ramon escribió:Dominick escribió:Ramón esta es mi ultima participación en este poste, pero realmente no es una cuestión personal con Ud. sino con personas como Ud. que piensan que son impuestos las cargas sociales, cuando las comparte con su empleado, le repito como es ud. el que va a pagarlas piensa que es el único obligado y solamente es un mero agente de retención.-
Pero quiero deternerme en una frase puesta por Ud. y si lo que le diga lo considera personal, si, lo es:
"sino lean en el foro previsional, en cual estoy mas a menudo, como defendi a nuestros abuelos porque les cobraban tramites jub. muy elevados,con lo cual yo casi ni les cobraba e ise un monton gratis. me da pena que una opinion, que puede estar bien o mal, termine de esta forma agraviando en lo personal. queda intacta la invitacion, cuando quieran ya saben."
Ramón ud. no puede realizar tramites previsionales, no tiene el titulo que lo habilita para hacerlos, solamente estan habilitados los abogados y procuradores y el límite por ley para cobrar honorarios es de dos meses del haber del beneficio. El sistema previsional siempre lucho para que no aparecieran los gestores, trabaje 15 años allí y lo digo con conocimiento de causa, ya que al ser un derecho personalisimo solamente se puede actuar a través de un profesional matriculado e inscripto con poder del títular. Ahora ud. se dedica a trámites previsionales cuando se su ponía en el poste( viewtopic.php?p=9240&highlight=#9240)donde nos conocimos, Ud. tenía una Panadería y pretendía saber si podía contratar personal por tiempo determinado, es por eso y por lo que lei en algunos de sus 530 mensajes que tiene en este foro, donde pongo en duda su palabra, dado que consulta por su actividad de panadero y ahora resulta ser un ilegal gestor previsional.-
hola dominick,no sabia que un gestor previsional es ilegal,aca hay varios gestores y escuche decir que los dos haberes es para prof. y gestores, alguien me puede decir si lo que dice dominick es correcto, ademas te cuento que tengo esa actividad que decis, heredada de mis viejos, y estudio contador publico, me falta poco,es por eso que se algo de previsional,en cuanto al tema en cuestion no quise entrar en polemica con nadie solo es una opinion, que viendo el comentario de gu, me di cuenta que estaba mal planteado y se interpretaba cualquier cosa, rebobinando todo, les pregunto:para evitar tantos problemas con empleados y empleadores que les parece, si todo empleado es autonomo y se paga el solo sus aportes y maneja personalmente todo sus impuestos,, algo asi como contrato de locacion de s°, pero que sea legal hacerlo asi,se partiria deun sueldo consensuado por convenio segun actividad desarrollada, y creo que asi nos evitariamos muchos problemas y no existeria tanto trabajadores en negro y nosotros los empleadores no tendriamos tanto miedo de blanquear o tomar un empleado. puede esto ser factible o estoy muy errado. gracias y perdon si me exprese mal en los comentarios anteriores.
para ver que opinan
Por Héctor Raúl Sandler
El sistema de impuestos vigente es legal, pero no legítimo, porque que no armoniza con los órdenes económico, político y jurídico establecidos por la Constitución, genera profundas desigualdades sociales, y mina las bases de la civilización moderna.
Un sistema de impuestos que castiga a la producción y el consumo, a la vez que premia la especulación con el suelo por los particulares, impidiendo con ella el acceso a los recursos naturales a la mayoría de la población, tiene que generar profundas desigualdades de oportunidades y de distribución de la riqueza. Ellas obran como motores de la corrupción de las instituciones y de las formas de vida propias de la civilización.
En otras palabras, en la sociedad moderna, la cuestión de los recursos del Estado lejos está de ser una mera cuestión financiera. El sistema creado por la ley determina en alto grado la calidad del orden social y en consecuencia la calidad de la moral de sus habitantes. En el sistema de impuestos se juega el progreso o la decadencia de nuestra civilización.Henry George denunció a los impuestos que gravan el trabajo y premian la especulación como la raíz de la corrupción. Pero dado que ellos soEl actual Sistema de Impuestos es Corruptor del Orden Social n lo que la ley positiva dispone, el foco séptico está en la corrupción legislativa que importa el vigente sistema de impuestos.
