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 #917368  por DrRodrigo
 
Pandilla escribió:Caso Candela: se negó a declarar Hugo Bermúdez.-
http://www.telam.com.ar/nota/44075/

Saludos.
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 #974935  por Pandilla
 
Cuestionan la comisión de Mariotto que investigó el crimen de Candela.-

Carolina Labrador pidió que la Justicia plantense investigue el informe elaborado por el Senado provincial. La interna contra Scioli.
http://www.perfil.com/politica/Cuestion ... -0033.html

Saludos
 #974942  por Angel83
 
Que pretenden el poder político y la sociedad en general de una cúpula policial que tenia como jefe a Paggi, un policía que jamas realizo una investigación, gran parte de su carrera la paso en la Escuela de Policía y el Liceo Policial, organizando desfiles para actos patrios y secuestrando chocolates, o sanguches que llevaban los cadetes de contrabando.
 #982667  por Pandilla
 
“Hay droga, policías, políticos, de todo hay metido en este caso”.

A dos años del homicidio de su hija, Carola Labrador dice que vive con miedo porque los asesinos están libres. Le apunta a la Justicia y amenaza: “Los voy a arruinar a todos como me arruinaron a mí”.
http://www.clarin.com/policiales/droga- ... 02053.html

Saludos
 #989915  por Pandilla
 
Padre Grassi: "Armaron este circo para tapar el caso Candela"

El sacerdote acusado de abuso de menores se despachó contra los fiscales: "Miente". La bronca con el Grupo Clarín.

En la audiencia por el pedido de detención del Julio César Grassi, el sacerdote acusado de abuso de menores enfureció contra el fiscal Varela. "¡Cómo puede ser que mienta tanto!", exclamó.

"El fiscal Varela miente", insistió el padre Grassi, y afirmó ante la Justicia que "armaron este circo para tapar el caso Candela".
http://www.perfil.com/politica/Padre-Gr ... -0028.html

Saludos
 #991830  por Cholita
 
Pandilla escribió:Cuestionan la comisión de Mariotto que investigó el crimen de Candela.-

Carolina Labrador pidió que la Justicia plantense investigue el informe elaborado por el Senado provincial. La interna contra Scioli.
http://www.perfil.com/politica/Cuestion ... -0033.html

Saludos

Dr. Pandilla...dicen por ahí...que en la casa de Candela se cocinaba... mucha droga... *cafe* que Burlando le pasa platita todos los meses a la madre de Candela a cambio de... *cafe*

:mrgreen:
 #1117082  por Pandilla
 
O será justicia, o será impunidad

Un jurado de legisladores y abogados decidirá si deja en funciones o aparta al fiscal que se hizo famoso con el caso Candela y ahora puede terminar acusado por su relación con un crimen de lesa humanidad en la dictadura.

Su cara es conocida: Federico Nieva Woodgate fue el fiscal del caso Candela, la chiquita asesinada en 2011 en medio del morbo y el clasismo y ante la desaprensión, como mínimo, de la Justicia y la Policía Bonaerense. Pero sus antecedentes son más antiguos. En la dictadura Nieva permitió que un preso a su cargo fuera sacado de prisión y asesinado por el Ejército. Ya hay una causa elevada y mañana es el Día J de justicia o el Día I de impunidad: un jurado resolverá si aparta al fiscal o deja que siga en el cargo a pesar de su presunta responsabilidad penal en un crimen de lesa humanidad.

La denuncia contra Nieva, fiscal general de Morón, fue presentada por María Teresa Piñero de Georgiadis con el patrocinio del abogado Marcelo Ponce Núñez. Piñero es la mujer de Angel Georgiadis, un preso político a disposición del Poder Ejecutivo desde 1975, bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón que en 1977 y ya en dictadura fue asesinado.

El jury de enjuiciamiento que mañana tiene que tomar la decisión clave está presidido por Juan Carlos Hitters, presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo integran cinco abogados, Juan José Cozzi, Jorge Alberto Alvarez, Pedro Trotta, Liliana González y Héctor Mucilli. También cinco legisladores provinciales, Leonel Zacca, Lucía Portos, Diana Larraburu, Rubén Gustavo Oliva y Mauricio D’Alessandro.

