viko escribió:aver:
no se trata de reconocer firma que no es tuya...
es que al reconocerla ... ES tuya...
como a los hijos 
ha ahi el asunto y la polemica...
no, no... el reconocimiento de firma hace que sea tuya cuando la otra parte te la atribuye y vos reconoces tal extremo...no asi cuando es al reves...
igual como dije antes, no se puede convalidar un acto inexistente; tal lo sostenido por la doctrina de la SCBA:
"
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 19 de septiembre de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Roncoroni, Kogan, Genoud, Hitters, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 95.936, "López, Raúl contra Metrogas S.A. Daños y perjuicios".
A N T E C E D E N T E S
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Lomas de Zamora no abordó la expresión de agravios con la que se intentó sostener el recurso de apelación interpuesto, teniendo por firme el auto por el cual la Juzgadora de origen se declarara incompetente para entender en las presentes actuaciones.
Se interpuso, por la accionante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T I O N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I O N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
1. Creo necesario conforme al alcance de lo resuelto hacer un relato de los hechos relevantes de la causa:
a) Raúl López con el patrocinio de la abogada Graciela D´Agati inicia las presentes actuaciones con el objeto de obtener la reparación de los daños y perjuicios causados por la accionada Empresa Metrogas S.A. con motivo del corte de suministro de gas decidido por la misma con relación a un inmueble que en ese momento habitaba el accionante (fs. 2/6).
b) La juzgadora de grado consideró que en autos debía entender la justicia federal en razón de la materia, por lo que se declaró incompetente (fs. 7 y vta.).
c) Apelado ese pronunciamiento, la Cámara lo revocó al entender que el tema debía regirse por las normas de derecho común (fs. 18 y vta.).
d) Se dictó sentencia rechazando la demanda (fs. 230/237 vta.).
e) La accionante interpuso recurso de apelación (fs. 238, 244), expresando sus agravios con idéntico patrocinio (fs. 250/254).
2. La Cámara suspendió el traslado de dicho libelo y decidió "... teniendo en cuenta las diferencias de firmas ... [de las presentaciones de la accionante que enumera]..." girar las actuaciones a la Asesoría Pericial departamental a fin de que se designe un perito calígrafo único y de oficio que se expedirá sobre la autenticidad de las grafías del señor López ya señaladas el que debía comparecer a la audiencia de cuerpo de escritura (fs. 258 y vta.), pronunciamiento que resistido por la parte se mantuvo firme (ver fs. 260/261, 262, 266/269, 270, 271/276, 277).
Efectuado el cuerpo de escritura (fs. 294/299), la perito concluyó: "... que del cotejo practicado entre las firmas indubitadas y las cuestionadas [las enumera tanto del principal, del beneficio y del sucesorio agregado] no surge la intervención del señor Raúl López..." y ante el mismo cotejo [con distintas firmas cuestionadas] que "... han surgido elementos coincidentes que indican una misma procedencia gráfica..." (fs. 301/305, ampliación fs. 316/319).
La pericia, cuya impugnación fuera rechazada, fue considerada suficiente por el a quo para quedar persuadido de la falsía de las rúbricas (fs. 322 vta.).
Sostuvo que por imperativo legal (arts. 117 y 118 Código Procesal), los escritos de las partes deben llevar la firma del peticionario (salvo las excepciones mencionadas) lo que no es susceptible de subsanarse, pues dicho elemento atañe a la existencia misma del acto procesal (fs. 323 y vta.).
Agregó que el escrito que cuestionó la declaración de incompetencia (fs. 10/11) cuya firma no corresponde al puño de Raúl López, conforme se desprende de la pericia configura un supuesto de inexistencia (sin perjuicio de las restantes actuaciones en las que se observa la misma anomalía; art. 1012 Código Civil), lo cual indefectiblemente otorga firmeza al auto que había decretado la incompetencia, por lo que concluye todo el pleito ha sido ventilado ante jueces inhábiles (fs. 324).
En otro aspecto del proceso y al considerar que los escritos cuya firma no pertenece a la parte vienen suscriptos por la misma profesional que ejerce el patrocinio, entiende que cabe responsabilizarla por no haber tomado los debidos recaudos para evitar la falsedad de las firmas poniendo de relieve que no fue una pieza lo cual de por sí es grave sino varias (fs. 324 vta.).
Consideró así incumplidos sus deberes profesionales, por lo que le llamó severamente la atención (art. 35, Cód. proc.), le impuso una multa (arts. 74 y 75, ley 5827), ordenó la comunicación al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados enviándole copia del fallo, y le impuso las costas en forma solidaria con su patrocinado (arts. 52, 68, Cód. Procesal; fs. 325).
