Cambios en Buenos Aires: hay más de 7000 causas demoradas en Casación
Lanzan una reforma para agilizar la justicia provincial
Incorporará juicios rápidos, modificará el Código Procesal y sumará 8700 plazas carcelarias
Martes 29 de enero de 2008
Una profunda reforma judicial prepara el gobierno bonaerense, con el fin de acortar los tiempos de resolución de las causas y aliviar el trabajo de los jueces, actualmente sobrepasados y con demoras que en la Cámara de Casación superan los 7000 expedientes.
Las modificaciones que en unos días la administración de Daniel Scioli presentará en las sesiones extraordinarias de la Legislatura bonaerense se sostendrán sobre tres ejes, según reveló a LA NACION el propio gobernador. Esos ejes serán: la quita de competencias a Casación, la incorporación en toda la provincia del sistema conocido como Flagrancia –resuelve determinados casos penales en un plazo máximo de 60 días– y la reforma del Código Procesal Penal. Este último punto está menos avanzado que los otros dos.
A estos cambios se sumará la habilitación de 8700 nuevas plazas carcelarias, lo que aumentará en más de un tercio la capacidad de las cárceles bonaerenses. Actualmente, son 24.000 las plazas en prisiones, pero no alcanzan: los detenidos son 27.000. Este cuadro de situación ejemplifica el hacinamiento en el que viven los presos en la provincia, hecho ya denunciado por la Suprema Corte bonaerense, que intimó al gobierno a mejorar los derechos humanos de los detenidos. Scioli propondrá, además, eliminar la acumulación de presos en las comisarías.
“Todos estos cambios ayudarán a generar un sistema de seguridad más confiable. Me indigna que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, y a la gente también. Me piden que no pase más. Y con esto no va a pasar”, señaló el gobernador Scioli a LA NACION.
Según informó el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, las reformas "ya fueron conversadas con todos los actores del sistema". Esto es: la Corte Suprema, el Colegio de Abogados, la Cámara de Casación y los jefes de bloque en la Legislatura provincial.
"Esta semana haremos una nueva rueda de charlas con todos, pero en principio hay acuerdo para todos los cambios", adelantó. Hizo una salvedad: "La modificación del Código de Procedimiento está menos desarrollada que los otros puntos".
El acuerdo con los diputados y senadores provinciales resulta fundamental, pues las modificaciones están previstas dentro de un proyecto de ley que Scioli introducirá en las sesiones extraordinarias del mes próximo.
Algunas de estas reformas arrancaron durante la gobernación de Felipe Solá. Por ejemplo: el sistema de juicios rápidos, conocido como Flagrancia, se puso a prueba en 11 departamentos judiciales bonaerenses antes de que Scioli asumiera el poder provincial. Ahora, el procedimiento se llevará a todo el territorio bonaerense.
Solá, además, propuso eliminar la Cámara de Casación. Scioli, en cambio, decidió mantener la cámara, pero quitarle competencias para no sobrecargarla con expedientes.
Este es el primer punto de la reforma diseñada por el ministro Casal y apoyada políticamente por el gobernador Scioli.
Tema 1: Casación
Casación tiene actualmente unas 7000 causas atrasadas, según calculó el jefe de la cartera de Justicia provincial. Para solucionar un problema que parece crónico, se tomará allí una medida de corto plazo y otra de mediano plazo.
En la primera parte -de seis meses a un año-, las cámaras de garantía se convertirán en cámaras de Casación ad hoc hasta que se resuelvan las demoras. Esto significa que los 7000 expedientes retrasados en Casación serán sorteados y distribuidos entre 39 salas: las 36 de Apelación y las 3 de Casación.
"Calculamos que, con esta medida, la mora judicial se va a regularizar en 2008. A fines de año deberíamos tener el sistema ordenado", explicó Casal a LA NACION.
Una vez regularizado el sistema, se quitarán competencias de Casación para que la Cámara no vuelva a caer en moras. "Harán foco sobre las sentencias criminales, mientras que Apelación se dedicará a lo correccional, a las eximiciones de prisión y a los recursos de hábeas corpus, por ejemplo", agregó Casal.
El objetivo es "equilibrar" y "estabilizar" el trabajo judicial, de acuerdo con palabras del gobernador Scioli. "La idea es que se distribuya más equitativamente el trabajo", señaló.
