El pleno del máximo tribunal chileno resolvió por mayoría remover al magistrado Daniel Urrutia por dos viajes al exterior realizados durante licencias psiquiátricas. La defensa anunció que llevará el caso a instancias internacionales.

La Corte Suprema de Chile resolvió por mayoría remover del Poder Judicial a Daniel Urrutia Laubreaux, de 52 años, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El motivo fueron dos viajes al extranjero hechos mientras gozaba de licencias médicas de carácter psiquiátrico: uno a Costa Rica en 2020 y otro a Ecuador en 2022.

Cómo se votó la remoción

La decisión alcanzó el quórum de 11 votos. Urrutia es uno de tres magistrados expulsados por el mismo motivo. En uno de esos casos la votación fue unánime, mientras que en los otros dos, incluido el de Urrutia, hubo votos divididos. Con estas remociones suman 18 los jueces apartados en este proceso disciplinario.

Según los medios chilenos, la formalización del acuerdo se demoró hasta que el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, registró y redactó su voto tras volver de vacaciones. Algunas versiones señalan que ese paso buscaba evitar cuestionamientos de la defensa.

El juez quedará suspendido en sus funciones hasta que se le notifique la resolución y se redacte el fallo. Hasta el momento, el tribunal no comunicó oficialmente la decisión.

El fundamento y los antecedentes

La Corte Suprema aplicó el artículo 80 de la Constitución chilena, que apunta a resguardar el buen comportamiento de los jueces como condición para mantenerse en el cargo.

El caso tuvo un recorrido previo. La Corte de Apelaciones de Santiago había sobreseído y absuelto a Urrutia al considerar prescritas las acciones disciplinarias. Pese a ello, el pleno de la Corte Suprema retomó el asunto y abrió un cuaderno de remoción para evaluar si podía seguir en el Poder Judicial.

La indagatoria se originó cuando la Contraloría General de la República cruzó datos y detectó que más de 25.000 funcionarios públicos habían salido del país mientras estaban con licencia médica. En junio pasado, el máximo tribunal abrió 56 cuadernos de remoción, en una ofensiva impulsada por su presidenta, Gloria Ana Chevesich, para recuperar la confianza ciudadana en el Poder Judicial tras diversos escándalos.

La postura de la defensa

La defensa sostiene que los viajes formaban parte de un tratamiento psiquiátrico indicado por un especialista, orientado a una readecuación conductual. Había pedido anular una votación anterior, del 19 de octubre, por presuntas irregularidades en el procedimiento y filtraciones de información reservada. También presentó dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional y pidió a la fiscalía el sobreseimiento en una causa por fraude de subvenciones.

Tras la decisión, sus abogados calificaron la medida de “pasada de cuenta”, afirmaron que no guarda relación con las licencias médicas y anunciaron que recurrirán a instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Qué implica para los abogados

  • El caso muestra que el uso de licencias médicas por parte de magistrados puede derivar en remoción, aun cuando una instancia anterior haya declarado prescriptas las acciones disciplinarias. Es un dato útil para quienes siguen los criterios de responsabilidad funcional de jueces.
  • Para quienes asisten a magistrados o funcionarios en procesos disciplinarios en Argentina, el antecedente chileno ilustra la importancia de documentar la finalidad y la compatibilidad de cualquier desplazamiento con el régimen de licencias.
  • Los planteos de nulidad por irregularidades de procedimiento, filtraciones y requerimientos ante el tribunal constitucional serán un punto de observación, así como el eventual acceso al sistema interamericano.
  • Conviene aguardar el texto del fallo y su notificación, que fijarán el alcance exacto de los fundamentos y de la suspensión del magistrado.

Aunque se trata de un asunto del derecho chileno, el debate sobre control disciplinario de jueces, debido proceso y límites de la remoción tiene puntos de contacto con discusiones habituales del derecho público argentino.