Debes leer el art. 67 del codigo penal. En cada acto procesal de los que ahì habla, se va interrumpiendo el curso de la prescripciòn. Si entre ellos pasa mas de dos años, debes pedirla. Ademàs la pena del delito que hablas creo que es de 3 meses a dos años, debes tomar los dos años de tiempo para contar la prescripciòn. Siemrpe va por la pena mas alta, que no baje de dos años y no supere los doce. Se entiende?. Cualquier cosa consultame, Saludos y suerte.
TITULO X
EXTINCION DE ACCIONES Y DE PENAS
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ARTICULO 67.- La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y
e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. (Párrafo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.990 B.O. 11/1/2005).
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo. (Párrafo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.990 B.O. 11/1/2005).
(Artículo sustituido por art. 29 de la Ley N° 25.188 B.O. 1/11/1999. Vigencia: a partir de los ocho días desde su publicación.)
(fs. 596). 12. Ante el incidente formulado, el Tribunal resuelve no hacer lugar a lo peticionado por el Dr. Altamirano, pues considera que lo contrario resultaba de un excesivo rigor formal, sin desconocer que fue presentado una vez vencido el término, argumentándose que el tenor del escrito ya había sido puesto en conocimiento del Tribunal (fs. 598). 13. Contra dicho decreto, el Dr. Rubén Altamirano, presenta un reposición y apelación en subsidio (fs. 606/610). 14. Por auto nº 1, del 4/2/03, el mismo Tribunal, resolvió –en lo que aquí interesa no hacer lugar a la instancia de constitución en actoras civiles de María Lucero y Ramona Juárez, por haberse extinguido la acción civil emergente del hecho supuestamente delictivo traído a juicio por el transcurso del tiempo entre que el mismo ocurrió (28/5/96), y la presentación de la instancia formalmente válida (8/2/02) (Código Civil, arts. 1077, 1078 y 4037) (fs. 615). IV. La pretensión impugnativa ha salvado el examen de admisibilidad formal, por lo que corresponde ingresar al tratamiento de la cuestión debatida. 1. Como cuestión liminar debe señalarse que, en reiterada jurisprudencia de la Sala, se ha establecido que una vez que se declara abierta la competencia por la vía del motivo sustancial de casación, este Tribunal tiene la potestad para efectuar la correcta solución jurídica del caso bajo examen, aun valiéndose de argumentos distintos de los esgrimidos por los impugnantes, siempre que deje incólumes los hechos fijados por el a quo en la sentencia de mérito, que no viole la prohibición de la reformatio in peius, y no vaya más allá del agravio presentado (arts. 456 y 479 C.P.P.; Cfr. Ricardo C. Núñez, "Código Procesal Penal", Lerner, Córdoba, 1986, pág. 484, nota 2; María Cristina Barberá de Riso, "Manual de Casación Penal", Advocatus, Córdoba, 1997, págs. 23, 26 y 27; Fernando de la Rúa, "La casación penal", Depalma, Bs.As., 1996, págs. 231/232; T.S.J., Sala Penal, "Paredes", S. nº 18, del 26/5/72; S. n° 106, 8/9/99, "Ferrer y Junyent Bas c/ Novillo Corvalán"; S. n° 88, 19/10/2000, "Nardi"; A. n° 344, 26/10/2000, "Cagnolo"; "Budano", S. 94, 13/11/00; entre otros). 2. Es así que, la cuestión traída a estudio gira en torno a si la acción resarcitoria civil se encuentra ya prescripta, tal como lo entendió la Cámara a quo. Se ha dicho al respecto, que la prescripción, por constituir un medio de liberación del deudor por el transcurso del tiempo fijado por la ley, sirve a la seguridad jurídica en cuanto determina la estabilidad de los derechos, y su fundamento no está dado por una simple presunción de que la obligación se ha extinguido, sino que es una institución de orden público, fundada en que al Estado, al orden jurídico le interesa que los derechos adquieran estabilidad y certeza (T.S.J, Sala Civil, S. nº 49, 29/5/96, “Provincia de Córdoba c/ Llosa F., LL c. 19961230). En tal sintonía, el art. 4037 del C.C. establece el plazo de dos años para que opere la prescripción para las acciones