preocupación similar expuso el presidente de la Cámara del Crimen porteña, Mario Filozof, en una nota que envió al Consejo de la Magistratura. Allí se puntualiza que en la actualidad el tribunal resuelve casi 70 causas semanales, de las cuales en casi 50 deberían celebrarse audiencias orales, por lo que los camaristas deberían atender un promedio de 10 debates por día. Eso implicaría una jornada laboral de más de 15 horas.
"Comparto plenamente la base filosófica y el espíritu de esta ley, pero sin una implementación adecuada va a fracasar", dijo Filozof a LA NACION. Coincidió con él, Eduardo Freiler, presidente de la Cámara Federal porteña. "Esto va a ir demorando las causas, porque ninguna persona tiene capacidad física para prestar atención durante más de 10 horas", sostuvo.
Por medio de una acordada en la que advirtió que "las reformas introducidas por la nueva ley presentan serias dificultades de implementación", también la Cámara de Casación pidió la intervención de la Corte. Angela Ledesma, una de las integrantes del tribunal penal, aclaró que "en términos generales" estaba de acuerdo con la reforma. "La ley se corresponde con la reforma integral en la que trabajamos el año pasado. Lo lamentable es que si se aplica una reforma parcial va a traer problemas de organización", dijo.
Aunque atento a esos posibles inconvenientes, el juez federal Daniel Rafecas destacó las virtudes de la oralidad: "Las audiencias orales permiten acelerar los tiempos, favorece la mediación entre las partes y evita la delegación de tareas en manos de subalternos".
El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, sumó una advertencia: "En las actuales condiciones de infraestructura, personal y recursos, el resultado de la reforma puede ser el contrario al buscado, y que se retrasen las causas por superposición de audiencias". En términos similares, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral opinó que la reforma no es una herramienta apta para el objetivo buscado y que puede producir un retraso de las causas.
A medida que pasan los días, la incertidumbre crece. La forma en que se aplicará la reforma y sus resultados son un misterio.
Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION
Más cambios
•La reforma que convierte en orales las audiencias de apelación es una de las leyes sancionadas en mayo para acelerar las causas de derechos humanos. También se decidió el pago de recompensas a testigos o imputados que colaboraran en esas investigaciones, la creación de una nueva Cámara de Casación, la agilización de las elevaciones a juicio y un sistema de reemplazo para los jueces de tribunales orales.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1032439"Consume, luego descansa".
