DEBO RESPONDER A UN PEDIDO DE CADUCIDAD POR UN BENEFICIO Y ESTOY NECESITANDO DOCTRINA AL RESPECTO DEL ARTICULO DEL CODIGO PROCESAL QUE INDICA QUE EL PLAZO CUENTA SIEMPRE DESDE EL ULTIMO ACTO IMPULSORIO DEL PROCESO, GRACIAS
Un Sitio de Ley
DOCTRINA PARA CONTESTAR PEDIDO DE CADUCIDAD DE INSTANCIA
- De lectura libre.
Para publicar un mensaje, regístrese gratuitamente.
POR FAVOR NECESITO UNA RESPUESTA URGENTE PARA ARMAR ESTE ESCRITO, GRACIAS
Forma de computar los plazos:
La modificación en exámen prevee especialmente que los plazos de caducidad correran durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.
Se recibe en nuestra opinión la doctrina más razonable: el periodo correspondiente a la feria judicial no debe tomarse en cuenta a los fines de computar la caducidad de la instancia, pues es considerada que dicho lapso los justiciables no han podido realizar actos de impulsión del proceso (SCBA, ac. 23.609, 12/04/78, DJBA, 114 - 115, CSJN, 28/4/92 LL, 1992 - E – 676).
a) Como principio general, en materia de caducidad los plazos se rigen por las normas del codigo civil, los meses se contaran por el calendario gregoriano (art 23 cc), quedando incluidos los dias feriados (art 28 cc)
b) El computo se iniciara desde la medianoche de la ultima petición, resolución del juez o sus auxiliares que tengan por efecto impulsar el procedimiento (arg. Art 24 y 25 cc, CCivComPenPergamino, 9/9/97, LLBA, 1997 – 1307). El termino “fenece a la medianoche del mismo numero del dia del mes correspondiente” (CSJN, 25/5/90, JA, 1990 – IV - 694)
c) Por último no cabe tener en cuenta como cumplimiento de la intimación cursada ni consecuentemente como evidencia de interés en la causa, el escrito presentado con posterioridad a la declaración de caducidad de instancia.
Fuente: Fenochietto, Carlos Eduardo – “Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Bs As”; Editorial Astrea; 7º ed actualizada y ampliada, pag 378
La modificación en exámen prevee especialmente que los plazos de caducidad correran durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.
Se recibe en nuestra opinión la doctrina más razonable: el periodo correspondiente a la feria judicial no debe tomarse en cuenta a los fines de computar la caducidad de la instancia, pues es considerada que dicho lapso los justiciables no han podido realizar actos de impulsión del proceso (SCBA, ac. 23.609, 12/04/78, DJBA, 114 - 115, CSJN, 28/4/92 LL, 1992 - E – 676).
a) Como principio general, en materia de caducidad los plazos se rigen por las normas del codigo civil, los meses se contaran por el calendario gregoriano (art 23 cc), quedando incluidos los dias feriados (art 28 cc)
b) El computo se iniciara desde la medianoche de la ultima petición, resolución del juez o sus auxiliares que tengan por efecto impulsar el procedimiento (arg. Art 24 y 25 cc, CCivComPenPergamino, 9/9/97, LLBA, 1997 – 1307). El termino “fenece a la medianoche del mismo numero del dia del mes correspondiente” (CSJN, 25/5/90, JA, 1990 – IV - 694)
c) Por último no cabe tener en cuenta como cumplimiento de la intimación cursada ni consecuentemente como evidencia de interés en la causa, el escrito presentado con posterioridad a la declaración de caducidad de instancia.
Fuente: Fenochietto, Carlos Eduardo – “Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Bs As”; Editorial Astrea; 7º ed actualizada y ampliada, pag 378
[img]https://giphy.com/gifs/dTrk9lECEp6ms/html5[/img]
Caducidad de instancia, hechos interruptivos y suspensivo de la instancia y por último debe considarse acto impulsorio
“El principio según el cual el acto procesal que tenga por efecto impulsar el procedimiento interrumpe el plazo de caducidad aunque no obtuviera un proveído favorable, a condición de exteriorizar una actitud inequívoca de mantener vivo el juicio, no es un principio absoluto. Debe conjugarse con aquel otro según el cual las actuaciones deben ajustarse al estadio procesal del juicio para que interrumpan el curso de la caducidad. Lo contrario significaría desvirtuar la ratio legis de la institución, pues bastaría cualquier solicitud, por más inoperante o inoportuna que sea, para considerar viva la instancia lo que, sin duda, no es el fin querido por la ley. En esa tesitura se ha negado eficacia interruptiva a las peticiones inoperantes, a la presentación en la que se reitera una petición anterior ya proveída, al escrito que pide la apertura a prueba de la causa, si ésta ya había sido dispuesta.” Voto del Dr. Locio. Expte. 3.829 “Garay, Carlos y otros c/ Orejas, Joaquín E. s/ Indemnización por Daños y Perjuicios” Reg. Int. N° 39 (S) del 31/05/01. Orden de votación: LOCIO – COSTA. Ver también: “Caducidad de Instancia” R. Loutayf Ranea y J. Ovejero López.Fuente: http://www.can.org.ar/legislacion_tit.php?id_sec_jur=11
[img]https://giphy.com/gifs/dTrk9lECEp6ms/html5[/img]
CADUCIDAD DK LA INSTANCIA.
