El destacado penalista Juan Carlos Manríquez ha sido elegido para formar parte del consejo ejecutivo de la barra de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, convirtiéndose en el primer jurista chileno en ocupar este relevante cargo.
El abogado penalista chileno Juan Carlos Manríquez, de 59 años y oriundo de Chillán, ha alcanzado un hito significativo en su carrera al ser elegido para el consejo ejecutivo de la barra de la Corte Penal Internacional (ICCBA), con sede en La Haya, Países Bajos. Este nombramiento lo convierte en el primer profesional de Chile en integrar esta instancia clave, que tiene la responsabilidad de gestionar las operaciones diarias de la asociación y llevar adelante su visión estratégica.
Manríquez fue seleccionado junto a otros cinco juristas de diversas nacionalidades para conformar este cuerpo directivo. Su trayectoria profesional en Chile incluye la representación en casos de alto perfil que han captado la atención pública. Entre ellos, se destaca su participación como abogado de la viuda del teniente venezolano Ronald Ojeda, de la exalcaldesa Karen Rojo en su causa por fraude al fisco, y de la senadora PC Karol Cariola en el denominado caso Chinamart. En 2021, asumió la defensa de Karina Oliva en una causa que se considera precursora del Caso Convenios, y en abril de 2024, representó a Marco Enríquez-Ominami en una de las aristas del caso SQM, investigación en la que el Ministerio Público decidió no perseverar.
La elección de Manríquez para el consejo ejecutivo de la ICCBA no es su primera incursión en roles de liderazgo dentro de esta organización. En enero de 2023, ya había sido designado para presidir el Comité de Asesoría Legal de la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional para el período 2023-2024. Posteriormente, en octubre de 2023, fue elegido como uno de los cinco miembros del Comité Asesor de Estándares Profesionales y Código de Conducta de la ICCBA, obteniendo la segunda mayoría en esa votación. Estos antecedentes demuestran un compromiso sostenido y una progresión en su participación dentro de la estructura de la barra de la CPI.
Más allá de su labor en Chile, Manríquez ha desarrollado una importante actividad a nivel internacional. Ha colaborado en la implementación de la Reforma Internacional Penal de Perú, donde capacitó a fiscales en litigación compleja. En Argentina, brindó capacitación a la Fiscalía especializada (UFIMA) en el ámbito de delitos económicos y ambientales, lo que subraya su experiencia y conocimiento en áreas de creciente relevancia jurídica. Además, presta cooperación en litigación estratégica en delitos económicos y antilavado de activos a estudios de abogados y empresas extranjeras.
Su perfil se completa con roles en asociaciones gremiales y el ámbito académico. Es abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos y de la Asociación de Notarios y Conservadores. En el plano educativo, se desempeña como profesor del LLM de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de Litigación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente, es presidente del Legal Advisory Committee y Focal Point para GRULAC de ICCBA.
Manríquez ha manifestado que esta nueva oportunidad le permite “continuar sirviendo a sus colegas, al sistema internacional, para seguir desarrollando su carrera”, expresando su orgullo y agradecimiento por el apoyo recibido. También ha señalado su intención de presentar su candidatura si la asamblea de estados parte decide convocar a un concurso abierto para postular a alguien al cupo de fiscal de la Corte Penal Internacional, lo que denota sus aspiraciones de seguir contribuyendo al derecho penal internacional desde posiciones de mayor influencia.
Qué implica para los abogados
La designación de un abogado latinoamericano, y en este caso chileno, en un cargo tan relevante dentro del consejo ejecutivo de la CPI representa un avance significativo para la región. Para los abogados, especialmente en Argentina, esto subraya la creciente internacionalización de la práctica jurídica y la importancia de contar con profesionales que comprendan las particularidades del derecho penal internacional y los sistemas judiciales de la región. La experiencia de Manríquez en la capacitación de la UFIMA en Argentina es un claro ejemplo de la interconexión y la necesidad de estándares y conocimientos compartidos en la lucha contra delitos complejos.
Este tipo de nombramientos fomenta la colaboración transfronteriza y la posibilidad de que más profesionales de la región aspiren a roles en organismos internacionales. Implica también una mayor visibilidad para la perspectiva jurídica latinoamericana en foros globales, lo que puede influir en el desarrollo de políticas y prácticas en el ámbito del derecho penal internacional. Para los estudios jurídicos y profesionales individuales, es un recordatorio de la relevancia de la especialización y la actualización constante en áreas como el derecho económico, ambiental y antilavado de activos, campos en los que la cooperación internacional es cada vez más vital.
