hernan707 escribió:Estimados amigos: les paso revista de las dudas que tengo con este asunto.
Mi cliente obtuvo el beneficio de pension directa (por la muerte de su marido) mediante el regimen de capitalizacion (Origenes APJP) en el año 1999, conforme a las disposiciones del Dto 55/94, 1120/94 y bajo la Ley 24241.- Como agregado les comento que le fijaron un haber (ingreso base segun estipula la resolucion) de 444 $ (nada mal teniendo en cuenta que a esa fecha la jubilacion minima no llegaba a 200 $!!!!!!
Ahora bien, un año despues a la concesion del beneficio salio el decreto 728/2000 el cual reglamentaba el art. 27 de la ley 24241 el cual establecia la integracion de capital por parte del regimen Publico solamente para varones nacidos antes de 1963.-
En efecto, el marido fallecido, por el cual se le otorgó la pension a su viuda, habia nacido en el año 49, es decir que cumplia con los requisitos.
A la beneficiaria (mi clienta) nunca le dieron la integracion de capital por parte de la ANSES.- Es decir el pago complementario que segun el decreto deberia hacer Anses no se lo abonaron.
Puede ser, Ustedes me diran!!!, que no se lo hayan abonado por:
1) Porque al momento en que salio el decreto, mi cliente ganaba mas que la pension minima!!!!!
2) Porque el decreto NO SE APLICARIA PARA LOS BENEFICIARIOS ANTERIORES AL MISMO. Recordemos que la pension se otorgo en el 99 y el decreto es del 2000.- (este punto es mi mayor temor!!! y mi duda real!!, ya que el decreto no hace mencion respecto a si debe o no aplicarse a las pensiones anteriores al 2000 que se hicieron por renta vitalicia)
Con el correr de los años el haber quedo estancado, ya que en la actualidad percibe algo asi como 550 $.....
Mi duda es la siguiente. Corresponde la aplicacion retroactiva del decreto 728/2000 para pensiones de capitalizacion otorgadas con anterioridad al decreto??? (año 99!!)
En caso de aplicacion, el pago de anses que correpondería inplementar, desde cuando correponderia? Desde que el haber de pension quedo por debajo de la minima???? (ello a fin de integrar hasta el haber minimo??) o desde siempre, sin importar si con el pago complementario superaba la pension minima????
Lo que tengo pensado hacer es iniciar reclamo administrativo reclamando: 1) aplicacion dto. 728/2000.- 2) En subsidio: inconstitucionalidad art. 125 ley 24241 solicitando integracion al haber minimo.- 3) En subsidio: solicitando integracion al minimo desde la vigencia de la ley 26425 (fallo LLANQUILEO!)
Respuestas!! Sugerencias????
Gracias
PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO - SOLICITA MEDIDA CAUTELAR -PLANTEA EL CASO FEDERAL.
Sr. Juez Federal:
xxxx, abogada, inscripta a la matricula del C.P.A.C.F., Tº xxxx, afiliado a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Legajo Previsional xxx8, CUIT e Ingr. Brutos -xxxxx, Monotributista, apoderada de la Sra. María del Carmen VALLÉS, quien acredita identidad con DNI xxxx, constituyendo domicilio procesal en xxxxxxxV.S. me presento y respetuosamente digo:
I.- PERSONERÍA Y DOMICILIO REAL DE MI MANDANTE:
Conforme surge de la constancia de minuta poder que se adjunta, he sido designada apoderada judicial de la Sra. María del Carmen VALLÉS, titular del D.N.I. Nº xxxxx provincia de Buenos Aires, con suficientes poderes para iniciar la presente demanda.
II.- OBJETO:
1) Vengo en legal tiempo y forma procesal, a promover Acción de Amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, artículos concordantes de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos (Art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional) y ley 16986, a los efectos de que V.S. declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 11 y concordantes de la ley 24463 (ley de solidaridad previsional) que modificara a la ley 24441 en su art. 125; la inconstitucionalidad del decreto Nº 1306/2000 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que modificara el decreto 728/2000 modificatorio del decreto 55/94 del Poder Ejecutivo Nacional y cualquier otra norma, reglamento, circular o instructivo que se dictare en concordancia con las citadas que vulneren leyes anteriores, Ley 24241 (Art. 125 y conc.) y demás disposiciones operativas de la Constitución Nacional, concretamente arts. 1º, 14 bis, 16, 17, 76, 77 y 99 de la Carta magna, que protegen el derecho de la actora a un haber de pensión por fallecimiento mínimo, en el caso concreto, y se ordene aplicar la ley 24241 en sus arts. 17 y 125 y el decreto 55/94 del Poder Ejecutivo Nacional respetando así los principios de igualdad y equidad.
2) Que en virtud de ello se interpone formal acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S) con domicilio en la calle Paseo Colón Nº 329, 7º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contra MET A.F.J.P con domicilio en la Avenida de Mayo Nº 654, 10º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de que V.S. declare en el caso particular, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los arts. 11 y concordantes de la ley 24.463 que modificaron el artículo 125 de la ley 24.241, el cual garantizaba el haber mínimo para las prestaciones previsionales.