Concepto. En materia civil, las partes deben impulsar el proceso. Si este impulso no se produce dentro de los plazos indicados por la ley. existe caducidad de la instancia.
La caducidad de la instancia puede definirse como “modo anormal de terminación del proceso que tiene lunar cuando las partes no impulsan el proceso dentro de los plazos determinados por la ley”
La caducidad de la instancia es de interés para las partes y la jurisdicción. El interés de la jurisdicción reside en no ver demorarlo su accionar por procesos cuyas partes han olvidado y abandonado; el interés de las partes reside en que no es lógico dejar abierto un proceso abandonado, porque ello implica pérdida de tiempo y de dinero para ellas.
El fundamento de la caducidad de la instancia es la presunción de renuncia de la instancia de las partes; o en otras palabras: se presume la falta de interés de las partes en la instancia, lo cual se pone de manifiesto por la
inactividad procesal prolongada.
Presupuestos de la caducidad de instancia.- Ellos son.
1) una instancia;
2) inactividad procesal;
3) transcurso del plazo legal;
4) resolución judicial que declare la caducidad.
La Ira. instancia se inicia con la demanda y termina con la sentencia ; la 2da. Instancia comienza con la concesión del recurso de apelación. La inactividad procesal consiste en la no realización de ningún acto procesal, sea por las partes o por el juez. De modo, que consiste en la paralización total del procedimiento. (Por el art. 313 inc. 3o no hay caducidad cuando en el proceso hay pendiente alguna resolución y la demora en dictarla fuese imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad del secretario o del oficial primero).
Si antes de que venzan los plazos indicados por la ley se lleva a cabo alguna petición o acto (de las partes o del juez) impulsando el proceso, se interrumpe la caducidad y comienza a correr un nuevo plazo.
Fuente: Font, Miguel Ángel ; “Guía de Estudio de Procesal Civil y Comercial”; Editorial Estudio, pag 215
Concepto. En materia civil, las partes deben impulsar el proceso. Si este impulso no se produce dentro de los plazos indicados por la ley. existe caducidad de la instancia.
La caducidad de la instancia puede definirse como “modo anormal de terminación del proceso que tiene lunar cuando las partes no impulsan el proceso dentro de los plazos determinados por la ley”
La caducidad de la instancia es de interés para las partes y la jurisdicción. El interés de la jurisdicción reside en no ver demorarlo su accionar por procesos cuyas partes han olvidado y abandonado; el interés de las partes reside en que no es lógico dejar abierto un proceso abandonado, porque ello implica pérdida de tiempo y de dinero para ellas.
El fundamento de la caducidad de la instancia es la presunción de renuncia de la instancia de las partes; o en otras palabras: se presume la falta de interés de las partes en la instancia, lo cual se pone de manifiesto por la
inactividad procesal prolongada.
Presupuestos de la caducidad de instancia.- Ellos son.
1) una instancia;
2) inactividad procesal;
3) transcurso del plazo legal;
4) resolución judicial que declare la caducidad.
La Ira. instancia se inicia con la demanda y termina con la sentencia ; la 2da. Instancia comienza con la concesión del recurso de apelación. La inactividad procesal consiste en la no realización de ningún acto procesal, sea por las partes o por el juez. De modo, que consiste en la paralización total del procedimiento. (Por el art. 313 inc. 3o no hay caducidad cuando en el proceso hay pendiente alguna resolución y la demora en dictarla fuese imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad del secretario o del oficial primero).
Si antes de que venzan los plazos indicados por la ley se lleva a cabo alguna petición o acto (de las partes o del juez) impulsando el proceso, se interrumpe la caducidad y comienza a correr un nuevo plazo.
Fuente: Font, Miguel Ángel ; “Guía de Estudio de Procesal Civil y Comercial”; Editorial Estudio, pag 215
[img]https://giphy.com/gifs/dTrk9lECEp6ms/html5[/img]
ya estoy armando el escrito para contestar la caducidad, mi acto impulsorio fue notificar por cedula el beneficio, y consta en expediente,saludos
PRESUPUESTOS DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Constituyen presupuestos de la caducidad: a) la existencia de una instancia, principal o incidental; b) la inactividad procesal; c) el transcurso de un plazo; d) una resolución judicial que la declare operada.
a) Debe entenderse por instancia el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de una demanda, la petición que abre una etapa incidental del proceso o la concesión de un recurso, hasta el dictado de la sentencia o resolución que se persigue mediante tales actos. Se verá más adelante, sin embargo, que aun hallándose abierta la instancia hay casos en que ella no es susceptible de caducidad.
