Es gracioso para no decir lamentable, buscando el articulo de la revista 23 encontre esto otro. Se ve que el fenomeno, no se da solo en Argentina.
Bajo el título “Jueces dan plazas a sus familiares”, El Universal publicó ayer una información, que en síntesis, dice lo siguiente: Una investigación hecha por el Consejo de la Judicatura Federal, a raíz de una denuncia que promovió un ex trabajador, permitió demostrar que en juzgados y tribunales federales ubicados en Yucatán laboran familiares de todo nivel, de al menos siete magistrados y tres juezas.
Se trata de un caso que, en opinión de académicos y juristas, corrobora el dicho que ubica al Poder Judicial como la “Gran familia” o la “Familia judicial”, y que es tan sólo la muestra de lo que ocurre en todos los juzgados y tribunales del país, en donde abundan los hijos, las nueras, los yernos, los sobrinos, las esposas y, claro, hasta los compadres de los impartidores de justicia.
Pero en el que el Consejo de la Judicatura Federal considera que no es posible sancionar a los funcionarios judiciales porque no violaron ninguna norma ya que sus familiares fueron contratados y laboran en juzgados y tribunales de sus compañeros, y no en los que ellos dirigen.
En la Nacion salio publicado lo siguiente
OLITICOS
TODO SEA POR LA FAMILIA
Hay una cosa que muchos funcionarios, legisladores y dirigentes argentinos hacen más allá de banderías partidarias: llevar, apenas pueden, a sus parientes directos a puestos públicos. Si es posible, sin tener que demostrar si están capacitados para cubrirlos
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Domingo 5 de julio de 1998 | Publicado en edición impresa
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Los diccionarios coinciden en señalar que el término nepotismo alude a la desmedida preferencia que algunos funcionarios dan a sus parientes a la hora de repartir las gracias o empleos públicos. Un breve repaso por las enciclopedias más antiguas revelará que nepote significa exactamente sobrino, y que esta palabra comenzó a usarse con frecuencia en Italia en tiempos del papa Inocencio VIII, para hacer referencia al pariente que el Sumo Pontífice designaba como su primer ministro o asistente privado. En estas ocasiones, los sobrinos eran quienes resultaban beneficiados en el reparto de beneficios porque, debido al celibato, los sacerdotes no tenían otros sucesores directos.
Pero mucho antes de que la globalización y la tecnología todo lo justificaran el vocablo se generalizó al punto de utilizarse para calificar el vicio que existe entre la administración pública y los funcionarios que prestan servicios en ella. Y en cierto modo, no hay otro sinónimo en la lengua castellana que alcance a definir el privilegio que gozan los familiares de ciertos personajes untados de poder, cuando apelan (mutuamente) a esos lazos sanguíneos para obtener del Estado réditos personales. Aunque la idoneidad ocupe el último lugar en la lista de requisitos indispensables y el ciudadano común no se entere nunca de las cualidades profesionales que consagraron al Fulano primo de Mengano en ese cargo, tal vez de relativa importancia pero que, por efecto acumulativo, interesa al país entero.
Y ése es el límite donde el nepotismo, según el diccionario, desvirtúa la verdadera relación del derecho público que se establece entre la administración y el empleado. Pues, en el Estado, hasta el más insignificante de los cargos (en términos de jerarquías) ha sido creado para que las personas sirvan a la sociedad a través de él. Es el único instrumento canalizador de las voluntades generales. Ni más ni menos.
Pero la familia es lo primero. ¿A quién le quedan dudas, a estas alturas, luego de ver cómo florecen en los cargos de la administración estatal desde primos segundos, hermanos y terceros hasta cuñados, yernos, sobrinos, esposas, esposos y ex? Hoy, en la Argentina, el poder político es como un gran árbol genealógico lleno de arbolitos genealógicos menores. Como una gigantesca matrioshka. Una sopa de parientes lejanos y cercanos. Pinches jerarquizados, ñoquis reciclados y, en contadas excepciones, ejecutivos que deben sobreponerse con méritos propios al estigma de su gracia.