por responsabilidad extracontractual. No cabe duda alguna, que la norma en cuestión alude entre otros supuestos, a la extinción de las acciones nacidas de hechos ilícitos. Ahora bien, es necesario determinar a partir de cuándo se comienza a contar dicho término liberatorio. Por regla general, se ha fijado que desde el momento en que el acreedor tiene expedita su acción (vgr. sea para demandar el pago, los daños y perjuicios, la cesación de la conducta contraria a derecho, la nulidad de la obligación, etc.). Esta afirmación resulta evidente, pues la prescripción se funda en la inacción del deudor y no hay inacción si ha mediado imposibilidad de accionar judicialmente. Sobre esta última circunstancia, en principio, el comienzo del cómputo de la prescripción resulta independiente de que el interesado tenga conocimiento de que la acción (o pretensión accionable) había nacido. Por excepción, en algunos supuestos la iniciación del plazo de la prescripción comienza a correr sólo desde que el interesado ha tenido conocimiento del hecho en que se origina su acción; tal ocurre en los casos de dolo, falsa causa, simulación, acción revocatoria (arts. 4030 y 4033 C.C.), como así también en el supuesto de obligaciones nacidas de hechos ilícitos (BORDA, Guillermo A.,“Tratado de Derecho Civil. T. 2. Obligaciones”. Ed. Perrot. Bs.As., 1976. pág. 17). Precisamente, en estos casos, la prescripción empieza a correr desde el día en que el hecho ilícito se produjo; pero si la víctima lo ignoraba, éste se inicia desde que el hecho y su autor llegaron a su conocimiento, a menos que la ignorancia provenga de una negligencia culpable. Por conocimiento del hecho dañoso no debe entenderse la noticia subjetiva en sentido riguroso, sino más bien una razonable posibilidad de información por parte de la víctima (Cfr. CSJN, 3/11/88, LL 1989C815, LL; 29/9/88, 1989–B703; BORDA, Guillermo A.,“Tratado de Derecho Civil. T. 2. Obligaciones”. Ed. Perrot. Bs.As., 1976. págs. 85 y 86; CAZEAUX Pedro; TRIGO REPRESAS, Félix – “Derecho de las Obligaciones” 3ª Edición, Ed. Librería Editora Platense SRL, La Plata, 1991, pág. 814; MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Problemática de la Prescripción Liberatoria en Derecho de Daños REVISTA DE DERECHO PRIVADO Y COMUNITARIO – Prescripción liberatoria – Ed. RubinzalCulzoni Editores S.A, Bs. As., 2000, pág. 34; BUERES, Alberto J. – HIGHTON, Elena I. – Código Civil 6 B – Ed. Hamurabi Bs. As. 2001, pág. 885/886). 3. En efecto, a fin de determinar el término a quo de la prescripción de las obligaciones nacidas de actos ilícitos que constituyen delito, es necesario acudir a la plataforma fáctica fijada en el auto que ordena la elevación de la causa a juicio, más allá del acierto o error en la calificación jurídica dada por el a quo. Es así, que el juez de control ordenó la elevación a juicio, en base a los siguientes hechos: “El día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, en la oficina de María Elena Núñez sita en calle General Paz nº 81, 7º piso, Bº Centro de esta ciudad, la nombrada hizo suscribir engañosamente a Ramona Yolanda Juárez y a María Alicia Juárez una escritura traslativa de dominio del inmueble que ambas tenían en condominio y donde se domiciliaban, ubicado en calle Casacuberta nº 2946, Bº Centro América de esta ciudad, por la cual éstas lo habrían vendido por la suma de $ 34.000 (treinta y cuatro mil pesos) a Núñez. En las mismas condiciones y circunstancias también firmaron en favor de Núñez un contrato de alquiler de dicha vivienda por dos años a $ 150 (ciento cincuenta pesos) mensuales, que a su vencimiento habría sido renovado por $ 300 (trescientos pesos) mensuales; siendo que en realidad dicha negociación se había realizado con motivo de que las hermanas Juárez habían acordado con Núñez que ella se haría cargo de las deudas impositivas de la vivienda y les financiaría el pago impositivo en cuotas. De tal modo, valiéndose de la confianza e ignorancia de las hermanas Juárez, Núñez les presentó la