b) La inactividad procesal que es presupuesto de la caducidad significa la paralización total del trámite judicial útil, o sea, el no cumplimiento de acto idóneo alguno por ambas partes, por el juez o tribunal, o por los auxiliares de unos y otros. Pero es preciso aclarar que la caducidad no se produce cuando los juicios están pendientes de alguna resolución, y la demora en dictarla es imputable al órgano judicial, o la prosecución del trámite depende de una actividad que el Código o los reglamentos imponen al secretario u prosecretario administrativo (CPN, art. 313, inc. 3o) porque en tales supuestos las partes se hallan eximidas de impulsar la marcha del proceso. La inactividad debe ser continuada durante los lapsos que la ley determina. Por consiguiente, cualquier petición de las partes o actuación del tribunal o de los mencionados funcionarios que sea adecuada para impulsar el desarrollo del proceso y que se verifique antes del vencimiento de los plazos pertinentes, tiene por efecto la interrupción de la caducidad y determina la iniciación del curso de un nuevo plazo, resultando neutralizado el tiempo transcurrido con anterioridad.
c) Los períodos de inactividad procesal»quevdeben transcurrir para que se produzca la caducidad se encuentran establecidos en el art. 310 CPN. Dichos plazos son los siguientes: Io) de seis meses, en primera o única instancia; 2o) de tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes; 3o) en el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente (v.gr. el caso previsto en el Cód. Civ., art. 4041); 4o) de un mes en el incidente de caducidad de instancia. "La instancia —aclara finalmente el art. 310 conforme a la redacción que le imprimió la ley 25.488— se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia". Pero al margen de no contemplar todos los supuestos de caducidad, la solución apropiada hubiese consistido en ubicar la conclusión de las diversas instancias, al menos cuando existe legalmente la posibilidad de recurrir, en el acto de la notificación de la correspondiente sentencia o resolución. "Los plazos señalados en el artículo anterior —prescribe el art. 311 CPN— se computarán desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario u prosecretario administrativo, que tenga por efecto impulsar el procedimiento; correrán durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales. Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez, siempre que la reanudación del trámite no quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso". Conforme al precepto transcripto determinan el comienzo del plazo de caducidad las peticiones de las partes (demanda, contestación, oposición de excepciones y, en general, los restantes actos de impulso idóneos) así como las resoluciones judiciales, cualquiera que sea su carácter. La ley 22.434 innovó con respecto al régimen anterior en tanto incluyó, entre los actos de impulso a partir de cuya fecha debe computarse el mencionado plazo, los provenientes del secretario u prosecretario administrativo, a quienes el art. 38, en su actual versión, ha conferido considerables facultades en materia decisoria. Asimismo, constituyen actuaciones idóneas para impulsar el procedimiento las notas de remisión de las causas a los ministerios públicos u otros funcionarios que intervengan como parte (art. 38, inc. Io, subinc. b]); el envío del expediente a la cámara con motivo de la interposición de un recurso (art. 251); etcétera. Otra innovación de la ley citada estribó en excluir, del cómputo del plazo, los días que correspondan a la feria judicial. La jurisprudencia no era uniforme sobre el punto y los redactores de la reforma adhirieron al criterio con arreglo al cual los plazos de caducidad no corren durante el período de las ferias judiciales en razón de que las partes no pueden, durante su transcurso, realizar actos de impulso, y porque la solución contraria ocasionaría una manifiesta desigualdad según el momento en que corresponda aplicar los plazos previstos por el art. 310, pues para algunos litigantes se operaría una reducción superior al término de inactividad. El último párrafo del art. 311 contempla el caso de que el proceso haya estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez, en cuyo supuesto corresponde descontar el tiempo de la paralización o suspensión, salvo que la reanudación del trámite se haya subordinado a la actuación de la parte a quien incumbe la carga del impulso procesal, lo que ocurriría, v.gr., si se hubiese dispuesto la suspensión del plazo con vistas a que la parte interesada presentase un documento cuya carencia motivó la suspensión y aquélla omitiese cumplir el acto al reanudarse el curso del plazo.
d) En el caso de litisconsorcio, finalmente, el impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficia a los restantes (CPN, art. 312).
FORMAS EN QUE SE PRODUCE LA CADUCIDAD
a) El art. 3o de la derogada ley 14.191 disponía que "la caducidad se opera de pleno derecho y verificado el vencimiento del plazo, debe ser declarada de oficio, ordenándose el archivo del proceso. Las partes o los terceros interesados podrán pedir su declaración si no lo hiciere el tribunal". La interpretación de esta norma dividió a la doctrina y jurisprudencia nacionales, aunque esta última, como veremos, se orientó en determinado momento hacia un criterio uniforme. Un sector de la doctrina (SPOTA, AREAL, EISNER, etc.) y algunos fallos judiciales, fundándose en ciertas expresiones vertidas en oportunidad del debate parlamentario que precedió a la sanción de esa ley, entendieron que los términos "de pleno derecho", utilizados en el citado art. 3o, significaban que la caducidad se producía ipso iure como consecuencia del simple transcurso de los plazos legales y que, por lo tanto, carecía de relevancia cualquier acto de las partes o actuación del tribunal posteriores al vencimiento de aquéllos. Otros autores (PODETTI, MERCADER, PARRY y COLOMBO), sostuvieron, en cambio, que no obstante la expresión utilizada por la ley, la caducidad era susceptible de convalidarse o de purgarse cuando, no habiendo sido declarada por el juez o tribunal en el momento oportuno, tenía lugar un acto de impulso procesal que era consentido expresa o tácitamente por la parte interesada en la declaración de caducidad. Los tribunales de la Capital y la Corte Suprema adhirieron unánimemente a ese criterio.
