El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal asiste azorado ante un nuevo ataque a nuestra noble profesión. Otra vez, como viene sucediendo de manera sistemática en la última década, se imputa a los Abogados la existencia de mafias y/o industrias del juicio, como todos sabemos inexistentes.
Idéntico camino había recorrido el gobierno anterior en materia previsional, del Trabajo e incluso en cuanto a la forma de representación estamentaria en el Consejo de la Magistratura, en una suerte de tercerización de la responsabilidad aplicando una retórica consistente en omitir de manera concienzuda y aviesa la inexistencia de políticas estatales que pongan a buen resguardo los derechos y garantías de los habitantes de la República Argentina.
Hoy, cuando todos pensamos que aquellos tiempos habían sucumbido pulverizados por el voto popular que exigía un giro de 180 grados, nos damos cuenta que ello no ha sucedido sino que, por el contrario, se intenta una peligrosa regresión en materia de política laboral a los nefastos años 90.
Hemos sido los abogados y no la política quienes hemos enfrentado a todas y cada una de las iniquidades que se han presentado. El fallo «HALABI» detuvo la famosa «Ley Espía» que pretendía la consumación oficial del «Gran Hermano» que describiera Orwell en su maravilloso «1984» y con la que consiguieramos la primera consagración de las acciones colectivas a favor de nuestro CPACF. El precedente «RIZZO» que detuvo la mal llamada «Democratización de la Justicia»; restableciendo los principios republicanos de no intervención de otros poderes constituidos en la esfera de los otros. Obtuvimos fallos y cautelares por el affaire «Banco Nación – Banco Ciudad», la «Ley de Subrogancias»; denunciamos la inconstitucionalidad que surgía evidente de pretenderse nombrar Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto del PEN sin seguirse los mecanismos constitucionales; solcitamos al Máximo Tribunal la intervención de Fuero del Trabajo por su catastrófico estado y, más aquí en el tiempo, llamamos a inundar los Juzgados Laborales de acciones de amparos ante el grave atropello a nuestra Norma Fundamental que genera la inconstitucional, nula e inaplicable Ley de Riesgos del Trabajo.
También asistimos absortos ante los apoyos indiscriminados a violaciones constitucionales y/o derechos de los Trabajadores de ciertos sectores que nada dijeron sobre la conculcación artera de los Derechos Humanos que se produjeran con el fallo «MUIÑA», el que pusiera en vilo y llamara a la resistencia de más del 80% de la argentinidad.
Algunos de ellos, de manera descarada dicen representar a colegas, pero en realidad solo cuidan los intereses de sus clientes, los grandes grupos económicos y, en este caso puntual las ART o las empresas concesionarias de Servicios Públicos en su caso. Nada nuevo, exactamente es lo mismo que vino ocurriendo con «otras entidades y/o aplaudidores seriales» hasta el 10 de diciembre de 2015.
No existe en la Argentina real una política, ni controles en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo, léase que no hay una verdadera prevención si no un mero interés de las empresas de pagar lo menos posible, sin importar realmente el cuidado de la vida y/o la salud de los trabajadores. Evidentemente resulta mucho más económico para las empresas insultar a los trabajadores de la Abogacía en vez de realizar las inversiones necesarias para prevenir los riesgos así como las necesarias para la erradicación legal del trabajo en negro.
Tanto el Trabajo, como el acceso a la Justicia son Derechos Humanos con rango de no suspendibles en la inteligencia del Pacto de San José de Costa Rica (inc. 22 art. 75 CN). Sin que ello importe o interese, solo existe un obstinamiento en la conculcación de sus alcances por parte de quienes detentan el poder en más de una década .
Idéntica actitud se ha asumido con el interés de colonización del Poder Judicial desde 1989 a la fecha. Ejemplo de ello han sido el cambio de 5 a 9 miembros en la Corte Suprema, para luego pasar a 7 y, posteriormente volver a 5; sumado a continuas amenazas a jueces como otrora sucediera con los Camaristas de la Seguridad Social que fallaran contra el régimen; o la persecución sistemática de un Maestro del Derecho por el solo hecho de ser «veterano», y hoy; de examinarles publicaciones privadas en redes sociales (la verificación de la «Policía de Contenidos» de la obra de Orwell antes citada) y/o de reemplazarlos si no se ajustan a los requerimientos políticos, todo lo cual ha generado un estado de temor tal por parte de los magistrados quienes, incluso, han debido formar una nueva Asociación de Magistrados de la Competencia Federal, tratando de frenar el atropello y mancomunarse para defenderse debidamente.
La forma republicana de gobierno que establece el art. 1 de nuestra Carta Magna exige la necesidad de dotar y garantizar de la independencia y estabilidad necesaria a los jueces argentinos para que puedan cumplir y hacer cumplir con probidad y libertad el sagrado mandato de impartir Justicia.
Lamentablemente, una vez más como se agudizara en los últimos 10 años, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal advierte que no tolerará ninguna intromisión de otros poderes constituidos en la esfera del judicial cuando esto afecte o roce al libre ejercicio de la profesión de Abogados; a nuestro derecho constitucional de trabajar; a los honorarios, las incumbencias ni, al inalienable derecho de todo habitante del libre acceso a la Justicia.
Por todo ello, repudiamos abierta y decididamente cualquier imputación a nuestra profesión, provenga de quien provenga y, gobierne quien gobierne.
Nuestra actuación en la última década así lo garantiza.
Sin Abogados no hay Justicia.
| Pablo Dameschik | Jorge G. Rizzo |
| Secretario General | Presidente |