El sistema de impuestos vigente es legal, pero no legítimo, porque que no armoniza con los órdenes económico, político y jurídico establecidos por la Constitución, genera profundas desigualdades sociales, y mina las bases de la civilización moderna. Esto se ha hecho más patente desde los '90 , cuando la política económica busca establecer un orden económico social de mercado. Con ese propósito se dictaron leyes para asegurar la estabilidad del valor de la moneda, liberar a la actividad económica de regulaciones jurídicas, y pasar a manos de particulares la casi totalidad de las empresas estatales.
Conceptualmente, la economía social de mercado es el orden económico en que la producción es activada por la demanda, la que a su vez se funda en el creciente poder adquisitivo de los consumidores. Este último tiene, teóricamente, dos fuentes principales: una, la baja de los precios de venta por la competencia entre los oferentes de bienes y servicios (1). La otra, es el incremento de los ingresos de los trabajadores debido a la abundancia de bienes causada por la mayor producción. Por un principio de justicia, y para que este orden sea autosustentable, la participación de los trabajadores en lo producido debe incrementarse a la par de la producción. Que de hecho así no ocurra, no es un defecto del orden de mercado, sino de otros órdenes que contribuyen a su existencia; principalmente, el orden jurídico.
En una fórmula clásica y sencilla, la producción de las cosas demandadas (Riqueza) es el resultado del empleo de la energía humana (Trabajo), auxiliada por aquella parte de la producción destinada a aumentarla (Capital), aplicada a la naturaleza en cuanto insustituible yacimiento de las materias primas y asiento inevitable de la actividad económica (clásicamente denominada Tierra).
Riqueza = Trabajo + Capital + Tierra
Desde la perspectiva de la distribución del producto, la riqueza producida genera créditos a favor de los tres factores concurrentes a la producción (Trabajo, Capital y Tierra). Estos créditos a efectivizar sobre el total producido reciben estos nombres: Salarios, la parte de bienes destinadas a los trabajadores; Intereses para los inversores de Capital y Renta fundiaria para los titulares del dominio sobre la Tierra (2). En una economía social de mercado, esos créditos se fijan en el tipo de moneda en circulación (3) y se cobran o se hacen efectivos ejerciendo el poder adquisitivo que ella otorga; o sea comprando en los distintos mercados los productos que cada uno necesita. En formula clásica se dice que
Riqueza = Salarios + Intereses + Renta fundiaria.
Así puede apreciarse la incompatibilidad del sistema de tributos existente con la economía social de mercado. O mejor dicho, la increíble medida en que las leyes positivas creadoras de ese sistema tienden a trabar el progreso de esa economía y a corromper ese orden económico. Así, el llamado "paradigma de la corrupción" -es decir la evasión (entendida en sentido amplio: de la mera elusión al fraude doloso, pasando por la presión para obtener del poder político exenciones y privilegios )- no es más que el recurso de productores, comerciantes y consumidores, para sobrevivir(4).
Frente a la autodefensa de productores y consumidores, los agentes del gobierno tienen distintas respuestas, no sólo en función de su propia moral, sino respecto a su responsabilidad en la cobranza. Los directos responsables del tesoro público, apremiados por la baja recaudación, crean sofisticados procedimientos para cobrar, sin reparo para con los valores morales y disposiciones constitucionales. En cambio, los que tienen sólo una responsabilidad indirecta pueden llegar a preferir obtener sus beneficios personales de la angustia de los productores y consumidores (5). Así, la evasión y el fraude (nacidos como un espúreo pero explicable recurso para no morir asfixiado por la carga impositiva), generan corrupción en el seno mismo del Estado y disolviendo su sentido moral. En vez de ser la organización cuyo fin es el bien común, se transforma en el campo propicio para hacer los negocios privados de los funcionarios. Pero esta degradante consecuencia final no debe hacer perder de vista que su punto de partida está en la legislación organizadora del sistema tributario.
