Sistema previsional / Reclamos por reajuste de haberes
Están frenados por la Anses más de 4500 juicios de jubilados
La crisis se generó en una sala de apelaciones y ahora la Corte Suprema deberá resolver las causas
Por Silvia Stang | LA NACION
Más de 4500 juicios de jubilados , en su mayoría iniciados para reclamar reajustes de haberes, tienen su trámite paralizado -según estimaciones de fuentes del Poder Judicial-, por un accionar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que incluye la continua recusación de uno de los jueces de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Y ese número crece mes tras mes.
La situación se mantiene desde julio del año pasado, cuando el organismo de la seguridad social -que es la parte demandada en estos litigios- comenzó a tratar de impedir la participación del juez Luis Herrero, recusándolo sin invocación de causa, tras haberlo denunciado ante el Consejo de la Magistratura, algo que también hizo contra el magistrado Emilio Fernández, integrante de la misma sala.
Desde entonces, y a la espera de una decisión final de la Justicia -el tema está ahora en la Corte- sobre la validez de ese accionar de la Anses, los trámites que llegan a esa sala con la recusación del ente estatal quedan frenados.
La crisis en la Cámara de Apelaciones se da en el escenario de una muy elevada litigiosidad en el fuero, impulsada, entre otras razones, por la falta -o la insuficiencia, en algunos casos- de ajustes en los haberes entre los años 2002 y 2006, un período en el que la inflación ya iba deteriorando mes tras mes el valor real de los ingresos. Esa política, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en la causa Badaro, provocó en su momento recortes de hasta el 40% en el poder de compra de los haberes de cientos de miles de pasivos.
La validez de la recusación sin causa contra Herrero fue rechazada ya en un dictamen aprobado por un tribunal que integraron tres jueces del fuero, en julio pasado, en el análisis de la causa "Ramos, Gabina".
En realidad, como las recusaciones no invocan causa, formalmente no habría posibilidad de que se decidiera su rechazo. Sin embargo, los magistrados de ese tribunal entendieron que existe un abuso en la utilización de esa herramienta, ya que la propia Anses había informado ante el Consejo de la Magistratura sobre su denuncia contra Herrero, de la que se desprende que en realidad sí tenía una causa -que ya era pública- para su accionar contra el juez.
En las recusaciones con causa sí existe la posibilidad de que desde el fuero sean no admitidas, y el dictamen entendió que el trámite no se cursó bajo esa modalidad, justamente con el objetivo de evitar su rechazo.
La cuestión de la validez de esas recusaciones está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, que analiza el tema en una causa titulada "Aguilera Grueso". Según consta en el detalle de la marcha del expediente, tras haber pasado por el despacho de tres jueces, el trámite fue enviado al procurador general.
Contra las cautelares
Más allá de que ese cargo está vacante tras la salida de Esteban Righi, no hay plazos para que el funcionario que lo reemplace (el Ejecutivo propuso a Daniel Reposo) se expida sobre el tema. Mientras no se resuelva esa cuestión y la Anses siga presentando la recusación en todas las causas que llegan a la sala II, los expedientes se irán acumulando.
Herrero y Fernández, ambos cuestionados por la Anses, son los dos jueces camaristas que comenzaron a dar curso, años atrás, a medidas cautelares planteadas por jubilados para poder cobrar sus haberes con la actualización correspondiente, sin necesidad de tener que esperar los plazos de un reclamo judicial, que suelen ser de cinco, seis o siete años. Esas medidas son otorgadas cuando se trata de reclamos sobre los que ya se expidió la Corte Suprema, por lo que ya se conoce cuál sería su resolución final. La Anses rechaza esas cautelares y, más allá de apelar cada expediente, también presentó otro recurso a la Justicia para evitar que sigan dictándose, para evitar la continua salida de recursos.
La existencia de estas cautelares no fue invocada en el pedido de investigación que el organismo dirigido por Diego Bossio elevó al Consejo de la Magistratura, en un trámite que, en última instancia, podría derivar en un juicio político. Sin embargo, la Comisión de Disciplina y Acusación, a cargo del diputado oficialista Carlos Moreno, pidió que dos auditores enviados a la Cámara busquen datos sobre la tramitación de esas medidas.
Investigación
La denuncia ante el Consejo de la Magistratura, sobre la que LA NACION informó el año pasado, tiene como justificativo supuestas irregularidades en la gestión del juicio iniciado por el jubilado Aguiar Atienza.
La denuncia está basada en acusaciones hechas por la tercera integrante de la sala, Nora Dorado, respecto de que se habría alterado el orden de votación de los jueces y de que se habría recortado una parte del voto redactado por la propia magistrada.
En su defensa, Herrero alegó que se lo acusa por tareas que no le corresponden al ser vocal de la sala. Además, se lo cuestiona por no haberse excusado dada una supuesta amistad con el abogado patrocinante, negada por el juez.
En la causa que originó esa denuncia hubo una recusación con causa por parte de la Anses, sobre la que ahora un tribunal especial de jueces de la seguridad social deberá decidir..