Con respecto a las costas sostuvo que si bien el art. 52 del Código Procesal mencionado sanciona al letrado patrocinante estableciendo su responsabilidad solidaria con el mandatario para los supuestos de las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, la circunstancia de que no se haya acordado mandato a la abogada y actúe la parte por su propio derecho no excluye la responsabilidad de aquél por los errores cometidos en el trámite y de los que surge una manifiesta negligencia inexcusable (fs. 326)
3. Contra dicho pronunciamiento la accionante en su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia la violación de los arts. 35 inc. 3, 36 inc. 3, 169 a 174 del Código procesal, al entender que no se da un supuesto de inexistencia de acto jurídico sino de nulidad (fs. 331).
Denuncia la violación de los arts. 68 del Código procesal y 11 de la ley 5177, al haberse sancionado a su letrada patrocinante y haberle aplicado las costas en forma solidaria con ella (fs. 332/333).
4. El recurso no puede prosperar.
a) Tiene dicho este Tribunal que constituye un supuesto de inexistencia del acto jurídico su instrumentación con firma falsa, siendo aplicable dicha conclusión a los escritos judiciales porque éstos en esencia son actos jurídicos, agregando a ello que los actos jurídicos inexistentes no son confirmables, ni prescriptibles, ni producen efecto alguno y a los posteriores a aquél y que se encuentran directamente relacionados o derivan de él, no se les puede otorgar ningún grado de validez, eficacia y oponibilidad (causa Ac. 81.975 sent. del 5 XI 2003).
En efecto, conforme lo recordé en Ac. 66.011 (sent. del 31 III 1998 entre otras enseña el maestro Llambías, rescatando la "feliz expresión de Moyano" que la inexistencia de los actos jurídicos es una "noción primordial del razonamiento y de la lógica" que corresponde a ciertos hechos materiales, a los cuales falta algún elemento esencial para ser un acto jurídico (Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil", Parte General, 5ª ed., Ed. Perrot, nº 1877, p. 567).
Afirma por su parte Eduardo J. Couture, que el acto procesal es una especie dentro del género del acto jurídico, cuyo elemento característico es que el efecto que de él emana se refiere directa o indirectamente al proceso ("Fundamentos del Derecho Procesal Civil", 3ª ed., nº 123, p. 201).
Siendo esto así, más allá de los principios propios que se adjudiquen al derecho procesal (ver Juan Francisco Freire Aurich, "Acto Procesal Inexistente", en "La Ley", 1994 E doctr. 1427), advertimos que no puede sino existir sustancial identidad en la calificación de un hecho que, no llegando a adquirir materialidad de acto jurídico, mucho menos podrá tenerla de acto procesal.
En palabras de Couture serán actos procesales aquellos hechos que "aparecen dominados por una voluntad jurídica idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales" (op. cit., nº 125, p. 202) y para Goldschmidt (citado por Colombo, Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado", Abeledo Perrot, 1969, art. 34, párr. 5, II, D, pág. 202) aquéllos "de las partes y del juez que forman la situación procesal, es decir, que constituyen, modifican o extinguen expectativas, posibilidades o cargas procesales o dispensan de cargas", y tanto si no aparece expresada voluntad sustancial idónea alguna, como si no existe aptitud para generar ninguno de los mencionados efectos no podemos siquiera imaginar la formación de un acto procesal.
"Es en cierto modo, el problema del ser o no ser del acto. No se refiere a la eficacia, sino a su vida misma" (Couture, op. cit., nº 234, pág. 377).
En síntesis, un acto en todo caso frustrado, nonato, impotente para la producción de efectos jurídicos (en este caso procesales) insusceptible de convalidación e innecesitado de invalidación (Couture, op. y loc. cits.), no resultando necesaria su invocación aunque la puede hacer cualquier interesado, incluso quien hubiere dado lugar a la producción del acto (Lino Palacio, op. cit., p. 154) bastando meramente su constatación por parte del juez en el caso, la Cámara como ocurre en la especie.
Lo así señalado evidencia la sinrazón de lo planteado por el impugnante.
Conforme surge de autos, el a quo decretó la inexistencia de las actuaciones procesales atribuibles al accionante Raúl López teniendo en cuenta la pericia caligráfica obrante de la que se desprende que las rúbricas en cuestión no pertenecían a su grafía (fs. 301/305; 316/319).
Esta última deducción se mantiene incólume, toda vez que no ha merecido ataque idóneo por el impugnante ante esta instancia extraordinaria.
Los argumentos expuestos por el recurrente sólo trasuntan su personal punto de vista discrepante con lo resuelto, resultando por ello inconducentes para lograr la revisión del fallo.
Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que se desentiende de las razones proporcionadas por el sentenciante, oponiendo a ellas un mero disentimiento de índole subjetiva como acontece en la especie que como tal, es ineficaz a los fines de cumplir con la carga de indicar en qué consiste la violación o el error en la aplicación de la ley (art. 279 del Cód. proc.; conf. Ac. 55.829, sent. del 5 IX 1995; Ac. 58.501, sent. del 20 II 1996; Ac. 74.717, sent. del 1 XI 2000; Ac. 76.615, sent. del 11 VII 2001).
b) Con relación a la sanción de multa impuesta a la patrocinante y a la imposición de las costas en forma solidaria al accionante y a su letrada además de considerar que lo resuelto se ajusta a lo dispuesto en las normas legales citadas (fs. 325 vta./326) tampoco puede prosperar la queja, pues del ataque resulta solamente la expresión discrepante del recurrente, y como tal insuficiente para fundar el recurso (doct. art. 279, Cód. proc. cit.).
En efecto, lo dicho (fs. 332/333) no pasa de ser la opinión personal de los vencidos, la que resulta insuficiente para fundar un agravio.
Es doctrina reiterada de esta Corte que la simple contraposición de criterios o el desarrollo de argumentos de índole meramente subjetiva respecto de los expuestos por el juzgador no es bastante para fundamentar la queja (conf. Ac. 76.818, sent. del 27 XII 2000; Ac. 83.242, sent. del 3 XII 2003).
c) La condena impuesta a la abogada Graciela D´Agati (tº. VII fº 429 C.A.L.Z) fue motivo de queja de su patrocinado en el presente recurso, pero dado que la mencionada profesional por su propio derecho no se agravió, la misma llegó firme a esta instancia (fs. 329; art. 279, Cód. proc., doct. causa Ac. 72.148, sent. del 19 II 2002 pub. en "D.J.B.A.", 163, 131).
Por todo lo expuesto, doy mi voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Roncoroni dijo:
1. Concuerdo con la solución a la que arriba la Cámara y que se radica en la proyección que tiene en el proceso la declaración de incompetencia del señor Juez de primera instancia (fs. 7), al quedar firme y consentida por resultar privados de sus efectos los actos jurídicos procesales que se hilvanaron a partir del recurso de apelación (fs.
. Ello así, porque se comprobó que la firma atribuida a Raúl López en el escrito de expresión de agravios, es falsa (fs. 10/11 y 301/305). Tal coincidencia preanuncia una segunda concordancia. En efecto, comparto la respuesta negativa que brinda en su voto el señor Juez doctor Pettigiani, bien que habré de dejar a salvo mi opinión, en el desarrollo de las siguientes motivaciones.
2. Si como expresa Moyano, citado por Llambías, la inexistencia pone en foco cuestiones vinculadas con el razonamiento y la lógica (cf. Llambías, J.J., Tratado de Derecho Civil, Parte General, Buenos Aires, 1975, Abeledo Perrot, tomo II, pág. 567, nº 1877 y 1909, citas nº 9 y 24, respectivamente), resulta evidente que el acto cuestionado no es inexistente sino nulo. Sería inexistente si el mismo se hubiera presentado sin la firma del sujeto que debe expresar su voluntad respecto del objeto: agraviarse y criticar la decisión apelada. Sin embargo, la situación que se plantea es diferente, porque el escrito exhibe una firma que se atribuye a quien dice actuar en ejercicio de su propio derecho y cuenta con el pertinente patrocinio letrado mediante el cual se cumple con el requisito de la postulación. Y bien; se ha comprobado que dicha firma es falsa, en orden a lo cual nos encontramos frente a un instrumento que acuna una falsedad ideológica, pues, por un lado, la voluntad no ha sido expresada por quien debía hacerlo y, por otro, la firma que se le adjudica es apócrifa y ha sido adulterada o falsificada por alguien.
Frente a tales circunstancias no cabe predicar la inexistencia del acto pues, se trata a mi juicio, de un acto que porta un vicio no manifiesto que fue necesario traer a la luz mediante el idóneo acto pericial y que, además, no se trata de la inexistencia sino de un acto nulo de nulidad absoluta (art. 988, Código Civil; cf. Llambías, op. cit., nº 1943, III), sanción que proyecta sus efectos de tal manera, que impone la solución respecto de la cual he anticipado mi adhesión.
En consecuencia, voto por la negativa, correspondiendo mandar a la instancia ordinaria dé intervención al juez competente a los fines investigar el ilícito al que me he referido.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani. Sólo he de añadir algunas breves consideraciones.