Los principales impuestos son IVA, Ganancias e Ingresos Brutos, a los que por su efecto en el consumo y en la producción, hay que sumar las cargas sociales. Por la inevitable traslación hacia los precios de venta, estos tributos deben ser pagados por los consumidores. De modo que el efecto sistémico es disminuir la capacidad de consumo de la gente. En otras palabras, aunque no es la finalidad del legislador, su consecuencia es frenar al primer motor de la producción(6). Pero como no siempre es posible trasladar (al menos inmediatamente), los impuestos al consumidor, ellos son pagados por los productores, cuyas empresas son castigadas por las cargas impositivas. Esto explica que se apele, con los consiguientes riesgos, al fraude y la evasión fiscal.
Finalmente, para ver los efectos completos de la corrupción institucional producida por el sistema tributario vigente, debe observarse lo que sucede con la renta del suelo. Entonces se advierte cuánto, y en qué distintas direcciones, el actual sistema de impuestos es corruptor. La renta fundiaria, o sea la parte correspondiente a la participación de la naturaleza en el proceso de producción, es el crédito público básico de la sociedad en su carácter de titular de dominio sobre el territorio argentino. Sin embargo, esa renta es ignorada por juristas y economistas, y despreciada por el sistema de impuestos vigente. No figura como ingreso relevante. Es verdad que se pagan elevados impuestos inmobiliarios; pero no por el valor del terreno, sino por lo construido sobre él. Cuanto mejor y más valioso sea lo que se edifique (o sea cuanto más trabajo y capital se invierta), más impuestos se pagarán. No sólo es un castigo a la construcción, y un premio a la especulación con las tierras baldías o improductivas, sino que para una economía social de mercado, es el mayor disparate que pueden cometer los hacedores de políticas económicas. No obstante, ese error garrafal es presentado como sabiduría en el arte de gobernar(7).
Un sistema de impuestos que castiga a la producción y el consumo, a la vez que premia la especulación con el suelo por los particulares, impidiendo con ella el acceso a los recursos naturales a la mayoría de la población, tiene que generar profundas desigualdades de oportunidades y de distribución de la riqueza. Ellas obran como motores de la corrupción de las instituciones y de las formas de vida propias de la civilización. En otras palabras, en la sociedad moderna, la cuestión de los recursos del Estado lejos está de ser una mera cuestión financiera. El sistema creado por la ley determina en alto grado la calidad del orden social y en consecuencia la calidad de la moral de sus habitantes. En el sistema de impuestos se juega el progreso o la decadencia de nuestra civilización.
Henry George denunció a los impuestos que gravan el trabajo y premian la especulación como la raíz de la corrupción. Pero dado que ellos son lo que la ley positiva dispone, el foco séptico está en la corrupción legislativa que importa el vigente sistema de impuestos.
Hace un siglo escribió estas premonitorias palabras : "Meditando un poco es fácil ver con claridad a dónde nos conduce la marcha emprendida. Cuando la corrupción se haga crónica; cuando se pierda el espíritu público; cuando la tradición del honor, la virtud y el patriotismo se debiliten; cuando se desprecie la ley y no quede esperanza de reforma, entonces, en las masas enconadas, se engendran fuerzas volcánicas que han de desgarrarlo y destruirlo todo en cuanto se les presente una ocasión favorable. Hombres fuertes y sin escrúpulos, elevándose oportunamente, se convertirán en intérpretes del ciego deseo o de las violentas pasiones populares y arrinconarán las instituciones que hayan perdido su vitalidad. ¿De dónde vendrán los nuevos bárbaros? ¡Pasad por los barrios miserables de las grandes ciudades, y desde ahora podréis ver sus hordas amontonadas! (8).
