El máximo tribunal revocó ocho fallos de la Sala II de la Cámara del Trabajo y dispuso que el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral rija la actualización de créditos en causas en trámite. El Gobierno celebró la decisión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó aplicar la Ley 27.802, de Modernización Laboral, a los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva. En un fallo firmado el 5 de noviembre de 2026, dejó sin efecto ocho pronunciamientos de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y dispuso que los créditos laborales se actualicen según el artículo 55 de esa norma. El Gobierno nacional celebró la decisión.
La resolución lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Uno de los expedientes involucrados es “Cabana Opanasiuk, Leonardo c/Unir SA y otros s/despido”.
Qué había resuelto la Cámara
La Sala II había declarado la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, que vedan la actualización monetaria de las deudas. Con ese punto de partida, había fijado para los créditos laborales un mecanismo de actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3% anual.
El criterio de la Corte
El tribunal partió de un principio conocido: las sentencias deben atender a las normas vigentes al momento de resolver, aunque sean posteriores al inicio del juicio. Como la Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, ya fija pautas de actualización, la Corte consideró “inoficioso” expedirse sobre la constitucionalidad de las leyes que impiden indexar.
El artículo 55 establece que la actualización parte de la tasa pasiva del Banco Central, con dos límites: no puede superar el capital ajustado por inflación más 3% anual ni quedar por debajo del 67% de ese importe. Según los medios que informaron el fallo, la Corte entendió que sus disposiciones son de orden público y que los jueces deben aplicarlas de oficio o a pedido de parte.
Otros puntos de la reforma
- La ley conserva la indemnización de un mes de sueldo por año de servicio, o fracción mayor a tres meses.
- Precisa la base de cálculo: se toma la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y se definen mejor los rubros variables.
- Quedan excluidos conceptos como el aguinaldo, las vacaciones no gozadas y los bonos anuales.
Un debate que sigue abierto
Algunos laboralistas sostienen que el artículo 55 podría afectar derechos de los trabajadores si se aplica a relaciones jurídicas ya extinguidas, con riesgo de vulnerar el principio de irretroactividad de las leyes. En esa línea, en octubre de 2026 la Corte Suprema de Santa Fe anuló una sentencia que había aplicado retroactivamente la Ley Bases a un despido anterior a su entrada en vigencia. Ese antecedente marca límites a la aplicación temporal de la reforma y refuerza la importancia de la fecha de extinción del vínculo.
El texto oficial del fallo debería consultarse en el sitio de la Corte o en el Centro de Información Judicial cuando se publique.
Qué implica para los abogados
- En los juicios sin sentencia definitiva, la liquidación de intereses y actualización debería plantearse con la pauta del artículo 55, y no con IPC más 3% anual.
- Conviene revisar los planteos de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561: la Corte los consideró inoficiosos frente a la nueva norma.
- Quienes representen a trabajadores con vínculos extinguidos antes de la reforma pueden evaluar planteos de irretroactividad, con el antecedente de Santa Fe como argumento comparado.
- Quienes asistan a empleadores cuentan con un criterio del máximo tribunal para pedir la aplicación del tope y del piso del 67% incluso en etapas avanzadas.
- Como la Corte la considera de orden público, la aplicación del artículo 55 puede ser dispuesta de oficio por los jueces, por lo que conviene anticipar el cálculo en las presentaciones.