Otra parte central de la reforma es la incorporación del sistema de juicios rápidos en toda la provincia. A esto se lo conoce como Flagrancia.
Tema 2: juicios rápidos
"Se trata de resolver rápido en los casos en los que se sorprende a los acusados mientras éstos cometen el delito. Es un procedimiento que no debe tardar más de 60 días hasta que se dicta la sentencia. Si logramos imponerlo, reduciremos mucho los plazos de las causas y generaremos más oxígeno para los organismos judiciales, que hoy están sobrepasados", dijo el ministro de Justicia.
La reforma en Casación y la incorporación del sistema de Flagrancia están avanzados, informaron en el gobierno bonaerense. La reforma del Código Procesal Penal, en cambio, necesita algunas horas más de debate.
Tema 3: el Código
"Es necesario el cambio. Apuntamos a fijar plazos para dictar sentencias, por ejemplo. Creemos que en dos años debe agotarse el proceso de investigación y que, luego, la sentencia debe estar dictada en no más de seis meses", informó Casal.
La modificación ayudará también a centralizar la agenda de audiencias de los tribunales. Actualmente, algunos juzgados fijan audiencia para... ¡2012! La idea sostenida por Scioli es que exista un oficina central que diseñe esa agenda.
En definitiva, el gobierno de la provincia de Buenos Aires promete impulsar en los primeros días del mes próximo una serie de reformas judiciales que ayudaría a recortar los plazos de las causas y oxigenaría las oficinas de los jueces, hoy desbordados. La primera respuesta se verá, dentro de algunas horas, en las sesiones extraordinarias de la Legislatura bonaerense.
Por José Ignacio Lladós
De la Redacción de LA NACION
Luces y sombras de los juicios rápidos
Los resultados de una prueba piloto
El sistema de juicios rápidos para los casos en que los acusados son sorprendidos mientras cometen el delito se encuentra a prueba en la provincia de Buenos Aires desde hace dos años y ya se aplica en 11 de los 18 departamentos judiciales.
La única evaluación de este instituto que se hizo hasta el momento tuvo lugar en Mar del Plata, donde empezó a usarse a prueba y demostró su notable éxito: un caso que tardaba en resolverse 500 días, se hace en sólo 60. La clave es que desde el momento de la detención las pruebas se debaten oralmente en diversas audiencias, y a lo sumo en dos meses el caso debe ser llevado a juicio, si es que antes fiscal y defensor no pactan una pena o si no se suspende el proceso mediante una probation.
Natalia Gambaro, una abogada de la ONG Unidos por la Justicia, que trabajó para instrumentar este sistema en la provincia junto con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), explicó a LA NACION las fortalezas y debilidades del sistema, que sólo sirve para los casos donde la pena máxima prevista para el delito es de 15 años, es decir que incluye la mayoría de los robos y hurtos, siempre y cuando no se hayan realizado con uso de armas.
La experta destacó la celeridad del sistema, los consensos creados para su funcionamiento, lo que generó gran aceptación entre los operadores, y la extensión de las garantías constitucionales del detenido.
Sin embargo, también destacó, al menos, tres debilidades del sistema.
"Se avanzó en el proceso en casi toda la provincia, pero falta una evaluación en cada departamento judicial -explicó la especialista-. No hay aún resultados definitivos, porque no se midió sistemáticamente para ver si se repite el mismo éxito en todos los casos o si hay falencias."
Subrayó Gambaro que otra cuestión importante es la capacitación, que por ahora es realizada por los operadores que ya se adiestraron en un principio, de modo de replicar el modelo.
Pero si no se agregan técnicos a la capacitación, es posible que se reiteren vicios.
Y advirtió, finalmente, que también es necesaria una evaluación de los procesos, para determinar si cada parte cumple acabadamente con su función de juez, defensor y fiscal, o si uno suple el papel del otro.
"Equivale a oralizar la instrucción del caso, evitando los ritualismos del proceso escrito, con lo que se acortan los plazos de manera considerable", indicó Gambaro.
Por Hernán Capiello
De la Redacción de LA NACION
Las razones del colapso
Por Ramiro Sagasti
De la Corresponsalía La Plata
LA PLATA.- El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Justicia, Ricardo Casal, lo habían dicho antes de asumir: una de las prioridades de esta gestión iba a ser la puesta en práctica de una reforma penal. Casal mencionó tres colapsos que, según el funcionario, definen la crisis general: el de las fiscalías, el del Tribunal de Casación y el déficit de infraestructura.
