El caso del exdiputado Emiliano Estrada, acusado de montar una «usina de fake news» con fondos públicos, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una cuestión de competencia. Este expediente, que investiga los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios, presenta aristas relevantes sobre el uso indebido de recursos estatales y la jurisdicción aplicable.

La Justicia argentina avanza en la investigación contra el exdiputado nacional Emiliano Estrada, imputado por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios. La causa, que cobró notoriedad por la acusación de haber montado una «usina de fake news» financiada con recursos del Congreso, escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque su intervención se limitó a una cuestión de competencia.

Según la acusación, Estrada habría utilizado a dos asesores legislativos para producir y difundir videos anónimos en redes sociales, principalmente TikTok. Estos contenidos, supuestamente, vinculaban al gobierno provincial de Salta con actividades ilícitas como el narcotráfico y realizaban «operaciones difamatorias» contra funcionarios, empresarios y periodistas de la provincia. La denuncia federal se presentó en enero de 2025 y la imputación se concretó en diciembre de ese mismo año, una vez que Estrada dejó de contar con fueros parlamentarios.

El camino judicial y la disputa de competencias

La investigación se inició a partir de una derivación de la Fiscalía de Ciberdelincuencia de Salta. Inicialmente, la causa provincial tramitó en el Juzgado de Garantías de Salta, mientras que la causa federal, centrada en el presunto peculado de servicios, se radicó en el Juzgado Federal de Salta y luego en el Juzgado Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello.

La complejidad del caso generó una disputa de competencia entre los juzgados federales y provinciales. Fue la Cámara Federal porteña la que intervino para dirimir esta cuestión. El tribunal determinó que el expediente por peculado debía continuar en Comodoro Py, argumentando que los recursos presuntamente malversados eran de origen federal y que la «usina» de contenidos se habría montado en las oficinas de Estrada en el Congreso de la Nación.

La intervención de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó conocimiento del caso precisamente por esta discusión de competencia. Sin embargo, el máximo tribunal no se expidió sobre el fondo de la investigación ni sobre la culpabilidad o inocencia del exdiputado. La Corte consideró que la cuestión de competencia ya había sido saldada por la Cámara Federal y, por lo tanto, resultaba «inoficiosa» o «abstracta» su intervención en ese punto. Es decir, la Corte no intervino para resolver la competencia, sino para declarar que ya no había un conflicto a resolver por haber sido resuelto por una instancia inferior.

Actualmente, las investigaciones continúan separadas: la causa provincial en Salta, vinculada a la difusión de contenidos falsos, y la causa federal por el presunto peculado de servicios, que sigue su curso en el Juzgado de Casanello en CABA. El fiscal interviniente en la causa federal es Carlos Martín Amad, mientras que en Salta, la jueza federal de Garantías N°2 es Mariela Giménez.

Qué implica para los abogados

Este caso presenta varios puntos de interés para los profesionales del derecho, especialmente en el ámbito penal y administrativo:

  • Delito de Peculado de Servicios: La imputación de peculado de servicios subraya la importancia de la correcta administración de los recursos públicos, incluyendo el tiempo y la labor de los empleados estatales. Para los abogados, implica un análisis minucioso de la asignación de tareas y el uso de bienes del Estado.
  • Abuso de Autoridad: La acusación de abuso de autoridad, en concurrencia con el peculado, resalta la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus facultades y la prohibición de desviar sus funciones para fines personales o políticos.
  • Conflictos de Competencia: El derrotero judicial, que incluyó la intervención de la Cámara Federal y la Corte Suprema para resolver una cuestión de competencia, demuestra la complejidad de determinar la jurisdicción aplicable cuando los hechos involucran recursos federales y se desarrollan en distintos ámbitos geográficos o funcionales. Es un recordatorio de la necesidad de un profundo conocimiento de las reglas procesales y la jurisprudencia en la materia.
  • Fueros Parlamentarios: La demora en la imputación hasta el vencimiento del mandato legislativo de Estrada pone de manifiesto el impacto de los fueros parlamentarios en el avance de las investigaciones penales contra funcionarios, y cómo su levantamiento o expiración puede destrabar causas importantes.
  • Delitos Informáticos y Fake News: Aunque la causa federal se centra en el peculado, el origen del caso en la difusión de «fake news» y operaciones difamatorias subraya la creciente relevancia de los delitos informáticos y la necesidad de adaptar el marco legal y las herramientas de investigación a las nuevas formas de criminalidad digital.

El seguimiento de este caso es crucial para comprender las interpretaciones judiciales sobre la malversación de recursos estatales y la delimitación de competencias en investigaciones de alto perfil que involucran a exfuncionarios públicos.