Nueve años después de declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, la Corte Constitucional de Colombia advierte que la grave vulneración de derechos de la niñez Wayuu en La Guajira sigue sin solución definitiva, exigiendo nuevas medidas urgentes a las autoridades.
La Corte Constitucional de Colombia ha vuelto a poner en el centro del debate la persistente crisis humanitaria que afecta a la niñez Wayuu en La Guajira, un problema que, a pesar de una sentencia clave emitida hace casi una década, continúa sin una resolución estructural. La situación en La Guajira, marcada por la vulneración de derechos fundamentales como la salud, el agua potable, la alimentación y la participación de los menores, llevó al alto tribunal a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en 2017 mediante la Sentencia T-302.
El ECI es una figura jurídica que la Corte Constitucional colombiana emplea cuando constata una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales que afecta a un grupo considerable de personas, y que la situación no puede ser resuelta a través de acciones judiciales individuales. En este caso, el ECI se declaró específicamente para los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, con el objetivo de obligar al Estado a adoptar medidas integrales para superar la crisis.
Sin embargo, la realidad actual dista de ser alentadora. En lo que va de 2026, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha registrado 49 muertes de menores de cinco años por causas prevenibles en la región. A esto se suma una alarmante crisis de salud mental detectada en Maicao, con graves afectaciones psicosociales y reportes de posibles suicidios de niños y adolescentes, lo que subraya la profundidad y complejidad del problema.
Frente a este panorama, la Corte Constitucional ha mantenido un seguimiento constante de la situación. Ha realizado numerosas sesiones de monitoreo, siendo la del 13 de octubre de 2026 la novena desde 2021. En estas instancias, la Corte ha verificado que persisten fallas significativas, incluso en aspectos tan básicos como los criterios de selección de beneficiarios para programas sociales y la elección de contratistas estatales. Si bien algunos medios se enfocaron en la convocatoria a 25 entidades para esta sesión técnica presencial en Riohacha, otros destacaron las medidas urgentes ordenadas por la Corte el 23 de septiembre de 2026, fijando plazos de cumplimiento a ministerios, alcaldías, EPS y organismos de control. Ambas acciones, sin embargo, se enmarcan en el seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
Una de las principales herramientas ordenadas por la Corte fue la construcción de un Plan Estructural de Acción (PEA) para articular las medidas necesarias, pero este aún no se ha materializado de manera definitiva. La preocupación del tribunal se ha manifestado también en decisiones como el Auto 1300 de 2026, firmado el 16 de septiembre, que convocó a la mencionada sesión técnica.
El Gobierno Nacional intentó abordar la crisis en 2023 declarando un estado de emergencia económica, social y ecológica (Decreto 1085 de 2 de julio de 2023). No obstante, la Corte Constitucional lo declaró inexequible (inconstitucional) en la Sentencia C-383 de 2023, aunque difirió los efectos de esta decisión por un año. La Corte consideró que el Gobierno no justificó adecuadamente por qué los mecanismos ordinarios no eran suficientes para responder a la crisis, lo que resalta la necesidad de soluciones estructurales y no solo coyunturales.
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 realizó una inspección judicial a fines de agosto de 2026 en los municipios afectados para comprobar avances respecto al tercer Objetivo Constitucional Mínimo, relacionado con la salud de la niñez Wayuu. Además, la Corte ha exhortado al Gobierno Nacional y al Congreso para que adopten las medidas necesarias que permitan superar la crisis humanitaria estructural en La Guajira.
Qué implica para los abogados
Para los abogados, el caso de la Corte Constitucional La Guajira es un ejemplo paradigmático de la capacidad de los tribunales superiores para intervenir en situaciones de grave vulneración de derechos fundamentales y exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. La figura del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) representa una herramienta poderosa en el derecho comparado, mostrando cómo una judicatura puede ir más allá de la resolución de casos individuales para abordar problemas estructurales que afectan a comunidades enteras.
Este precedente es relevante para los profesionales del derecho en Argentina, ya que ilustra la importancia del activismo judicial en la defensa de los derechos humanos y la niñez. Demuestra los desafíos inherentes a la implementación de sentencias complejas que requieren la coordinación de múltiples poderes y niveles del Estado. Los abogados pueden extraer lecciones sobre la litigación estratégica en derechos humanos, la necesidad de un seguimiento judicial riguroso y la importancia de la argumentación sobre la ineficacia de los mecanismos ordinarios para justificar intervenciones extraordinarias. También subraya la responsabilidad de los operadores jurídicos en monitorear el cumplimiento de las decisiones judiciales y en abogar por soluciones integrales ante crisis sociales profundas.
