El máximo tribunal de la ONU resolverá el jueves 19 de noviembre la demanda de Gambia contra Myanmar. Deberá determinar si la represión contra la minoría musulmana constituyó genocidio.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictará el jueves 19 de noviembre de 2026 su sentencia en el caso por presunto genocidio rohinyá, iniciado por Gambia contra Myanmar (antes Birmania). El fallo todavía no se conoce: el tribunal, con sede en La Haya, deberá definir si la campaña militar contra esa minoría musulmana encuadra en la Convención de 1948 sobre genocidio.
Un caso que viene desde 2019
Gambia presentó la demanda en noviembre de 2019, con base en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En enero de 2020, la CIJ ordenó como medida provisional que Myanmar adoptara «todas las medidas» a su alcance para evitar actos genocidas contra los rohinyá y preservara las pruebas relacionadas con el caso.
Myanmar rechaza la acusación. Su postura es que las operaciones fueron acciones legítimas de lucha contra el terrorismo. Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz y líder de facto del país en aquel momento, defendió personalmente a su Estado ante la Corte. Reconoció que pudo haber excesos, pero calificó la imputación de genocidio como «engañosa».
El contexto de los hechos
La represión militar se intensificó en agosto de 2017, después de ataques de milicianos rohinyá en el estado de Rajine. Más de 700.000 personas huyeron a Bangladés. Una misión investigadora de la ONU concluyó en septiembre de 2018 que las tropas birmanas habían actuado con «intención genocida», un elemento central en este tipo de procesos.
Hoy unos 1,17 millones de rohinyá viven hacinados en campamentos precarios en Cox’s Bazar, en Bangladés. Quienes permanecen en Rajine enfrentan restricciones a la libertad de movimiento y al acceso a servicios básicos.
Qué puede resolver la Corte y qué efectos tendría
La CIJ juzga la responsabilidad de los Estados, no la de las personas. Su decisión, por lo tanto, no establece condenas penales individuales. Según el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados miembros deben acatar los fallos del tribunal en los casos en que sean parte.
En paralelo, la Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, investiga presuntos crímenes de lesa humanidad contra los rohinyá. En 2024, su fiscal solicitó una orden de arresto contra Min Aung Hlaing, líder de la junta militar birmana. Son andariveles distintos: uno examina la responsabilidad estatal y el otro, la penal individual.
Varios medios señalan además que la interpretación que haga la CIJ sobre la intención genocida podría influir en otras causas, como la demanda de Sudáfrica contra Israel por la situación en Gaza. Se trata de una proyección sobre el alcance del precedente, no de un efecto previsto en el fallo.
La conexión con Argentina
Existe un procedimiento judicial en el país por crímenes internacionales cometidos contra los rohinyá, tramitado en virtud del principio de jurisdicción universal. Fue iniciado en noviembre de 2019 por la organización Burmese Rohingya Organization UK (BROUK). La sentencia de la CIJ no vincula formalmente a los tribunales argentinos, pero sus definiciones sobre los hechos y sobre el estándar de prueba podrían ser una referencia relevante para esa causa.
Qué implica para los abogados
- La fecha del fallo es el 19 de noviembre. Una vez dictado, el texto íntegro estará disponible en el sitio oficial de la CIJ (icj-cij.org), que será la fuente primaria para el análisis.
- Quienes trabajan en derecho internacional público y penal internacional deberían prestar atención a cómo interpreta la Corte la «intención genocida» y qué estándar de prueba aplica, porque son criterios de referencia para otros litigios.
- En el expediente argentino por jurisdicción universal, la sentencia puede aportar argumentos, aunque no tiene efecto vinculante directo en sede local.
- Conviene distinguir entre responsabilidad estatal (CIJ) y responsabilidad individual (CPI y tribunales nacionales) al explicar el alcance del fallo a clientes u organizaciones.
- El tratamiento de las medidas de preservación de pruebas y del cumplimiento de las órdenes previas puede ser útil para quienes trabajan en litigios de derechos humanos con elementos transnacionales.