Están frenados por la Anses más de 4500 juicios de jubilados
La crisis se generó en una sala de apelaciones y ahora la Corte Suprema deberá resolver las causas
Por Silvia Stang | LA NACION
Más de 4500 juicios de jubilados , en su mayoría iniciados para reclamar reajustes de haberes, tienen su trámite paralizado -según estimaciones de fuentes del Poder Judicial-, por un accionar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que incluye la continua recusación de uno de los jueces de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Y ese número crece mes tras mes.
La situación se mantiene desde julio del año pasado, cuando el organismo de la seguridad social -que es la parte demandada en estos litigios- comenzó a tratar de impedir la participación del juez Luis Herrero, recusándolo sin invocación de causa, tras haberlo denunciado ante el Consejo de la Magistratura, algo que también hizo contra el magistrado Emilio Fernández, integrante de la misma sala.
Desde entonces, y a la espera de una decisión final de la Justicia -el tema está ahora en la Corte- sobre la validez de ese accionar de la Anses, los trámites que llegan a esa sala con la recusación del ente estatal quedan frenados.
La crisis en la Cámara de Apelaciones se da en el escenario de una muy elevada litigiosidad en el fuero, impulsada, entre otras razones, por la falta -o la insuficiencia, en algunos casos- de ajustes en los haberes entre los años 2002 y 2006, un período en el que la inflación ya iba deteriorando mes tras mes el valor real de los ingresos. Esa política, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en la causa Badaro, provocó en su momento recortes de hasta el 40% en el poder de compra de los haberes de cientos de miles de pasivos.
La validez de la recusación sin causa contra Herrero fue rechazada ya en un dictamen aprobado por un tribunal que integraron tres jueces del fuero, en julio pasado, en el análisis de la causa "Ramos, Gabina".
En realidad, como las recusaciones no invocan causa, formalmente no habría posibilidad de que se decidiera su rechazo. Sin embargo, los magistrados de ese tribunal entendieron que existe un abuso en la utilización de esa herramienta, ya que la propia Anses había informado ante el Consejo de la Magistratura sobre su denuncia contra Herrero, de la que se desprende que en realidad sí tenía una causa -que ya era pública- para su accionar contra el juez.
En las recusaciones con causa sí existe la posibilidad de que desde el fuero sean no admitidas, y el dictamen entendió que el trámite no se cursó bajo esa modalidad, justamente con el objetivo de evitar su rechazo.
La cuestión de la validez de esas recusaciones está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, que analiza el tema en una causa titulada "Aguilera Grueso". Según consta en el detalle de la marcha del expediente, tras haber pasado por el despacho de tres jueces, el trámite fue enviado al procurador general.
Contra las cautelares
Más allá de que ese cargo está vacante tras la salida de Esteban Righi, no hay plazos para que el funcionario que lo reemplace (el Ejecutivo propuso a Daniel Reposo) se expida sobre el tema. Mientras no se resuelva esa cuestión y la Anses siga presentando la recusación en todas las causas que llegan a la sala II, los expedientes se irán acumulando.
Herrero y Fernández, ambos cuestionados por la Anses, son los dos jueces camaristas que comenzaron a dar curso, años atrás, a medidas cautelares planteadas por jubilados para poder cobrar sus haberes con la actualización correspondiente, sin necesidad de tener que esperar los plazos de un reclamo judicial, que suelen ser de cinco, seis o siete años. Esas medidas son otorgadas cuando se trata de reclamos sobre los que ya se expidió la Corte Suprema, por lo que ya se conoce cuál sería su resolución final. La Anses rechaza esas cautelares y, más allá de apelar cada expediente, también presentó otro recurso a la Justicia para evitar que sigan dictándose, para evitar la continua salida de recursos.
La existencia de estas cautelares no fue invocada en el pedido de investigación que el organismo dirigido por Diego Bossio elevó al Consejo de la Magistratura, en un trámite que, en última instancia, podría derivar en un juicio político. Sin embargo, la Comisión de Disciplina y Acusación, a cargo del diputado oficialista Carlos Moreno, pidió que dos auditores enviados a la Cámara busquen datos sobre la tramitación de esas medidas.
Investigación
La denuncia ante el Consejo de la Magistratura, sobre la que LA NACION informó el año pasado, tiene como justificativo supuestas irregularidades en la gestión del juicio iniciado por el jubilado Aguiar Atienza.
La denuncia está basada en acusaciones hechas por la tercera integrante de la sala, Nora Dorado, respecto de que se habría alterado el orden de votación de los jueces y de que se habría recortado una parte del voto redactado por la propia magistrada.
En su defensa, Herrero alegó que se lo acusa por tareas que no le corresponden al ser vocal de la sala. Además, se lo cuestiona por no haberse excusado dada una supuesta amistad con el abogado patrocinante, negada por el juez.
En la causa que originó esa denuncia hubo una recusación con causa por parte de la Anses, sobre la que ahora un tribunal especial de jueces de la seguridad social deberá decidir..
