CASAS DE JUSTICIA

[leoeuskal]

Alguien puede informarme donde estan determinadas las facultades de los responsables de las casas de justicia de la provincia de Bs. As. Cuales son los alcances, efectos, facultades, etc, es decir donde esta legislado. No lo encuentro.

Gracias.

[drgallegol]

Hola, esto lo encontre en:

http://www.defensapublica.org.ar/Casade ... OGRAMA.doc


PROGRAMA “DEFENSORIAS DESCENTRALIZADAS EN CASAS DE JUSTICIA”





La Plata, 15 de noviembre de 2000.-

VISTO:
El incremento constante del número de personas de bajos recursos económicos que llegan a las Defensorías Oficiales en busca de asistencia jurídica gratuita.
Que además de estos sectores, se percibe desde el Ministerio Público de la Defensa que ya no llegan aquellos que antes requerían del servicio, por no contar con los recursos para trasladarse hasta las sedes de las Unidades de Defensa en las cabeceras departamentales.
Y CONSIDERANDO:
1.- Que sin perjuicio de la necesidad de aumentar el número de Defensorías Oficiales y reforzar sus plantas funcionales e infraestructura para mejorar la capacidad y calidad del servicio, es posible establecer modelos de prestación que permitan superar los obstáculos y dificultades que impiden el efectivo acceso a la Justicia de las personas de menores recursos económicos.
2.- Que las experiencias de trabajo en red llevadas a cabo por algunas Unidades de Defensa, a través de la interacción con sectores del gobierno provincial y municipal, así como con organismos no gubernamentales en la resolución de conflictos, han mejorado sensiblemente la función de las Defensorías.
3.- Que el trabajo interinstitucional e interdisciplinario permite el abordaje y tratamiento integral de los diversos casos que llegan a la Defensa Oficial, facilitando además las instancias alternativas en la resolución de conflictos así como la adecuada derivación a servicios o programas que ofrecen otras instituciones.
4.- Que el impulso de experiencias de descentralización facilitará el acceso a la Justicia por parte de la población más pobre, reduciendo las dificultades geográficas y económicas, así como el desconocimiento o desconfianza que la alejan del servicio, siendo conveniente originar espacios interinstitucionales - Casas de Justicia- que permitan la articulación de distintos aportes para la concreción de las mismas.
5.- Que de las consultas efectuadas entre autoridades de distintos Municipios, Colegios de Abogados, Universidades, surge viable la posibilidad de que en conjunto se articulen esfuerzos para concretar el acercamiento del servicio de Defensa Oficial a los más pobres.
6.- Que conforme lo expuesto la Defensoría de Casación, en cumplimiento de la función que las normas le otorgan, y en uso de las atribuciones que en tal sentido tiene asignadas, se ha propuesto ampliar los medios para que las personas pobres accedan a la administración de Justicia a fin de dirimir sus conflictos jurídicos o esclarecer sus pretensiones. POR ELLO, y en uso de las facultades conferidas por la Res. de Proc. Gral. nº 479/98, el señor Defensor ante el Tribunal de Casación,
RESUELVE
1.- Implementar experiencias de Defensorías de Pobres Descentralizadas en Casas de Justicia.
Las mismas estarán a cargo de un funcionario de la Defensa Oficial, y conforme los principios de interinstitucionalidad e interdisciplinariedad en que se fundamenta su creación, funcionarán en inmuebles que faciliten los Municipios que deseen incorporar el servicio en su distrito, con equipos de trabajo conformados con recursos humanos que ofrezca el gobierno municipal, Colegios de Profesionales, Universidades, Organismos públicos y privados que se sumen a la ejecución del programa.
2.- Seleccionar, previa tarea de diagnóstico de necesidades del servicio basadas en indicadores de pobreza y distancia de las sedes de las Defensorías, los departamentos judiciales que en una primera etapa puedan implementarse las descentralizaciones.
3.- Convocar a los señores Defensores Generales, y titulares de Unidades de Defensa Civiles de las departamentales seleccionadas a fin de evaluar la factibilidad e indicadores a considerar en la ejecución del proyecto dentro del área de su competencia territorial.
4.- Invitar a los Municipios con jurisdicción sobre los ámbitos territoriales en que se haya determinado la necesidad del servicio, a participar en la prestación del mismo mediante la afectación de un inmueble en el que funcionará la sede de la unidad descentralizada, así como con los elementos y factores instrumentales que resulten necesarios.
5.- Integrar los equipos de trabajo con profesionales, docentes y estudiantes universitarios de distintas disciplinas --Abogados, Asistentes Sociales, Psicólogos, Mediadores, etc.-- que se incorporen a través de los convenios que se celebren con Colegios Profesionales, Universidades, e instituciones públicas nacionales, provinciales o municipales.
6.- Invitar a participar a organismos no gubernamentales que por sus incumbencias, tengan interés en articular acciones que satisfagan las demandas y necesidades de las personas que busquen asistencia en las Defensorías descentralizadas.
7.- Previo al inicio, y durante su funcionamiento, el Centro de Estudios para la Defensa Pública tendrá a cu cargo la capacitación de los actores directa e indirectamente involucrados en el proyecto, en metodologías de abordaje, y en materias jurídicas de intervención de los casos a atender por las Casas de Justicia.
8.- Encomendar a las Defensorías Generales departamentales y al área de Relaciones Institucionales y con la Comunidad de la Defensoría de Casación, las tareas de implementación y control de gestión de las Defensorías de Pobres Descentralizadas en Casas de Justicia..
9.- Regístrese y comuníquese.-