escritura traslativa de dominio como los papeles del crédito para afrontar gastos impositivos, y los montos del alquiler como las cuotas para saldar dicho crédito” (fs. 545/551). Además, se tuvo por acreditado que: la Sra. Ramona Yolanda Juárez no entendía por qué la desalojarían de su propia casa; que las Sras. Juárez eran personas de muy poca instrucción (fs. 546 vta.). Ciertamente, hemos dicho que el plazo de prescripción se inicia a partir de la producción del hecho ilícito. En el subexamine, de la sola lectura del auto surge que la Cámara 11ª circunscribió su análisis sólo al primer tramo de la maniobra delictiva, esto es, la suscripción engañosa de los respectivos documentos, y en base a ello arribó a la conclusión de que la acción resarcitoria ya se encontraba prescripta. Empero, el tribunal soslayó que el obrar de la prevenida no se habría agotado con dicha conducta, sino que continuó la negociación aprovechándose de la confianza e ignorancia de las víctimas, manteniéndolas en el engaño, haciéndoles oblar una suma mensual en concepto de amortización del supuesto préstamo por deuda impositiva, hasta el momento del lanzamiento operado el día 12/02/00 (ver fs. 547, 548 Y 551, del auto de elevación a juicio). Por otra parte, en cuanto al conocimiento de las víctimas sobre el perjuicio provocado por la actividad delictiva de la prevenida Núñez, cobra especial relevancia las circunstancias comprobadas de la causa por el juzgado de control con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, que las Sras. Juárez eran personas de muy poca instrucción, “una de ellas manifestó haber cursado sólo la primaria (dichos de María Alicia Juárez) y la otra haber cursado hasta segundo grado (Ramona Yolanda Juárez). La primera manifestó tener conocimiento de lo que es una venta pero no de lo que es una transferencia, en tanto que la segunda no supo explicar lo que era una hipoteca. A ello súmese lo manifestado por Maradona de Yzet, quien informó que las víctimas son gente de muy poca preparación a quienes debe explicársele todo; de sus dichos puede extraerse que la preparación de las Juárez no alcanza para leerles lo que deben firmar sino que además hay que explicarles de qué se trata” (fs. 547). Condición que se refuerza cuando el a quo señala “...aunque se hubiere leído en voz alta la escritura que expresaba que se transfería la vivienda a Núñez o aunque se les hubiera dado recibos por el alquiler todos los meses, no puede invocarse falta de engaño si pese a esos actos hay un aprovechamiento del error de la víctima manteniendo esa situación y haciéndole disponer patrimonialmente en forma perjudicial” (fs. 547). A lo que el sentenciante sumó, que la ignorancia de las damnificadas se evidenciaba con los recibos de alquiler, desde que María Alicia Juárez creía que era el pago para que ésta se hiciera cargo de las deudas impositivas por Rentas y Aguas (razón por la cual habrían contraído un nuevo empréstito con la imputada) pues en aquellos decían “alquiler, rentas, municipal y aguas” (fs. 547 y vta.). Lo que se reafirmó, con el testimonio de la Dra. Maradona de Yzet quien señaló que “...si no le explicaron lo que firmaba pudo haber firmado cualquier cosa” (fs. 547 vta.). Estas afirmaciones, son útiles para comprobar además de la persistencia en el engaño, que el desconocimiento del perjuicio obedeció a la escasa instrucción, y en consecuencia no puede serle atribuido a una negligencia culpable. Así, lo destaca el juzgador al señalar que “por más que pregunten, si quien debe darles las respuestas es la misma persona que pretende defraudarlas, nunca lograrán salir de su error, por el contrario, lo que las Juárez entendieron es que Núñez les daría un crédito y ellas ‘pondrían’ su casa como garantía, tal como ya lo habían hecho una única vez anterior” (fs. 548 vta/549). Entonces, las Sras. Juárez recién se anoticiaron de la verdad de lo acontecido el día 12/2/00 (fs. 293 vta.), en que se hicieron presente en su casa: la acusada, un abogado Ariel Marín y el oficial de justicia Tomás Sánchez, quienes traían un oficio de lanzamiento, en virtud de la orden de desalojo emanada del juez competente, manifestándoseles que el mismo día tendrían que entregar las llaves de la vivienda, y el abogado agregó que si querían quedarse tenían que entregarles por lo menos la suma de $ 3000 y a posteriori seguir pagando todos los meses. 