Dicho artículo fue modificado al momento de dictarse la ley 24.463, llamada de solidaridad previsional, con fecha 30 de marzo de 1995 y, que suspendiera la citada garantía de los arts. 17 y 125 de la ley 24.241.
Más tarde la ley 26.222 incorporó a través del art. 11 al antiguo art. 125 de la ley 24.241, reestableciendo la garantía del haber mínimo a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional Público y a los del régimen de capitalización que perciban componente público.
Asimismo, se solicita se declare la inconstitucionalidad del decreto 1306/2000 que derogara el decreto 728/2000 modificatorio del 55/1994 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Al derogarse dicho decreto, complementario de la ley 24.241, se suspende la participación del régimen previsional público en el financiamiento proporcional de la prestación de pensión por fallecimiento. Así lo establecía el art. 6 al expresar: “Estará a cargo del Régimen Previsional Público la integración de un capital, a los efectos de las prestaciones de retiro por invalidez y de pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, el cual se calculará de la siguiente manera:... b) A los efectos de la pensión por fallecimiento del afiliado en actividad, se calculará el valor actual esperado de las prestaciones de referencia de los beneficiarios de pensión a partir de la fecha de fallecimiento del causante y hasta la extinción del derecho a pensión de cada uno de los beneficiarios acreditados, y se deducirá el capital acumulado en la cuenta de capitalización individual del afiliado a la fecha de su fallecimiento. Sobre esta diferencia, en caso de ser positiva, se aplicará el coeficiente calculado según las pautas del apartado 7”.
En consecuencia el apartado 7 del mismo decreto determinaba: “7. - Los coeficientes a aplicar en los incisos a) y b) del apartado anterior surgen del siguiente procedimiento, cuya explicación en detalle se halla consignada en el Anexo de la presente norma:
a) En el caso de los varones nacidos en 1963 o años anteriores, se restará al número 1963 el año de nacimiento y el resultado se dividirá por treinta y cinco”.
El decreto en cuestión establece en el párrafo 5° de sus considerandos, que "...parece razonable que el Estado Nacional participe en el financiamiento de los beneficios de aquellas personas que opten por el sistema de capitalización y hayan realizado parte de sus aportes en sistemas previsionales preexistentes". Sigue diciendo en el párrafo 10° que "...es conveniente recalcar que el haber de… pensión será igual, sea cual fuere el régimen por el que optaren los afiliados".
La posterior derogación de la Garantía del Haber Mínimo a través de la ley 24.463, de Solidaridad Previsional obedeció a las particulares circunstancias de emergencia económica en que se veía inmersa el país al momento de su sanción, situación que ha sido revertida, por lo cual no se justifica que una situación ya superada continúe afectando a la actora, aun mas en vista del carácter alimentario que recibe la prestación de la cual es beneficiaria.
Del cómputo practicado por SIEMBRA A.F.J.P. (posteriormente absorbida por MET A.F.J.P.), surge un haber inferior al legal, y la actora depende de la prestación de su pensión para su sustento. Esta disminución representa una gravísima agresión contra sus derechos constitucionales y contra su dignidad, su salud, y subsistencia diaria. Las mencionadas normas lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías contemplados en nuestra Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Seguridad Social incorporados a nuestro derecho.
Al mismo tiempo se solicita que se aplique la ley 24241 arts. 17 y 125 hoy vigente, y decreto 55/1994 tal y como estaba regulado antes de la modificación del mismo, mandando así a las demandadas que abonen la totalidad de las diferencias de haberes respecto al mínimo mencionado desde la fecha del fallecimiento del causante, con más sus intereses, modificando así también el haber que percibe en la actualidad.
3) Se solicita como Medida Cautelar que se ordene el restablecimiento de la situación legal existente hasta antes del día 30 de marzo de 1995, removiéndose todos los obstáculos y las normas que cercenen el derecho de la actora a obtener el haber mínimo en su pensión por fallecimiento tal como existía y estaba regulado legalmente.
A tales fines se pide se ordene a la A.N.Se.S. que abone a la actora la diferencia en la percepción del beneficio de prestación por fallecimiento que viene percibiendo, hasta alcanzar el haber mínimo garantizado por las leyes de presupuesto respectivas y sus modificatorias, diferencias que deberán calcularse a partir de la fecha de fallecimiento, con más sus intereses que deberán determinarse conforme la tasa que V.S. determine.
En consecuencia se solicita que la A.N.Se.S. aplique la normativa vigente antes del día 30 de marzo de 1995, absteniéndose de aplicar las normas atacadas en el presente amparo, ley 24.463 art. 11, decreto 1.306/2000 y de cualquier otra norma, reglamento, circular o instructivo que impida a la actora obtener su derecho en virtud de la Ley 24.241 tal como lo hubiera podido hacer antes que la citada ley fuese reformada por la ya derogada ley 24.463.