Tal solución se apoyaba, sustancialmente, en los siguientes fundamentos:
Io) El consentimiento de la parte interesada »n la,declaración de caducidad comporta una presunción de renuncia a la facultad de hacerla valer;
2o) Los actos posteriores a la producción de la caducidad, y su consentimiento posterior por el litigante contrario, se hallan amparados por el principio de preclusión, que impide retrotraer el procedimiento ya cumplido y consentido;
3o) Todas las nulidades procesales —entre las que se encontrarían los actos producidos con posterioridad a los plazos de caducidad— revisten carácter relativo, y son siempre susceptibles de convalidarse por el consentimiento expreso o presunto de la parte a quien afectan;
4o) La solución contraria a nadie beneficia: ni al Estado en tanto la declaración tardía de la caducidad vendría a desvirtuar, precisamente, los propósitos de celeridad procesal que informan a aquélla; ni a las partes, porque la continuación del curso del proceso, que descarta la presunción de abandono de la instancia, impide la interposición de una nueva demanda y el consiguiente dispendio de gastos y actividad que tal circunstancia trae aparejada.
De conformidad con esa jurisprudencia, la expresión de "pleno derecho" se entendía en el sentido de que una vez verificado el vencimiento del plazo legal, el juez o tribunal debía, por lo pronto, declarar operada la caducidad, aun en el caso de que, con posterioridad a dicho vencimiento, hubiera mediado la actividad unilateral del litigante a quien incumbía el impulso del proceso. La resolución del juez revestía carácter declarativo, pues sus efectos se retrotraían al momento en que el plazo se cumplió (ex tune). Pero, si por inadvertencia del juez o tribunal, la caducidad no se declaraba, la parte interesada en la declaración tenía la facultad de pedirla y, por consiguiente, de oponerse a cualquier acto de impulso realizado por la contraparte, solicitando el correspondiente pronunciamiento. b) El CPN adoptó un sistema distinto al que instituía la derogada ley
14.191 y que coincide, en parte, con las conclusiones de la jurisprudencia arriba mencionada. "La caducidad —dice el art. 316 CPN— será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento". Esta norma se complementa con la contenida en el segundo párrafo del art. 315, según el cual la petición de caducidad debe formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal.
De ello se sigue que el CPN admite que la caducidad de la instancia se declare de oficio por los jueces o tribunales, pero no que aquélla se produzca de pleno derecho.
La particularidad que reviste el sistema—y que lo distingue nítidamente de la ley 14.191— reside en la circunstancia de que la caducidad se tiene por operada a partir del momento en que el juez o tribunal la declara, por lo que dicha resolución reviste carácter constitutivo. De allí que en el régimen actual no cabe declarar la caducidad, aun cuando haya transcurrido el plazo legal, si se activa el procedimiento en virtud de algún acto de impulso cumplido por cualquiera de las partes. Pero corresponde aclarar que esta norma sólo rige respecto del tribunal y no con relación a la parte interesada en la declaración de la caducidad, quien —como lo dispone el citado art. 315— puede pedir dicha declaración antes de consentir cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo correspondiente. En otras palabras: si bien la declaración de oficio no procede cuando aun vencido el plazo legal ha mediado un acto de impulso proveniente de cualquiera de las partes (incluso, por lo tanto, de aquella a quien incumbe la carga respectiva), la parte interesada en la declaración puede solicitarla cuando, habiendo vencido el plazo, tiene lugar una actuación del tribunal o de la otra parte, y dicha actuación no se encuentra consentida.
c) El Código de la Provincia de Buenos Aires ofrece la particularidad de que, vencidos los plazos legales sin que ninguna de las partes haya impulsado el procedimiento, corresponde intimar a aquéllas para que en el plazo de cinco días manifiesten su intención de continuar con el juicio y produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la instancia (arts. 315 y 316).
Fuente: Palacios, Lino Enrique; “Manual de Derecho Procesal Civil”, Editorial Lexis Nexis, 17º edición actualizada, pag 556 y ss
Constituyen presupuestos de la caducidad: a) la existencia de una instancia, principal o incidental; b) la inactividad procesal; c) el transcurso de un plazo; d) una resolución judicial que la declare operada.
a) Debe entenderse por instancia el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de una demanda, la petición que abre una etapa incidental del proceso o la concesión de un recurso, hasta el dictado de la sentencia o resolución que se persigue mediante tales actos. Se verá más adelante, sin embargo, que aun hallándose abierta la instancia hay casos en que ella no es susceptible de caducidad.
b) La inactividad procesal que es presupuesto de la caducidad significa la paralización total del trámite judicial útil, o sea, el no cumplimiento de acto idóneo alguno por ambas partes, por el juez o tribunal, o por los auxiliares de unos y otros. Pero es preciso aclarar que la caducidad no se produce cuando los juicios están pendientes de alguna resolución, y la demora en dictarla es imputable al órgano judicial, o la prosecución del trámite depende de una actividad que el Código o los reglamentos imponen al secretario u prosecretario administrativo (CPN, art. 313, inc. 3o) porque en tales supuestos las partes se hallan eximidas de impulsar la marcha del proceso. La inactividad debe ser continuada durante los lapsos que la ley determina. Por consiguiente, cualquier petición de las partes o actuación del tribunal o de los mencionados funcionarios que sea adecuada para impulsar el desarrollo del proceso y que se verifique antes del vencimiento de los plazos pertinentes, tiene por efecto la interrupción de la caducidad y determina la iniciación del curso de un nuevo plazo, resultando neutralizado el tiempo transcurrido con anterioridad.