4. Una vez establecido el término a quo a partir del cual comienza a correr el cómputo para la prescripción de la acción por responsabilidad civil extracontractual (art. 4037 C.C.), resta determinar si existe alguna circunstancia que suspenda o interrumpa su curso. En tal sentido, el art. 3982 bis del C.C. señala “Si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiere pedido el resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella”. Cabe precisar, que la norma alude a la querella por delitos de acción privada, en las que en virtud del art. 73 C.P. se les asigna a los particulares poderes de promoción y ejercicio de la acción (DE LA RUA, Jorge, “Código Penal Argentino” Parte General Ed. De Palma., Bs. As., pág. 1157) y una vez promovida, el querellante queda ligado como parte al proceso y sometido a la jurisdicción del Tribunal (Ricardo C. Núñez, "Código Procesal Penal", 2da. Ed. actualizada, Lerner, 1986, pág. 418 y 419; Acdeel E. Salas, "Suspensión de la prescripción civil por querella criminal", nota a fallo del 6/4/76 de la C. Civ. y Com. de Dolores, J.A., 1976IIIJulio/setiembre). Es por ello, que se le da a la querella, el carácter de acto suspensivo por sí misma, sin necesidad de que vaya acompañada de la acción civil ejercida en el mismo proceso penal. “Las razones las explica el mismo legislador (Borda): es indispensable la querella; no es suficiente la simple denuncia, lo que se explica, pues el querellante revela una actitud cierta de defender sus derechos activamente y que no es indispensable que al querellar se reclame la reparación de daños. Y es lógico que así sea, porque sólo el juicio civil ofrece la posibilidad de probar acabadamente todos los perjuicios y es perfectamente legítima la aspiración de la víctima de valerse de todos los medios de prueba y de los recursos que ofrece ese proceso” (CREUS, Carlos, “Influencias del Proceso Penal sobre el Proceso Civil”, Ed. Rubinzal Culzoni S.C.C. Editores, 1977, pág. 61). Por otra parte, en el precedente “Gaido” se señaló, que una situación singular se presenta en el caso del querellante particular en los delitos de acción pública, supuesto posibilitado por el actual Código Procesal, que por coadyuvar al ejercicio de la acción puede asimilarse la instancia a la querella (S.T.J., Sala Penal, “Gaido”, S. nº 66, 11/8/03). En consecuencia, con la admisión de la instancia de constitución en querellantes particulares (fs. 344), de las Sras. Arminda Irma Lucero, María Alicia y Ramona Yolanda Juárez, con patrocinio letrado, presentada con fecha 3/07/00, se ha operado la suspensión del plazo de prescripción (art. 3982 bis.), que cesará con la culminación del proceso penal o desistimiento de la querella. Por tanto, la decisión en crisis no resulta ajustada a derecho, pues la acción resarcitoria civil no se encuentra prescripta. Cabe destacar al respecto, que el auto recurrido contiene un error material, toda vez que excluye a “María Lucero” y a Ramona Juárez como actoras civiles, cuando de la instancia admitida, surge que quienes se constituyeron en esa calidad fueron: Erminda Irma Lucero, María Alicia Juárez y Ramona Yolanda Juárez, tal como se consignó supra (punto III. 9). De consiguiente, aparece excluida “María Lucero”, quien no ha comparecido en estos actuados, por lo cual deberá tomarse razón del yerro mencionado. Voto, pues por la afirmativa. La Señora Vocal Doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. El Señor Vocal Doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma. A LA SEGUNDA CUESTION La Señora Vocal Doctora . Aída Tarditti, dijo: I. Asimismo, los letrados intervinientes, luego de transcribir los arts. 