¿Excepción de inhabilidad de titulo?

[abogado1987]

Les hago una consulta. A mi cliente en un juicio ejecutivo se le dió traslado para oponer excepciones. Cablevisión le inició juicio ejecutivo por una deuda por periodos posteriores a la baja del servicio. Mi cliente dió de baja al servicio hace 1 año y 6 meses.Le quiere cobrar toda una deuda desde la baja hasta la actualidad.
¿Que excepción opongo? ¿falsedad o inhabilidad de titulo? El art. 544 punto 4 del CPCCN dice ...4) Falsedad o inhabilidad de titulo. La primera podrá fundarse en la adulteración del documento, la segunda se limitará a las formas extrínsecas del titulo, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa.

En este caso hay inexistencia de deuda, pero no se encontraría como excepción. ¿Me podrían ayudar?

interpreto que excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda
y fundamental, negar la existencia de la deuda

como pauta podés ver
"... En ese lineamiento, cabe recordar que la posibilidad de plantear en juicios de ejecución fiscal la defensa de inhabilidad de título sustentada en la inexistencia de deuda ha sido admitida por esta Cámara sólo como medio de no privilegiar un exceso de rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales. Empero, tal admisión sólo es posible siempre que la mentada inexistencia –total o parcial- sea manifiesta y su constatación no requiera de mayores verificaciones ni presuponga el examen de cuestiones cuya acreditación exceda el ámbito limitado de este tipo de procesos (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 312:178; 318:1151, in re "Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Gervasini, Ernesto", sent. de 11-VII-2007; doct. esta Cámara causas P-10-MP2 "Francano", sent. del 26-VIII-2008; P-400-DO1 "Fernández", sent. de 02-IX-2008; P-289-AZ1 "Perrotta", sent. de 27-XI-2008; P-776-BB1 "Peralta", sent. de 24-II-2009, P-1129-MP1 "Schulten", sent. de 26-II-2009, entre otras)..."

http://litigantes.blogspot.com.ar/2010/ ... o-por.html

[abogado1987]

en el mismo sentido ...

“… la Corte Suprema de Justicia de la Nación "en reiteradas oportunidades, ha dicho que la regla según la cual en el juicio de apremio no corresponde discutir aspectos sustanciales de la obligación, no puede llegar a admitir una condena cuando falta alguno de los presupuestos básicos de la acción ejecutiva, como es la existencia de deuda exigible y ello resulta manifiesto en autos (C.S.J.N. 23-12-1970. Fisco Nacional c. Mauricio Sibert S.A., Fallos 278-346, entre otros) …”
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala civil y penal
Autos: Provincia de Tucumán -D.G.R. c. Y.P.F. S.A. s/ejecución fiscal
Fecha: 28/12/2011

[abogado_1987]

He encontrado un artículo de un autor publicado en la web. Este autor resumidamente dice que la excepción no corresponderia como de inhabilidad de titulo, sino como de "inexistencia de deuda", cita fallos de la CSJN como una excepción autónoma que surge de los derechos, garantias y principios que consagra la CN. Eso es lo que entendí. Gracias por responder.