c) Los períodos de inactividad procesal»quevdeben transcurrir para que se produzca la caducidad se encuentran establecidos en el art. 310 CPN. Dichos plazos son los siguientes: Io) de seis meses, en primera o única instancia; 2o) de tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes; 3o) en el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente (v.gr. el caso previsto en el Cód. Civ., art. 4041); 4o) de un mes en el incidente de caducidad de instancia. "La instancia —aclara finalmente el art. 310 conforme a la redacción que le imprimió la ley 25.488— se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia". Pero al margen de no contemplar todos los supuestos de caducidad, la solución apropiada hubiese consistido en ubicar la conclusión de las diversas instancias, al menos cuando existe legalmente la posibilidad de recurrir, en el acto de la notificación de la correspondiente sentencia o resolución. "Los plazos señalados en el artículo anterior —prescribe el art. 311 CPN— se computarán desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario u prosecretario administrativo, que tenga por efecto impulsar el procedimiento; correrán durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales. Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez, siempre que la reanudación del trámite no quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso". Conforme al precepto transcripto determinan el comienzo del plazo de caducidad las peticiones de las partes (demanda, contestación, oposición de excepciones y, en general, los restantes actos de impulso idóneos) así como las resoluciones judiciales, cualquiera que sea su carácter. La ley 22.434 innovó con respecto al régimen anterior en tanto incluyó, entre los actos de impulso a partir de cuya fecha debe computarse el mencionado plazo, los provenientes del secretario u prosecretario administrativo, a quienes el art. 38, en su actual versión, ha conferido considerables facultades en materia decisoria. Asimismo, constituyen actuaciones idóneas para impulsar el procedimiento las notas de remisión de las causas a los ministerios públicos u otros funcionarios que intervengan como parte (art. 38, inc. Io, subinc. b]); el envío del expediente a la cámara con motivo de la interposición de un recurso (art. 251); etcétera. Otra innovación de la ley citada estribó en excluir, del cómputo del plazo, los días que correspondan a la feria judicial. La jurisprudencia no era uniforme sobre el punto y los redactores de la reforma adhirieron al criterio con arreglo al cual los plazos de caducidad no corren durante el período de las ferias judiciales en razón de que las partes no pueden, durante su transcurso, realizar actos de impulso, y porque la solución contraria ocasionaría una manifiesta desigualdad según el momento en que corresponda aplicar los plazos previstos por el art. 310, pues para algunos litigantes se operaría una reducción superior al término de inactividad. El último párrafo del art. 311 contempla el caso de que el proceso haya estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez, en cuyo supuesto corresponde descontar el tiempo de la paralización o suspensión, salvo que la reanudación del trámite se haya subordinado a la actuación de la parte a quien incumbe la carga del impulso procesal, lo que ocurriría, v.gr., si se hubiese dispuesto la suspensión del plazo con vistas a que la parte interesada presentase un documento cuya carencia motivó la suspensión y aquélla omitiese cumplir el acto al reanudarse el curso del plazo.
d) En el caso de litisconsorcio, finalmente, el impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficia a los restantes (CPN, art. 312).
FORMAS EN QUE SE PRODUCE LA CADUCIDAD
a) El art. 3o de la derogada ley 14.191 disponía que "la caducidad se opera de pleno derecho y verificado el vencimiento del plazo, debe ser declarada de oficio, ordenándose el archivo del proceso. Las partes o los terceros interesados podrán pedir su declaración si no lo hiciere el tribunal". La interpretación de esta norma dividió a la doctrina y jurisprudencia nacionales, aunque esta última, como veremos, se orientó en determinado momento hacia un criterio uniforme. Un sector de la doctrina (SPOTA, AREAL, EISNER, etc.) y algunos fallos judiciales, fundándose en ciertas expresiones vertidas en oportunidad del debate parlamentario que precedió a la sanción de esa ley, entendieron que los términos "de pleno derecho", utilizados en el citado art. 3o, significaban que la caducidad se producía ipso iure como consecuencia del simple transcurso de los plazos legales y que, por lo tanto, carecía de relevancia cualquier acto de las partes o actuación del tribunal posteriores al vencimiento de aquéllos. Otros autores (PODETTI, MERCADER, PARRY y COLOMBO), sostuvieron, en cambio, que no obstante la expresión utilizada por la ley, la caducidad era susceptible de convalidarse o de purgarse cuando, no habiendo sido declarada por el juez o tribunal en el momento oportuno, tenía lugar un acto de impulso procesal que era consentido expresa o tácitamente por la parte interesada en la declaración de caducidad. Los tribunales de la Capital y la Corte Suprema adhirieron unánimemente a ese criterio.