III.- HECHOS:
Se sucedieron los siguientes:
Que el Sr. xxxx, marido de la actora, aportó al sistema integrado de jubilaciones y pensiones de la seguridad social, 25 años 8 meses y 2 días de esforzado trabajo, la gran mayoría de los cuales fueron hechos al sistema de reparto y sólo una pequeña proporción al sistema de capitalización.
Que el causante tuvo la poca fortuna de fallecer el 08 de agosto de 2003, de un paro cardiorrespiratorio no traumático a la edad de 52 años, resultando que, de 24 años de vida laboral útil (según los cálculos de proporcionalidad establecidos en los autos “Tarditti, María Elena c/ A.N.Se.S s/ Pensiones” –T1041.XXXVIII.-, “Esparza, Graciela c/ A.N.Se.S s/ Pensiones”, Resolución 20351/07 CARSS), sus aportes fueron de casi 26 años.
Solicita entonces la actora el beneficio de pensión por fallecimiento, que le corresponde por ser su viuda, a SIEMBRA AFJP quien luego de analizar la documentación presentada, concluye que se encuentra acreditado el derecho al beneficio.
Que habiendo sido el expediente trasladado a la Administradora Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para su análisis y establecimiento del porcentaje de componente público que debía la misma financiar, responde la administradora pública que no correspondía a ésta participar en el otorgamiento de la pensión por fallecimiento ya que la misma debía ser financiada en su totalidad por el régimen de capitalización conforme a lo establecido por la ley 24463 y modificatorias.
Es entonces que A.N.Se.S. dicta la resolución registrada bajo el Nº 06200/2005, Acta Nº 5 de fecha 31 de mayo de 2005, otorgándole el beneficio nº xxxxx, cuya prestación debía financiar en su totalidad SIEMBRA AFJP (actualmente MET AFJP), quien practica un cómputo del cual resulta un haber notoriamente inferior al haber mínimo garantizado por ley.
Que debido a que, al momento del fallecimiento del Sr. Bloise se encontraba en vigencia la ley 24.463, que suspendiera la garantía del haber mínimo, la actora se encuentra actualmente (octubre del 2008) percibiendo por su beneficio de pensión por fallecimiento, la humillante suma de $ 150,06 “recompensando” así, los aportes realizados por el causante durante toda su vida y sometiendo a la actora a una vida de extrema pobreza que los esfuerzos realizados por su esposo no preveían ni merecen. Así, la inequidad de esta situación se hace patente si pensamos que hubiera sido más favorable a la actora tener un esposo menos diligente en el pago de sus aportes y contribuciones, y a su tiempo solicitar su pensión aplicando la ley 24.476 o bien 25.994 con las cuales podría haber obtenido un haber mínimo, donde solo se le descontarían pequeñas cuotas del mismo según la deuda, lo que no pudo obtener con casi 26 años de aportes de su fallecido esposo.
Que más adelante, precisamente en el año 2007, se dicta la ley 26.222 modificatoria de la ley 24.463 derogando el art. 11 de esta última y el decreto 1306/2000, restaurando así, la situación anterior que otorgaba la garantía del haber mínimo y la participación de un pago proporcional en las prestaciones de pensión por fallecimiento para los varones fallecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 24.241 y que hubieran nacido entre los años 1925 y 1962, de modo de alcanzar así el haber mínimo previsional establecido en el art. 17 de la ley 24241. Sin embargo, esta razonable y justa corrección no alcanza a mi poderdante en tanto la justicia no repare su situación mediante una sentencia que así lo ordene.
Que el causante Carlos Bloise se encuentra encuadrado dentro de estas previsiones ya que, su fecha de nacimiento era el día 26 de marzo del año 1951 y fallece el día 8 de agosto del año 2003 y que es por todo lo antedicho que se solicita el amparo de la justicia de modo que se derogue para este caso particular la ley 24.463 en su art. 11 y decreto 1306 que coloca a la actora en una situación de desigualdad respecto de las previsiones de la actual ley 24.241 y de la misma norma antes de ser modificada por la ley aquí atacada y, se aplique esta última.
IV.- DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS:
A- DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
Nuestra constitución Nacional ubica el derecho a la Seguridad Social como uno de los Derechos Fundamentales del Hombre.
La resolución impugnada claramente desconoce y avanza sobre este principio constitucional. Uno de los objetivos contenidos en el Preámbulo de la Constitución Nacional es el de promover el bienestar general. A su vez, la norma rectora del Derecho de la Seguridad Social, es decir el art. 14 bis de la Carta Magna, establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable y en especial la protección integral de la familia.
A su vez, el art. 75 inc. 22 de nuestra norma fundamental, establece que los Tratados Internacionales que allí se mencionan tienen jerarquía superior a las leyes. Y de su lectura surge -por ejemplo y en lo que aquí interesa- lo siguiente: tanto en el Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre cuanto en el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se consagra que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su Preámbulo reitera que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
Los preceptos enunciados ut supra contenidos en la Carta Magna requieren, (al tratarse de una norma programática), que las leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos en ellos consagrados se adecuen obligatoriamente a los mismos, a fin de no desnaturalizarlos.
B- PRINCIPIO DE IGUALDAD.