Voces: DEUDA INEXISTENTE ~ DOCTRINA DE LA CORTE SUPREMA ~ PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ~ EJECUCION FISCAL ~ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ~
PAGO DEL IMPUESTO ~ PRUEBA ~ PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD ~
CONFISCATORIEDAD DEL IMPUESTO ~ IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS ~
DETERMINACION SOBRE BASE PRESUNTA ~ DECLARACION JURADA ~ PRESENTACION DE
DECLARACION JURADA ~ APRECIACION DE LA PRUEBA ~ CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
~ DERECHO DE PROPIEDAD ~ DEFENSA EN JUICIO ~ DEBIDO PROCESO ~ PRINCIPIO DE
RAZONABILIDAD ~ EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO
Título: La defensa de deuda inexistente o inexigible. Y un fallo útil, con fundamentos polémicos
Autores: Viale, Eduardo Oscar
Publicado en: PET 23/12/2010, 8
1. Introducción
En el derecho tributario tiene presencia protagónica la jurisprudencia, y en especial, por supuesto, la de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De su seno proviene el principio de no confiscación, o la doctrina de los efectos liberatorios del pago, en
tanto derivación de otra creación de sus integrantes, como el concepto de los derechos adquiridos, con enorme
repercusión en las cuestiones tributarias.
Nació allí, también, la defensa de la deuda inexistente o inexigible, frente al progreso de los juicios de
apremio promocionados por los fiscos.
Ante un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo del Departamento Judicial de
San Nicolás, en la Provincia de Buenos Aires, y a partir de su comentario, nos propusimos el intento de definir
los contornos sustanciales y procesales de dicho instituto, al que concebimos como una defensa autónoma y
distinta de cada una de las excepciones susceptibles de ser invocadas en los juicios de apremio.
2. Presentación del caso y del fallo
El fallo aludido —cuya lectura íntegra es recomendable— fue dictado el 28 de septiembre de 2010 en la
causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Matijacevich Roberto A. s/ apremio".
En la instancia inferior, frente a la promoción del apremio, con sustento en un título de deuda por impuesto
sobre los ingresos brutos —por los períodos 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11 del año 2005—, que citaba como
procedimiento de determinación de la deuda al estipulado en el art. 39 del Código Fiscal, el ejecutado opuso la
excepción de inhabilidad de título fundada sobre las siguientes razones:
a) Nunca le fue notificado el inicio del procedimiento de determinación de deuda en función de lo normado
por el art. 39 del Código Fiscal (determinación sobre base presunta), por lo que denunció la nulidad de lo
actuado en el expediente dentro del cual se expidió el título en ejecución.
b) Con mucha anterioridad al libramiento de la boleta de deuda (dos años) ya había presentado sus
declaraciones juradas, y realizado el pago del impuesto, con más los accesorios por haber hecho ese pago fuera
de término. Por lo tanto, afirmó que no adeudaba suma alguna, que no había crédito líquido y exigible para ser
reclamado por el fisco, e invocó la doctrina de la deuda inexistente e inexigible acuñada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Los autos se abrieron a prueba; la señora jueza requirió, como medida para mejor proveer, la remisión del
expediente 2306-0026464/2007, con alcances y accesorios, así como las declaraciones juradas presentadas por
el accionado, e informaciones sobre el procedimiento de determinación de deuda.
Procede destacar que fue acreditada la presentación de las declaraciones juradas, la veracidad tanto de la
documental aportada por el ejecutado, como de los pagos por él denunciados.
El fallo dictado en primera instancia rechazó la excepción opuesta por el ejecutado; convalidó lo actuado por
la autoridad tributaria de la Provincia y sostuvo: "…los cuestionamientos traídos en esta instancia judicial por el
excepcionante exceden el estrecho marco de conocimiento del proceso ejecutivo; que sólo debe atenerse a las
formas extrínsecas del título y no a la causa de la obligación, deviniendo inadmisible toda controversia sobre el
origen del crédito ejecutado".
La Cámara, por unanimidad, revocó ese fallo de primera instancia, e hizo lugar al recurso de apelación
interpuesto por el ejecutado, al resolver: "...revocar la sentencia de grado y dar lugar a la excepción de
inhabilidad de título, en el caso por inexistencia de deuda, la cual debe encontrar andamiaje en los términos del
art. 9°, inc. c), de la ley 13.406, desde que se desprende en forma ostensible — con apoyatura en el informe
pericial no impugnado — que la deuda cuyo cobro se pretende carece de sustento" (del voto de la doctora
Valdez, al cual adhirieron los restantes magistrados de la Cámara).
Para llegar a dicha decisión, como medida para mejor proveer, fue requerido realizar un informe pericial,
cuyo resultado fue que lo declarado y pagado por el ejecutado se correspondía con la documentación y
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registraciones obrantes en su poder, así como con las retenciones y percepciones que le fueron practicadas en
los períodos mensuales involucrados.
Para citar sintéticamente los núcleos argumentales de la magistrada de primer voto, se debe apuntar:
a) El ejecutado acreditó haber cumplido con las obligaciones correspondientes a los períodos mensuales
mencionados en el título en ejecución.
