Un tribunal de Rosario impuso dos años y tres meses de prisión en suspenso por turbación de la posesión a raíz del bloqueo a Razzini. Los jueces sostuvieron que el derecho de huelga no ampara impedir por la fuerza que otros trabajen.

Un bloqueo sindical contra una empresa de Rosario terminó con condenas penales. El Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 2 de esa ciudad, integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, condenó a dos activistas del Sindicato de Camioneros de Santa Fe a dos años y tres meses de prisión en suspenso por el delito de turbación de la posesión.

El conflicto que originó la causa

El caso se remonta a junio de 2020, cuando comenzó una medida de fuerza contra Razzini Materiales y Razzini Industrial SRL, firmas de la familia Razzini. El bloqueo se extendió durante unos 90 días, es decir, alrededor de tres meses.

El gremio reclamaba el encuadramiento sindical de 18 trabajadores de la empresa. Según las versiones periodísticas, la actividad de las firmas no guardaba relación con el transporte de cargas, y el encuadramiento correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA. La investigación estuvo a cargo del fiscal Germán Mazzoni.

La pena y las reglas de conducta

Al tratarse de una condena condicional, los acusados no cumplirán la prisión en un establecimiento penitenciario mientras respeten las condiciones fijadas. Entre ellas, deberán mantenerse alejados de las instalaciones de la empresa y no tendrán que contactar a sus propietarios.

El criterio sobre el derecho de huelga

Según los medios que reseñaron el caso, los magistrados rosarinos entendieron que la protección constitucional de la que gozan las medidas de acción sindical no alcanza a las conductas que impiden por la fuerza que otras personas trabajen. Es decir, el tribunal trazó un límite entre la protesta gremial legítima y la interferencia material sobre la actividad de un tercero.

Ese enfoque contrasta con el de otro fallo reciente. El juez Alejandro López, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, absolvió a Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados por el bloqueo a la empresa Rey Distribución, en San Pedro. En ese caso, el magistrado consideró que las acciones quedaban comprendidas en el ejercicio legítimo del derecho de huelga.

Reacción política y proyecto de ley

Verónica Razzini, empresaria de la familia afectada y actual diputada nacional, celebró la sentencia. El bloqueo a sus empresas fue el origen del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que impulsa cambios legislativos y judiciales para limitar esta práctica sindical.

La legisladora reflotará un proyecto de su autoría que tipifica los bloqueos sindicales como delito, con penas de seis meses a tres años y seis meses de prisión. Por el momento se trata de una iniciativa que deberá ser tratada por el Congreso; no es ley vigente.

Otros antecedentes

Los medios recordaron otros episodios vinculados con bloqueos del gremio de Camioneros: el de la planta de La Virginia, en Rosario, en 2022, con 19 activistas detenidos, y el procesamiento de dirigentes ligados a Hugo Moyano por bloquear una empresa de transporte en Villa Soldati en 2021.

El dossier no incluye el texto de la sentencia, por lo que las referencias a sus fundamentos provienen de lo que informó la prensa. No se informó si el fallo está firme o si será recurrido.

Qué implica para los abogados

  • Defensa penal de sindicalistas: el fallo muestra que una medida de fuerza prolongada sobre una empresa puede encuadrarse en la turbación de la posesión. Conviene analizar con detalle los hechos concretos: duración, impedimento material del acceso y existencia de conflicto de encuadramiento.
  • Asesoramiento a empresas: quienes sufren bloqueos cuentan con un precedente que sostiene la vía penal, además de las acciones civiles y las medidas cautelares.
  • Jurisprudencia dividida: los criterios de Rosario y San Nicolás son opuestos, lo que abre un escenario de inseguridad jurídica y posibles recursos para unificar criterios.
  • Derecho colectivo del trabajo: la discusión sobre el encuadramiento sindical, que dio origen al conflicto, sigue siendo un punto clave para prevenir litigios.
  • Seguimiento legislativo: el proyecto de Razzini, de avanzar, crearía un tipo penal específico, con impacto directo en la estrategia de defensa y en el asesoramiento gremial.