El Poder Ejecutivo Nacional no puede dictar disposiciones que alteren los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, constituyendo la IGUALDAD y la EQUIDAD límites infranqueables en el Estado de Derecho. La resolución impugnada avanza sobre estos límites, debilitando el ordenamiento legal que debiera proteger y que hace a la defensa de los derechos y garantías expresamente establecidos en el art.43 de la Carta Magna. Partimos de la base de que vivimos en un Estado de Derecho, que se caracteriza por el sometimiento de los Poderes Constitucionales a la Constitución Nacional y a la Ley. Este sometimiento no es un fin en sí mismo, sino una técnica para conseguir una determinada finalidad, que en nuestro sistema político-jurídico consiste en el sometimiento del Estado al “bloque de legalidad” (leyes, reglamentos, principios generales, precedentes, tratados internacionales, Constitución Nacional, etc.).
El Poder Judicial no puede ser cómplice de este avasallamiento y convertirse en un “acompañante” más. “De esto se derivaría una grave consecuencia: la de que, como el fin justifica los medios, y lo esencial es “no entorpecer” al Ejecutivo, el juzgamiento de la constitucionalidad de una decisión o una medida se limita a valorar su conveniencia para el Poder Ejecutivo o los eventuales beneficiarios. Sobre dicho peligro alertó Germán J. Bidart Campos al decir que “juzgar la constitucionalidad de una medida no es juzgar su conveniencia”. (Dr. Pedro J. Kesselman, Revista del C.P.A.C.F., Agosto 2001, N°48).
C- PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.
La garantía de razonabilidad debe estar siempre presente en los actos del Estado a tenor del artículo 28 de la Constitución Nacional. La razonabilidad impone un cierto límite que, si se traspasa, se cae en la zona opuesta de lo irrazonable o de lo arbitrario, y esto es lo que ha ocurrido con el decreto y la resolución impugnada.
Si bien es cierto que la misión más delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, de allí no cabe derivar que el Poder Judicial pueda abstenerse de ejercer el control de razonabilidad. Lo contrario, deja de lado garantías que hacen a la esencia de nuestro sistema Republicano de Gobierno, cuya integridad pretende resguardarse por medio, entre otros, de la subsistencia de dichas garantías.
Todas las medidas que se dicten deben gozar de razonabilidad. Se trata de asegurar lo previsto en el art. 28 de la Constitución Nacional, cuando con dureza operativa y no sólo programática dispone: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio” según lo expresa inspiración de Alberdi la razonabilidad es un principio general del derecho.
La resolución en conflicto es irrazonable e inconstitucional. Desconoce, innecesaria e injustificadamente, derechos fundamentales, y normas que el Poder Judicial debe amparar, porque de otro modo se tornarían ilusorias las garantías constitucionales que dicho Poder tutela.
V.- REQUISITOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO:
Los requisitos formales de admisibilidad del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la ley de amparo 16986 se verifican en cuanto:
1) Existe un ACTO DE AUTORIDAD PÚBLICA: el dictado del Decreto 1306/00 por parte del Poder Ejecutivo de la Nacional y la ley 24.463 modificatoria de la ley 24.241 promulgada por el Congreso de la Nación.
2) Que en FORMA ACTUAL AMENAZA: Esta amenaza se vincula con la existencia de circunstancias que ponen en real, efectivo e inminente peligro los derechos a la Seguridad Social, a la salud y a una existencia digna previstos por nuestra CN.
3) Conculca con ARBITRARIEDAD MANIFIESTA derechos fundamentales y garantías institucionales reconocidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y demás normativa concordante que se citará en el presente escrito.
4) En cuanto al recaudo: “MEDIO JUDICIAL MÁS IDÓNEO”, no es muy complejo establecer que para la situación planteada no existe un remedio judicial alternativo que sea expedito, rápido y que, garantizando una decisión oportuna de jurisdicción, resguarde los derechos fundamentales afectados. En este sentido, pensemos qué consecuencias traería la utilización de la vía ordinaria, aún en el supuesto de alcanzar una sentencia de primera instancia favorable: un proceso lento y engorroso que podría durar años y que se devoraría la pretensión procesal. En este sentido, en la causa “Mases de Díaz Colodrero A. c. Provincia de Corrientes”, L.L. 1998-B-321, la Corte Suprema de Justicia de la Nación enunció: “Que los agravios del apelante justifican su examen en la vía intentada, pues si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias (...) su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias”.
Siguiendo el criterio de la doctrina y jurisprudencia del amparo, la reforma de la Carta Magna de 1994 en su art. 43 se limita a reconocer que la acción de amparo se puede interponer siempre que no exista otro medio judicial más idóneo; es decir que ningún amparo podrá declararse improcedente formalmente por existir vías o remedios administrativos (Seisdedos, Felipe, “Amparo, Habeas Data y Habeas Corpus en la Reforma de 1994, Derecho Constitucional de la Reforma de 1994, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, Depalma, Mendoza, 1005, Pág.435) que de todos modos, hubiesen resultado infructuosos en su momento, por encontrarse en vigencia la resolución que se impugna, (ley 24463) situación que es radicalmente diferente al tiempo de iniciar esta acción. Así, es la vía del Amparo la única posible.
