La Orden de Abogados de Brasil en São Paulo inició una acción judicial contra la tecnológica Enter, acusándola de que sus herramientas de inteligencia artificial invaden funciones exclusivas de los letrados, marcando un precedente clave en la regulación de la IA en el ámbito jurídico.
La Orden de Abogados de Brasil en São Paulo (OAB-SP) ha presentado una acción civil pública ante la Justicia Federal contra la empresa tecnológica Enter, alegando que sus herramientas de inteligencia artificial invaden tareas reservadas exclusivamente a los profesionales del Derecho. Dos días después de la presentación inicial, la sección de Río de Janeiro (OAB-RJ) solicitó incorporarse como demandante en el proceso, reflejando la preocupación generalizada en el gremio.
Entre las peticiones principales de la OAB-SP, se destaca la solicitud de preservar y permitir la inspección de toda la evidencia vinculada al funcionamiento interno de los sistemas y algoritmos de Enter. Además, se busca que la empresa solo pueda ofrecer determinadas herramientas a estudios jurídicos y profesionales matriculados, prohibiendo su venta directa a departamentos legales de compañías que no ejercen la abogacía. Un punto crucial es la exigencia de supervisión humana obligatoria, verificable y auditable en todas las etapas de elaboración de documentos y decisiones jurídicas, haciendo especial énfasis en la formulación de estrategias.
Por su parte, la empresa Enter ha rechazado las acusaciones. Argumenta que sus herramientas no buscan sustituir la intervención humana, sino que están diseñadas para automatizar tareas rutinarias, reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de los procesos. Según la compañía, esto permite a los profesionales del Derecho liberar tiempo para concentrarse en actividades que requieren interpretación jurídica, razonamiento estratégico y criterio experto.
Este conflicto se enmarca en el particular contexto del mercado jurídico brasileño, que cuenta con más de 80 millones de expedientes activos. Esta vasta cantidad de procesos convierte a Brasil en un terreno fértil para el desarrollo y la implementación de herramientas de gestión masiva de litigios, lo que a su vez intensifica el debate sobre los límites de la automatización en el sector legal.
La demanda de la OAB-SP se suma a un creciente interés por la regulación de la IA en Brasil. Ya existe el Proyecto de Ley (PL) 2338/2023, de autoría del Senador Rodrigo Pacheco, que busca establecer un marco legal integral para la Inteligencia Artificial en el país. Este proyecto, elaborado por la Comisión de Juristas del Senado Federal para IA (CJIA), establece principios, derechos, obligaciones y un sistema de gobernanza para el desarrollo y uso de sistemas de IA. El Senado aprobó este proyecto de ley el 10 de diciembre de 2024, y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis y votación, esperándose su sanción presidencial en 2026.
El PL 2338/2023 adopta un enfoque basado en el riesgo, similar al Reglamento de IA de la Unión Europea, con obligaciones proporcionales al nivel de impacto potencial de cada sistema. Además, prevé sanciones considerables, análogas a las de la Ley General de Protección de Datos (LGPD), incluyendo multas de hasta 50.000.000 BRL por infracción.
Este no es el primer antecedente de litigios o pronunciamientos relacionados con la IA en Brasil. En agosto de 2025, el periódico Folha de São Paulo demandó a OpenAI por violación de derechos de autor y competencia desleal. Asimismo, en septiembre de 2025, el Tribunal de Justicia de Santa Catarina se pronunció sobre la legalidad del cobro de derechos de autor por música generada con IA, señalando la necesidad de determinar si estas herramientas producen composiciones originales o reutilizan obras preexistentes.
Un caso reciente y de gran impacto ocurrió en junio de 2026, cuando se detectó un intento de manipulación en un sistema de IA de un tribunal brasileño. Abogados insertaron texto invisible en una demanda laboral, conocido como “Prompt Injection Judicial”, con la intención de que la IA contestara la demanda “de forma superficial” y no impugnara los documentos. El propio sistema de IA del tribunal detectó la manipulación, lo que llevó al juez a sancionar a las abogadas con una multa equivalente al 10% del valor del procedimiento (más de 84.000 reales brasileños) y a remitir los hechos a los órganos disciplinarios. Este incidente ha sido calificado como un intento de “sabotaje algorítmico judicial” o “fraude procesal algorítmico”.
Brasil es reconocido como uno de los países más avanzados en América Latina en materia regulatoria de protección de datos, inteligencia artificial y propiedad intelectual, lo que convierte a estos desarrollos en un referente importante para la región.
Qué implica para los abogados
La demanda de la inteligencia artificial por parte de la OAB-SP contra Enter establece un hito fundamental para la profesión legal. Este tipo de acciones judiciales delineará los límites éticos y profesionales de la IA en el ejercicio del derecho, forzando una discusión sobre qué tareas son exclusivas de los letrados y cuáles pueden ser asistidas o automatizadas por la tecnología. Para los abogados, esto subraya la importancia de mantener una supervisión humana rigurosa y verificable en el uso de cualquier herramienta de IA, especialmente en la formulación de estrategias y la toma de decisiones críticas.
El avance del PL 2338/2023 en Brasil, que se espera sea sancionado este mismo año, indica una tendencia global hacia una regulación más estricta de la IA, con un enfoque basado en el riesgo. Los abogados argentinos deben estar atentos a estos desarrollos, ya que es probable que marcos regulatorios similares se implementen en la región, exigiendo una adaptación de las prácticas profesionales y la implementación de políticas internas para el uso responsable de la IA.
Casos como el “Prompt Injection Judicial” ponen de manifiesto los riesgos éticos y las posibles sanciones asociadas con el uso indebido o fraudulento de la IA en el ámbito legal. La transparencia y la integridad en el manejo de estas herramientas se vuelven imperativas. En definitiva, la profesión legal se enfrenta a un desafío y una oportunidad: integrar la IA de manera que potencie la eficiencia sin comprometer la ética, la calidad del servicio o la exclusividad de las funciones profesionales.
