La Cámara de Diputados no logró reunir el quórum necesario para tratar el rechazo al DNU 70/23, lo que representa una victoria parlamentaria para el oficialismo y mantiene la plena vigencia de la norma.

La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados con el objetivo principal de debatir y votar el rechazo DNU 70/23, una de las herramientas normativas clave del Gobierno, fracasó por falta de quórum. La ausencia de legisladores impidió el tratamiento de la medida, lo que consolida su continuidad en el ordenamiento jurídico y se interpreta como un triunfo significativo para el oficialismo en el ámbito parlamentario.

La convocatoria estaba prevista para las 14:00 horas, y se requerían 129 legisladores para alcanzar el quórum reglamentario. Sin embargo, solo 121 diputados ocuparon sus bancas, lo que dejó la sesión sin posibilidad de inicio. Esta situación no solo afectó el tratamiento del DNU 70/23, sino también otras iniciativas que figuraban en el temario, como proyectos relacionados con la emergencia en discapacidad y la regularización de deudas familiares.

Las ausencias que definieron el resultado fueron atribuidas a diputados con vínculos directos con gobernadores provinciales, quienes, según el análisis político, habrían actuado en favor de los intereses del Poder Ejecutivo. Entre los legisladores que no asistieron y cuya presencia habría sido decisiva, se mencionan nombres como Gisela Scaglia y José Núñez de Santa Fe, Alejandra Torres de Córdoba, Yolanda Vega de Salta, Daniel Vancsik de Misiones, Jorge «Loma» Ávila de Chubut, los tres representantes del bloque Independencia de Tucumán, y Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán de Jujuy. Es relevante destacar que María Inés Zigarán había firmado la convocatoria a la sesión, pero finalmente no se presentó.

Los legisladores que sí estuvieron presentes pertenecían mayoritariamente a bloques como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, y sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal y la Coalición Cívica, que impulsaban el tratamiento del DNU y los demás proyectos.

Contexto y movimientos previos

El DNU 70/2023 ha sido una pieza central en la agenda del Gobierno desde su inicio, impulsando una profunda desregulación económica, afectando derechos laborales y habilitando la modificación de marcos normativos en diversas áreas. La convocatoria para su rechazo había perdido fuerza en los días previos a la sesión, influenciada por una serie de movimientos tanto judiciales como legislativos relacionados con la Ley de Tierras Rurales.

En un giro relevante, la Corte Suprema de Justicia había restablecido la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales, que establece límites a la extranjerización de tierras, al revocar un fallo anterior que la había derogado mediante el artículo 154 del DNU. Esta decisión del máximo tribunal fue interpretada por la oposición como una estrategia para preservar la integridad del megadecreto presidencial en su conjunto.

Paralelamente, el oficialismo también había avanzado con una iniciativa legislativa para restituir la Ley de Tierras, incorporando modificaciones en el dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Estos movimientos generaron un escenario complejo que, sumado a un operativo de contención entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los gobernadores, culminó en la falta de quórum en la sesión de Diputados.

Cabe destacar que se había convocado a otra sesión para el 21 de octubre de 2026, con el propósito de abordar asuntos de interés para sectores de la oposición dialoguista, como los temas de discapacidad y endeudamiento familiar, que también quedaron pendientes tras el fracaso de la sesión para el rechazo del DNU.

Qué implica para los abogados

Para los profesionales del derecho, el fracaso de la sesión en la Cámara de Diputados para el rechazo DNU 70/23 tiene una implicancia directa y fundamental: la confirmación de la plena vigencia de esta norma. Esto significa que todas las modificaciones y desregulaciones introducidas por el DNU continúan produciendo efectos jurídicos en áreas tan diversas como el derecho laboral, el derecho civil y comercial, el derecho administrativo y el derecho económico.

Los abogados deben seguir analizando y aplicando las disposiciones del DNU 70/23 en sus respectivas especialidades, ya que no ha sido derogado ni rechazado por ninguna de las cámaras legislativas. La estabilidad de la norma, al menos por el momento, implica que las estrategias legales, contratos y asesoramientos deben considerar plenamente su contenido. Asimismo, este episodio subraya la importancia de monitorear de cerca las dinámicas parlamentarias y las relaciones entre los poderes del Estado, ya que los equilibrios políticos pueden tener consecuencias directas y significativas en la aplicación y vigencia de las leyes y decretos de necesidad y urgencia.