Se ha expresado en doctrina que "un acto que no existe, que constituye sólo una apariencia de tal, no es nulo ni puede anularse; lisa y llanamente es un ´acto inexistente´, cuya inviabilidad jurídica sólo debe constatarse" (López Mesa, Marcelo J., "La doctrina del acto inexistente y algunos problemas prácticos", "La Ley", del 15 VI 2006, p. 1) Un acto no existe "cuando simplemente carece de una o varias de las condiciones de existencia: voluntad o consentimiento, objeto y forma idónea de expresión de la voluntad" (Cubides Camacho, Jorge, Obligaciones, 5ª ed., Ed. Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá, 2005, p. 261, López Mesa cit.) "La inexistencia de un acto jurídico no involucra un problema de vicios sino de presupuestos. En efecto, si los presupuestos del acto están presentes pero hay vicios, se trata de una cuestión de nulidad; en cambio, si no se dan los presupuestos, el problema es de inexistencia" (López Mesa, ob. cit.).
Esta Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto en los siguientes términos: "constituye un supuesto de inexistencia del acto jurídico su instrumentación con firma falsa, siendo aplicable dicha conclusión a los escritos judiciales porque éstos en esencia son actos jurídicos ..." (Ac. 81.975, sent. del 5 XI 2003).
En esta línea argumental también se ha expedido nuestro máximo Tribunal, afirmando que: "Es condición esencial de los escritos judiciales que contengan la firma de las partes o de sus representantes, por lo que carece de valor la puesta por terceros sin haberse recurrido al específico procedimiento previsto en el art. 119 del Cód. Procesal y, en consecuencia, el recurso extraordinario suscripto con firma apócrifa resulta privado de toda eficacia jurídica" (C.S.J.N., 25-III-1997, "Valledor, Pedro F., c. Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles", D.T., 1997 A 1004).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
El recurso no puede prosperar.
a. De un lado, adhiero a lo expresado por el doctor Pettigiani en el punto 4.a. de su voto a efectos de desestimar los agravios relativos a la declaración de inexistencia de ciertas actuaciones atribuidas a la parte actora, al que añadiré unas breves consideraciones.
i) Por imperativo legal (art. 117 del C.P.C.C.) los escritos de las partes, para ser tales, deben llevar la firma del peticionario cuando no exista mandato a favor de letrado. La falta de firma de la parte, cuando no se ha invocado la gestión urgente prevista en el art. 48 o acreditado la concurrencia del supuesto de firma a ruego del art. 118 ambos del Código de rito no es susceptible de subsanarse menos aún, pasible de rehabilitación por decisión del litigante involucrado pues dicho elemento atañe a la existencia misma del acto procesal (conf. mi voto en Ac. 81.975, sent. del 5 XI 2003).
En tal sentido, huelga aclarar que las firmas insertas deben corresponder a quienes figuran en el instrumento en calidad de sujetos del proceso, debiendo ser en consecuencia verdaderas, sin que tal condición de autenticidad pueda quedar librada a manifestaciones posteriores o al reconocimiento ulterior por quien sostiene que suscribió la pieza. Tal postulado adquiere mayor significación cuando la rúbrica, cuya autenticidad se cuestiona, es estampada en escritos judiciales como el que origina el presente recurso. No reconocer la necesaria severidad con que es dable actuar en tales circunstancias, llevaría a acordar a las partes una facultad saneadora de graves deficiencias estructurales, sumada a una impropia potestad de evitar las consecuencias de la perentoriedad de los plazos procesales (arg. art. 155, C.P.C.C.) (conf. mi voto en Ac. 81.975 ya cit.).
ii) Configurada la falta de firma del aparente peticionario de un escrito judicial, por su ausencia o por no ser auténtica y resultando jurídicamente vedada su subsanación posterior conforme lo expresado supra, puede conluirse que tal escrito no reúne la condición de acto procesal. No se está en presencia de una actuación nula, sino mas bien de un acto inexistente para el proceso y no susceptible de convalidación posterior (conf. C.S.J.N., "Fallos", 246:279; 278:84, entre otros). Conclusión que, ciertamente, comulga en el caso con la vigencia del principio de bilateralidad procesal, desde que las partes sólo pueden hacer conocer sus pretensiones, agravios u oposiciones mediante escritos que, al par de reunir los requisitos normados, sean reconocidos en cuanto a la autoría del pretenso litigante.
b. Por lo demás, toda vez que la queja vertida en el punto II de fs. 332/333 se refiere exclusivamente a la condena en costas y sanción impuesta a la letrada patrocinante del accionante, estimo suficiente para su rechazo lo expresado por el doctor Pettigiani en el punto 4.c. de su voto.
2. Por todo ello, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 84 y 289, C.P.C.C.).
Notifíquese y devuélvase.
Soy toro en mi rodeo.... y torazo en rodeo ajeno!!!!
