Editorial I
Caso Candela: un escandaloso revés.-
Los responsables del fracaso de la investigación tienen una deuda con la familia de la víctima y con la sociedad toda.-
A partir del 22 de agosto de 2011 el pedido desgarrador de una madre sensibilizó a toda la sociedad. Había desaparecido Candela Rodríguez de su casa a plena luz del día en el conurbano bonaerense. Carola Labrador pedía por su pequeña hija de 11 años. A partir de allí las imágenes de aquella niña inundaron todos los medios de comunicación y, detrás de su búsqueda, se encolumnaron diversas organizaciones de la sociedad civil, referentes sociales y un sinnúmero bienintencionado de voluntarios.
El 25 de aquel mes, la propia presidenta Fernández de Kirchner recibió a Carola Labrador en su despacho. El mismo día, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se negaba que se tratara de un secuestro extorsivo y se daba cuenta del ofrecimiento de una recompensa por toda ayuda para localizarla, a la par que se conocía que el padre de Candela -detenido acusado de delitos graves- testificaba ante la Justicia dando posibles pistas de su desaparición.
Pese al clamor popular por la aparición con vida de la pequeña y al gran despliegue de policías y recursos afectados a la búsqueda de Candela, hubo que esperar hasta el 31 de agosto para que una cartonera, a plena tarde de aquel día y en un descampado a la vera de una transitada autopista, cerca del domicilio de donde había desaparecido y dentro del campo del rastrillaje policial, encontrara una bolsa en cuyo interior aparecería el cadáver de la niña.
Para el reconocimiento de su cuerpo no se convocó sólo a su madre, sino que estaban presentes -pisoteando la valiosa escena del crimen- el propio gobernador, su ministro de Seguridad y un sinfín de funcionarios policiales y médicos, además de quien filmaría ese duro momento. Las imágenes de desgarro de Carola Labrador fueron difundidas con la misma celeridad con que se entregó una grabación donde se exigía dinero que aquélla no habría entregado con anterioridad a los captores de la menor. Parecía que se pretendía enlodar con ello la memoria de Candela y de su familia para morigerar el impacto negativo de un nuevo papelón para los responsables de la seguridad, como ocurriera en el también sonado caso de la familia Pomar.
La confusión creció cuando llegaron las primeras detenciones de personas que, por sus características, no parecían idóneas para haber montado, concretado y ejecutado tales actos de crimen organizado. La actuación del mediático abogado de Carola Labrador tampoco pudo despejar las dudas existentes.
Surgía así, una vez más, la sospecha de que se podía estar creando un "relato oficial" para exhibir una suerte de respuesta judicial que tapase la desnudez de tanta impericia. El 9 de marzo pasado, el Senado bonaerense dispuso por unanimidad la creación de una comisión para investigar la conducta del juez y del fiscal intervinientes en el asunto luego de diversas denuncias sobre su trabajo.
La aparición dudosa de supuestos rastros de ADN de la niña en un vaso -elemento móvil-; acusaciones que se desvanecieron por la orfandad en que se cimentaron; pistas no profundizadas que podrían vincular el crimen al narcotráfico o a sectores de la policía bonaerense conforman, entre otras graves irregularidades, un contexto nada alentador sobre la búsqueda de la verdad.
Como no podía ser de otro modo, todo este confuso panorama aparece reflejado en las constancias de la causa. Y ellas han llevado ahora a los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Morón a declarar la nulidad de todas las declaraciones indagatorias prestadas en la causa, la cual experimenta así un frustrante retroceso. Lo irregular de la investigación, sin duda, determinó de manera irreversible este resultado; basta con señalar, entre otros motivos de censura, que la Cámara aludió al uso de expresiones empleadas por la Fiscalía tales como "ajuste de cuentas no tradicional", alejada de toda técnica jurídica, agregando que las imputaciones "se encuentran cargadas de vaguedades, imprecisiones, abstracciones y manifestaciones genéricas". Asimismo, destacó el empleo abusivo de la figura del testigo de identidad reservada para sostener la imputación, cuya identidad parecían conocer las fuerzas policiales pero no los magistrados, y la débil fuerza probatoria de la supuesta escena del crimen, mencionando la gran cantidad de personas que transitaron por la casa donde se aseguraba que estuvo cautiva la menor. Tantas y tan graves son las irregularidades que en su momento se determinó el apartamiento del juez de garantías de Morón, Alfredo Meade, y se comunicó al fiscal general del distrito, Federico Nieva Woodgate, la pérdida de objetividad del fiscal actuante en el caso; ello amén de disponerse la libertad de todos los imputados detenidos hasta ese momento.
El escandaloso fracaso que evidenció la investigación de este repudiable crimen no debe permitir excepción alguna a los estándares de justicia y legalidad dentro de un Estado de Derecho. Todos quienes fallaron tienen una deuda no sólo respecto de la familia de la menor, sino con la sociedad. Su impericia previa al hallazgo y la posible distorsión de la verdad posterior en que podrían estar incursos deberían imponer el alejamiento de sus cargos.
La seguridad es el principal reclamo y un clamor legítimo de toda la ciudadanía. No es una sensación como impúdicamente se sostuvo. Es un fenómeno real que a diario mutila familias, arrebatando vidas, ante el que cabe exigir que se optimice la prevención con criterios de seguridad ciudadana, por ser un derecho humano esencial, y que se dispongan los recursos humanos y materiales adecuados para que la lucha contra el crimen brinde respuestas justas y verdaderas.
Solo así el dolor de otra muerte absurda obtendrá una respuesta seria que permitirá encontrar cierta paz y mirar hacia el futuro, sin renegar resentidamente del pasado.
http://www.lanacion.com.ar/1466189-caso ... loso-reves
Saludos.
"2017, te espero - UNITE".