El comportamiento de Nieva Woodgate, sobre el que deberán resolver mañana a las 10.30 en La Plata, se relaciona con que en 1977 Georgiadis estaba preso en la Unidad 9 de la capital bonaerense. En enero de ese año el Ejército sacó a dos presos, Dardo Cabo y Rufino Pierles, que aparecieron acribillados en un puente de Brandsen. Los dos estaban en el mismo pabellón que Georgiadis, uno de los llamados pabellones de la muerte donde estaban alojados los prisioneros que la Inteligencia militar consideraba “irrecuperables”.

“A mediados de enero a mi marido y a otros dos presos los encapuchan, los esposan y los llevan a un recinto donde les anuncian que van a ser los próximos”, relató María Teresa Piñero a este diario. “El miércoles 26 de enero a AG lo sacan del penal junto a otro preso y se pierde su rastro”, dijo. Ella, entonces, empezó los trámites para averiguar dónde estaba. Resultado cero. Pero muy pronto lo supo. El 4 de febrero recibió un telegrama del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires. Decía textualmente: “Oficial. Urgente informo a Ud. que el día 1/2/77 habiendo sido retirado su esposo Angel Alberto Georgiadis de la Unidad 9 por personal militar para ser interrogado en jurisdicción militar dependiente del Area Operacional 113 se infirió lesiones por autoagresión las que le ocasionaron su deceso”. La familia del otro preso, Horacio Rapaport, recibió el mismo telegrama.

El abogado Ponce recordó a Página/12 que “cuando sacaron a Georgiadis de la U 9 los oficiales acordaron que el jefe del Regimiento 7 cubriría el procedimiento con una nota consignando que todo era para tomarle declaración indagatoria”.

“El problema es que las declaraciones indagatorias solo las pueden tomar los jueces”, dijo Ponce. “Así fueran jueces militares, debían ser jueces. Y obviamente no alcanzaba con una nota sino que hacía falta la orden de un juez, cosa que no existió.”

Los jueces, y Nieva Woodgate era titular del juzgado 5 de Lomas de Zamora en aquel momento, tienen la obligación de controlar la suerte diaria de los presos. Nieva no lo hizo. “Cuando se enteró oficialmente de la muerte y supo que había sucedido en el Regimiento 7 tampoco ordenó investigar nada”, informó Ponce. “No lo hizo luego en tantos años de democracia.”

El punto es que la Justicia ya estableció que el de Georgiadis no fue un caso de daños autoinflingidos sino un homicidio. Y ese homicidio, por las circunstancias concretas en que se produjo, es un crimen de lesa humanidad. La conducta de Nieva está ligada, por eso, al supuesto encubrimiento de un crimen de lesa humanidad. Ésa es la razón por la que una comisión bicameral resolvió por unanimidad que Nieva fuera a un jury de enjuiciamiento. Su presunto delito no había prescripto porque los crímenes relacionados con los delitos de lesa humanidad como la tortura o el homicidio en condiciones de terrorismo de Estado no prescriben. Siempre pueden ser juzgados.

María Teresa Piñero integra la Comisión de Memoria Histórica de la Cancillería, que busca y recomienda la desclasificación de documentos relacionados con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en la masacre de la dictadura. La Cancillería, a cargo de la Marina, estaba articulada con la Escuela de Mecánica de la Armada y con los centros de inteligencia montados en París y Caracas.

Uno de los presos de la Unidad 9 era el ex canciller y actual candidato a diputado del Parlasur Jorge Taiana. Cuando declaró ante la Justicia, en 2010, Taiana dijo que en el penal todo cambió el 13 de diciembre de 1977, cuando una violenta requisa y se produjo la “incorporación del penal al conjunto de la estrategia represiva que se llevó adelante en el país”. Contó Taiana que ese día “de repente los guardias empezaron a abrir las puertas y nos obligaron a salir a toda velocidad y con la vista fija en el piso, mientras se oían los gritos, ruidos y golpes de los otros pabellones”. En el salón de actos los obligaron a desnudarse y los golpearon. Después los clasificaron y a 14, entre ellos él, los pusieron entre los irrecuperables, o sea entre los condenados a muerte. También figuraban el actual director del Centro Haroldo Conti, Eduardo Jozami, y el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva.