PROGRAMA: DEFENSORIAS DE POBRES EN CASA DE JUSTICIA

OBJETIVO:

Establecer Defensorías de Pobres en Casas de Justicia a fin de llevar el servicio de asistencia jurídica integral a las personas de menores recursos económicos alejadas de las sedes de asiento de las Defensorías Oficiales.

La creación de las unidades descentralizadas tendrá como ejes la acción interinstitucional e interdisciplinaria, a través de:
-Concertación con los Municipios que presenten necesidad del servicio y se comprometan a colaborar con su instalación.
-Acuerdos con Universidades, Colegios de Profesionales Abogados, Asistentes Sociales, Psicólogos, organismos oficiales y privados que ofrezcan su participación en la prestación de asistencia a los pobres en las Casas de Justicia.

ACCESO IRRESTRICTO A LA JUSTICIA:

El acceso a la justicia, entendido como la posibilidad de toda persona de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos de acuerdo al ordenamiento legal y obtener atención ante determinadas situaciones jurídicas, estará condicionado a un conjunto de variables:
Accesibilidad Geográfica: Se basa en la cercanía de los recursos institucionales, según la distancia y medios existentes para recorrerla.
Accesibilidad Económica: La eficacia de la acción en muchos casos está condicionada por la capacidad económica para elegir la manera y los instrumentos para hacerlo.
Accesibilidad Cultural: El conocimiento e información que tienen las personas acerca de la posibilidad de ejercer sus derechos y los recursos o servicios de los que puede hacer uso.
Accesibilidad Administrativa: Estará determinada por la complejidad o simplicidad con que la población puede llegar a resolver sus demandas en las tramitaciones o exigencias solicitadas por las administraciones de los servicios.

El presente programa pretende superar las dificultades que impiden u obstaculizan a aquellas personas de escasos recursos económicos obtener asistencia ante conflictos jurídicos o determinados requerimientos legales.

DEFENSA OFICIAL

La Defensa Oficial forma parte de la gestión por la que el Estado asume la obligación de brindar asistencia legal gratuita a todas aquellas personas de escasos recursos económicos que pretendan ejercer sus derechos dentro del sistema previsto por el ordenamiento legal para la resolución de conflictos y atención de determinadas situaciones jurídicas.
La ley 12.061 –del Ministerio Público— en su art.3 establece: “El servicio de la Defensa Oficial se prestará por los defensores oficiales”, y en el art. 21 se especifica que corresponde al Defensor Oficial “Asesorar, representar y defender gratuitamente a las personas que carezcan de recursos suficientes para hacer valer sus derechos en juicio”.
La segunda parte del art. 3 prevé la colaboración de los abogados de la matrícula que puedan incorporarse a las Defensorías –sistema conocido como Defensa mixta--. Esta preceptiva habilita la incorporación de abogados de la matrícula en la experiencia a implementarse, siendo una de las formas de propiciar la participación de los sectores que tienen relación inmediata con el servicio.

ESCENARIO Y JUSTIFICACIÓN

El acceso al servicio de Defensa Oficial guarda íntima relación con la pobreza, y ésta pasa a ser un factor determinante en el ejercicio de los derechos cuando se convierte en un obstáculo insalvable para quienes necesitan la asistencia jurídica prevista por el Estado para facilitar el acceso a la Justicia.

El lugar donde tienen su asiento las Unidades de Defensa se encuentran por lo general en zonas alejadas de los bolsones de pobreza, situación que dificulta en gran medida el traslado de las personas que componen estos sectores sociales al lugar de la Defensa Pública.

El incremento del número de causas por la demanda de nuevos requirentes del servicio, y la percepción de que amplias franjas de la población ya no solicitan asistencia por no contar con los medios materiales para llegar a las sedes de las Defensorías Oficiales, impone el planteo de estrategias que mejoren los niveles de acceso la justicia de los sectores menos favorecidos en la estructura social.

El programa se ofrece como una de las alternativas que permitan paliar los obstáculos que deben afrontar las personas de escasos recursos y facilitarles el acceso a la Defensa Oficial acercándoles el servicio a sus lugares de residencia –ello sin perjuicio de las medidas de índole administrativas o legislativas que puedan implementarse para dotar de mayores recursos a las Unidades de Defensa o la creación de nuevas Defensorías--.

Se ha considerado asimismo que la carencia de bienes muchas veces va acompañada de la escasez del capital socio-cultural necesario para poder llegar a los servicios esenciales, como las prestaciones que el servicio de Defensa Pública puede ofrecerles para ejercer sus derechos.
En estos casos el desconocimiento y la desinformación provocan el agravamiento de situaciones y el incremento de la litigiosidad.
La instalación de Unidades de Defensa descentralizadas en los lugares donde residen los potenciales usuarios propicia por una parte, la posibilidad de difundir sus derechos, y por la otra, el conocimiento del medio en donde se desarrollan los conflictos por parte de los operadores del sistema, contando a partir de ello con mayores ventajas para enfrentar los problemas en que deban intervenir.
Se configura entonces un escenario donde la atención temprana y preventiva jugará un rol fundamental, evitándose la magnificación o, inclusive, la aparición de los conflictos jurídicos que luego tengan como única vía de solución el litigio judicial, vg. que un problema civil desencadene en un caso penal: violencia familiar en lesiones u homicidios; drogadicción en detención por sospecha de comisión de un delito.
En el trabajo interinstitucional, que desde al Defensoría de Casación se viene promoviendo desde hace un par de años, y ha dado favorables resultados en varios departamento judiciales, será la base de implementación del programa.
La interrelación con organismos con áreas de intervención comunes –Municipios, Universidades, Colegios de Abogados, Asistentes Sociales, Psicólogos, Instituciones del área de la salud, O.N.Gs.—tiene como fin coordinar acciones de cooperación mutua que permitan optimizar recursos, dar atención integral a los conflictos, y evitar la superposición y la dispersión de esfuerzos desarticulados.
En el caso de las Casas de Estudios y de las Asociaciones que incorporen jóvenes profesionales al programa, se ofrece como contrapartida la capacitación que proporcionará el entrenamiento y formación en el servicio –además de la que reciban como operadores desde el Centro de Estudios para la Defensa Pública (CEDeP)—

LOS NUEVOS RECURRENTES A LA DEFENSA PUBLICA

Creemos necesario incluir en este marco conceptual la referencia a los nuevos actores que irrumpen en el escenario social y en especial los nuevos recurrentes de la Defensa Pública.
A partir de los últimos cambios producidos en la estructura socioeconómica de la sociedad argentina, se observa en las Unidades de Defensa la aparición de grupos sociales que antes no requerían asistencia jurídica gratuita.
Estos grupos conceptualizados desde la sociología como Nuevos Pobres, provienen de los sectores culturales medios, y presentan características diferenciadas de los sujetos que tradicionalmente ocupan la franja conocida como pobres estructurales.
Los Nuevos Pobres son aquellos que debido a una fuerte y permanente movilidad descendente han visto caer sus condiciones de vida a niveles equivalentes a la de los pobres, muy por debajo de las que han tenido, y como posiblemente ha tenido su generación precedente. No se trata de una pobreza heredada, sino adquirida a la que se han visto empujados por factores ajenos a su voluntad.
Estos nuevos actores, junto a la demanda por sus necesidades, portan un capital simbólico con contenidos diferentes del de los pobres estructurales, lo cual afecta cualitativamente sus reclamos, las formas de peticionarlos, y la manera de cómo son visualizados.

MARCO JURIDICO:

El marco legal que sostiene el Programa de Descentralización de las Defensorías de Pobres en Casas de Justicia, encuentra raigambre constitucional en los arts. 15 de la Carta Magna Provincial, y art.18 de la Constitución Nacional como asi también, en los Tratados Internacionales, incorporados por el art.75 inc.22 y 23 entre los cuales podemos citar “La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”, “La Declaración Universal de Derechos Humanos”, “Pacto Internacional de derechos civiles y políticos” (art. 2 y 6), “Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, “Convención sobre los Derechos del niño” (Art. 2.1, 2.2 y concs.).
Asimismo dan sustento al programa los artículos 1, 2, 3, 19 (2do, 3ero, 5to), 21 (1ero, 3ero, 4to.), 34, 72, 74, 74, 78, 80 de la ley 12091 “del Ministerio Público”, y la Resolución nº 479/98 del Sr. Procurador General.

RECURSOS OPTATIVOS Y FUNCIONALES

Lugar de asiento del Servicio: Inmuebles facilitados en préstamo de uso gratuito por los Municipios seleccionados, y declarados aptos para el Objetivo del Proyecto.
Instalaciones: Muebles e insumos aportados por la defensa Oficial, Municipio, e instituciones Públicas o Privadas.
Recursos Humanos: funcionario judicial responsable de la defensoría descentralizada, dependiente de la Defensoría General Departamental, con funciones de organización y coordinación de la planta funcional.
Profesionales conformantes del Equipo Técnico interdisciplinario: Abogados, Asistentes Sociales, Psicólogos, mediadores, entre otros, provenientes de Instituciones tales como Municipios y Colegios Profesionales, así como los provenientes de Universidades, y organismos no gubernamentales.
La planta de administrativos se integrará, de acuerdo a la demanda o necesidad de cada unidad, con personal del Poder Judicial o proveniente de las instituciones antes citadas.
La incorporación de las instituciones se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración y asistencia de las instituciones con las Defensorías Generales Departamentales y la Defensoría ante el Tribunal de Casación.

METODOLOGÍA DEL SERVICIO

En el área operativo funcional se establecen como objetivos específicos:
Orientación, información, asistencia jurídica y, en su caso, patrocinio a las personas de menores recursos económicos que residan en la zona de asiento de la Unidad descentralizada.
En el asesoramiento integral se incluirán derivaciones a programas o recursos de asistencia locales.
Se priorizarán los mecanismos tendientes a la resolución de alternativas de conflictos y mediación, ante determinadas problemáticas que posibiliten su tratamiento en tal sentido.

En el área humana se determinan como objetivos específicos:
La conformación de equipos de trabajo integrados con recursos humanos provenientes de las instituciones que deseen sumarse al programa, bajo la coordinación , organización y supervisión del funcionario de la Defensa a cargo del servicio.
Capacitación previa y permanente de los equipos de trabajo en lo operativo funcional, contenidos de las materias y técnicas o prácticas de procedimiento en los casos a asistir.
Combinación de la atención letrada con otras formas de atender las necesidades de los sectores menos favorecidos a través de la interdisciplinariedad.

ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1 era. ETAPA:
Evaluación y selección de los Municipios y los Departamentos Judiciales donde funcionarán las Casas de Justicia.
Para ello se consideran como indicadores de la necesidad del servicio: número de causas, población, distancia a las sedes, pobreza.
Se convoca a los señores Defensores Civiles, a fin de decidir estrategias en cuanto a la determinación del lugar de ubicación de las Unidades de defensa descentralizadas de acuerdo a las realidades socioeconómicas analizadas.
Los Sres. Defensores propondrán al funcionario que tendrá a su cargo la Defensoría descentralizada en Casa de Justicia.
Las Defensorías impulsarán en cada uno de los distintos preacuerdos con las Municipalidades destinatarias del servicio, así como con las Instituciones interesadas en el programa, bajo la coordinación de la Defensoría de Casación.

2 da. ETAPA:
Formación y capacitación de los equipos de trabajo directa e indirectamente involucrados en la prestación del servicio.
Durante esta etapa se formará a los integrantes de cada unidad en las materias y metodologías de abordaje de las situaciones a prestar asistencia, y que resulten de competencia de la Defensorías Oficies Civiles.
Así también se los instruirá en lo relativo a lo operativo funcional del servicio.
La capacitación estará a cargo del Centro de Estudios para la Defensa Pública.
Esta etapa se implementará previo a la puesta en funcionamiento del servicio, y durante el desarrollo del programa.
3era. ETAPA:
Ejecución, supervisión y evaluación de resultados.
La etapa de ejecución del programa comenzará a partir del día 1º de Abril del 2001 y por un plazo de dos años, durante el cual se realizarán distintas evaluaciones sobre su marcha y funcionamiento.
Se establecerán mecanismos de supervisión, capacitación de los operadores reuniones con los equipos y con los representantes de las instituciones sumadas al programa, dichas funciones estarán a cargo de los señores Defensores civiles departamentales y del área de la Defensoría de Casación que coordina el programa.
Sin perjuicio de las evaluaciones parciales, cada seis meses se realizará una evaluación integral, y en función de las mismas se efectuarán las adecuaciones o ajustes que resulten necesarios para el sostenimiento de la experiencia, y, en su caso, se dispondrá su suspensión.
MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
El presente programa pretende mediante la articulación de aportes interinstitucionales fortalecer el derecho de acceder al sistema estatal de administración de Justicia en igualdad de oportunidades.
Ello a través de:
La promoción de los derechos en las personas de menores recursos económicos: por medio de la asistencia y asesoramiento, difusión de servicios, programas y actividades de las instituciones.
Protección de sus derechos: a través de gestiones judiciales o extrajudiciales dirigidas a tutelarlos.
Mejorar la calidad de vida de los destinatarios del programa.
Verificar el estado del efectivo ejercicio de los derechos por los sectores económicamente menos favorecidos de la estructura social.

Patricia Beatriz Zucchi Mario Luis Coriolano
Coordinadora General Defensor ante el Tribunal
del Programa de Casación de la Pcia. de Bs.As.


Evaluación del programa al 18. 12.01
Resultados generales

Total de personas que solicitaron el servicio............... ........ 5200

Total de requirentes asistidos................................................. 3371

Acuerdos................................................................................. 1291

Movimiento total de personas estimado............................ 11.677

Los requirentes asistidos

53% es la Tasa de desocupación 53%.

El 28% pertenece a hogares con ingresos menores a $200 mensuales.

El 66% pertenece a hogares con ingresos menores a $400 mensuales.
El 63% tiene nivel educativo hasta primario completo
Debe considerarse que los servicios comenzaron a funcionar en distintas fechas, en anexo se amplia información sobre conformación de los equipos de trabajo, convenios, casos, inauguración, etc.


Espero te sea de utilidad.

Saludos.

[leoeuskal]

Gracias, esto lo tenia. Mi duda concreta es respecto de las atribuciones que tienen los funcionarios, voy a ver la ley y la resolucion.
Tengo dudas respecto de los procedimientos que se llevan a cabo, las citaciones, etc.