Tal solución se apoyaba, sustancialmente, en los siguientes fundamentos:
Io) El consentimiento de la parte interesada »n la,declaración de caducidad comporta una presunción de renuncia a la facultad de hacerla valer;
2o) Los actos posteriores a la producción de la caducidad, y su consentimiento posterior por el litigante contrario, se hallan amparados por el principio de preclusión, que impide retrotraer el procedimiento ya cumplido y consentido;
3o) Todas las nulidades procesales —entre las que se encontrarían los actos producidos con posterioridad a los plazos de caducidad— revisten carácter relativo, y son siempre susceptibles de convalidarse por el consentimiento expreso o presunto de la parte a quien afectan;
4o) La solución contraria a nadie beneficia: ni al Estado en tanto la declaración tardía de la caducidad vendría a desvirtuar, precisamente, los propósitos de celeridad procesal que informan a aquélla; ni a las partes, porque la continuación del curso del proceso, que descarta la presunción de abandono de la instancia, impide la interposición de una nueva demanda y el consiguiente dispendio de gastos y actividad que tal circunstancia trae aparejada.
De conformidad con esa jurisprudencia, la expresión de "pleno derecho" se entendía en el sentido de que una vez verificado el vencimiento del plazo legal, el juez o tribunal debía, por lo pronto, declarar operada la caducidad, aun en el caso de que, con posterioridad a dicho vencimiento, hubiera mediado la actividad unilateral del litigante a quien incumbía el impulso del proceso. La resolución del juez revestía carácter declarativo, pues sus efectos se retrotraían al momento en que el plazo se cumplió (ex tune). Pero, si por inadvertencia del juez o tribunal, la caducidad no se declaraba, la parte interesada en la declaración tenía la facultad de pedirla y, por consiguiente, de oponerse a cualquier acto de impulso realizado por la contraparte, solicitando el correspondiente pronunciamiento. b) El CPN adoptó un sistema distinto al que instituía la derogada ley
14.191 y que coincide, en parte, con las conclusiones de la jurisprudencia arriba mencionada. "La caducidad —dice el art. 316 CPN— será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento". Esta norma se complementa con la contenida en el segundo párrafo del art. 315, según el cual la petición de caducidad debe formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal.
De ello se sigue que el CPN admite que la caducidad de la instancia se declare de oficio por los jueces o tribunales, pero no que aquélla se produzca de pleno derecho.
La particularidad que reviste el sistema—y que lo distingue nítidamente de la ley 14.191— reside en la circunstancia de que la caducidad se tiene por operada a partir del momento en que el juez o tribunal la declara, por lo que dicha resolución reviste carácter constitutivo. De allí que en el régimen actual no cabe declarar la caducidad, aun cuando haya transcurrido el plazo legal, si se activa el procedimiento en virtud de algún acto de impulso cumplido por cualquiera de las partes. Pero corresponde aclarar que esta norma sólo rige respecto del tribunal y no con relación a la parte interesada en la declaración de la caducidad, quien —como lo dispone el citado art. 315— puede pedir dicha declaración antes de consentir cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo correspondiente. En otras palabras: si bien la declaración de oficio no procede cuando aun vencido el plazo legal ha mediado un acto de impulso proveniente de cualquiera de las partes (incluso, por lo tanto, de aquella a quien incumbe la carga respectiva), la parte interesada en la declaración puede solicitarla cuando, habiendo vencido el plazo, tiene lugar una actuación del tribunal o de la otra parte, y dicha actuación no se encuentra consentida.
c) El Código de la Provincia de Buenos Aires ofrece la particularidad de que, vencidos los plazos legales sin que ninguna de las partes haya impulsado el procedimiento, corresponde intimar a aquéllas para que en el plazo de cinco días manifiesten su intención de continuar con el juicio y produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la instancia (arts. 315 y 316).
Fuente: Palacios, Lino Enrique; “Manual de Derecho Procesal Civil”, Editorial Lexis Nexis, 17º edición actualizada, pag 556 y ss
[img]https://giphy.com/gifs/dTrk9lECEp6ms/html5[/img]
NOTAS Y ESTUDIO SOBRE EL PROCESO CIVIL por Gozaíni, Osvaldo Alfredo
Caducidad de la instancia: se suspende o no el plazo cuando el expediente se remite a otra dependencia judicial
Tiene link de lectura
Caducidad de la instancia: se suspende o no el plazo cuando el expediente se remite a otra dependencia judicial
Tiene link de lectura
[img]https://giphy.com/gifs/dTrk9lECEp6ms/html5[/img]
PRINCIPIOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, T. II, Chiovenda, José
Fin de la relación procesal (Caducidad es tratada a partir de pag 3 y hasta la 9)
Tiene link de lectura
Fin de la relación procesal (Caducidad es tratada a partir de pag 3 y hasta la 9)
Tiene link de lectura
[img]https://giphy.com/gifs/dTrk9lECEp6ms/html5[/img]
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Debe desestimarse el pedido de caducidad de la instancia si, a pesar de haber transcurrido tres meses desde la última actuación útil realizada en el juicio principal, se toma en cuenta la actividad desplegada en el incidente para obtener el beneficio de litigar sin gastos, en el cual se registraron actuaciones posteriores. Desatender a esa circunstancia implicaría colocar a una persona que sostiene ser carente de recursos y ofrece y produce activamente prueba al respecto, en la alternativa de exponerse a una carga económica que no puede soportar, dado el monto de la acción deducida, o bien perder por caducidad un pleito en el que sostiene ser acreedora de una cuantiosa suma.