Es preciso señalar que la actora se encuentra a la fecha subsistiendo con la ridícula suma de $ 150,06, esto indica claramente que “la remisión del examen de la cuestión al procedimiento ordinario para la sustanciación de las mismas, causaría un daño grave e irreparable”. Es indudable que la impugnación ordinaria de la resolución insumiría un lapso temporal que pondría en serio peligro el derecho alimentario y a la salud de la Sra. Vallés de Bloise y que tornaría ilusorias las pretensiones de su protección conforme a la ley vigente.
Así, también fue entendido por el Juzgado Federal de 1º instancia de la Seguridad Social Nº 7, en autos caratulados “FRAGUEIRO, JUAN MANUEL C/ ANSES – BINARIA SEGUROS DE RETIRO. S.A –ARAUCA BIT AFJP S.S S/ AMPAROS y SUMARÍSIMOS” al afirmar: “Es irrefutable que la vía elegida resulta admisible por cuanto entiendo acreditada la existencia del requisito de la urgencia. En efecto, lo alimentario no puede esperar, razón por la cual la vía excepcional del amparo deviene idónea para el reclamo de autos, tal cual lo prevé el art. 43 de la Constitución Nacional, compartiendo de esta manera lo dictaminado por la Sra. Fiscal interviniente. Por otro lado, el argumento acerca de la extemporaneidad de la acción no podrá ser tenido en cuenta puesto que la prestación, al ser de pago mensual, renueva el plazo que prevé la ley 16.986".
V.1.- PRESUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD:
V.1. A.-: PELIGRO EN LA DEMORA: Sólo declarando la inconstitucionalidad de la ley 24.463 art. 11 y del decreto 1306/00 para el caso particular y ordenando el cumplimiento de la ley 24.241 arts. 17 y 125 según reforma por ley 26.222, es posible mantener la verosimilitud del derecho invocado, en tanto los perjuicios ocasionados se convertirían en definitivos e irreparables.
El interés jurídico que fundamenta el otorgamiento de la medida cautelar solicitada encuentra su justificación legítima en el peligro que implica que la duración del proceso convierta en ilusorios los derechos reclamados.
Debe tenerse presente que debe evaluarse en forma armónica, de manera que a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la inminencia del daño extremo o irreparabilidad, que con esta salvedad también considero configurado atento a la situación económica de la actora y al carácter alimentario de la prestación.
V.1.B.-: CONTRACAUTELA (beneficio de litigar sin gastos):
La presente acción se entabla contra la A.N.Se.S. y Met AFJP, que por imperio del art. 78 y siguientes del CPCC goza del beneficio de litigar sin gastos, el que pido me sea otorgado. Y asimismo se me exima de la contracautela por imperio del art. 200 y siguientes del CPCC.
Conforme el criterio de la 1 Cámara Civil (fallo del 1/1/99 Discépolo Miguel y ots. en J. Discépolo Carolina y Miguel C/Instituto de Nefrología y Hemodiálisis P/Des. Daños y perjuicios”, LA 164, Pág. 296 “Se admite la eximición de prestar contracautela mientras dure el trámite del beneficio de litigar sin gastos, acorde a la doctrina de la Corte que ubican a la justicia social, como principio de interpretación jurídica de jerarquía constitucional. La obtención de precautorias no puede quedar limitada a quienes poseen medios económicos”.
En este sentido, corresponde señalar que la finalidad de las medidas cautelares es asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución que debe recaer en otro proceso. Ellas están destinadas a satisfacer cualquier petición que, por el paso del tiempo (lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final), resulte materialmente irrealizable, ya sea porque sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o se tornen inoperantes los efectos de la resolución (cfr. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Tomo VIII —Procesos cautelares (voluntarios), pág. 13, Editorial Abeledo-Perrot).
En el caso, estimo que los elementos arrimados a la causa resultan suficientes para considerar la posibilidad de acceder a la medida solicitada, toda vez que del relato de los hechos y de la documental acompañada en el inicio surgiría "prima facie" acreditados los presupuestos necesarios para la viabilidad de la misma. Además, y en cuanto al "fumus bonus iuris" (humo del buen derecho), estimo se encuentra comprobado el gravamen irreparable que se pretende tutelar. El periculum in mora, en el caso, se define por sí mismo.
Por todo ello, solicito se me exima de la contracautela por imperio del 200 del CPCC. Acorde a la doctrina de la Corte que ubican a la justicia social, como principio de interpretación jurídica de jerarquía constitucional. La obtención de precautorias no puede quedar limitada a quienes poseen medios económicos. Existe un evidente peligro en la demora y el derecho invocado es por demás verosímil. En lo que hace a una posible contracautela, pedimos que se considere que, por las especiales circunstancias de este caso, se considere suficiente una caución juratoria.