Es que hay varias razones (siempre suficientes para ellos) que mueven a un político a colocar en determinados puestos a su progenie. Entre ellas, la natural desconfianza que provocan las internas partidarias y la necesidad de mantener cierto dominio sobre algún área o tema especifico que le es de particular incumbencia. Existen los que heredan las pasiones de sus abuelos y engordan la estirpe hasta continuar la tradición de perpetuarse en puestos como presidencias de partidos provinciales, intendencias y gobernaciones.
Pero es necesario destacar que no está en cuestión el hecho del vínculo familiar, sino el privilegio que eso supone y la desventaja o competencia desleal que provoca en relación al resto de las personas equis que aspiran a ingresar en un empleo público, en cualquiera de los poderes del Estado. El hecho es que la democrática llamada a concurso, donde se acreditan las condiciones, queda muchas veces reducida a un bonito trámite burocrático formalizado en un currículum, aprovechando las dificultades que tiene un ciudadano para verificar las experiencias laborales del candidato elegido. Esa es la única garantía pública de que la gestión de dicho funcionario será eficaz o no.
Casos paradigmáticos dibujan la caricatura popular de los primeros años del gobierno actual, cuando de buenas a primeras el primer mandatario se despachó con una batería de consanguíneos de idéntica nariz e infinitos cuñados oriundos de Yabrud y la menos lejana Anillaco.
La euforia de entonces corrió un velo permisivo sobre ese fenómeno que, en puntas de pie, comenzaba a insinuarse como signo de la cultura dominante. Los hermanos Yoma estrenaron uno de los períodos políticos más significativos, no sólo por los detalles de color que generosamente aportaron a la literatura periodística, sino por los veranos que le hicieron pasar al cuñado. Amira como secretaria de Audiencias, Ibrahim al Ibrahim al frente de la Aduana, Emir como asesor presidencial, Karim como secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería. Una cuñadocracia digna de Las mil y una noches.
Pero quizá la traducción más literal o cercana a esa figura nepotista del Renacimiento se encuentre en que dos hermanos riojanos controlan ininterrumpidamente, desde hace ocho años, nada menos que los poderes Legislativo y Ejecutivo.
No existe una ley ni reglamentos administrativos que prohíban o controlen el ingreso de familiares de funcionarios a puestos del Estado. Al contrario, el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son admisibles en los empleos, sin otra condición que la probada idoneidad. Pero los excesos de ese viejo mecanismo de ingresos, descontrolado en sectores de la administración central, dejó como saldo una sobredimensionada población burocrática que devastó el país con deudas y pinches de gobiernos anteriores. Sirva para ilustrar este pasaje de la historia reciente el récord que batió la última gestión radical, que ocupó a unos 3000 empleados sólo en el área de la Presidencia de la Nación, entre planta permanente y transitoria.
Pero las transformaciones menemistas barrieron con aquellos perezosos en cámara lenta que amortiguaban la rutina con bizcochitos de grasa y mate en los pasillos y despachos de la Rosada. El 27 de mayo de 1991 los cambios previstos se profundizaron con la aprobación del decreto 993, que limitó el reparto indiscriminado de cargos y profesionalizó las carreras administrativas, anualmente sometidas a evaluaciones de desempeño. El decreto abarcó solamente a los puestos permanentes, y sólo en las dependencias del Poder Ejecutivo.
Pero siempre quedan ventanas abiertas para que los parientes puedan colarse, por afuera del decreto 993 y sin necesidad de someterse a concurso: las ventanas de los puestos transitorios. "La ley 22.140, que rige al personal civil de los tres poderes, califica al personal del Estado en dos grandes grupos: el personal permanente y el no permanente -explica el doctor Máximo Zin, director general del Servicio Civil de la Nación-. El sector de los no permanentes incluye personal transitorio, contratado y de gabinete."
Los transitorios no deben pasar examen alguno. Carecen de los derechos de los permanentes, pero -como ellos- deberían estar comprendidos en el decreto 8566, de 1961, que fija las incompatibilidades de funcionarios del Poder Ejecutivo en el orden ético.
"El régimen jurídico vigente -sigue Zin- no dice que no deban trabajar parientes. El decreto 8566, en su artículo 9, impide por analogía, aunque expresamente no está dicho, que las personas ligadas por vínculos conyugales o de parentesco desempeñen tareas en situaciones de subordinación."