Es lamentable, pero las condiciones para el surgimiento de las temibles hordas destructoras se han ido configurando en nuestro país. El sistema de impuestos establecido sigue manteniendo despoblado nuestro territorio y provocando el hacinamiento urbano, privando de trabajo a la gente y generando a la fecha más de 20.000 villas miseria.
Somos un país despoblado, con un asentamiento increíblemente deformado. En estas condiciones el establecimiento de una economía social de mercado en sentido estricto sólo sería viable para la Capital y alrededores. Quienes deseen en serio una economía productiva autosustantable deben hacerse cargo que poblar el país es la política principal (9).
Ahora bien: los países solo se pueblan rápida y adecuadamente si ofrecen tierra barata , salarios altos e impuestos bajos, tal como lo probó nuestra propia experiencia de fin de siglo pasado. Y estas condiciones dependen, fundamentalmente, del sistema de recursos del Estado. En consecuencia, construir el edificio social programado por la Constitución Nacional (10), exige poner fin a la corruptora legislación impositiva actual, y en su lugar dictar la necesaria para que se haga de la recaudación de la renta fundiaria la base primera del tesoro, y se prohiba castigar con impuestos al trabajo y la inversión.
NOTAS
1 Un gobierno que pretenda establecer un orden económico social de mercado debe combatir todo intento de formar monopolios, oligopolios y privilegios, toda vez que afectan a la competencia. Este enfoque justifica las críticas al proceso de privatización generador de monopolios y otorgador de privilegios, iniciado en 1989.
2 He aquí una importante intersección entre el orden económico y el jurídico que los juristas deben esclarecer con cuidado. Una cosa es la titularidad del dominio sobre la naturaleza y otra distinta es el derecho de propiedad sobre una fracción de ella. Mientras el primero corresponde a la sociedad y es el recurso del país todo, el segundo es una de las tantas formas de que los individuos accedan al uso de la naturaleza.
3 Aquí se ve la importancia de mantener el valor de la moneda. Si el gobierno inserta en el circuito moneda que no responda a más bienes producidos, su valor baja y hace falta más cantidad para comprar lo mismo (inflación). Pero ésta puede tener otra fuente de especial relevancia en Latinoamérica debido a la conjunción entre el sistema de propiedad del suelo (de origen románico) y el sistema de impuestos. Es el aumento del valor del suelo. Este no representa ningún incremento de riqueza (de cosas producidas en la economía). Su valor aumenta porque crece la demanda de un espacio que es finito. El aumento de demanda proviene del crecimiento de la población (vegetativo o inmigratorio), y de la inversión de capitales creando empresas o edificando para diversos fines. Al subir el valor, lo que aumenta es el crédito de la naturaleza cuyo soporte material negociable en el mercado es el título de propiedad. Éste obra como moneda alzando los valores de obligación sin aumento de bienes. El modo de evitarla es que el Estado recaude la renta fundiaria, formando así el Tesoro público con el que afrontar los costos de los bienes que toda sociedad requiere. Con este mecanismo cesa el negocio de especulación del suelo. En otras palabras, se abarata y se pone al alcance de los trabajadores, con lo cual el recto principio gobernar es poblar puede ser realizado.
4 Pese al debate diario sobre los impuestos, no se ve una reacción firme contra el sistema imperante, lo que posiblemente se deba a que los contribuyentes no tienen conciencia en qué medida su patrimonio es castigado por varios impuestos en todas y cada una de las operaciones cotidianas que realizan.