102, 103, 104, 105, 142 y 144 del C.P.P, manifiestan que la Cámara en lo Criminal de 11ª Nominación, con fecha 9/10/2002 consideró la solicitud de intervención del actor civil y ordenó las respectivas notificaciones, subsanando de esa manera la inexplicable omisión de la Cámara en lo Criminal de 6° Nominación que omitió darle el tratamiento que prescriben los arts. 100 y sgtes. de la ley del rito. Así las cosas, aquélla emitió el correspondiente decreto que acordó tal constitución, el que fue notificado a la imputada, las partes y el abogado defensor Dr. Franco con fecha 16/9/2002, quien no se opuso a su intervención. En consecuencia caducó su derecho y la posibilidad de discutirlo y cita doctrina que avale esta postura (fs. 626 vta.). No obstante ello, y a pesar de que no hace falta acusar la no oposición, se solicitó que se verifique por Secretaría la “No oposición a la Constitución de actor civil” con fecha 22/9/2002 (según constancia de fs. 286) (a las 10: 02 hs.) ya que se encontraba vencido el plazo de cinco días previsto por el art. 102 del C.P.P. (fs. 627). El abogado defensor Dr. Franco, el mismo día, a las 10: 15, formuló una presentación solicitando la exclusión de las actoras civiles en el proceso penal por resultar su intervención manifiestamente ilegal por entender que la acción se encontraba prescripta (art. 105 del C.P.P.) (fs. 596/597 vta.). Aclaran que el defensor no puede servirse de la facultad del Tribunal de obrar de oficio para evitar las posibles consecuencias procesales perjudiciales derivables para él del incidente, y lo hace conociendo que ya se había operado la caducidad del término previsto en el art. 102 del C.P.P. (fs. 627). Agrega que en virtud del art. 100, 102 y 104 del C.P.P., y la doctrina del T.S.J. (Sala Penal, S. n° 44, 30/6/98, "Jara") "si el demandado civil no se opuso oportunamente a la intervención en la calidad citada, caducó la posibilidad de discutirlo posteriormente, no pudiendo hacerlo siquiera al momento del debate, puesto que se trataría de una oportunidad tardía que tiende a modificar una situación jurídica ya consolidada, siendo justamente la télesis del instituto, sustraer del plenario toda materia litigiosa no controvertida" (fs. 628 vta.). Dejar sin efecto la sanción de caducidad, dispuesta por la ley, por la simple razón de que el escrito aludido ya fue puesto en "conocimiento del tribunal", importaría sustraerse justamente de lo resuelto por el mismo tribunal que decidió enmendar un error involuntario de Cámara 6°, dispuso subsanarlo, admitiendo así la constitución de actor civil, y ordenó que el mismo se notifique a los fines de la oposición, estableciendo claramente que si ello no ocurre se tendrá por parte y por constituida la instancia respectiva (fs. 629 y vta.). Con respecto a que la presentación del Dr. Franco, alegan que si tal como lo expresara el a quo, no revistió carácter de oposición a la constitución de actor civil, con mayor razón debió hacerse lugar a lo peticionado por su parte. Es decir, certificar la no oposición y dar por constituida definitivamente a las actoras civiles, tal cual prescribe la ley. Por el contrario, se la rechazó y se dejó sin resolver la constitución. En otro sentido, si bien el Dr. Franco solicitó al Tribunal se declare de oficio la manifiesta ilegalidad de la intervención del actor civil, de acuerdo a, las facultades que a éste le otorga el art.105 del C.P.P., en realidad, formuló una clara oposición a dicha intervención, puesto que una declaración de oficio debe justamente emanar espontáneamente del tribunal sin que medie pedido de parte, y en consecuencia, el escrito presentado por el Dr. Franco debió considerarse una oposición en los términos del art. 102 aunque formulada fuera de término (fs. 630). Sin embargo, el juzgador no hace lugar al recurso de reposición interpuesto por defectos formales, fue mas allá y en el punto II) que ahora se recurre resolvió no hacer lugar a la instancia de constitución de actor civil de María Lucero y Ramona Juárez, por