VI.- MEDIDA PRECAUTORIA (ART 195 Y CONC. DEL C.P.C.C.):
Se solicita como Medida Cautelar que se ordene el restablecimiento de la situación legal existente hasta antes del día 30 de marzo de 1995 removiéndose todos los obstáculos y las normas que cercenen el derecho de la actora a obtener su pensión tal como existía y estaba regulado legalmente antes de dicha reforma, de manera que pueda contar con un haber mínimo que le permita al menos sobrevivir con cierta dignidad.
Asimismo se solicita se ordene a las accionadas abonar a la amparista el haber mínimo establecido en los arts. 17 y 125 de la ley 24.241 en su beneficio de pensión por fallecimiento con más los haberes retroactivos a la fecha de fallecimiento del causante, según criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Rinaudo Vitelmina Dominga Lucía c/ANSES s/ Impugnación fecha inicial de pago”,… 1. “El acto administrativo que otorga la pensión derivada del fallecimiento del difunto sólo proclama un derecho preexistente, cuyos efectos patrimoniales no pueden ser escindidos de la causa que los originó, sin afectación de las garantías consagradas en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. 2. “La resolución administrativa que comprueba el cumplimiento de los requisitos sustanciales para obtener las prestaciones de pasividad sólo tiene efecto declarativo de un derecho que se objetiva y consolida, en principio, para el momento del hecho generador de ese beneficio, por lo que la condición de pensionada debe retrotraerse a esa oportunidad”; al mismo tiempo se peticiona la aplicación de astreintes para el caso de incumplimiento.
VII.- PRUEBAS:
Mi parte ofrece como pruebas que hacen a su derecho las siguientes:
VII.- 1. DOCUMENTAL:
1.a. Computo ilustrativo de acuerdo a los servicios prestados por el sr. Carlos Leonardo Bloise, realizado por Siembra AFJP.
1.b. Cómputo ilustrativo de pensión por fallecimiento solicitada por la sra. María del Carmen Valles, realizado por Siembra AFJP.
1.c. Análisis preliminar de acreditación del derecho a pensión por fallecimiento realizado por Siembra AFJP determinando la condición del aportante como irregular con derecho.
1.d. Certificado de saldo y estimación de retiro programado realizado por Siembra AFJP.
1.e. Constancia de Siembra AFJP de documentación entregada a la Administración Nacional de la Seguridad Social a fin de dar inicio a las actuaciones con fecha 27 de abril de 2005.
1.f. Cómputo ilustrativo realizado por ANSES con fecha 30 de mayo de 2005.
1.g. Resolución de ANSES con fecha 23 de agosto de 2005 acreditando derecho al beneficio de pensión por fallecimiento del afiliado Carlos Bloise y denegando la participación del régimen previsional público en el mismo.
1.h. Último recibo de cobro de haberes por beneficio de pensión por fallecimiento a favor de la sra. María del Carmen Valles emitido por MET AFJP.
1.i. Minuta poder con certificación notarial de la Sra. María del Carmen Vallés, designando a la Dra. Carolina Inés Dacasto como abogada apoderada con el alcance de poder general para juicios.
1.j. Copia simple DNI de la actora.
1.k. Copia simple del certificado de defunción del causante, Sr. Bloise.
VII. 2. INFORMATIVA: Solicito ordene V.S. librar los siguientes oficios:
2.a. Para el caso de desconocimiento del certificado de defunción obrante en las actuaciones administrativas, líbrese Oficio al Registro Nacional de Estado y Capacidad de las Personas.
2.b. Para el caso de impugnación o desconocimiento de la fecha de nacimiento del causante, a los efectos de la aplicación de la ley, líbrese oficio al Registro Nacional de Estado y Capacidad de las Personas a fin que informe la misma.
2.c. A Met AFJP a fin que remita las actuaciones relativas a la pensión por fallecimiento de la Sra. Valles.
2.d. A ANSeS, a fin que remita las actuaciones administrativas respectivas.
VIII.- INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 21 LEY 24.463. COSTAS A LA ANSES:
Finalmente, solicito se declare la inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.463, por resultar claramente irrazonable, ya que al disponer que ‘en todos los casos’ las costas serán en el orden causado, se aparta del principio objetivo de la derrota, lo que resulta irrazonable (art. 28 CN), y atenta claramente contra el principio de igualdad que debe prevalecer también en el marco del proceso judicial (art. 16 CN).
Consecuentemente, solicito se apliquen las costas y costos del proceso conjuntamente a las codemandadas Met AFJP y a la ANSeS.
Por todo lo expuesto, se solicita la declaración de inconstitucionalidad y/o la inoponibilidad de los arts. 1º, 4º, 5º, 16º, 22º y 23º de la ley 24.463 y de toda otra normativa reglamentaria de dichas previsiones, debiendo el juez imponer a la Administración la adopción de las medidas del caso, ya sea a través de un reajuste de cuentas, recurriendo a la vía impositiva o al crédito interno o externo para satisfacer las deudas previsionales en un plazo razonable.