De este modo, en el Poder Ejecutivo no debería haber -por ejemplo- un hijo o una sobrina trabajando a las órdenes de su padre o su tío.
Cabe preguntarse, entonces, si esta figura alcanza a Hernán, Andrés y Maximiliano Corach, los tres hijos de Carlos Vladimiro Corach, que actualmente manejan el Instituto de Capacitación Política (Incap) y que funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior, cartera que conduce su padre. Los jóvenes Corach también influyen directamente en la dirección de la Subsecretaría de la Juventud, a través de un íntimo amigo -Marcelo Daletto-, luego de que el cargo quedó vacante con la partida de Julián Duhalde, sobrino del senador justicialista Eduardo Bauzá.
Una situación similar puede plantearse con respecto al ex secretario de Desarrollo Social Eduardo Amadeo, que en marzo de 1995 creó el Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias (Cenoc), nombrando como directora a su esposa, Beatriz Orlowsky. Zidza, como la llaman sus amigos, permanece en el cargo desde entonces. Y quizá también sea observable el ejemplo del ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, que durante su movida gestión vio ascender a su joven hija María Gimena (32) al cargo de prosecretaria letrada del ministro de la Corte Guillermo López, puesto en el que se desempeña actualmente.
Posiblemente este decreto no involucre tampoco a las personas que compartieron el trabajo, pero que han roto sus vínculos maritales. Tal es la situación de la secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, que tiene trabajando como asesor de la Presidencia en la Dirección de Parques Nacionales a su ex marido Francisco Erize. El percibe honorarios a través del Prodi, un programa que financia el Banco Interamericano de Desarrollo. También parece haberse dado importancia relativa a las disposiciones de leyes y decretos en los casos de las incorporaciones de la cuñada y de la prima de Claudia Bello en el plantel de la Secretaría de la Función Pública. Si bien los cargos no son estelares, se espera de esa repartición que evite precisamente este tipo de vicios políticos.
En el Poder Legislativo las cosas parecen más flexibles, a juzgar por el abanico de hijos, primos, hermanos y esposos que cuelgan de investiduras ajenas gracias a que no existen reglamentos específicos que establezcan impedimentos para trabajar con la familia dentro de los claustros del Congreso. Se sabe que ambas Cámaras le asignan a cada legislador un módulo mensual por el valor de un porcentaje de su dieta, que éste distribuye discrecionalmente. Aplica ese dinero a contratar personal transitorio que él mismo, a voluntad, designa. Normalmente, esto oscila entre cinco y ocho empleados directos. Aclaración: en este módulo no se incluyen los sueldos de asesores de las comisiones, que corren por otra vía.
Pero es de público conocimiento que el Honorable Congreso de la Nación está saturado de personas vinculadas por los más diversos lazos sanguíneos, situación que se da con frecuencia en el elenco no permanente, donde abundan padres o madres que aprovechan la gestión e introducen a sus hijos en el mundo parlamentario para que aprendan los dimes y diretes del oficio. O bien, para que se ocupen de tomar las llamadas de teléfono, tarea inocua, claro, que felizmente no afecta el bien común de la población.
Tal es el caso de Paula, hija de Liliana Chiernajowsky -la esposa de Chacho Alvarez-, que trabaja como secretaria del diputado. O el de Paola Caputo, que asesora a su padre, el ex canciller Dante.
El frepasista Darío D´Alessandro también benefició con el cargo de asesor a su hermano, y Graciela Fernández Meijide, que se ve en la necesidad de pasar tantas horas fuera de su casa, cubrió la cuota de afecto filial en su propio gabinete, nombrando a su hijo como asesor. Honorario, según dicen. También la diputada y precandidata a la Presidencia de la Nación tiene ubicado a su marido, Enrique, como profesor de la Escuela de Gobierno que dirige Claudia Bello, y también en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura Porteña, donde asesora y factura honorarios equivalentes a la categoría más alta, la T1, que alcanza los 2800 pesos.
En el Senado, el mismo Eduardo Menem ubicó en el cargo de director de Prestaciones y Servicios a un cuñado -como su mujer, de apellido Valente- y algún empujoncito pudo haberle dado a su hijo mayor, Adrián (26), que ya ingresó como secretario técnico del Ministerio de Gobierno de la Rioja, provincia donde el apellido se ha multiplicado en innumerables cargos públicos.
Los casos de acomodos más desembozados y escandalosos sucedieron a principios de año en la Legislatura porteña que, acostumbrada por herencia a estar en el ojo de la tormenta, ya arrasó con las esperanzas de transparencia y eficiencia prometidas en las campañas.
El fantasma de aquel viejo Concejo Deliberante se agita, muerto de risa, sobre los despachos del Centro Cultural San Martín. No es para menos. En febrero se supo que muchos legisladores de diversos bloques incorporaron al menos a un familiar directo en las categorías permanentes mejor remuneradas. El desborde llegó por el lado del justicialismo, cuando la diputada Silvana Zaccardi no tardó en nombrar a su marido, su hermana y dos hijas en cargos relevantes, que embolsan sueldos superiores a los 1500 pesos.
Nadie juzga las cualidades intelectuales de la progenie; sí la notable falta de pudor de la autoridad responsable. Para sorpresa de muchos ciudadanos, la diputada aliancista Marta Oyhanarte, ex fundadora de Poder Ciudadano, designó a su hija Malena como secretaria privada. Aunque finalmente, hace menos de un mes, la chica debió renunciar, cansada de las presiones que le provocó la exposición pública.
"Yo no entiendo por qué hay tanta ignorancia de cómo un legislador puede evaluar sus necesidades y designar a las personas que le sean más útiles -dice hoy Marta Oyhanarte-. Malena rendía más de lo que el horario le imponía. Le había pedido que dejara un trabajo en la Universidad Di Tella para acompañarme en la gestión, pero fue muy doloroso para ella lo que pasó. No entiendo cómo se ensañaron conmigo en vez de fijarse en los diputados que han designado a sus madres con el apellido de soltera."
Según cifras proporcionadas por la Dirección General del Servicio Civil, la administración central (Poder Ejecutivo) ha quedado reducida a unos 35.000 agentes permanentes, comprendidos en el Sistema Nacional de Profesión Administrativa (Sinapa). La planta transitoria, se estima, sería de un 30% más de la cifra anterior.
En el Poder Legislativo (pese a que los datos deberían ser transparentes, fue imposible conseguir información completa sobre una planta que, en definitiva, mantenemos todos los ciudadanos) entre los estables y los transitorios suman unos 11.000 empleados.
En el ámbito judicial, según datos proporcionados por la Corte Suprema, hay en total unos 16.537 empleados efectivos y contratados, contando magistrados y funcionarios de menor rango. Esta dotación anualmente le significa al Estado un gasto de 537 millones, sólo en sueldos. La planta estable de cada juzgado varía según la competencia, ley de creación y realidad presupuestaria al momento de su habilitación, pero está en alrededor de 17 empleados de todos los escalafones.
A diferencia de los otros poderes, la Justicia ha dictado resoluciones específicas con respecto a la convivencia de los lazos sanguíneos bajo el techo del Palacio de Tribunales. Dentro del Reglamento para la Justicia Nacional, en las normas complementarias de la acordada 57/93, se fijan las incapacidades para los nombramientos, entre las que se incluye a los parientes "dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con los magistrados o funcionarios titulares bajo cuya dependencia inmediata deben prestar servicios, quedando comprendidos en dicha inhabilidad los empleados designados en calidad de secretarios letrados, secretarios privados, relatores o en cargos similares que tengan grado de parentesco con el magistrado o funcionarios que integren el tribunal".
Pero esta disposición no impide que sobrinos o hijos de un juez den sus primeros pasos bajo el ala de algún juez amigo, o que escalen posiciones gracias a favores políticos. La controvertida jueza María Romilda Servini de Cubría tiene a su hijo Eduardo Cubría en la Fiscalía Nº 22 como fiscal de primera instancia en lo Contencioso Administrativo. En la gran familia judicial hay profesionales que tienen hermanos o padres que acreditan carreras impecables, y otros eximios funcionarios que dieron pruebas de sus capacidades mucho antes de cargar con el peso de un apellido harto conocido en el ambiente político. Tal es el caso de Adolfo Granillo Ocampo, hermano del ministro de Justicia, que lleva 20 años, con algunas interrupciones, como titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 13. Otra sería la situación de Eugenia Anzorreguy, sobrina del jefe de la SIDE, que inició su periplo por Tribunales hace menos de diez años y hoy es fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
"Creo que es distinto cuando una persona cumple una función de estricta confianza; por ejemplo, un secretario privado. El problema se presenta cuando la familia se filtra en puestos estratégicos de alta decisión política, demasiado tecnificados o que requieren de una especialización -explica Gustavo Beliz, ex secretario de la Función Pública en los primeros años de la reforma administrativa-. Pero básicamente hay que distinguir claramente, antes de hacer evaluaciones, que existe un personal estable y otro transitorio, que cesa cuando se retira el funcionario que lo designa y, sobre todo, que los tres poderes funcionan de maneras diferentes en este aspecto. En el Ejecutivo rige un sistema de concursos y hoy es casi imposible, ilegal, que algún pariente pueda entrar así no más a un puesto de trabajo jerarquizado. Pero el problema no está en el sector estable, sino en los cargos transitorios que quedaron eliminados con el decreto de 1991. Es interesante observar cómo volvieron a surgir en los últimos años. Es ahí donde aparece la mayor cantidad denombramientos de familiares y amistades. Y ésa es la manera de eludir esta reforma administrativa, que es ley. Creo que para terminar con este problema se deben reducir al mínimo esos cargos transitorios y darles estándares de calidad."
La lista de hijos y parientes del poder es infinitamente más larga y agotadora. Cuando Matilde Svatetz de Menéndez aterrizó en el PAMI, su hermana Marta ocupó nada menos que la gerencia de Contabilidad y Finanzas del organismo. Cuando el senador Augusto Alasino llegó a la banca, en 1993, también su hermano Carlos alcanzó un sillón como director en el Banco Nación. La intendenta de la localidad de San Martín de los Andes, Luz Sapag, abrió una sucursal en la Capital Federal para promover el turismo en la bella ciudad sureña, y no titubeó en poner al frente de la flamante institución a su hija. Antes de que liquidaran el ex Concejo Deliberante, el concejal Juan Carlos Suardi quedó inhabilitado para ejercer cargos durante tres años, acusado de malversación de fondos. Pero Suardi no debe sufrir demasiado los obligados exilios de la política, pues logró colocar a sus dos hijas en los despachos de la legisladora porteña Engel, donde las chicas cobran unos 2880 pesos cada una.
En su libro La relación del empleo público, la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano Daisy Baró hace un exhaustivo análisis de los aspectos vinculados con el ingreso en la función pública. En él, la idoneidad en todos los órdenes resulta la única variable selectiva. "La idoneidad traduce la idea de aptitud, de una serie de exigencias de orden moral, técnico, físico, etcétera, basadas en motivaciones de diversa índole y de carácter general o particular, en este caso, referidas a las peculiaridades de cada cargo."
Claro que existen buenos ejemplos que exceptúan las reglas. Pero el grueso de los ejemplos que sería interminable citar pertenecen a familiares que terminaron procesados o aun que se han dado a la fuga, o bien que están muy acomodados a la sombra del poder que los protege. Son pocos los parientes que trabajan sin dormirse bajo los laureles del tío. La familia -como se sabe, base de la sociedad- no es algo que se elige, sino algo que nos es dado, que nos toca en suerte. Amar a la azarosa parentela es un rasgo sublime, que distingue a los buenos seres humanos. Querer tenerlos siempre consigo, una intención maravillosa. Pero en política, también puede ser un arma de dos filos.
Texto: Marina Gambier
"Capitalismo: sabemos, que vivirá más de siete vidas este sistema que privatiza sus ganancias pero tiene la amabilidad de socializar sus pérdidas, y por si fuera poco nos convence de que eso es filantropía". Eduardo Galeano