haberse extinguido la acción civil emergente del hecho supuestamente delictivo por el transcurso del tiempo entre que el mismo ocurrió (28/05/96) y la presentación de la instancia de constitución formalmente válida (8/2/02). Es decir, que sustenta su exclusión en cuestiones sustanciales como es la prescripción de la acción interpuesta, sin exponer los motivos que le permitieron arribar a la decisión cuestionada. Tal omisión impide a la parte vencida conocer las razones de su derrota. Más aún, cuando se pasan por alto situaciones que interrumpen la prescripción, desde que alude sólo al tiempo transcurrido desde la supuesta comisión del hecho hasta la presentación formalmente válida sin atender a las causas interruptivas de la prescripción. Por ello, se agravia con respecto a la resolución que echa por tierra la participación de las actoras civiles, sin entender cómo a pesar de no haber oposición, el tribunal no hace lugar a la instancia. En consecuencia solicitan la nulidad del Auto Interlocutorio cuestionado en virtud de lo normado por el art. 142 y 102 del C.P.P.. II. Atento al resultado de la primera cuestión, el tratamiento de la presente se torna abstracto. Así, voto. La señora vocal, doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: La señora Vocal Dra. Aída Tarditti, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden conforme a derecho la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. El señor Vocal, doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. A LA TERCERA CUESTION La señora vocal, doctora Aída Tarditti, dijo: Conforme al resultado de la votación de la cuestión planteada, corresponde: I. Hacer lugar al recurso de casación articulado por los Dres. Gustavo R. Pérez y Rubén E. Altamirano, en favor de las Sras. María Alicia y Ramona Yolanda Juárez. En consecuencia: 1. Debe casarse parcialmente el Auto Nº 1, de fecha 4/2/03, en cuanto resolvió no hacer lugar a la instancia de constitución en actoras civiles de María Lucero y Ramona Juárez, por haberse extinguido la acción civil emergente el hecho supuestamente delictivo traído a juicio por el transcurso del tiempo entre que el mismo ocurrió (28/5/96) y la presentación de la instancia formalmente válida (8/2/02). 2. Debe tomarse razón del yerro material incurrido a sus efectos. 3. Corresponde hacer lugar a la instancia de Constitución de actoras civiles de María Alicia y Ramona Juárez, y Erminda Irma Lucero –por efecto extensivo del pronunciamiento, conforme se ha interpretado en el precedente de esta Sala, in re "Baiadera", S. nº 26, del 28/4/98 , en contra de María Elena Núñez en los presentes autos. II. Declarar abstracta la segunda cuestión. III. Sin costas en la Alzada, atento al éxito obtenido (C.P.P., 550/551). Así, voto. La señora vocal, doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: La señora Vocal Dra. Aída Tarditti, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden conforme a derecho la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. El señor Vocal, doctor Luis Enrique Rubio, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal; RESUELVE: I. Hacer lugar al recurso de casación aludido, en consecuencia, casar parcialmente el auto recurrido, en cuanto resolvió no hacer lugar a la instancia de constitución en actoras civiles de María Lucero y Ramona Juárez, por haberse extinguido la acción civil emergente el hecho supuestamente delictivo traído a juicio por el transcurso del tiempo entre que el mismo ocurrió (28/5/96) y la presentación de la instancia formalmente válida (8/2/02). Tomar razón del yerro material incurrido. Hacer lugar a la instancia de Constitución de actoras civiles de María Alicia y Ramona Juárez y Erminda Irma Lucero en contra María Elena Núñez. II. Declarar abstracta la segunda cuestión. III. Sin costas (arts. 479, 550, y 551 C.P.P.; 132 C.P.C.C.). Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y los señores Vocales de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mi, el Secretario, de lo que doy fe.