Un día después de que la Corte Suprema resolviera la disputa de competencia, la jueza Paula Petazzi ordenó pedir a EE.UU. información societaria y financiera vinculada a la firma TourProdEnter y a los dirigentes de la AFA.
La jueza Paula Petazzi ordenó un exhorto a Estados Unidos para obtener información societaria y financiera que alcanza a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, dirigentes de la AFA, y a la firma TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni. La decisión llegó 24 horas después de un fallo de la Corte Suprema que dejó la causa donde estaba e impidió su traslado a un juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Qué pidió la fiscalía y qué resolvió la jueza
El pedido de cooperación fue impulsado desde fines de septiembre por la fiscal Silvana Russi. La magistrada se había negado en un primer momento a darle curso, con el argumento de que no cumplía los requisitos del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1992. Con la competencia ya definida por el máximo tribunal, ordenó finalmente el exhorto.
La causa investiga el delito de defraudación, considerado un delito precedente del lavado de activos. El requerimiento a las autoridades estadounidenses abarca también a otras sociedades: Global LLC, Wintec Enterprise LLC y Prosport Live LLC.
El rol de la Procelac y las cuentas identificadas
En el expediente intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. El organismo ya había reunido datos sobre las empresas investigadas a través de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG). Sin embargo, esa información está sujeta a confidencialidad y no puede incorporarse de manera directa al expediente judicial. Por eso hace falta un canal formal de cooperación, que es el exhorto.
Según la información publicada, se identificaron cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. En PNC Bank pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año. Además, la fiscal detectó tres cuentas nuevas en First Citizens Bank & Trust.
La investigación paralela en Estados Unidos
El exhorto se inscribe en un contexto más amplio. La Justicia estadounidense avanza en una investigación sobre la estructura financiera de la AFA en el exterior. La Corte del distrito sur de Florida cursó citaciones a allegados al presidente de la entidad para que declararan el 30 de julio y aportaran información sobre TourProdEnter. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.
En esas citaciones aparecen, además de Tapia y Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. También se pidió información sobre José Hache, ex tesorero de Central Córdoba, vinculado a Juan Pablo Beacon, ex colaborador cercano de Toviggino. Los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, de Washington D.C., junto con Michael Berger, de Miami, investigan a la AFA.
Otras causas en trámite
Hay al menos cinco expedientes vinculados a la AFA, a Tapia y a Toviggino, que tramitan ante los juzgados de María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello. No deben confundirse con la causa en la que interviene Petazzi. Entre ellos figura una denuncia de Toviggino contra el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, por un presunto complot contra la conducción de la AFA, que quedó en manos de Capuchetti.
Según lo publicado, la información sobre las transferencias de TourProdEnter figura en el expediente desde el comienzo: más de 3000 páginas fueron reveladas por La Nación el 28 de diciembre pasado. No se conoció el texto del fallo de la Corte ni el del exhorto.
Qué implica para los abogados
- La definición de la competencia por la Corte Suprema destraba la cooperación internacional: un tribunal que había rechazado el pedido por no ajustarse al tratado de 1992 lo ordenó una vez resuelta la disputa.
- La información obtenida por canales como la RRAG no puede volcarse directamente al expediente; para usarla como prueba hace falta un exhorto formal. Es un punto clave en investigaciones por lavado con cuentas en el exterior.
- Los defensores y querellantes deberán seguir los tiempos de respuesta de las autoridades estadounidenses, cuyos datos podrían incorporarse como prueba.
- La existencia de una investigación paralela en Florida y de varias causas locales exige coordinar estrategias y vigilar posibles superposiciones entre expedientes.