Noya, Alfonso y otro c/ Provincia de Buenos Aires. 01/01/74 T. 288, p. 258.
------------------------------------------------------------------------------------
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
No existió exceso de rigor formal en la declaración de caducidad, si la parte dejó transcurrir el término del art. 310, inc. 2º, del Código Procesal sin informar al Tribunal respecto del trámite del beneficio de litigar sin gastos.
Autos: Vallejos, Luis Alberto c/ Gutiérrez, Miguel. Tomo: 311 Folio: 813 Ref.: Exceso ritual manifiesto. Beneficio de litigar sin gastos. 19/05/1988
-------------------------------------------------------------------------------
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
Debe rechazarse el pedido de caducidad de la instancia, si las circunstancias del proceso impiden considerar que la parte haya incurrido en un abandono de las actuaciones que deba ser sancionado con la aplicación de tal instituto, ya que no puede ser computado el lapso en el que medió imposibilidad de obrar ante dificultades de hecho que han importado un obstáculo para el ejercicio del derecho.
Autos: Balda, Miguel Angel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ dañosy perjuicios - incidente de beneficio de litigar sin gastos. Tomo: 319 Folio: 1142 Magistrados: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López,Bossert. Disidencia: Belluscio, Vázquez. Abstención: Moliné O'Connor, Petracchi. 02/07/1996
---------------------------------------------------------------------------
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
El principio de retroactividad del beneficio de litigar sin gastos no juega cuando existió un pedido anterior con ese mismo objeto que concluyó por caducidad de la instancia, ya que no corresponde reconocer al pronunciamiento que declaró tal perención la virtualidad de negar la situación de pobreza real que en el respectivo incidente ya había quedado demostrada mediante efectivas constancias judiciales (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Autos: Marono, Héctor c/ Allois, Verónica D. Tomo: 319 Folio: 2805 Ref.: Prueba. Retroactividad. Caducidad de la instancia. Magistrados: Nazareno, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano,Bossert. Disidencia: Vázquez. Abstención: Moliné O'Connor, López. 26/11/1996
-----------------------------------------------------------------------------
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
Al obtener la concesión del beneficio de litigar sin gastos la recurrente demostró su interés en mantener viva la instancia (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Autos: Cooperativa de Crédito Ruta del Sol Limitada c/ Santiago, MirtaCelia. Tomo: 320 Folio: 2930 Ref.: Beneficio de litigar sin gastos. Mayoría: Nazareno, Belluscio, Petracchi, López, Bossert. Disidencia: Vázquez. Abstención: Boggiano. 23/12/1997
Debe desestimarse el pedido de caducidad de la instancia si, a pesar de haber transcurrido tres meses desde la última actuación útil realizada en el juicio principal, se toma en cuenta la actividad desplegada en el incidente para obtener el beneficio de litigar sin gastos, en el cual se registraron actuaciones posteriores. Desatender a esa circunstancia implicaría colocar a una persona que sostiene ser carente de recursos y ofrece y produce activamente prueba al respecto, en la alternativa de exponerse a una carga económica que no puede soportar, dado el monto de la acción deducida, o bien perder por caducidad un pleito en el que sostiene ser acreedora de una cuantiosa suma.
Noya, Alfonso y otro c/ Provincia de Buenos Aires. 01/01/74 T. 288, p. 258.
------------------------------------------------------------------------------------
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
No existió exceso de rigor formal en la declaración de caducidad, si la parte dejó transcurrir el término del art. 310, inc. 2º, del Código Procesal sin informar al Tribunal respecto del trámite del beneficio de litigar sin gastos.
Autos: Vallejos, Luis Alberto c/ Gutiérrez, Miguel. Tomo: 311 Folio: 813 Ref.: Exceso ritual manifiesto. Beneficio de litigar sin gastos. 19/05/1988
-------------------------------------------------------------------------------
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
Debe rechazarse el pedido de caducidad de la instancia, si las circunstancias del proceso impiden considerar que la parte haya incurrido en un abandono de las actuaciones que deba ser sancionado con la aplicación de tal instituto, ya que no puede ser computado el lapso en el que medió imposibilidad de obrar ante dificultades de hecho que han importado un obstáculo para el ejercicio del derecho.
