El Ministerio de Justicia de la Nación ha establecido un nuevo marco para abordar los desafíos de la criminalidad digital, con un enfoque en la prevención, investigación y persecución de delitos informáticos.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, ha dado un paso significativo en la adecuación de la política criminal a los desafíos tecnológicos actuales con la creación del Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Esta iniciativa, formalizada mediante la Resolución 483/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 25 de septiembre de 2026, busca fortalecer la respuesta estatal ante el avance de los delitos informáticos y la complejidad de la evidencia digital.
La medida, firmada por el Ministro Juan Bautista Mahiques, se enmarca en la necesidad de adaptar las estrategias de persecución penal al vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Estas innovaciones no solo plantean nuevas modalidades para la comisión de delitos, sino que también ofrecen herramientas cruciales para la investigación judicial.
Objetivos y Alcance del PRONACIB
El PRONACIB operará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia y estará coordinado de forma ad honorem por el Dr. Mariano Tomás Rivas, asesor de dicha Subsecretaría. Sus objetivos principales son:
- Fortalecer la prevención, investigación y persecución penal de los delitos informáticos.
- Establecer nuevas pautas para el tratamiento de pruebas digitales.
- Abordar la problemática de los activos virtuales.
- Estudiar el impacto de la inteligencia artificial en la criminalidad y en el servicio de justicia.
La creación de este programa implica la derogación de las resoluciones de 2016 que habían establecido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, marcando una actualización integral de la política en la materia.
Ejes de Actuación del Programa
El PRONACIB se estructurará en torno a varios ejes de actuación fundamentales para lograr sus cometidos:
1. Proyectos de Reforma Legislativa: Se coordinará la elaboración de propuestas de reforma en el ámbito penal sustantivo y procesal. Esto incluye la revisión y actualización de las figuras delictivas y los procedimientos para su investigación, a fin de que el marco legal responda eficazmente a las nuevas realidades de la ciberdelincuencia.
2. Protocolos Unificados para Evidencia Digital: Uno de los pilares del programa es el diseño de protocolos estandarizados para la obtención, preservación, trazabilidad e incorporación procesal de la evidencia digital. La correcta gestión de estas pruebas es crucial para la validez y eficacia de las investigaciones judiciales en entornos digitales.
3. Rastreo de Activos Virtuales: Se dará atención prioritaria al rastreo e incautación de activos virtuales, un aspecto cada vez más relevante en investigaciones de lavado de dinero y maniobras defraudatorias. La volatilidad y complejidad de las criptomonedas y otros activos digitales exigen herramientas y conocimientos especializados.
4. Estudio de Inteligencia Artificial: El programa se dedicará al estudio de los riesgos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial, tanto en su posible utilización para la comisión de delitos como en su aplicación para mejorar el servicio de justicia y la investigación penal.
Articulación y Contexto Legal
Para garantizar una implementación efectiva, el PRONACIB prevé la posibilidad de constituir mesas de articulación con diversas entidades, incluyendo provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sector privado y agencias internacionales. Esta coordinación interinstitucional es vital dada la naturaleza transnacional de muchos ciberdelitos.
Además, el programa deberá contemplar las disposiciones de la Ley 25.326 sobre protección de datos personales y promoverá la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest, un instrumento clave en la lucha global contra el cibercrimen.
La creación del PRONACIB se apoya en un contexto legal preexistente, que incluye la Ley N° 26.388, que incorporó figuras vinculadas a la criminalidad informática al Código Penal, y sus posteriores modificaciones por las Leyes Nros. 26.904 y 27.436, que buscaron adecuar el marco penal a la evolución de las conductas delictivas en entornos digitales.
Qué implica para los abogados
Para los profesionales del derecho, la creación del PRONACIB representa un cambio significativo en el panorama de la litigación y el asesoramiento legal. La implementación de protocolos unificados para la evidencia digital exigirá a los abogados una actualización constante en materia de procedimientos de obtención, preservación y presentación de pruebas electrónicas. Será fundamental comprender la trazabilidad de los datos y la cadena de custodia digital para garantizar la validez de los elementos probatorios en sede judicial.
Asimismo, el enfoque en activos virtuales y la inteligencia artificial demandará el desarrollo de nuevas especializaciones. Los abogados que actúen en casos de lavado de activos, estafas o delitos económicos deberán familiarizarse con las tecnologías blockchain y las particularidades de las criptomonedas. Aquellos que se dediquen al derecho penal o asesoramiento corporativo deberán estar al tanto de los riesgos y oportunidades legales que presenta la IA, tanto en la comisión de delitos como en su uso como herramienta de investigación o defensa. La articulación con organismos provinciales y agencias internacionales también implicará la necesidad de comprender los marcos de cooperación transnacional en ciberdelincuencia.