5 Nuestro sistema, como el que predomina en el mundo, es del tipo declarativo, opuesto en 180º a los sistemas objetivos. Un sistema es declarativo cuando para ser contribuyente debe declararse formalmente su voluntad de serlo (obtener el CUIT y/o CUIL), y para calcular su deuda debe partirse de su confesión sobre los actos gravados por impuestos (declaraciones juradas). Dado el castigo que deviene por causa del sistema, la mayoría se resiste al máximo a anotarse como contribuyente y rendido frente a la coacción, tratará de mentir al máximo también sobre sus operaciones, pues la confesión sincera lo lleva a la ruina. Consecuencia: todos tienden a ser violadores de la ley y de hecho en distinto grado, todos lo son. De esta realidad fraguada por el propio Estado se nutren los coimeros y "arregladores de situaciones", y es ella la que obliga a esos reiterados jubileos conocidos como "moratorias". Los sistemas objetivos, en cambio, exigen eficaz trabajo del Estado y atento ojo del recaudador para observar el valor de mercado que la cosa gravada tiene. Dentro de estos sistemas, el rey es el impuesto al valor real del suelo libre de mejoras. El más torpe de los comisionistas inmobiliarios lo conoce en su respectiva zona y un buen catastro del Estado en cada lugar puede ser llavado sin dificultad, sin necesidad de declaraciones juradas. La cibernética permite además tener al minuto un banco de datos de todo el país. La evasión y la mentira quedan excluidas por el sistema.
6 Por este efecto los productores sueñan con los mercados externos, y sobre tan precarias bases gestionan la formación de enormes mercados regionales. Pero de hecho se tratan de mercados gigantes geográficamente, mas pequeños por la capacidad de consumo de su población trabajadora.
7 El Ministerio de Economía bonaerense, por ejemplo, dispuso aumentar la recaudación impositiva usando un sistema satelital para detectar nuevas construcciones urbanas (mejoras en las viviendas) y, así ajustar la base del impuesto inmobiliario. Según estimaciones de la DGR, en la provincia habrían 1.100.000 de edificaciones no registradas y 870.000 ampliaciones sin declarar. El Sistema Bonaerense de Información Territorial permitirá al fisco mejorar en 165 millones de pesos anuales la recaudación. El plan satelital tiene un costo de 21 millones de dólares, de los cuales 14 serán financiados por el Banco Mundial (Clarín, 19/07/95). ¡Brillante modo de alentar la construcción de viviendas! Paralelamente el financista George Soros volvía al país para llevarse u$s 8.200.000 de ganancia, obtenidos al cabo de cuatro años sin hacer esfuerzo alguno. ¿Cual fue su genialidad? En 1992 compró 48.000 m2 de terreno en la Ciudad de Buenos Aires pagando $2.800.000. Regresó a New York, retuvo las tierras por cuatro años, la ciudad creció y cuando apareció un candidato que le pagó por los terrenos 11 millones, vendió (Clarín Económico, 24/03/96, p.16). Ninguna empresa productora es capaz de ganar mas de 2 millones por año con una inversión de $2.800.000. Éstos son los negocios estimulados por el sistema tributario de nuestro país. No en vano Soros no ha titubeado en convertirse en el principal terrateniente de la Argentina, mientras las empresas argentinas viven en convocatoria, salvo que ‘eludan’ impuestos...
8 Progreso y Miseria, p. 549.
9 Nuestra superficie supera los 2.700.000 Km2, sobre la que viven unos 33 millones de habitantes. Esta extensión excede en unos 300.000 km2 al territorio de Portugal, España, Francia, el Reino Unido, Paises Bajos, Bélgica, Alemania , Italia y Polonia, sobre el que viven casi 300 millones de personas (120 h/km2). Si nuestro país se poblara a razón de 100 h/km2 (un 17 % menor a la media europea), con una calidad de vida semejante a la de aquellos países (de cuyas sociedades descendemos), seríamos ¡270 millones de habitantes!
10 Edmundo D’Amicis escribió en 1897: La constituzione argentina é senza dubbio una della piú liberali del mondo, ma é como la bella facciata d’un edifizio, che dentro in parte non é terminato. Es tiempo de completar ese edificio antes que sea destruido por los conflictos que genera el actual sistema impositivo