“En agosto de 2011 Nieva Woodgate reconoció públicamente que a Angel lo sacaron de la Unidad 9, lo llevaron a un regimiento y lo mataron”, dijo ayer María Teresa Piñero de Georgiadis. Y añadió: “Pero Nieva dijo que a él ni por competencia de materia ni de lugar le correspondía investigar”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpai ... 10-04.html
 #1117231  por Pandilla
 
Jury al fiscal Woodgate: piden incorporar nuevas pruebas y testigos

El fiscal que nunca se jubila

A fines de agosto de 2011 un caso policial atrajo la atención de todos los medios: el secuestro de Candela Sol Rodríguez. Durante los 9 días que duró la búsqueda y después del hallazgo del cuerpo de la niña de 11 años, Nieva Woodgate se mostró activo frente a las cámaras. Sin separarse del lenguaje jurídico, el fiscal anunció detenciones masivas y una batería de pericias.
Pasaron cuatro años. El crimen de Candela sigue impune y el fiscal general de Morón fue denunciado por su trabajo. “Dejó en manos de la policía la conducción de la investigación”, dice el informe de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires que impulsó el jury. La Comisión concluyó que la investigación había sido negligente en sus procedimientos y que el expediente era “caótico”. Analizaron 18.600 fojas distribuidas en 103 cuerpos. Para la Comisión, fue responsable de encubrir -junto a la policía- el vínculo del crimen con la red de narcotráfico del partido de San Martín.
Nieva Woodgate, que ingresó al Poder Judicial durante los ’70, lleva 37 al frente de la Fiscalía General de Morón. “Se maneja con ciertos criterios inquisitivos y prácticas formalistas”, sostuvo el fiscal Alejadro Jons, que presentó reiteradas denuncias de maltrato y hostigamiento después de trabajar durante 15 años bajo su mando. “Es una persona criada durante el proceso. No admite que el de abajo piense distinto. Acá funciona la obediencia debida”, agregó.
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacio ... 10071.html
 #1164145  por Pandilla
 
El triste final del caso Candela Rodríguez

El juicio por el crimen empezará en 9 días. En el banquillo no estarán ni los narcos ni los policías que participaron de su muerte, ni los políticos que los encubrieron.


Quizás nunca sepamos por qué, entre todas las chicas que a diario desaparecen de sus casas, ella fue la que generó semejante campaña de búsqueda. Durante nueve días las redes se inundaron con su foto, los medios se dedicaron a reclamar su aparición a cada rato y hasta se hizo un evento de 48 horas del que participaron figuras como Adrián Suar Facundo Arana, Guillermo Francella, Martín Palermo, Ricardo Darín y Juan Campanella para ayudar a encontrarla. “A vos te hablo hija. Yo sé que me estás mirando. Te puse crédito en tu Nextel para que puedas llamarme”, desgarraba a todos Carola, su mamá, mirando a las cámaras de tevé.

Pero nada alcanzó: Candela Sol Rodríguez apareció hecha cadáver.Su crimen está impune y, aunque el juicio oral por el caso empezará en apenas 9 días, esa situación no cambiará. La verdad detrás de su muerte -internas entre narcotraficantes, venganzas entre policías corruptos y encubrimiento oficial al más alto nivel- no saldrá a la luz en el debate.

Quizás nunca sepamos por qué la mataron.

La última vez que vieron a Candela estaba yendo a una reunión de boy scouts cerca de su casa, en Villa Tesei, Hurlingham. Tenía 11 años, el orgullo de ser abanderada y unos ojos morenos llenos de picardía. Le gustaban Los Wachiturros y El Polaco, aunque también sabía de esos dramas de adultos a los que otros chicos quizás no llegan nunca: su papá estaba preso desde hacía meses en una causa por “piratería del asfalto” y apenas sesenta días antes habían secuestrado a su tía, María Alejandra Romagnoli, dueña de un bufet que hay en la villa Korea (San Martín).

Aquel 22 de agosto de 2011, la mamá de Candela apenas demoró unas horas en hacer la denuncia por su desaparición. Parecía saber más de lo que decían sus palabras: habló de secuestro y, en cuanto logró la atención de las cámaras, decidió dirigirse directamente a los captores. Como si los conociera. Los captores también parecían conocerla: “Hasta que esa conchuda no devuelva la guita, a la nena no la vas a ver nunca más. Que le pregunte al marido donde dejó la guita”, dijo una voz en su teléfono pocos días después.

La mencionada podía ser, se sospechó en algún momento, aquella tía de Candela que había sido secuestrada. La mujer estuvo cautiva durante 15 horas junto a un narco local apodado “Pitimeco”, primo de su marido. Durante las negociaciones que terminaron con su liberación, uno de los secuestradores le dijo a su esposo: “Pedile la plata a Martín”. Ese tal “Martín” habría sido otro tío de Candela, también conectado al mundo narco de la villa Korea y también víctima de un secuestro meses antes.

Estos secuestros eran parte de una seguidilla que tenía dos denominadores comunes: a la mamá de Candela, vinculada con varias de las víctimas, y a grupos narco regenteados por oficiales de la Bonaerense que se secuestraban unos a otros en falsos operativos policiales para disputarse el poder. El territorio era siempre el mismo: San Martín, de donde son oriundos los padres de la nena y donde arrojó su última señal el Nextel de la chiquita.

El territorio del capo narco Miguel Angel “Mameluco” Villalba. El territorio de los narco policías.

El caso Candela pronto se convirtió en una bomba capaz de desnudar el verdadero poder de la Provincia. Cada día que la nena pasaba desaparecida aumentaba el daño político que arriesgaba el por entonces gobernador Daniel Scioli.

Hasta que, al noveno día, Candela fue encontrada por una cartonera. Estaba muerta, tirada en un basural, a 30 cuadras de su casa. Tan fuerte resultó la noticia que el cuerpo no fue levantado hasta que Scioli llegó al lugar y pisoteó la escena. Pericias posteriores dirían que la nena había estado viva hasta unas pocas horas antes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro y del juez Alberto Meade, de Morón, quienes junto a la plana mayor de la Bonaerense hicieron un desastre. Usaron testigos que no sabían decir su propio nombre sin mentir, abusaron de los testimonios de “identidad reservada” -hubo siete- y circunscribieron la causa a un grupo de lúmpenes que había transitado las dos casas donde, se probó con dudosos ADN, había estado cautiva Candela.

Llegó a haber 8 detenidos. “Hubo un ajuste de cuentas no convencional” contra el padre de Candela, dictaminó el juez Meade. Cuando parecía que la causa podía llegar a un delincuente con vínculos policiales, se paralizó.

Un gobernante puede sobrevivir a una Policía corrupta, pero difícilmente lo haga a una Policía que mata a una nena de 11 años en una disputa por mantener un negocio ilegal que quizás lo tenga a él mismo como destinatario final de los dividendos.

En abril de 2012, la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de Morón. Esta la declaró nula y ordenó la libertad de todos los acusados. Apartó al fiscal -por “forzar la interpretación de la prueba”- y al juez, a quien acusó de “haberse apartado del rol de imparcialidad”. El expediente volvió a fojas cero.

La política se metió de lleno: Gabriel Mariotto, por entonces vicegobernador bonaerense y enemigo íntimo de Scioli, creó una comisión investigadora en el Senado provincial para analizar el caso. Y, de paso, torpedear al gobernador.

Aún conducida por intereses mezquinos, la Comisión fue generosa en verdades. Destacó, por ejemplo, cómo durante la investigación se utilizó a la prensa a través de la filtración constante de información sensible, para así sepultar las chances de esclarecimiento.

“El espectacular accionar policial durante la búsqueda de la niña tuvo como objetivo desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso. Además, este accionar atentó dramáticamente contra la posibilidad de encontrar con vida a Candela”, concluyó la Comisión, en septiembre de 2012. “Las acciones policiales estuvieron enderezadas principalmente al encubrimiento de los autores y de los móviles del asesinato. Según la información relevada por esta Comisión, la Policía tuvo conocimiento del contexto en el que se había producido la desaparición de la niña y ese contexto no es otro que el narcotráfico y la modalidad de narco-secuestros, negocio ilegal del que también forma parte un sector de la Policía”, agregó.

Enseguida apuntó contra la plana mayor de la Bonaerense -los comisarios Juan Carlos Paggi y Hugo Matzkin, a la cabeza- y contra todos los funcionarios judiciales que habían intervenido, para los que pidió juicio político.

Herida de muerte, la investigación recayó en otro fiscal, Mario Ferrario, quien en marzo de 2014 volvió a pedir la detención de cinco de los acusados y los elevó a juicio oral. Sólo tres llegarán a esa instancia, a partir del 6 de febrero próximo: Hugo Bermúdez (habría facilitado una casa donde habría estado la nena), Leonardo Jara (habría hecho el llamado amenazante a la madre) y Fabián Gómez (habría hecho “inteligencia” frente a otro lugar de cautiverio). Los dos restantes, el carpintero Fabián Altamirano y Gladys Cabrera (habrían facilitado un aguantadero), están resistiendo con apelaciones. La hipótesis de la Fiscalía: una venganza contra el papá de Candela por cuestiones ligadas a la “piratería del asfalto”.

Ni una palabra de narcotráfico. Ni una palabra de policías corruptos. Ni una palabra del encubrimiento político.

Quizás nunca sabremos quiénes ordenaron la muerte de Candela.

Ni tampoco cómo murió Roberto Aníbal, el testigo clave que había vinculado a Bermúdez, Jara y Gómez con el crimen. Su casa explotó por una supuesta fuga de gas en abril de 2014, días antes de que cobrara la recompensa oficial por su aporte a la investigación.
http://www.clarin.com/policiales/triste ... mwtvl.html
 #1164577  por Pandilla
 
Uno de los acusados por el crimen de Candela pidió un juicio por jurados.

La solicitud será tratada hoy por la Justicia y podría significar una dilación importante. El debate contra los tres imputados de haber matado a la nena debería empezar el próximo lunes


Candela Rodríguez estuvo secuestrada nueve días, hasta que la mataron y tiraron su cuerpo en un descampado de Villa Tesei, en Hurlingham, cinco años atrás. Tras una investigación embarrada por la corrupción policial y el narcotráfico, el próximo lunes debería empezar el juicio oral contra tres de los acusados por el crimen. Pero el proceso podría posponerse: la defensa de Hugo Bermúdez, acusado de ser el autor material del asesinato, pidió que el juicio lo haga un jurado popular. El Tribunal Oral N°3 de Morón deberá aprobar o denegar esa solicitud y confirmar si el debate arranca o si modificarán la fecha.

Hugo Bermúdez (56), que tiene antecedentes por narcotráfico, está acusado de ser el autor material del crimen de Candela. Creen que su casa fue el último lugar en el que tuvieron cautiva a la nena de 11 años y que allí la mataron.

“Lo pedimos porque no se respetaron los derechos de mi defendido. Él nunca renunció al juicio por jurados, como prevé la ley y, como no creemos en los jueces, entendemos que debe ser juzgado por ciudadanos comunes”, dijo a Clarín el abogado Juan Carlos Rey, defensor de Bermúdez. Y agregó: “Veo un trasfondo político muy grande en esta causa. No tienen elementos para acusar a Bermúdez, pero igual es víctima de una persecución y de una confabulación. No quieren que el juicio sea por jurados ni que se filme porque no quieren que se divulguen las cosas que van a saltar ahí, por las personas que están implicadas en este mamarracho”.

Hoy al mediodía el TOC N° 3 de Morón deberá definir si hace lugar a este pedido. El conflicto principal surgirá de los otros dos imputados, Leonardo Jara (37) y Fabián Gómez (45), que ya pidieron ser sometidos a un juicio común. Sus defensores también están citados a la audiencia donde se resolverá la situación.

El abogado de Bermúdez cargó contra la investigación: “La Justicia no es para nadie, sólo para dejar libre a los que tienen plata. Y como mi defendido no tiene dinero, le arman una causa. Van a tener que desdoblar el debate o encontrar una solución”.