Autos: Balda, Miguel Angel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ dañosy perjuicios - incidente de beneficio de litigar sin gastos. Tomo: 319 Folio: 1142 Magistrados: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López,Bossert. Disidencia: Belluscio, Vázquez. Abstención: Moliné O'Connor, Petracchi. 02/07/1996
---------------------------------------------------------------------------
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
El principio de retroactividad del beneficio de litigar sin gastos no juega cuando existió un pedido anterior con ese mismo objeto que concluyó por caducidad de la instancia, ya que no corresponde reconocer al pronunciamiento que declaró tal perención la virtualidad de negar la situación de pobreza real que en el respectivo incidente ya había quedado demostrada mediante efectivas constancias judiciales (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Autos: Marono, Héctor c/ Allois, Verónica D. Tomo: 319 Folio: 2805 Ref.: Prueba. Retroactividad. Caducidad de la instancia. Magistrados: Nazareno, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano,Bossert. Disidencia: Vázquez. Abstención: Moliné O'Connor, López. 26/11/1996
-----------------------------------------------------------------------------
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
Al obtener la concesión del beneficio de litigar sin gastos la recurrente demostró su interés en mantener viva la instancia (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Autos: Cooperativa de Crédito Ruta del Sol Limitada c/ Santiago, MirtaCelia. Tomo: 320 Folio: 2930 Ref.: Beneficio de litigar sin gastos. Mayoría: Nazareno, Belluscio, Petracchi, López, Bossert. Disidencia: Vázquez. Abstención: Boggiano. 23/12/1997
[img]https://giphy.com/gifs/dTrk9lECEp6ms/html5[/img]
Si en la demanda el accionante se limitó a pedir el beneficio de litigar sin gastos sin solicitar la suspensión del proceso principal, debe concluirse que la instancia se mantuvo abierta en todo momento y, por lo tanto, sobre aquél pesaba la carga de impulsar la tramitación hacia su destino final, que no es otro que la sentencia.
SCBA, Ac 57974 S 4-6-1996 , Juez HITTERS (SD)
FALLO COMPLETO http://www.scba.gov.ar/busqueda/oop/fal ... cale=ES-AR
CARATULA: Reggioso, Jorge Adrián c/ Moroni, Mariano Andrés y otro s/ Daños y perjuicios
PUBLICACIONES: DJBA 151, 40
MAG. VOTANTES: Hitters-San Martín-Pisano-Laborde-Negri
TRIB. DE ORIGEN: CC0103LP
SCBA, Ac 69629 S 16-2-2000 , Juez HITTERS (SD)
FALLO COMPLETO http://www.scba.gov.ar/busqueda/oop/fal ... cale=ES-AR
SCBA, Ac 57974 S 4-6-1996 , Juez HITTERS (SD)
FALLO COMPLETO http://www.scba.gov.ar/busqueda/oop/fal ... cale=ES-AR
CARATULA: Reggioso, Jorge Adrián c/ Moroni, Mariano Andrés y otro s/ Daños y perjuicios
PUBLICACIONES: DJBA 151, 40
MAG. VOTANTES: Hitters-San Martín-Pisano-Laborde-Negri
TRIB. DE ORIGEN: CC0103LP
SCBA, Ac 69629 S 16-2-2000 , Juez HITTERS (SD)
FALLO COMPLETO http://www.scba.gov.ar/busqueda/oop/fal ... cale=ES-AR
[img]https://giphy.com/gifs/dTrk9lECEp6ms/html5[/img]
El pedimento del beneficio de litigar sin gastos solo puede suspender el plazo de caducidad a partir de que tenga favorable acogida, y nunca por la mera solicitud.
SCBA, Ac 57974 S 4-6-1996 , Juez HITTERS (SD)
CARATULA: Reggioso, Jorge Adrián c/ Moroni, Mariano Andrés y otro s/ Daños y perjuicios
PUBLICACIONES: DJBA 151, 40
MAG. VOTANTES: Hitters-San Martín-Pisano-Laborde-Negri
TRIB. DE ORIGEN: CC0103LP
FALLO COMPLETO http://www.scba.gov.ar/busqueda/oop/fal ... cale=ES-AR
SCBA, Ac 57974 S 4-6-1996 , Juez HITTERS (SD)
CARATULA: Reggioso, Jorge Adrián c/ Moroni, Mariano Andrés y otro s/ Daños y perjuicios
PUBLICACIONES: DJBA 151, 40
MAG. VOTANTES: Hitters-San Martín-Pisano-Laborde-Negri
TRIB. DE ORIGEN: CC0103LP
FALLO COMPLETO http://www.scba.gov.ar/busqueda/oop/fal ... cale=ES-AR
[img]https://giphy.com/gifs/dTrk9lECEp6ms/html5[/img]
Y SI EL JUEZ ADMITE EL PEDIDO DE CADUCIDAD POR PARTE DE LA CONTRARIA Y MI PARTE ES CONDENADA EN COSTAS, QUE SUCEDE?
HOLA A TODOS:
TENGO UNA PREGUNTA. EN UN EJECUTIVO, SALIO SENTENCIA EN DICIEMBRE DEL 2009. EL BANCO (P. ACTORA) RECIEN ME NOTIFICO LA SENTENCIA AHORA EN SEPTIEMBRE DE 2011. SE PUEDE PEDIR CADUCIDAD???? ES VIABLE PEDIR CADUCIDAD O SI YA TIENE SENTENCIA NO VA?
GRACIAS!!!!
TENGO UNA PREGUNTA. EN UN EJECUTIVO, SALIO SENTENCIA EN DICIEMBRE DEL 2009. EL BANCO (P. ACTORA) RECIEN ME NOTIFICO LA SENTENCIA AHORA EN SEPTIEMBRE DE 2011. SE PUEDE PEDIR CADUCIDAD???? ES VIABLE PEDIR CADUCIDAD O SI YA TIENE SENTENCIA NO VA?
GRACIAS!!!!
la "instancia" concluye con el dictado de la sentencia, por lo cual una vez dictada no corresponderìa la caducidad.
Art. 310. - CPCCN ...La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia.
Art. 310. - CPCCN ...La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia.