Quisiera trasladarles una consulta que me han hecho y la cual no he podido encontrarle respuesta aun. Los antecedentes el caso planteado son los siguientes:
Mi clienta trabajaba desde el año 1978 en un Organismo Nacional dependiente del hoy Ministerio de Economía y Producción (en aquel entonces, era Ministerio de Producción).
En el año 2001 se inicia un sumario administrativo a los fines de deslindar responsabilidades por presuntas irregularidades por parte de personal de diferentes oficinas ubicadas en el interior del país. De dicho sumario, se resuelve en el año 2003 la exoneración de mi clienta (como así también de otros agentes involucrados) estableciéndose en la misma resolución un determinado perjuicio fiscal en contra del mencionado organismo. Notificada esa resolución a mi clienta, la misma la consiente no interponiendo recurso alguno. Ello acarrea dos procesos diferentes:
1.- En diciembre de 2006 le notifican una demanda de Ejecución Fiscal iniciada por este organismo a los fines de percibir la parte que le correspondía a mi cliente del perjuicio fiscal ocasionado. Acogida la pretensión en primera instancia, en segunda instancia la Cámara revoca el fallo, haciendo lugar a la Inhabilidad de Título planteada, quedando recientemente firme y consentida dicha resolución.
2.- En el ámbito penal, en el año 2004 se inicia causa penal imputándosele Malversación de Caudales Públicos (Art. 260 CP), citándola a indagatoria en el año 2008, se abstiene a declarar y se interpone Prescripción de la acción penal, resolviéndose en consecuencia el sobreseimiento por la mencionada causal.
La cuestión que me consultan ahora es si se puede iniciar alguna acción reclamando indemnización en contra de este organismo en virtud de haberla despedido en su momento (cuya resolución administrativa ella consintió) y que ante sendas acciones judiciales (civil y penal) iniciadas en su contra, ha salido indemne.
Si se necesita más información de los antecedentes del caso para ver como se encararía el tema, me pongo a su disposición.
Espero abiertamente todas las respuestas que puedan acercarme.
Gracias.
Mi clienta trabajaba desde el año 1978 en un Organismo Nacional dependiente del hoy Ministerio de Economía y Producción (en aquel entonces, era Ministerio de Producción).
En el año 2001 se inicia un sumario administrativo a los fines de deslindar responsabilidades por presuntas irregularidades por parte de personal de diferentes oficinas ubicadas en el interior del país. De dicho sumario, se resuelve en el año 2003 la exoneración de mi clienta (como así también de otros agentes involucrados) estableciéndose en la misma resolución un determinado perjuicio fiscal en contra del mencionado organismo. Notificada esa resolución a mi clienta, la misma la consiente no interponiendo recurso alguno. Ello acarrea dos procesos diferentes:
1.- En diciembre de 2006 le notifican una demanda de Ejecución Fiscal iniciada por este organismo a los fines de percibir la parte que le correspondía a mi cliente del perjuicio fiscal ocasionado. Acogida la pretensión en primera instancia, en segunda instancia la Cámara revoca el fallo, haciendo lugar a la Inhabilidad de Título planteada, quedando recientemente firme y consentida dicha resolución.
2.- En el ámbito penal, en el año 2004 se inicia causa penal imputándosele Malversación de Caudales Públicos (Art. 260 CP), citándola a indagatoria en el año 2008, se abstiene a declarar y se interpone Prescripción de la acción penal, resolviéndose en consecuencia el sobreseimiento por la mencionada causal.
La cuestión que me consultan ahora es si se puede iniciar alguna acción reclamando indemnización en contra de este organismo en virtud de haberla despedido en su momento (cuya resolución administrativa ella consintió) y que ante sendas acciones judiciales (civil y penal) iniciadas en su contra, ha salido indemne.
Si se necesita más información de los antecedentes del caso para ver como se encararía el tema, me pongo a su disposición.
Espero abiertamente todas las respuestas que puedan acercarme.
Gracias.