Fuentes judiciales informaron que en la Fiscalía N°3 de Morón entienden que este pedido es “inviable” y “extémporaneo” ya que la “ley establece que los juicios por jurados son para los procesos iniciados después de que se promulgó la ley que creó el mecanismo (2015)”.

Fabián Améndola, que representa a Carola Labrador -madre de la víctima-, dijo a Télam que se opondrá al pedido “porque los tiempos no acompañan para nada y porque cuando mataron a Candela no estaba en vigencia esa modalidad de juicios”. Y agregó: “Tampoco es viable porque no se puede tener a todas las personas que integrarían el jurado popular más de 6 meses de rehenes de un juicio. Eso sería una locura para ellos”.

Es que el tribunal compuesto por los jueces Mario Bonano, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera dispuso un límite de seis meses para este proceso. Hay registrados 3.300 testigos de los que se cree que citarán a por lo menos un diez por ciento, lo que implicará un debate extenso.

Mario Ferrario es quien quedó a cargo de la causa después de que apartaran al primer fiscal que intervino, Marcelo Tavolaro, y al juez de Garantías Alfredo Meade, por irregularidades cometidas en la investigación en conjunto con la Policía Bonaerense. “Hay pruebas suficientes para acusar a estos tres implicados”, dijeron las mismas fuentes a Clarín. La causa fue calificada como privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. El móvil del homicidio, para Ferrario, fue una venganza contra Alfredo Rodríguez, padre de Candela, quien entonces estaba preso “piratería del asfalto”. Sin embargo, durante la investigación surgieron muchos indicios de que el asesinato estaba ligado al narcotráfico y a policías corruptos. Esto último no se tratará en el debate.

Candela desapareció el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei cuando esperaba en una esquina a unas amigas para ir a una reunión boy scouts. Creen que estuvo cautiva en dos lugares distintos. A los nueve días apareció asfixiada dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su casa. En estos cinco años murió un testigo clave de la causa en un confuso episodio y balearon la casa de Carola, su mamá. A Leonardo Jara lo acusan de haber hecho una llamada amenazante a a Carola, tres días antes de que la nena apareciera muerta. “Hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más... Que le pregunten al marido dónde dejó la guita”, decía el mensaje.

El fiscal intentará probar en el juicio que Bermúdez “facilitó el ingreso de Candela a la segunda casa donde estuvo cautiva antes de ser asesinada”, explicaron fuentes del caso. A Fabián Gómez lo acusan de realizar tareas de “inteligencia” en la puerta de esa propiedad, en la calle Kiernan al 900, cuando Candela estuvo allí, turnándose con Bermúdez y Jara.

Lo que faltará en el juicio es saber quién fue el autor intelectual de la muerte de Candela, ya que los acusados no podrían haber pasado nunca del nivel de ejecutores de un plan esbozado y decidido por otros.
http://www.clarin.com/policiales/acusad ... wS-_x.html
 #1164714  por Pandilla
 
A casi 5 años del crimen de Candela Rodríguez, comenzó el juicio.

Tres hombres son juzgados en los tribunales de Morón por el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez, quien en agosto de 2011, luego de permanecer nueve días desaparecida, fue encontrada asfixiada dentro de una bolsa en la localidad bonaerense de Villa Tesei, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Hugo Bermúdez (56), Leonardo Jara (37) y Fabián Gómez (45), quienes serán sometidos a juicio oral y público por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de dicho Departamento Judicial de la zona oeste del conurbano.

Según las fuentes, el debate comenzará a las 9, en los tribunales ubicados en Almirante Brown y Colón, de Morón, y se estima que se extenderá por seis meses ya que está prevista la concurrencia de unos 300 testigos de los 3.150 ofrecidos inicialmente por cada una de las partes.

La semana pasada, Bermúdez había pedido ser sometido a un juicio por jurados y no por el tribunal integrado por tres magistrados. Su abogado, Juan Carlos Rey, reclamó que Bermúdez era "víctima de una persecución, de una confabulación" y que "no tiene nada que ver con el caso". "No hay ningún elemento que lo incrimine en el hecho", argumentó el letrado en su solicitud y señaló que su defendido no confiaba "en los jueces" y que prefería "que lo juzgue gente común, del pueblo".

Sin embargo, el TOC 3 de Morón, integrado por los jueces Raquel Lafourcade, Mariela Moralejo Rivera y Diego Bonanno, rechazó el viernes pasado el pedido de la defensa de Bermúdez por considerar que "no existe motivo fundado para suspender el debate oral fijado conforme al artículo 339 del CPP (Código Procesal Penal bonaerense) con la integración de un Tribunal Criminal técnico colegiado, pues el mismo ya fue consentido en los términos del artículo 338 de CPP".

"De lo contrario optar por un andarivel distinto implicaría dilatar el proceso de forma irrazonable al abrir etapa procesales afectando el debido proceso, precisaron los magistrados.

Por su parte, los imputados Jara y Gómez aceptaron ser sometidos a un juicio común. Según las fuentes, los tres procesados serán juzgados por el delito de "privación ilegal de la libertad seguida de muerte" y mientras Bermúdez y Jara llegaron al debate en prisión, el restante lo hizo en libertad.

"Ahí estaré enfrentando a estas basuras. Va a ser un proceso largo, pero espero que se haga Justicia", dijo Carola Labrador, madre de Candela, quien será una de las testigos que declarará mañana.

Candela (11) fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011, en Villa Tesei -donde residía-, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía. Se cree que estuvo secuestrada en dos lugares distintos y nueve días después apareció asfixiada dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su casa, a pocos metros de la colectora del Acceso Oeste.

Como móvil del homicidio y cuando elevó la causa a juicio, el fiscal Mario Ferrario señaló una venganza contra Alfredo Rodríguez, padre de Candela, por parte de una banda de piratas del asfalto, una hipótesis que se manejó desde el comienzo de la causa.

Durante la instrucción del expediente, el fiscal le atribuyó a Jara haber realizado una llamada intimidatoria que la tía de la niña recibió el 28 de agosto, tres días antes del hallazgo del cadáver de Candela.

"Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. ¡Jamás la van a encontrar! Te lo aseguro yo, hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más... Que le pregunten al marido dónde dejó la guita", decía el mensaje.

Respecto de Bermúdez, se considera que hay elementos para probar que facilitó el ingreso de Candela a la segunda casa donde estuvo cautiva antes de ser asesinada, ubicada en Cellini 4085, también en Villa Tesei.

Durante la pesquisa, se estableció que la niña había estado previamente en otro domicilio, situado en la calle Kiernan 992 de la misma localidad, pero quienes estaban a cargo de esa casa (Gladys Cabrera y Néstor Altamirano) si bien estuvieron imputados en un principio, no fueron enviados a juicio por el juez de Garantías Gustavo Robles.

En el caso de Gómez, se lo acusa de realizar tareas de "inteligencia" en la puerta de la casa de la calle Kiernan cuando Candela estuvo retenida allí contra su voluntad y alternar distintos roles con Jara y Bermúdez.

El caso, que en su momento generó conmoción en todo el país, derivó en el apartamiento de la causa del primer fiscal que intervino, Marcelo Tavolaro, y del juez de Garantías Alfredo Meade, por presuntas irregularidades cometidas en la investigación, especialmente por parte de la Policía Bonaerense.
http://www.ambito.com/871842-a-casi-5-a ... -el-juicio
 #1164941  por Pandilla
 
El aberrante caso de Candela Rodríguez.

Sin los principales responsables ni los encubridores, el juicio por el secuestro y asesinato de la niña se reduce a un patético ejemplo de impunidad.

Comenzó anteayer en Morón un juicio que es la consecuencia de muchos años de corrupción de la policía bonaerense y de su asociación con el narcotráfico con el consentimiento insoslayable del anterior gobierno provincial.

Se trata del caso del secuestro y asesinato de la niña Candela Rodríguez, de 11 años, y el carácter peculiar del juicio no radicará en lo que mostrará, sino, por el contrario, en todo lo que quedará oculto, pues ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón no comparecerán ni los autores intelectuales del crimen ni los autores materiales, sino apenas tres cómplices secundarios: un hombre que habría facilitado la casa donde estuvo Candela, otro que habría amenazado telefónicamente a la madre de la niña y un tercero que habría cumplido el papel de espía frente a otro de los sitios del cautiverio de la menor. Se los acusa de secuestro y homicidio y la fiscalía pidió agregar el delito de abuso sexual.

