El Segundo Tribunal Ambiental ordenó frenar provisionalmente las faenas de prospección de Compañía Minera Nevada, filial de Barrick Gold, para resguardar glaciares y permafrost. La medida llegó luego de que se inhabilitara a los ministros del Primer Tribunal Ambiental por la filtración de un fallo.
El Segundo Tribunal Ambiental de Chile dispuso la suspensión provisional, por 30 días, de las faenas del proyecto Prospección Minera El Alto, conocido como Pascua Lama 2.0. La resolución, fechada el 10 de noviembre de 2026, se dictó mientras el tribunal resuelve el fondo de tres reclamaciones y apunta a proteger glaciares, glaciaretes y permafrost de la zona.
De qué se trata el proyecto
La iniciativa pertenece a Compañía Minera Nevada, filial de Barrick Gold, y prevé una inversión de US$35 millones. Comprende 62 pozos de sondaje de diamantina distribuidos en 43 plataformas, en la alta cordillera de Alto del Carmen, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se emplaza en los mismos terrenos del proyecto Pascua Lama, que fue clausurado.
Por qué decidió el Segundo Tribunal
El caso llegó a esa sede por una circunstancia inusual. Los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental, con asiento en Antofagasta, quedaron inhabilitados luego de que se publicara en el sitio web del propio organismo una noticia que anunciaba el rechazo de las medidas cautelares, cuando todavía no existía una resolución formal. Con el tribunal sin posibilidad de integrarse, intervino el Segundo Tribunal Ambiental. La Ley N° 20.600, que regula estos tribunales, es la norma citada en relación con las causales de inhabilidad y con la subrogación cuando no se alcanza el quórum.
La resolución fue dictada por Elsa Barrientos Guerrero, ministra subrogante de la Corte de Apelaciones de Santiago; Pedro Caro, ministro de ese mismo tribunal de alzada; y Cristián López, ministro suplente licenciado en ciencias.
Según se informó, la mayoría de los integrantes advirtió que los sondajes se ubicarían en terrenos del clausurado Pascua Lama y que podrían ejecutarse antes de la sentencia definitiva, lo que dejaría sin eficacia práctica al proceso. También se consideró que la inminencia de las obras se apoyaba solamente en un aviso de contratación de personal. Tanto el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como Compañía Minera Nevada se habían opuesto a las cautelares.
Los antecedentes del conflicto
- El proyecto original Pascua Lama fue clausurado de manera total y definitiva en 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente, y esa decisión fue ratificada en 2020 por el Primer Tribunal Ambiental.
- Entre 2020 y 2021 la compañía realizó sondajes en las mismas plataformas del proyecto clausurado. En febrero de 2022 la Corte Suprema los calificó de “ilegales y arbitrarias”.
- Entre las causas vinculadas figura la R-174-2026, promovida por la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera. La Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos también aparece como reclamante.
- Se ha señalado un posible conflicto de interés del relator de las causas en el Primer Tribunal Ambiental, Álvaro Funes Palacios, quien trabajó cinco años como jefe de Asuntos Legales de Barrick Gold Corporation en la Compañía Minera Zaldívar.
Qué implica para los abogados
Aunque el caso se tramita en Chile, ofrece pautas útiles para quienes litigan en materia ambiental y minera en Argentina, sobre todo en proyectos cordilleranos o de naturaleza binacional.
- Cautelares como herramienta central: el tribunal justificó la suspensión en el riesgo de que las obras se concretaran antes del fallo de fondo y volvieran abstracto el litigio. Es un argumento replicable al solicitar medidas urgentes en juicios ambientales.
- Peso de los antecedentes: la existencia de una clausura previa y de una declaración de ilegalidad de sondajes anteriores en los mismos terrenos fue parte del contexto del conflicto. Conviene documentar el historial del emplazamiento al plantear una cautelar.
- Imparcialidad e integración del tribunal: la filtración de una decisión antes de su dictado derivó en la inhabilitación de todo un tribunal. El episodio recuerda la importancia de controlar los canales de comunicación judicial y de cuestionar a tiempo posibles conflictos de interés.
- Plazo acotado: la suspensión rige por 30 días, de modo que las partes deberán seguir de cerca lo que resuelva el tribunal sobre el fondo de las tres reclamaciones.