b) No obstante la mención en la boleta de deuda del procedimiento normado en el art. 39 del Código Fiscal,
con la remisión de los antecedentes documentales del fisco se comprobó que dicho procedimiento no se llevó a
cabo, conforme a lo estipulado en los arts. 102 y siguientes del Código Fiscal, ni tampoco se siguió el
mecanismo del art. 50 del mismo cuerpo legal: "Teniendo en cuenta lo expuesto, frente a las declaraciones
juradas acreditadas en la causa, por los anticipos reclamados paralelamente en juicio, resulta palmario que el
fisco no ha acreditado el inicio de actuación alguna que permitiera impugnar las mismas".
3. Algunas notas sobre el fallo, con referencia a la defensa de deuda inexistente o inexigible
Desde una mirada teñida de los conceptos y criterios del derecho tributario, nos inclinamos a catalogar el
fallo como ajustado a derecho en su resolución.
Con la misma perspectiva, sostenemos también que se puede polemizar sobre algunos aspectos de su
contenido, al plantear, desde esos cuestionamientos, otros fundamentos que terminan en el mismo resultado
final: acoger el recurso de apelación interpuesto.
Con la idea de ganar en síntesis y claridad trataremos cada cuestión por separado.
3.1. Valor y efectos de las declaraciones juradas
El fallo rescata los efectos de las declaraciones juradas presentadas por el ejecutado y de los pagos
efectuados a partir de la liquidación del tributo en ellas contenida.
Como surge del fallo, si ninguna de las declaraciones juradas fue objetada, por aplicación del procedimiento
de determinación de oficio (arts. 102 y siguientes del Código Fiscal), se las debe tener por válidas y veraces, con
el efecto de ser oponibles al fisco; es ésta una consecuencia directa de las previsiones contenidas en los arts. 35,
36, 37, 38, 39, 102 y concordantes del Código Fiscal. Más aún: en este caso no fue seguido mecanismo alguno
para el cobro compulsivo de pagos a cuenta (art. 50, Código Fiscal), y por lo tanto no nos encontrábamos en el
supuesto resuelto el 5 de febrero de 2008, en los autos "AFIP - DGI c/Victorio Américo Gualtieri S.A." (Fallos:
331-17). Se trata de mecanismos de interpretación y utilización restrictiva, como surge de la causa "Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires c/Diversas Explotaciones Agropecuarias S.A.", resuelta por el Alto Tribunal el 3 de
agosto de 2010.
Ese valor reconocido a las declaraciones juradas presentadas, no fue admitido desde un comienzo por el
fallo de la Cámara; si así hubiera sido, no se hubiera dispuesto la pericia contable ordenada.
Como ejercicio intelectual vale la pena preguntarse cuál hubiera sido la decisión si el informe pericial
contable no confirmaba la exactitud de las declaraciones juradas. Si la Cámara ordenó el informe del experto es
porque le adjudicaba trascendencia a su dictamen.
Siempre dentro del mismo ejercicio intelectual, sostenemos que si por dicha razón se emitía un fallo de
signo contrario, se hubiera cometido un error conceptual.
Es que, en la sistemática del Código Fiscal, si las declaraciones juradas tienen pleno valor, hasta que no se
decida su inexactitud o falsedad, a través del procedimiento previsto a tales fines (art. 102 y concordantes,
Código Fiscal), los pagos efectuados a partir de ellas significan el cumplimiento de las obligaciones del
contribuyente.
Por ello, al surgir de las constancias de la causa que el procedimiento de determinación de oficio no se
siguió por el fisco, estaba plenamente acreditado el cumplimiento dado por el ejecutado a los créditos fiscales
reclamados: esta razón tornaba superflua la pericia ordenada.
Señala el Alto Tribunal en la causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Diversas Explotaciones
Agropecuarias S.A.": "En el caso no puede soslayarse que el contribuyente presentó las declaraciones juradas
correspondientes a los ejercicios fiscales reclamados, que no fueron impugnadas, por montos inferiores a los
que se pretende ejecutar".
3.2. La defensa admitida no se puede identificar con la excepción prevista en el art. 9°, inc. c), de la ley
13.406
La norma citada, que integra la ley reguladora del procedimiento de apremio en la Provincia de Buenos
Aires, se refiere a la excepción de inhabilidad de título, y dispone:
"c)Inhabilidad del título ejecutivo, la cual deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas. En
ningún caso los jueces admitirán en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o
legitimidad de la causa.
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"Las formas extrínsecas a las que se refiere este inciso son exclusivamente la identificación del legitimado
pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del
crédito, o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado".
La norma —de similar contenido a las previstas en los códigos de procedimiento en lo civil y comercial (art.
542, inc. 4º, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; art. 544, inc. 4º, Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación)—, para viabilizar un curso rápido al proceso, ha limitado la extensión
material de la excepción; no parece que lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso-administrativo de San Nicolás se compadezca con su contenido, el que sólo se refiere al título
mismo.
La puntualización anterior no significa afirmar que lo decidido carezca de asidero legal; muy por el
contrario, lo tiene, pero su base es la misma Constitución nacional.