Es decir, además del letargo judicial -de esos cientos de miles de causas que se apilan contra las paredes, sobre los escritorios y hasta en los pisos y en los baños de fiscalías y juzgados-, los funcionarios judiciales hoy trabajan en condiciones deplorables.
Las denuncias por las condiciones de hacinamiento son recurrentes; denuncias que señalan edificios con serios riesgos de derrumbe y oficinas con falta de ventilación, de agua y de luz. Incluso, en muchos casos no hay sistemas de evacuación. Más aún: muchas dependencias judiciales funcionan en casas de familia, fábricas abandonadas, locales comerciales, farmacias, viejos hoteles. Por eso, dijo ayer el ministro de Justicia a LA NACION, se declaró la emergencia edilicia del Poder Judicial.
"La crisis de 2001 fue una de las causas que impidieron que la reforma procesal de 1998 se pudiera consolidar. Fue un avance cualitativo importante. El Código Procesal Penal está a la altura de los códigos de los países más modernos, pero no fue acompañado por la inversión que requería", dijo Casal.
La reforma de 1998, que reemplazó el denominado Código Jofré, otorgó a los fiscales la instrucción de las causas (antes, investigaba el juez que luego debía condenar) y creó el ahora colapsado Tribunal de Casación, que tiene 7000 causas atrasadas.
Hace un año, el entonces gobernador, Felipe Solá, también impulsó una reforma judicial -muy resistida- que entre otras cosas pretendía eliminar ese tribunal. Scioli y su ministro de Justicia, en cambio, proponen que Casación sólo se ocupe de las sentencias de juicios orales criminales, y derivar las causas correccionales a las cámaras de apelaciones. Fuentes del mencionado tribunal consultadas por LA NACION dijeron que, en líneas generales, están de acuerdo.
El fiscal Marcelo Romero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, concuerda con acotar la competencia de la Casación a las causas penales.
Las fiscalías -había señalado Casal- también están colapsadas. "Por ejemplo, hoy estuve en Pinamar. Un solo fiscal tiene 6000 causas", dijo el ministro. Para agilizar el trabajo en el Ministerio Público, el gobierno quiere acelerar los procesos ante los casos de flagrancia.
Romero está de acuerdo con esta iniciativa, pero señaló que no es suficiente: "Se están modificando las cuestiones de forma y no las de fondo. Hay que cambiar el Código Penal para fijar criterios de oportunidad. Hoy es lo mismo que alguien robe un chupetín o que cometa un homicidio. Esto demora a la Justicia".
Para el presidente del Tribunal de Casación, Federico Domínguez, además de la puesta en marcha del sistema de flagrancia, "hay que aumentar la oralidad en los procesos para esos casos y para los juicios abreviados; hay que hacer audiencias preliminares". Casal dijo que la propuesta de Domínguez está contemplada en la reforma del código de procedimiento que impulsa el gobierno.
"Mano justa"
A Scioli lo inquieta el alto nivel de excarcelaciones, contaron a LA NACION sus colaboradores. En una oportunidad, cuando se le preguntó si iba a aplicar la mano dura o la mano blanda, respondió: "Mano justa".
Desde la vuelta de la democracia, el sistema de excarcelaciones fue reformado unas 14 o 15 veces, recordó el fiscal Romero. Con criterios duros o blandos, según el perfil ideológico de los gobernantes. Uno de los últimos gobiernos que endureció el sistema de excarcelaciones fue el de Carlos Ruckauf.
Eso provocó la superpoblación y el consecuente hacinamiento carcelario. Luego, durante la gestión de Solá, las excarcelaciones se flexibilizaron. Ahora, hay unos 27.000 presos y 24.000 plazas. Y Casal afirmó que habrá 8700 plazas más.
LA NACION preguntó al ministro si la idea era endurecer el sistema de excarcelaciones, si para eso estaban ampliando la capacidad del Servicio Penitenciario. Respondió Casal: "No. Sólo hay que aplicar la ley de excarcelaciones correctamente, tal como está". Y recordó esas dos palabras de Scioli: "Mano justa".
"2017, te espero - UNITE".