IX.- PLANTEA EL CASO FEDERAL:
Se formula expreso planteo del caso federal para el supuesto improbable de que las instancias ordinarias no acogieran la acción deducida formal o sustancialmente, conforme a las prescripciones del artículo 14 de la Ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación.
X.- DERECHO Y JURISPRUDENCIA:
Fundo lo peticionado en las normas constitucionales, nacionales y provinciales ya enunciadas en la presente acción de amparo y en la siguiente doctrina y jurisprudencia:
En materia de haberes mínimos la doctrina es abundante y pacífica en cuanto al deber estatal de garantizarlos conforme a principios fundamentales establecidos en nuestra carta Magna, a modo de ejemplo, se transcribe a continuación la opinión de dos reconocidos autores, Fernando Payá y María Martín Sánchez, quienes en su obra conjunta “régimen de jubilaciones y pensiones” establecen: "...el haber mínimo es aquel que se establece en función, no solamente de las posibilidades financieras del sistema, como aparece en esta norma que lo remite al Presupuesto, sino que tiene como antecedente y finalidad el otorgar a todo tipo de beneficiario de la previsión social una prestación cuyo importe le permita atender a su subsistencia -y de su familia en su caso- aunque sólo sea en forma totalmente básica y alimentaria. Se parte de la idea de que la comunidad social debe atender con cobertura mínima a cualquier miembro de ella, y aun sin que exista una necesaria correlación entre el monto de esa prestación mínima y los aportes que el beneficiario haya realmente ingresado al sistema. Se entiende que aquella porción en que el haber mínimo exceda de los aportes efectuados o remuneraciones percibidas por el beneficiario, tendrá naturaleza asistencial, o sea, no contributiva. Es entonces una cobertura solidaria y redistributiva, típica de lo que actualmente se denomina el primer pilar y que se atiende sobre la base de recursos que tienen principalmente origen fiscal, o sea, desde los que más pueden hacia los que poco o nada tienen".
En cuanto a la casuística relacionada con la situación planteada, en fallo caratulado "FRAGUEIRO, JUAN MANUEL C/ANSES - BINARIA SEGUROS DE RET. S.A. -ARAUCA BIT AFJP S.S. S/AMPAROS Y SUMARISlMOS" pasado ante el Juzgado Federal de la 1º instancia de la Seguridad Social Nº 7, con sentencia favorable a la actora, ratificada más tarde por la Cámara correspondiente al mismo fuero, sala I, establece la Dra. Braghini: “… El art. 105 de la ley 24.241 establece el derecho a obtener una pensión por fallecimiento del afiliado al régimen de capitalización individual que se encontrare en actividad, la cual puede ser percibida como en el caso de autos, bajo la modalidad de renta vitalicia previsional. A su vez, dicho artículo remite a lo dispuesto por el art. 98 en cuanto a las proporciones a tener en cuenta para el cálculo de la misma, y éste remite al art. 97 para la determinación de la prestación de referencia, dependiendo esta última del carácter de aportante regular o irregular del causante. Este intrincado enlace de normas se completa con lo normado por el art. 27 de la misma ley y su decreto reglamentario -55/94 y su modificatorio 728/00- siendo éste el cuadro normativo que regula el otorgamiento de la prestación y su cálculo…. El decreto 55/94 -reglamentario del art. 27 de la ley 24.241- establece en el párrafo quinto de sus considerandos, que "...parece razonable que el Estado Nacional participe en el financiamiento de los beneficios de aquellas personas que opten por el sistema de capitalización y hayan realizado parte de sus aportes en sistemas previsionales preexistentes", agregando como párrafo diez que "...es conveniente recalcar que el haber de... pensión será igual, sea cual fuere el régimen por el que optaren los afiliados". Mas, sin perjuicio de la modificación de dicho decreto por parte del decreto N° 728/00 -se reemplazaron los apartados 6, 7 y 8 de la reglamentación del art. 27 de la ley 24.241- no se modificó el criterio referido a la edad de los beneficiarios en cuanto a la integración de capital por parte del Régimen Previsional Público: esto es, para que la misma sea operativa debe tratarse de varones nacidos antes de 1.963 y mujeres nacidas antes de 1968, caso contrario no corresponderá dicha integración de capital por parte del régimen de reparto. Por otra parte, con la sanción de la ley 24.463 de Solidaridad Previsional, asistimos a la derogación lisa y llana del haber mínimo garantizado que preveía el art. 125 de la ley 24.241, lo cual trató de emparcharse con el dictado de diversas normas que fueron intentando una suerte de restablecimiento del mismo (por ejemplo decretos 391/03, 1194/03,683/04, 1199/04 y 748/05); y también a la modificación del art. 16 de la misma ley, que supedita la garantía en el otorgamiento y pago de las prestaciones del Régimen previsional público a la ley de presupuesto. Es evidente que esta normativa respondió a la profunda crisis económica en la cual se vio inmerso nuestro país en las postrimerías del siglo pasado y comienzos del actual, circunstancia que en la actualidad, a juzgar por los indicadores económicos que son de público conocimiento, prácticamente ha desaparecido, no sólo en lo que respecta a la recaudación con destino al sistema de seguridad social sino a la economía en general… Éste es el caso de autos, en el cual un afiliado previó su futuro y aportó al régimen de capitalización individual, pero no pudo prever su desaparición temprana. Y es aquí donde cabe recordar que la cobertura por parte del Derecho de la Seguridad Social, se extiende después de la muerte, y si bien se advierte que la intención del legislador ha sido prever la generalidad de situaciones, ésta en particular supera tal previsión.