En pocas palabras, casi nada para un caso aberrante que involucró a parte de la cúpula policial y a bandas de secuestradores y narcotraficantes y puso en jaque al entonces gobernador Daniel Scioli, de extraña pasividad ante los hechos que se sucedían delante de sus narices. Tan extraña como la irrupción del mediático penalista Fernando Burlando como abogado de la familia de Candela, de escasos recursos, cuando es sabido que Burlando suele cobrar altos honorarios. Otro hecho extraño: cuatro importantes testigos murieron en los últimos años, uno de ellos antes de cobrar 100.000 pesos de la recompensa. La única noche en que su vivienda no contó con custodia policial, se produjo en ella una explosión y un incendio que le costaron la vida.

El 2 de septiembre de 2011, pocos días después de hallarse el cadáver de Candela, expresamos en estas columnas: "Urge que se conozca pronto la identidad de los culpables para llevar un mínimo de consuelo a la familia y para dar también respuesta a la sociedad argentina, que, como otras veces, actuó de manera solidaria tratando de ayudar en la búsqueda". Por lo visto, había demasiados intereses en juego para que la justicia bonaerense arribara a la verdad de lo ocurrido.

Candela fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 en la esquina de su casa, en Hurlingham. Desde un primer momento surgieron indicios de serios errores en la investigación que llevaban adelante la policía bonaerense y la justicia provincial. Por ejemplo, los allanamientos anticipados previamente, que, por supuesto, no arrojaban ningún resultado, y la inconcebible difusión de las llamadas extorsivas al domicilio de la madre y los mensajes que ella enviaba a los captores, además de la permanente filtración de datos desde la órbita policial.

La madre de Candela parecía conocer a los captores y el secuestro tenía visos de ser un pase de facturas o un elemento de extorsión contra el padre de la niña, que se encontraba preso por un caso de piratería del asfalto.

A los nueve días del secuestro, la niña fue asesinada. El cuerpo apareció a sólo 30 cuadras de su casa, pero no lo encontró la policía, que había realizado rastrillajes y búsquedas mediáticas en otros sitios con 2000 efectivos, sino una cartonera que revisaba la basura. Y, tras el hallazgo, otra barbaridad que, como las anteriores, sólo puede interpretarse como otra maniobra de encubrimiento: el sitio apenas fue preservado para el siempre fundamental estudio médico forense del lugar del hecho.

Se trató de una sucesión de fracasos buscados que impidieron hallar con vida a Candela y, luego del trágico desenlace, identificar a sus captores y homicidas. Por eso, el fiscal y el juez del caso fueron apartados por irregularidades y se cuestionó la tarea del fiscal general de Morón.

Un informe de una comisión del Senado bonaerense formuló graves críticas a la labor policial y judicial y la recomendación de exonerar a 20 comisarios bonaerenses. A uno de ellos se lo acusó de haber montado una operación paralela para "desorientar la investigación judicial". También fue lapidario con la plana mayor de la bonaerense y los comisarios Hugo Matzkin y Juan Carlos Paggi.

Ese informe consideró válida la hipótesis de una venganza contra la familia de Candela por razones relacionadas con el narcotráfico, venganza en la que habrían participado policías corruptos.

El juicio será la patética puesta en acción de un fracaso institucional. En el transcurso de las audiencias no habrá justicia para Candela ni sanción para los verdaderos culpables. Las complicidades políticas y delictivas del pasado se han encargado de garantizar la impunidad de los responsables.

Pero el juicio debería servir para apoyar los esfuerzos de la gobernadora María Eugenia Vidal en el combate que libra contra la corrupción policial y potenciar los llamados de atención que ha realizado en forma pública sobre los factores judiciales que brindan protección a los oficiales policiales acusados de corrupción. Casos como el de Candela muestran brutalmente que la corrupción mata, sin siquiera importar que se trate de una inocente niña de 11 años.
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