El tribunal pidió a La Pampa, Mendoza y el Estado Nacional que detallen los acuerdos parciales y las acciones realizadas desde la sentencia de 2020, que fijó un caudal mínimo de 3,2 m³/s.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reactivó en noviembre de 2026 la causa del río Atuel, el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el uso del agua. Otorgó un plazo de 20 días a las provincias y al Estado Nacional para que informen qué se hizo desde el fallo de 2020 y qué acuerdos parciales lograron en la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
Qué dispuso el tribunal
La medida apunta a verificar el cumplimiento de la sentencia dictada el 16 de julio de 2020 en la causa “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ Uso de aguas” (Expte. CSJ 243/2014 (50-L)/CS1, competencia originaria). Las partes deberán presentar:
- los acuerdos parciales alcanzados en el ámbito de la CIAI;
- las actividades desarrolladas desde 2020 para cumplir con lo ordenado.
La reactivación llega después de que La Pampa insistiera durante más de seis años con presentaciones y reclamos para que se avance en la ejecución de la sentencia.
Lo que había ordenado el fallo de 2020
En esa sentencia, la Corte fijó como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza. Para lograrlo, encomendó a las provincias y al Estado Nacional, en el ámbito de la CIAI:
- determinar las acciones y obras de infraestructura necesarias para alcanzar ese caudal;
- indicar el tiempo que demandarían las obras y el porcentaje de los costos que afrontaría cada jurisdicción;
- diseñar un programa de monitoreo permanente que controle la provisión del caudal, la evolución de la biota, la salinidad y los niveles freáticos.
Los programas de obras y de monitoreo debían presentarse ante el tribunal para su aprobación en un plazo de 90 días. Además, las negociaciones debían tener en cuenta una propuesta formulada por el Estado Nacional y aceptada por Mendoza en noviembre de 2019. La Corte también advirtió que, de no lograrse una solución acordada, sería ella misma la que definiría el curso de acción.
Antecedentes y marco normativo
El conflicto tiene un largo recorrido judicial. En 1987 (Fallos: 310:2478), la Corte declaró interprovincial al río Atuel, desestimó una acción posesoria de La Pampa y exhortó a las partes a celebrar convenios para una participación razonable y equitativa en el uso de las aguas. En 2017, en los mismos autos 243/2014, ordenó fijar en 30 días un caudal apto para recomponer el ecosistema afectado en el noroeste pampeano y, junto con el Estado Nacional, un programa de obras. Ante la falta de acuerdo, amplió el plazo por 120 días, pero tampoco hubo consenso.
La sentencia de 2020 se apoyó en el artículo 40 de la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente) para fijar el caudal mínimo. En el análisis del caso también se mencionan el artículo 41 de la Constitución Nacional, que protege el ambiente, y el artículo 127, que habilita a la Corte a dirimir conflictos interprovinciales. El tribunal aplicó además el principio de progresividad ambiental, que prevé alcanzar los objetivos de manera gradual, con metas interinas y finales.
En cuanto a los organismos, la CIAI es el ámbito donde deben alcanzarse los acuerdos. La Corte instó a consolidar la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), con plena incorporación del Estado Nacional, en reemplazo de la CIAI.
Qué implica para los abogados
Para quienes asesoran a Estados provinciales, organismos de cuenca o actores vinculados al uso del agua en la región, la reactivación marca que la Corte retomó el seguimiento de su propia sentencia en una causa de competencia originaria. Con el plazo de 20 días en curso, las presentaciones de las partes serán la base para que el tribunal evalúe si corresponde aprobar programas, fijar plazos o definir por sí mismo las medidas pendientes, como había anticipado en 2020.
También sienta una pauta útil para litigios ambientales e interjurisdiccionales: las metas interinas y los mecanismos de monitoreo fijados en una sentencia pueden ser objeto de control posterior, y la inacción prolongada de las partes puede derivar en que el tribunal asuma un rol más activo. Conviene seguir las presentaciones que se realicen y la eventual respuesta de la Corte, que se podrán consultar en el Centro de Información Judicial.