Por ello, en los casos como el de autos donde el fondo que se formó no alcanza a solventar las mínimas necesidades, automática y obligatoriamente debe ponerse en práctica esa función supletoria que le cabe al estado frente a sus administrados… Es más, si el causante hubiera estado afiliado al régimen de reparto por la misma cantidad de tiempo, hoy el menor de autos estada percibiendo el haber mínimo, lo cual evidencia que se encuentra conculcada la garantía de igualdad del art. 16 de la CN. Resolver de otra manera sería prácticamente colocar al actor en la condición de un ciudadano de "segunda clase" frente a quienes perciban haberes sin haber aportado jamás”.
De igual forma entendió el Juzgado Federal de 1º instancia de la Seguridad Social Nº 1, en autos caratulados: "Kevorkian, Eduardo Manuel c/ ANSeS s/ Amparos y Sumarísimos" así, en resolutoria también favorable a la parte actora, nos dice la Dra. Adriana Lucas: “… la circunstancia de pertenecer al régimen de reparto o de haber efectuado aportes al sistema con anterioridad a la implementación del nuevo régimen no implica el derecho a un reconocimiento más extenso de los beneficios de la seguridad social garantizados por nuestra Carta Magna. En tal orden de ideas, corresponde entonces interrogar acerca de la razonabilidad de la exclusión en estudio. El principio de razonabilidad emerge del art.28 de la Constitución Nacional y prohíbe al poder reglamentar los derechos de modo que alteren su esencia o lo limiten hasta aniquilarlo. Para verificar el cumplimiento de dicha pauta, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado varios criterios. Entre ellos, la relación entre los fines de las disposiciones y los medios elegidos para alcanzarlos, o bien la proporcionalidad, mensurando la restricción a fin de verificar si excede el límite del derecho afectado. También el análisis de costos y beneficios en relación con el interés público afectado. Examinada la norma al tamiz de tales recaudos, y considerada la situación del actor, entiendo que la aplicación al caso de la norma impugnada no supera el examen de razonabilidad. En efecto, estamos en presencia de un beneficio previsional, otorgado en razón de la invalidez del afectado, quien además tiene un hijo discapacitado, al que se le niega la prestación mínima sin razones valederas para ello, dado que, tal como hemos analizado, la falta de previsión sobre el caso particular, importa a su respecto el desconocimiento del derecho a la seguridad social garantizado en el art.14 bis de la Constitución Nacional. Además, se contraría el derecho a la igualdad, ya que pese a ser afiliado al sistema previsional se le niega aquello que se otorga a otros en iguales circunstancias”.
XI.- AUTORIZACIONES:
Quedan expresamente autorizados, en la forma más amplia, los Dres. Marcelo Oscar CARLOS – T° 77 F° 932 C.P.A.C.F.-, Maria Fernanda Flores Lassaga -Tº 602 Fº 105 C.F.A.L.P-, Rubén Darío HERNÁNDEZ - T° 79 F° 309 C.P.A.C.F.-, Marcos BALCEDA - T° 99 F° 711 C.P.A.C.F.-, Carina GOYENECHE y la Sra. Diana RODRÍGUEZ, DNI 12.752.263, a fin de tomar vista del mismo, solicitarlo en préstamo para extraer fotocopias; dejar nota en los libros respectivos, notificarse de pericias; retirar cédulas, oficios, mandamientos, etc.; y cualquier otro acto necesario para el mejor desarrollo del proceso.
XII.- PETITORIO:
Por todo lo expuesto, solicito a V.S.:
1-. Me tenga por presentado y parte en el carácter invocado, por denunciado el domicilio real de mi mandante y constituido el procesal.
2-. Se habilite la instancia y se corra traslado de la demanda por el término de ley.
3-. Se agregue la documentación acompañada; y se tenga por ofrecida la restante prueba; solicitando la agregación del expediente administrativo, requiriéndose el mismo por oficio.
4-. Se tengan presentes las inconstitucionalidades planteadas en la demanda.
5-.Tenga presente la reserva del Caso Federal.
6-. Se tengan presentes las autorizaciones conferidas.
7-. Oportunamente se dicte sentencia, haciéndose lugar a la demanda en todas sus partes, mandando abonar el haber mínimo garantizado por arts. 17 y 125 de la ley 24241 a la peticionante, contando con la participación del régimen previsional público hasta alcanzar dicha suma, abonándose las diferencias retroactivas desde la fecha de fallecimiento del afiliado Carlos Bloise, con mas sus intereses y regulación de honorarios, todo ello con costas y astreintes para el caso de incumplimiento.
Proveer de conformidad, que
SERA JUSTICIA.