Si se admite la defensa de deuda inexistente o inexigible, no hay que perder de vista la doctrina del Alto
Tribunal, cuyos trazos gruesos, en nuestra opinión, son los siguientes:
La deuda, cuya percepción persiga el fisco, debe ser inexistente o inexigible.
Inexistente será, entre otros casos, cuando la deuda ya fue cancelada (Fallos: 325-1784), y, por alguna
dificultad, no se pueda oponer la excepción de pago documentado; cuando por ser alcanzado por una exención,
la obligación de tributar no nació (Fallos: 320-58; 331-47).
Inexigible será cuando, a pesar de haber nacido el crédito del fisco, por algún beneficio impositivo,
condición u otro motivo (diferimiento, espera, plazo, etc.), el deudor no está todavía obligado a cumplir con su
prestación ("Dirección General Impositiva c/ Silberman S.A.", 11 de julio de 1996, Fallos: 319-1260).
Tanto una como otra calidad deben ser manifiestas, notorias, evidentes; tienen que surgir claramente de las
constancias de la causa (Fallos: 331-47; 325-1008; 321-1472; 322-571, entre otros)..
b) Si bien lo anterior no excluye la apertura a prueba (Fallos: 327-4832; 331-47, entre otros), su acreditación
no debe requerir un examen que supere el "…limitado ámbito ." del proceso de apremio (Fallos: 317-1401;
323-825; 321-1472; 318-646; 330-4749, entre otros).
Según ha dicho la Corte Suprema de Justicia, "también en las formas se realizan las esencias" (Fallos:
315-106, considerando 5°; 317-1333, considerando 6°)", porque "…la renuncia consiente a la verdad es
incompatible con el servicio de justicia" (del dictamen del procurador general de la Nación, apartado VI,
antepenúltimo párrafo, in fine, al que se remite el Alto Tribunal, en Fallos: 327-4474).
Lo anterior obliga a ponderar los medios de prueba más apropiados para ofrecer en apoyo de la defensa; en
ese menester, entendemos que es imprescindible acompañar prueba documental, sea para agotar con ella la
prueba ofrecida, sea para solicitar otra diligencia probatoria pertinente (informes, remisión de expedientes), que
confirme o complete los datos aportados con los documentos arrimados.
Por lo afirmado en el primer párrafo de este § 3.2, es muy difícil que se admita prueba pericial.
Medidas dispuestas por los mismos jueces, como las mencionadas en el fallo comentado, siempre
excepcionales, dependerán de la mayor o menor apertura de los magistrados.
c) La defensa de deuda inexistente o inexigible no necesariamente debe apoyarse en la excepción de
inhabilidad de título, o en alguna de las otras previstas en las normas procesales.
En primer lugar, porque la mentada excepción está limitada a las formas extrínsecas del título; en segundo
lugar, porque, según la Corte Suprema de Justicia, "…ello no implica que pueda exagerarse el formalismo hasta
el extremo de admitir una condena por deuda inexistente, cuando esto resulta manifiesto de autos (Fallos:
278-346; 298-626; 302-861; 312-178; 318-1151, entre otros), circunstancia que importaria un grave menoscabo
de garantías constitucionales" (Fallos: 327-4791; 327-4832; 330— 3848; 325-1008, entre otros).
La defensa así formulada se apoya en las garantías que integran la Carta Magna. Si bien no hemos accedido
a fallos en los que el Alto Tribunal precisara a qué garantías se refiere, nos animamos a afirmar que son las
previstas en los arts.: 17 (derecho de propiedad, en sentido lato); 18 (derecho de defensa y debido proceso); y 28
(principio de razonabilidad).
d) El panorama antes esbozado se completa con otros señalamientos.
La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la excepción de incompetencia se debe tratar y resolver
aunque no figure en el art. 92 de la ley 11.683, porque hace a la constitución regular del proceso (Fallos:
325-3382). Esta definición es neutra para la Provincia de Buenos Aires, pues la ley 13.406 (art. 9º, inc. a) prevé
la aludida excepción. La misma afirmación ha sostenido en cuanto a la falta de legitimación pasiva ("Fisco
Nacional (DGI) c/Provincia de Río Negro", 19 de septiembre de 2006, Fallos: 329-3884) y a la falta de
legitimación activa (Fallos: 327-4474). Por las mismas razones se puede incluir a la excepción de cosa juzgada.
También ha dicho el Alto Tribunal: "….las defensas de naturaleza federal y constitucional oportunamente
planteadas no pueden ser rechazadas con base en razones de mero orden formal ya que, de otro modo, los
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derechos o privilegios federales que pudieran asistir a quienes los invocan se verían postergados sin base
suficiente en las apreciaciones de su consistencia y alcance…." (Fallos: 312-168; 320- 2162; 332-975, entre
otros). La materia a la que se refieren estas consideraciones son las exenciones frente a tributos nacionales,
provinciales o municipales, concedidas por autoridades del Estado central, o cuestiones relacionadas con las
potestades tributarias de cada uno de los niveles estatales, entre otras.
4. Conclusión
Como derivación de todo lo expuesto, entendemos que lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso-administrativo de San Nicolás, en los autos: "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/
Matijacevich Roberto A s/ apremio", es justo, pero su conformidad con el derecho se habría logrado de modo
incuestionable si su conclusión se hubiera apoyado en la defensa de deuda inexistente, tal como la concibió y
diseñó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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