Un grupo de contribuyentes y abogados de derechos humanos de Estados Unidos presentó una comunicación del Artículo 15 ante la Fiscalía de la CPI. Acusa a funcionarios estadounidenses de complicidad en genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Una denuncia ante la Corte Penal Internacional puso en la mira a Donald Trump y Marco Rubio. Este miércoles 11 de noviembre de 2026, una delegación de contribuyentes y abogados de derechos humanos de Estados Unidos presentó en La Haya una comunicación del Artículo 15 ante la Oficina del Fiscal de la CPI. El escrito los señala, junto con otros altos funcionarios, por presunta complicidad en genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Quiénes la presentan y qué prueba aportan

La iniciativa corresponde a la organización Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG). Según se informó, el documento tiene 28 páginas y reúne testimonios de primera mano de médicos que trabajaron en Gaza, relatos de testigos presenciales, declaraciones de denunciantes y videos. También incluye documentación sobre el apoyo político, militar, diplomático y financiero de Washington a Israel. El texto completo de la comunicación no está disponible públicamente por el momento.

Las imputaciones concretas

A Trump se le atribuye haber autorizado y facilitado la transferencia de unas 1.800 bombas MK-84 de 2.000 libras a Israel, además de haber levantado sanciones a personas y entidades vinculadas con violencia en Cisjordania.

A Rubio se le imputan las aprobaciones del Departamento de Estado y de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa para ventas de armas posteriores a febrero de 2025. Entre ellas figuran misiles Hellfire, municiones, kits de guía y grandes cantidades de cuerpos de bombas de 2.000 libras.

La presentación también pide investigar al expresidente Joe Biden y al exsecretario de Estado Anthony Blinken, por haber iniciado y sostenido durante su gestión el flujo de armas y el respaldo político a Israel.

Como sustento, los denunciantes citan que un alto oficial de la Fuerza Aérea israelí dijo a Haaretz en septiembre de 2024 que Israel habría tenido dificultades para sostener la guerra más de unos pocos meses sin armamento estadounidense. Mencionan además la cifra de más de 230.000 toneladas de explosivos lanzadas sobre la Franja, según el gobierno de Gaza.

El marco jurídico y el contexto

El Artículo 15 del Estatuto de Roma habilita a individuos y grupos a aportar a la Fiscalía información sobre presuntos crímenes de su competencia. Se trata de una comunicación y no de una acusación formal: corresponde a la Fiscalía analizarla antes de decidir cualquier paso posterior.

Hay un obstáculo evidente: ni Estados Unidos ni Israel son Estados parte del Estatuto de Roma, y ambos rechazan la jurisdicción de la Corte. Además, la administración Trump sancionó a jueces y personal de la CPI, y emitió una orden ejecutiva que declaró una “emergencia nacional” por considerar a la Corte una amenaza. Rubio, por su parte, manifestó su intención de “desmantelar” el tribunal.

El antecedente inmediato es que la CPI ya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia consideró plausible que ciertos actos de Israel en la Franja puedan constituir genocidio. La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, también sancionada por Estados Unidos, respaldó el reclamo de TAAG.

Qué implica para los abogados

  • La presentación muestra el uso del Artículo 15 como vía de acceso de la sociedad civil a la Fiscalía de la CPI, incluso cuando los señalados pertenecen a Estados no parte. Los especialistas en derecho penal internacional pueden seguir cómo la Fiscalía trata este tipo de comunicaciones.
  • El caso reabre el debate sobre la complicidad de terceros Estados mediante transferencias de armas, un tema con impacto en el control de exportaciones y en la responsabilidad individual de funcionarios.
  • Para quienes asesoran a organizaciones de derechos humanos, la estructura de la denuncia —testimonios, material audiovisual y documentación oficial— es un modelo de armado probatorio para comunicaciones ante la CPI.
  • Argentina es Estado parte del Estatuto de Roma, de modo que la evolución de la relación entre la CPI y las potencias que rechazan su jurisdicción incide en el marco en el que se desenvuelve la justicia penal internacional.
  • Conviene distinguir entre las imputaciones de los denunciantes y los hechos comprobados: por ahora se trata de acusaciones sin decisión de la Fiscalía.