La norma subordina a la Policía y al Servicio Penitenciario provincial a la conducción civil y crea una auditoría externa con recepción de denuncias ciudadanas. Consta de 175 artículos.

La nueva Ley de Seguridad de La Rioja, identificada con el número 10.908, ya está en vigencia. Fue promulgada mediante el Decreto N° 1.627 del gobernador Ricardo Quintela y publicada en el Boletín Oficial provincial. La norma reorganiza el sistema de seguridad pública y el régimen penitenciario y pone a las fuerzas bajo conducción política civil.

Qué establece la ley

El nuevo cuerpo legal tiene 175 artículos distribuidos en varios títulos y crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Entre sus ejes centrales se destacan:

  • La subordinación de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial a la conducción civil del Ministerio de Seguridad.
  • La creación de la Dirección General de Auditoría y Control Externo, un organismo civil e independiente de las jerarquías uniformadas.
  • La descentralización de la fuerza en seis regiones.
  • El marco legal para el traspaso de procesados de la Alcaidía.
  • La derogación de preceptos que la propia normativa considera anacrónicos.

Según se difundió, el texto también prevé una defensoría para los efectivos y foros vecinales organizados por comisaría, un esquema de participación comunitaria similar al que ya existe en otras jurisdicciones.

Auditoría externa y denuncias ciudadanas

Uno de los puntos más relevantes es el órgano de control. La Dirección General de Auditoría y Control Externo no depende de las cúpulas policiales y tendrá bajo su órbita una Unidad de Recepción de Denuncias Ciudadanas. De este modo, las quejas sobre el desempeño de las fuerzas podrán canalizarse ante un ente ajeno a la estructura jerárquica que se controla.

Cambios en el Ministerio de Seguridad

La entrada en vigencia de la ley coincide con movimientos en el Ministerio de Seguridad provincial. Se menciona la inminente salida del ministro Miguel Ángel Zárate, que pasaría a ocupar el cargo de Fiscal General. En su lugar llegaría el abogado Martín Yoma. También se informó que la cúpula policial puso su renuncia a disposición. Estos cambios todavía no están plenamente consumados según la información disponible, de modo que su alcance depende de las designaciones formales.

Antecedentes en otras jurisdicciones

El modelo de control civil no es nuevo en el país. La Ley nacional de Seguridad Interior 24.059 fija las bases del sistema de planificación, coordinación y control de la actividad policial para la seguridad interior. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 5.688, sancionada en 2016, creó la Policía de la Ciudad, foros de participación ciudadana, una Oficina de Transparencia y Control Externo cuyos integrantes no pueden pertenecer a la fuerza e ingresan por concurso, y una Defensoría del Personal de la Policía.

La Provincia de Buenos Aires, por su parte, regula el tema en la Ley 12.154, que define al pueblo de la provincia como sujeto fundamental de la seguridad pública y contempla foros departamentales, municipales y vecinales, además de defensores municipales de la seguridad. La Pampa también cuenta con una ley de seguridad pública y ciudadana que incluye el control de gestión civil entre sus principios rectores. A nivel nacional, existe además un proyecto de Policía Democrática Nacional que contempla una Defensoría del Policía y foros vecinales.

Qué implica para los abogados

Para quienes litigan o asesoran en La Rioja, la ley abre varios frentes de análisis práctico:

  • Denuncias contra personal de las fuerzas: la nueva Unidad de Recepción de Denuncias Ciudadanas ofrece una vía administrativa adicional. Conviene evaluar cómo se articulará con la denuncia penal y con los sumarios internos.
  • Régimen penitenciario y procesados: el marco legal para el traspaso de procesados de la Alcaidía puede incidir en cuestiones de alojamiento, traslados y control judicial de las condiciones de detención, por lo que habrá que seguir su reglamentación.
  • Derecho administrativo y empleo público policial: la defensoría para efectivos y la reorganización regional pueden generar planteos vinculados con la situación del personal, sus derechos y los procedimientos disciplinarios.
  • Normas derogadas: será necesario verificar qué preceptos quedaron sin efecto para no invocar disposiciones vigentes hasta ahora.

Con 175 artículos y una estructura nueva, conviene revisar el texto completo publicado en el Boletín Oficial de La Rioja y seguir las normas reglamentarias que se dicten, así como las designaciones en el Ministerio de Seguridad.